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Promover los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos no es un delito

Organizaciones sociales y de DDHH

Quito, 28 de marzo de 2006

Manifiesto público

Las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos al gobierno nacional

Ante las recientes declaraciones efectuadas por el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República, Enrique Proaño, y el Ministro de Gobierno y Policía, Felipe Vega de la Cuadra, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este manifiesto,

Expresamos nuestra profunda preocupación por la ligereza en la que han incurrido estos dos altos funcionarios gubernamentales, en su intento de encontrar un presunto financiamiento de las ONGs internacionales de cooperación y desarrollo, a las recientes protestas y movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas contra las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,

Hacemos público nuestro malestar por el desconocimiento de estos dos altos funcionarios gubernamentales de las regulaciones a las que están sometidas las ONGs internacionales de cooperación y desarrollo, en particular a las normas pertinentes del Código Civil, el Texto Unificado de la Legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) y los convenios suscritos con el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI), adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, que establecen condiciones, parámetros y garantías claramente definidas para la cooperación internacional, contrarias a eventuales decisiones de expulsión o similares medidas de carácter autoritario,

Rechazamos la inculpación, sin fundamento ni prueba alguna, que estos dos altos funcionarios gubernamentales han efectuado contra Haritz Beasain Teruelo, Lorena Uriarte Arandia y Maitane Unzu Rabat, que se encontraban en nuestro país, mediante un convenio de cooperación entre la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi y el Gobierno Vasco, responsabilizándolos de las movilizaciones y protestas del movimiento indígena ecuatoriano,

Hacemos extensivo nuestro desacuerdo con las acusaciones del Ministro de Gobierno y Policía, Felipe Vega de la Cuadra, contra el Instituto Kichwa de Biotecnología "Sacha Zupay", institución en la que los cooperantes vascos desempeñaban su labor técnico-científica, pues desvirtúan el trabajo que esta institución realiza a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial del pueblo Sarayaku, cuya vulneración estatal reiterada de sus derechos es de conocimiento de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Demandamos de estos dos altos funcionarios gubernamentales un esclarecimiento total de estas acusaciones, la presentación documentada de respaldo a estas aseveraciones o, en su lugar, una disculpa pública y garantías de no repetición de amenazas o inculpaciones que carecen de fundamentos de derecho contra las ONGs internacionales de cooperación y desarrollo, los cooperantes y voluntarios internacionales y el Instituto Kichwa de Biotecnología "Sacha Zupay".

Llamamos la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los mecanismos temáticos pertinentes sobre el comportamiento gubernamental actual que pone en tela de duda la voluntad política del Estado de promover y defender los derechos humanos, desde una perspectiva integral.

[adhesiones]
montesdh@uio.satnet.net, quijote@punto.net.ec

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