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Respuesta a Enrique Proaño, Secretario General de Comunicación: Las ONGs de desarrollo contribuyen a la promoción y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 17 de marzo de 2006

Com. 630-CSMM-06

La labor lícita y pública de las organizaciones no gubernamentales internacionales aporta sustancialmente a la promoción y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una mayoritaria población excluida y marginada en el país, afirmaron esta tarde Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador, y Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".

Para los dos dirigentes del movimiento ecuatoriano de derechos humanos, las recientes declaraciones públicas del secretario general de Comunicación, Ernesto Proaño, sobre una probable expulsión de las ONGs presuntamente implicadas en las movilizaciones indígenas contra la firma del TLC con los EUA, revelan un desconocimiento absoluto no sólo de los procedimientos de la cooperación internacional en el país sino de las normas y estándares internacionales de derechos humanos que garantizan la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

La "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que "los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación".

Ponce y De la Vega reconocieron el aporte de alrededor de 80 ONGs internacionales que operan legalmente en el país, a través de convenios suscritos con el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y demandaron de Proaño una rectificación pública de sus desacertadas declaraciones que paradójicamente desconocen los aportes de la cooperación internacional, a través de aproximadamente 300 proyectos, algunos de alcance regional y nacional, mediante recursos técnicos y financieros cercanos a 70 millones de dólares.

Los dos defensores de derechos humanos reiteraron, a propósito de las declaraciones del vocero gubernamental, sus temores sobre las graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos), en particular de los campesinos e indígenas ecuatorianos, que provocaría la suscripción del Tratado Andino de Libre Comercio con los EUA, por el Estado ecuatoriano.

Alexis Ponce, APDH, telf. 096-019-109

Pablo de la Vega, CSMM, telf. 098-220-960

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