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Los estados de emergencia no son un aval para la violación de los Derechos Humanos

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 3 de abril de 2006

Com. 638-CSMM-06

Estados de Emergencia y garantías judiciales

La declaratoria de un estado de emergencia, en todo el territorio nacional o en una parte de él, debe circunscribirse a parámetros y estándares internacionales que impiden el uso indiscriminado y desproporcionado del poder estatal, declaró Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".

Para este defensor de derechos humanos el uso y abuso de los decretos de estado de emergencia, en particular para disuadir y enfrentar las protestas populares, las demandas de los gobiernos locales o las movilizaciones sociales e indígenas contra las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, ponen al Estado de Derecho en el borde mismo de la crisis y abren la puerta a los abusos, las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos, por parte de la Fuerza Pública.

La Presidencia de la República está obligada a valorar si una protesta popular o movilización social puede ser considerada como "grave conmoción interna" que es una de las causales constitucionales para la declaratoria de un estado de emergencia. Del mismo modo, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen límites precisos para la suspensión de garantías y para la adopción de este tipo de medidas, siempre y cuando haya "peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado" (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 27) o que existan "situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación" (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 4), argumentó De la Vega.

Este defensor de derechos humanos también recordó que un decreto de estado de emergencia tendrá una vigencia hasta por un plazo máximo de sesenta días y que cuando las causas que lo motivaran, que en la actualidad están cuestionadas por las organizaciones de derechos humanos, hayan desaparecido, el Presidente de la República decretará su terminación y, con el informe respectivo, notificará inmediatamente al Congreso Nacional (Constitución Política, Art. 182).

No obstante, De la Vega afirmó que en pocas ocasiones la Presidencia de la República cumple con este procedimiento constitucional el mismo que obliga a decretar su terminación, presentar un informe y notificar al Congreso Nacional. Y, además, en limitadas oportunidades cumple con su obligación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de informar a las Secretarías Generales de la OEA y la ONU de la suspensión de garantías constitucionales y las razones para esta decisión.

En este contexto, la detención de Pedro de la Cruz, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), que se encontraba el día de ayer liderando una marcha pacífica en contra del TLC, en la Parroquia El Descanso, entre las provincias de Azuay y Cañar, es una detención arbitraria e ilegítima, sostuvo De la Vega.

Y no sólo que se ha cometido una arbitrariedad e ilegitimidad sino que se ha atentado contra una garantía constitucional como el habeas corpus, recurso que ha sido concedido por la autoridad local competente para ello y que ha sido desacatada, reiteró este defensor de derechos humanos.

Esta garantía no puede ser suspendida, aún en estado de emergencia, por lo que estamos acudiendo a los organismos y mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, concluyó De la Vega.

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