Quito, 10 de marzo de 2006
Com. 628-CSMM-06
Los recientes escándalos públicos tras las denuncias de entidades estatales de fiscalización y control político sobre las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido tanto funcionarios del Ministerio de Gobierno y Policía, y de Relaciones Exteriores, como de la Defensoría del Pueblo, en el cumplimiento de sus responsabilidades encomendadas por la Constitución Política y la legislación interna, para velar por los intereses y los derechos de las y los emigrantes ecuatorianos, sólo evidencian una vez más la falta de voluntad política y la débil cohesión de la institucional pública que impide la adopción de una política pública integral sobre migraciones, declaró Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".
Los graves indicios de responsabilidad penal identificados por la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, en la gestión del "Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias", adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, e igualmente los indicios de responsabilidad penal establecidos en un reciente informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en contra del actual Defensor del Pueblo y otros funcionarios de esa institución, por presunto peculado y otras irregularidades, deben ser investigados y esclarecidos por el Ministerio Público en un plazo razonable y efectivo, sostuvo De la Vega.
Del mismo modo, hizo un llamado a la Presidencia de la República para que inicie cuanto antes un proceso de diálogo y concertación sobre migraciones, con la participación de las más altas autoridades de Estado, las organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema, la academia, las iglesias, las organizaciones de trabajadores y las asociaciones de familiares de migrantes, que permita que el país cuente a mediano plazo con una política pública integral, coherente y articulada sobre emigración e inmigración.
De la Vega quién representa en el país al Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), exhortó al actual Defensor del Pueblo a dar paso a su Defensor Adjunto en la conducción de esa institución medular en la protección y tutela de los derechos humanos, mientras las instancias estatales pertinentes corroboran o no los indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, sea sean los casos bajo investigación. Este es un asunto de profundo contenido ético y debe ser insoslayable, argumentó.
Por otro lado, De la Vega también llamo la atención sobre la necesidad de respetar el trabajo efectuado por las entidades de fiscalización, control político y anticorrupción del país que no deben someterse, bajo ninguna circunstancia, a las presiones de grupos políticos o económicos que impidan, o pretenden hacerlo, su misión constitucional.
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