Quito, 21 de febrero de 2006
Oficio No. 032 -APDH-06 (Carta entregada a Embajada de Colombia en Quito)
Señor Doctor Álvaro Uribe Vélez Presidente constitucional de la República de Colombia Bogotá Señor Doctor Carlos Holguín Embajador de la República de Colombia en Ecuador Quito
La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no-violencia.
Gandhi
De nuestra consideración:
Hoy 21 de febrero, se cumple un año de la masacre cometida contra la comunidad de paz de San Jose de Apartadó, Colombia, en la que perdieron la vida ocho campesinos, entre ellos cuatro menores de edad, de 2, 5, 10 y 17 años.
Sabemos con tristeza que, para muchos colombianos y colombianas, especialmente del campo y zonas rurales, esa y otras manifestaciones de violencia inaudita, son el pan cotidiano que cometen en su contra los distintos actores armados, oficiales e ilegales por igual. Y aunque la cotidianidad de aquellos sea una penosa cadena de violencias, lo que resulta inadmisible es la impunidad que acompaña a los crímenes y el que las víctimas, en el presente caso la comunidad de paz de San José de Apartadó, en lugar de recibir justicia, consuelo y protección de su Estado y sociedad, sean condenadas al olvido, a la satanización permanente, al acoso y amenazas sistemáticas, al aislamiento, la muerte y a una escalada de violencia dirigida en su contra, que no ha parado durante todo el año, hasta este día martes 21 de febrero, como registran casi sem! analmente los mensajes de la Comunidad, de las organizaciones de DDHH y de las iglesias de Colombia y el mundo.
Hoy día en que se cumple el primer aniversario del asesinato cometido con sevicia, mediante machetazos y torturas, contra su principal dirigente, Luis Eduardo Guerra, su esposa, su pequeño hijo al que machetearon, y otros campesinos del lugar, conocimos el escandaloso caso de torturas cometido contra soldados y conscriptos por sus propios oficiales, y la decisión del Sr. Presidente, que la reconocemos en alto grado, de separar de las filas militares a un Oficial responsable de alta jerarquía.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa -la masacre del 21 de febrero del 2005- no hay sanción alguna hasta hoy. Es más: un año después, la comunidad internacional de DHH y, especialmente, la comunidad de estados vecinos y sus opiniones públicas, observan con preocupación e incertidumbre la configuración de una compleja arquitectura de impunidad para obviar los crímenes cometidos por los paramilitares, hecho destacado incluso en el último Informe de Derechos Humanos de la ONU para el caso de Colombia, porque es un fenómeno que tendrá consecuencias negativas a futuro, para su país y también para sus vecinos, aunque hoy ese peligro no se quiera admitirlo en el Establecimiento colombiano ni se quiera mirarlo debido al unanimismo que impera en la opinión pública interna, a la falta de sensibilidad con la región, no se diga con las miles de víctimas de ese fenómeno que empezó a institucionalizarse en Colombia.
Esa es la visión de los países de Sudamérica y especialmente de las naciones vecinas a Colombia, y esta afirmación es válida tanto para los gobiernos de la región cuanto para sus sociedades civiles. En el caso ecuatoriano, incluso el propio Establecimiento, grandes medios de comunicación como Diario El Comercio, y muchos representantes de las elites, refieren ese peligroso fenómeno del que ha sido víctima, también, la comunidad de paz de San José de Apartadó, así como las secuelas que originaría a futuro en los estados vecinos.
Y de este tema se habla ya no entre discretos corillos, cócteles diplomáticos en las embajadas acreditadas o en conversaciones a media voz, sino que las consecuencias para la región andina, ya no solo para Colombia, que tiene la llamada desmovilización de dicho actor armado y la ascendente paramilitarización institucionalizada en Colombia, se trata en editoriales públicos y programas de los mass media, en gabinetes ministeriales y hasta en institutos especializados sobre Seguridad Nacional.
Una altísima autoridad ecuatoriana, de la cual nos reservaremos su nombre, nos compartió días atrás esa preocupación, citando que la impresión en muchas autoridades nacionales -de las secuelas regionales de aquel fenómeno- es que "el Régimen del país vecino tiene, lamentablemente, un carácter paramilitar".
El 28 de febrero del pasado año, en carta dirigida al Sr. Presidente de Colombia, profusamente difundida por la comunidad colombiana y mundial de DDHH, citamos con impotente dolor y desesperación:
"Nos llamaron la noche del 24 de febrero telefónicamente desde Urabá, las monjitas que conocimos un día; eran cerca de las 12 de la noche y no podían hablar de la emoción, dolor y terror mezclados: "Mataron a Luis Eduardo, a su hijo, a su nueva esposa... hagan algo ¡por Dios!, denuncien al mundo lo que ha pasado, este lugar está lleno de soldados, por favor avisen a todas las organizaciones de derechos humanos, hable a sus contactos en el mundo, por Dios, los mataron a machetazos, entró el ejército hace 2 días, fue la Brigada XI, ahora dicen que eran paramilitares... los estaban esperando a Luis Eduardo y su familia y se los llevaron.... hoy en la tarde los encontramos, los cortaron en pedacitos, diga al mundo que esto pasó en, al niño lo cortaron en pedazos, hallamos sus bracitos, su ! cabeza, sus piernas, Luis Eduardo igual, todos atados, en pedacitos...".
Un año después, seguimos mirándolos desnudos, atadas sus manos a la espalda, mutilados sus cuerpos... incluyendo de los niños, en razón de qué, porque no existe una razón para semejante barbarie.
La comunidad de paz de Apartadó lleva más de 180 asesinados, en actos cometidos por todos los actores del conflicto, solamente porque anhelan que la lógica del conflicto interno no se instale en su comunidad.
Luis Eduardo Guerra fue amenazado de muerte por el ejército y los paramilitares, y allá donde "se mata más por sospechas que por evidencias", como dijo un día el representante del PNUD en Bogotá, eso le significó la muerte violenta, para él, su familia y hermanos de su comunidad, que ocurriría un 21 de febrero.
Los crímenes son crímenes, sean cometidos por paramilitares, guerrilleros o ejército, y aunque oficialmente no se reconozca las violaciones al DIH por parte de un Gobierno que tampoco reconoce la existencia de un conflicto interno, indigna y lastima a la comunidad civilizada del mundo, la imparable cadena de violencia e impunidad, y que campesinos, hombres, mujeres, niños y niñas, continúen pagando el precio de vivir en Apartadó.
Aún con la esperanza de que llegue la justicia en este caso, y la paz a su país, se despide.
Cordialmente,
Alexis Ponce, vocero APDH
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