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Carta abierta a la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa

Acción Ecológica

Quito, 20 de abril de 2006

Estimados miembros de la Comisión:

En primer lugar saludamos la iniciativa del Gobierno Nacional de conformar la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa con miembros de calidad moral, humana y profesional.

La realización de una Auditoría Integral de la Deuda Externa ha sido una de las demandas de las organizaciones sociales nacionales y de los países del Sur que venimos trabajando por buscar soluciones definitivas al grave problema de la deuda externa. El 46% del Presupuesto Nacional del Estado del 2006 se destina al pago de intereses del servicio de la deuda externa, esto significa 2.857 millones de dólares al año, y no deben ignorarse los impactos sociales y ambientales que este endeudamiento ha tenido para el país.

Es más, los pueblos del Sur están demandando el reconocimiento de la deuda social y ecológica del Norte con el Sur. La deuda externa, además de la colonización, han acumulado esta inmensa deuda. La historia viene demostrando que no somos deudores, sino acreedores.

Consideramos que en su análisis no se puede ignorar tres tipos de endeudamientos que están condicionando el futuro del país:

  1. Aquellos que sirvieron para obligar al país a endeudarse y que inventaron megaproyectos.

    Como es el Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera. Para este proyecto se obtuvieron varios préstamos a pesar de que originalmente el BID reconoció que el proyecto era inviable económicamente. El costo total del proyecto es de $1.638.933.545 de los cuales el 79% es endeudamiento externo $1.291.350.545 y 21% del Presupuesto General del Estado y Crédito Interno $347,583. El 90% del endeudamiento externo proviene del BID, CAF y Banco de Brasil.

    En este proyecto se observa la clara relación de los préstamos con los constructores, por ejemplo para la construcción del Trasvase a la Península de Santa Elena, el componente más caro del proyecto, $ 600 millones, el crédito provino de Brasil y la construcción la realizó la empresa brasileña Norberto Odebrecht.

    Solamente con la construcción de la represa Daule Peripa se inundaron 30.000 has. de tierras agrícolas, bosques y laderas. Se inundaron cuatro pueblos: La Balsa, Carlos Julio Arosemena, Gualipe y el Mate. Se dejaron aisladas a más de 100.000 personas. Se expropiaron aprox. 40.000 has. a 4.000 familias campesinas. Con la construcción del Trasvase las comunas de la Península de Santa Elena perdieron aprox. 25.000 has. de tierras comunales, que pasaron a manos privadas para monocultivos de exportación. Se preveía regar 44.000 has. sin embargo, se construyó la infraestructura para 22.000 has. y solamente se han llegado a utilizar 6.000 has.

    Como ustedes podrán apreciar, hay mucho por investigar sobre este proyecto que ha sido administrado por CEDEGE, una institución que debe ser auditada, porque ha sido la responsable del manejo de millones de dólares de endeudamiento del país, y que ha sido permanentemente cuestionada.

  2. Proyectos que condenaron al país a la dependencia y atacaron la soberanía alimentaria.

    En el período de León Febres empezó el flujo de fondos internacionales hacia el agro que alcanzaron un total de 514,3 millones, 366,3 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y 148 millones del Banco Mundial. El lineamiento político que imponen los créditos, se evidencia claramente en el préstamo de Crédito Agropecuario aprobado por el BID en 1987 por un valor de 200 millones de dólares en el mismo tiempo en el que el sector florícola empezó su expansión.

    En el sector agrícola la era de Durán Ballén significó la primacía de las reformas neoliberales promovidas por el FMI a través de la carta de intención firmada en el año 1994. Allí se habla plenamente de la apertura del sector agrícola a la competencia internacional y la reestructuración de la economía, incluyendo el agro, con la ayuda de los préstamos del Banco Mundial y el BID. La implementación de estas reformas ha sido financiada por la asistencia externa del BID y del Banco Mundial (USD 100 millones, con otros USD 490 millones de apoyo a la balanza de pagos).

    En materia de agricultura es necesario analizar la macabra combinación entre la condicionalidad de los préstamos, el diseño de las políticas y la financiación de su implementación. Gran parte de los préstamos sirven para cubrir el pago de consultorías y otras formas de definición de políticas nacionales afines al modelo neoliberal.

    Así grandes cantidades del dinero recibido para el desarrollo de los proyectos se destinan a la contratación de expertos y consultores o a la compra de tecnología y equipo del país de origen del crédito. Por su efecto, se los conoce como fondos boomerang y existen algunos proyectos en el Ecuador que ejemplifican esta situación.

    Es el caso del proyecto de asistencia técnica al sub sector riego (PAT) otorgado por el Banco Mundial en 1994 en el que de los 20 millones, 12 millones se destinaron para "pagar a las empresas consultoras, estudios varios, viajes al exterior y fortalecimiento institucional" y el objetivo era privatizar los sistemas de riego.

    Otro ejemplo es el proyecto Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios, PROMSA, del Ministerio de Agricultura, en el que de los 51,5 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial y el BID para la realización de este proyecto hasta el 2003, el 52%, es decir aproximadamente 26 millones se destinaron a la operadora principal del proyecto, conformada por la Fundación IDEA en conjunto con la Universidad de Florida. La Fundación IDEA es sobre todo un centro de análisis neoliberal y desarrollo de propuestas basadas en la Revolución Verde y la liberalización del mercado.

    Lo mismo sucede en los proyectos bilaterales, así en el Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales, PRAT, financiado por la Comisión Europea por un monto de 15,2 millones, se está llevando a cabo un concurso internacional de consultoría para la realización de los trabajos previstos para el proyecto; el costo del concurso es 7,1 millones, la mitad de los fondos disponibles.

    Como efecto de estas políticas y créditos, los pequeños productores debieron hacer cambios significativos en sus estructuras productivas para convertirse en productores intensivos de maíz y soya, tuvieron que eliminar bosques, huertas mixtas o pastizales y pasaron a depender directamente de las fuerzas del mercado, otros tuvieron que migrar.

    En el ámbito ecológico, hubo una importante e invalorable pérdida de biodiversidad pues se eliminaron grandes superficies de bosques para dar paso a los cultivos de ciclo corto; así mismo, la implantación de los monocultivos redujo la agro biodiversidad de variedades locales de maíz, fréjol, maní, yuca, banano, sandía, arroz, verduras, tomate, habichuela, zapallo, algodón de diferentes colores, entre otras. Se dio también un fuerte proceso de erosión ocasionado por el efecto combinado de los tractores y la lluvia. Aparecieron plagas, enfermedades y hierbas invasoras que obligaron a un mayor uso de insumos para su control. Esto a su vez ocasiona altos niveles de contaminación y afecciones de salud.

  3. Proyectos que afectaron la soberanía energética y económica y ataron al país a las políticas de las transnacionales petroleras.

    Es conocido que a partir del descubrimiento del petróleo la deuda externa creció en casi 22 veces: de 260,8 millones de dólares al finalizar 1971 a 5.869,8 millones cuando concluyó el año 1981. Durante esos primeros 10 años se construyó toda la infraestructura que beneficiaría a la misma actividad petrolera.

    Para el 91 la deuda externa ascendía a 12.802 millones y en la actualidad se acerca a los 15 mil millones de dólares.

    Ese endeudamiento fue consolidando el rol de país como exportador de hidrocarburos y al mismo tiempo fue atando al país a una serie de obligaciones que le obligarían a hipotecar sus recursos naturales, al punto de que hoy tenemos que extraer crudo para pagar la deuda.

    Proyectos para la reforma del sector energético que abrieron el camino y establecieron las reformas legales para la privatización de este sector y proyectos que financiaron directa o indirectamente la construcción de infraestructuras ligadas a la extracción del petróleo deben ser profundamente analizados.

    La actividad petrolera en el país ha provocado severos impactos sociales y ambientales que no pueden ser desconocidos.

Ya es hora de que el país conozca qué ha pasado con el endeudamiento, cuál es el origen, qué intereses lo promueven, cómo se han realizado los contratos, en qué se han utilizado los fondos, quiénes se han beneficiado y quiénes se han perjudicado, qué impactos sociales, culturales, económicos y ambientales se han generado. Es importante la investigación del antes, durante y después de los créditos.

Tres condiciones son fundamentales para trabajar en la Auditoría de la deuda:

  1. Demandar al Estado Ecuatoriano una moratoria al pago de la deuda externa hasta que se tengan los resultados de esta Auditoría, pues no se pueden seguir pagando deudas ilegítimas.
  2. Reconocer la existencia de una deuda social y ecológica, ligada a los procesos de endeudamiento externo, deuda que deberá ser responsabilidad de quienes otorgaron los préstamos y se beneficiaron de ellos, y que además deberá estar reflejada en el resarcimiento de los daños.
  3. Orientar el trabajo para que con sus resultados sea posible establecer mecanismos para evitar que nuevos préstamos acumulen nueva deuda ya sea económica como social y ecológica.

Sin duda es un momento histórico.

Atentamente,

Aurora Donoso, Acción Ecológica

[+info]
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