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Mandato Ciudadano por la Paz en la Frontera Norte

Encuentro interprovincial de asambleas populares, organizaciones sociales de base, poderes locales y juntas parroquiales de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos

Quito, 12 al 14 de diciembre de 2005

Las voces unidas de la frontera norte por la paz y la soberanía

Somos más de cincuenta representantes, mujeres y hombres, de 20 Juntas Parroquiales de la Línea de Frontera de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, de 10 Asambleas Populares, de más de 100 Organizaciones Sociales de Base, de las Pastorales Fronterizas, de 3 organizaciones de Colonos y Refugiados de Colombia, de la Asamblea de Participación Ciudadana de San Lorenzo de Esmeraldas, del Grupo de Líderes Locales "Los 18 de la Frontera" de Sucumbíos, de la Red Fronteriza Ciudadana de Paz de las Juntas Parroquiales fronterizas de la Provincia del Carchi, elegidos por nuestras propias comunidades para el cumplimiento de nuestro Mandato Unificado.

A instancias de la APDH del Ecuador nos hemos reunido los dirigentes ciudadanos de las tres provincias fronterizas por vez primera, y hemos cumplido en Quito desde el 12 hasta el 14 de diciembre una agenda de actividades y reuniones de capacitación colectiva, tendientes a organizarnos en un frente común, a unificar nuestras demandas sociales, económicas, de seguridad y políticas, a entregar a las más altas autoridades nacionales, medios de comunicación y la sociedad en general, y para exponer nuestras preocupaciones ante la crítica situación socio-económica y de inseguridad en la que se encuentran nuestras poblaciones, no sólo por el histórico abandono del Estado ecuatoriano sino por los efectos del conflicto social, político y armado colombiano y los impactos del Plan Colombia en nuestras tres provincias fronterizas.

En Quito, por unanimidad colectiva, reunidos en Asamblea de Organizaciones Sociales de Base y Poderes Locales electos de las Parroquias Limítrofes a Colombia en las tres provincias ecuatorianas, hemos resuelto:

  1. Continuar unificadamente las acciones en defensa de nuestras demandas, derechos humanos y de las poblaciones a las cuales representamos.
  2. Mantenernos unidos ante el Estado ecuatoriano, el Gobierno de Colombia, la comunidad internacional y la sociedad en general, para trazar una misma línea de trabajo, lucha ciudadana e incidencia pública, a fin de que se visibilice la crítica situación en la que nos desenvolvemos.
  3. Crear juntos un referente organizativo propio de las regiones fronterizas de las tres provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, que no existía hasta este momento, depositando en la APDH la responsabilidad de coordinación de esa iniciativa, para lo cual concretaremos una Asamblea en el mes de enero del año entrante, que defina la estructura unitaria, sus objetivos, agenda de actividades, planificación estratégica, nombre y estructura orgánica interna.

Llegamos a Quito para dialogar con los máximos representantes del Estado y exigir en sendas reuniones sostenidas con las autoridades de la Presidencia de la República, Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Policía, Trabajo y Empleo, Salud, Educación, Agricultura y Defensa, entre otros, respuestas viables y concretas que deben ser implementadas a corto, mediano y largo plazo con el propósito de promover y garantizar los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos) que vienen siendo conculcados o desatendidos cotidianamente por el Estado en la línea fronteriza norte.

También estamos aquí para exhortar a los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, de trabajadores, populares y ciudadanas en general, a los líderes de opinión y las iglesias, que se involucren activamente en la dinámica social de la frontera colombo-ecuatoriana, con el propósito de contribuir a transformar su inequitativa realidad y, a la vez, llamar la atención de los medios de comunicación para que informen y divulguen la situación de nuestros pobladores, mujeres y hombres, niños y niñas, jóvenes y adultos, mestizos, afrodescendientes e indígenas, ecuatorianos e inmigrantes y refugiados colombianos; con objetividad y respetando nuestros derechos.

Llegamos a presentarles nuestra realidad, nuestras demandas y nuestras propuestas de vida y exigibilidad.

Nuestra realidad:

Inseguridad ciudadana

Que caracteriza a nuestras tres provincias fronterizas. En particular, el reclutamiento forzado a pobladores fronterizos por los actores armados del conflicto colombiano, presuntamente para cultivos ilícitos; la inacción de la Policía Nacional y la Fiscalía ante el sicariato y la impunidad de estos crímenes; el robo de las camionetas y lanchas a motor, en algunos casos, con la muerte de los conductores; las amenazas permanentes. Especial relevancia tiene la reubicación de las parroquias de Mataje y General Farfán, tanto por razones de carácter natural como por la inseguridad, siempre y cuando el Estado respete los derechos de los pobladores.

Libre circulación

La vigencia de "toques de queda" en varios poblados fronterizos, especialmente en la parroquia de Mataje, entre las 20h00 y las 06h00, y la implementación de restricciones a la movilización de ecuatorianos e inmigrantes colombianos, vía marítima, en Ancón de Sardinas, El Guadualito, El Pan y Mataje Alto.

Vialidad

Deficientes condiciones y falta de mantenimiento de la vialidad en las tres provincias fronterizas, entre ellas la vía Mataje-San Lorenzo y parroquias aledañas.

Incomunicación

La inexistencia de centrales y líneas telefónicas, y la ausencia de medios de comunicación que mantengan una línea informativa no sensacionalista y, en su lugar, informativa y educativa.

Fumigaciones

Que han contaminado nuestras fuentes de agua, nuestros cultivos y nuestra biodiversidad, provocando inseguridad alimentaria, por los daños a los cultivos que acentúan la pobreza, y la desaparición de fuentes de subsistencia. Las fumigaciones aéreas químicas a los cultivos de uso ilícito ejecutadas por el Gobierno colombiano en la frontera sur de Nariño y Putumayo, con asistencia del Gobierno de los Estados Unidos, tienen profundas implicaciones de carácter social y político en nuestras tres provincias fronterizas, generando más inseguridad y vulnerando nuestros derechos.

Migraciones

Entre ellas las migraciones transfronterizas, en especial los obstáculos impuestos por las autoridades públicas que impiden la libre movilización de los pobladores de frontera entre Ecuador y Colombia; la actual situación de indefensión de los inmigrantes irregulares colombianos que carecen de opciones para legalizar su situación migratoria; la exclusión y la deportación de los inmigrantes colombianos con familiares ecuatorianos; la explotación laboral a los inmigrantes irregulares colombianos, tanto o más que a los trabajadores ecuatorianos fronterizos; la falta de atención del Gobierno Nacional a las necesidades de los inmigrantes colombianos, los refugiados y los solicitantes, que requieren de servicios públicos que no están disponibles ni siquiera para los pobladores fronterizos; la inexistencia de planes de contingencia elaborados en consulta con la sociedad civil de las fronteras. Altos costos de las visas de amparo y los carnés laborales para los refugiados.

Educación

Inexistencia de colegios, escuelas y centros de cuidado diario para la educación y atención de los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos, en especial para los pueblos afrodescendientes e indígenas. Ausencia de partidas para profesores/as. Infraestructura insuficiente para los colegios, las escuelas y los centros de cuidado diario. Difícil acceso para los niños, niñas y jóvenes de nacionalidad colombiana, a los centros educativos, debido a su situación migratoria irregular.

Trabajo y Empleo

Explotación laboral a los pobladores ecuatorianos y a los inmigrantes colombianos de carácter irregular. La tercerización como un mecanismo de violación permanente de violación a los derechos laborales, en especial el derecho a la libre asociación y el derecho a la estabilidad laboral. La inexistencia de crédito y capacitación para los agricultores y los ganaderos de las provincias fronterizas. La reducción del comercio por las fumigaciones y la violencia en el otro lado de la frontera han generado pérdida de trabajo y empleo.

Salud

Personal médico e implementos y medicinas insuficientes para la atención de la población fronteriza. Inexistencia de una morgue causando graves problemas sanitarios. Limitada cobertura del seguro social campesino.

Participación Ciudadana

Centralización y concentración de funciones en los alcaldes y prefectos provinciales, sin participación y consulta a las diferentes organizaciones y sectores sociales en las provincias fronterizas. La participación y consulta exige, además, rendición de cuentas e involucramiento en la elaboración y ejecución del presupuesto local.

Medio Ambiente

Deforestación agresiva, contaminación de las aguas y desaparición progresiva de especies endémicas, crítica situación que tienen graves implicaciones para la vida y la salud de los pobladores fronterizos, así como para existencia de la fauna y la flora propia de la zona fronteriza. Privatización de amplias zonas caracterizadas por la existencia de recursos naturales y amplia biodiversidad. Presencia de mineras, palmiculturas y madereras que están contribuyendo a la destrucción del medio ambiente, sin respetar ninguna norma o estándar nacional e internacional.

Nuestras demandas:

Al Presidente de la República:

Nos oponernos totalmente al Plan Colombia, al involucramiento del Ecuador en la militarización regional, a la Base militar de EEUU en Manta, a las Fumigaciones y al Tratado de Libre Comercio (TLC); y exigimos que este mayoritario clamor de nuestras poblaciones y de todo el país, sea respetado, consultado y atendido por el actual Mandatario.

Al Ministro de Gobierno y Policía:

La adopción de políticas públicas de seguridad ciudadana que respeten y garanticen la plena vigencia de los derechos humanos de los pobladores fronterizos, sean ecuatorianos o inmigrantes colombianos.

Involucramiento directo de la Policía Nacional y el Ministerio Público para investigar, detener y poner a disposición de los jueces competentes a los presuntos sicarios que operan libremente en los poblados fronterizos. Esta labor debe considerar permanentemente, como marco de referencia, el respeto a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales, tanto para los ecuatorianos residentes en las fronteras como para los inmigrantes colombianos, de manera independiente de su condición migratoria.

Reconocer los derechos colectivos de los pobladores de la parroquia de Mataje para que en el proceso de reubicación de esta población, se reconozcan sus derechos colectivos que supone la entrega de tierras de las mismas o mejores características que las que están dejando en este proceso.

La reconsideración de la vigencia de los "toques de queda" y las restricciones a la movilización de ecuatorianos e inmigrantes colombianos en Mataje, Ancón de Sardinas, El Guadualito, El Pan y Mataje Alto, en la Provincia de Esmeraldas.

Implementación de un sistema de monitoreo y rendición de cuentas de la labor policial en las tres provincias fronterizas, de manera paralela a la depuración de los mandos policiales involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Al Ministro de Trabajo y Empleo:

La adopción de emergentes políticas públicas que contribuyan reactivar el aparato productivo económico de las provincias fronterizas enfocado a la generación e incremento de plazas de trabajo. Del mismo modo, deberá darse la prioridad necesaria a la implementación de acciones tendientes al control y eliminación de la explotación laboral a los pobladores ecuatorianos y a los inmigrantes colombianos de carácter irregular. Especial relevancia solicitamos darse a la tercerización identificada como un mecanismo de violación permanente a los derechos laborales, en particular el derecho a la libre asociación y el derecho a la estabilidad laboral.

Al Ministro de Relaciones Exteriores:

La implementación de una política de Estado, en materia de relaciones exteriores, que promueva y defienda la soberanía y el respeto a los derechos humanos en nuestras tres provincias fronterizas, por parte de las autoridades y fuerza pública colombianas. Esta política estatal deberá incluir una propuesta integral sobre desarrollo fronterizo, comercio binacional, migraciones transfronterizas y laborales, refugio, fumigaciones de cultivos de uso ilícito y control migratorio, en el marco del respeto a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales tanto de ecuatorianos como colombianos.

Una política pública sobre relaciones exteriores supone que nuestro país exija a la República de Colombia el respeto a las normas y estándares regionales e internacionales de derechos humanos, como una demostración de una real y efectiva voluntad política de las autoridades colombianas, así como la exigencia al Estado colombiano para que sus estrategias para enfrentar las causas y consecuencias del conflicto social y armado, no promuevan el involucramiento militar ecuatoriano en la solución de su grave crisis social y política.

A la Ministra de Educación y Culturas:

La adopción de políticas públicas en el área de Educación que afronten las particularidades de la realidad de la línea de frontera, enfocadas en mejorar el sistema educativo que mejore la calidad de educación de las niñas y niños ecuatorianos, y que permita acceso y cumplimiento al derecho a la educación de las niñas y niños colombianos, a través del mejoramiento de la infraestructura educativa, incremento de partidas para docentes en frontera, capacitación a autoridades y docentes sobre el derecho a la educación.

Al Ministro de Salud:

Implementación de un programa como política pública que vaya encaminado a dotar, mejorar y mantener la infraestructura del servicio de salud en la línea fronteriza, permitiendo la verdadera efectividad del derecho a la salud, priorizando la creación de Subcentros de Salud en las áreas que aun no cuentan con uno, dotar de equipamiento y medicinas a aquellos que ya existen, promover planes o campañas de educación en prevención de enfermedades y alimentación, e incremento de partidas para médicos generales y especializados para la zona de frontera, así como la dotación de ambulancias.

Al Defensor del Pueblo:

Consolidar sus esfuerzos para tutelar y vigilar el respeto a los derechos humanos de los pobladores de frontera, en especial su acceso a la salud, a la educación y a los servicios básicos, en general.

Le exhortamos a promover a nivel nacional e internacional las demandas de las poblaciones de frontera por efectos de las fumigaciones aéreas químicas a los cultivos de uso ilícito ejecutadas por el Gobierno de Colombia en los departamentos de Nariño y Putumayo, cuyas consecuencias perniciosas han sido puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comunidad internacional, en general.

Especial importancia adquiere la labor del Defensor del Pueblo vigilando la labor de la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía) en las zonas de frontera, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones fronterizas.

Al Ministro de Obras Públicas:

Crear un Plan de Trabajo fronterizo que aporte a la vialidad de la zona de frontera, construyendo y mejorando las vías de acceso en carreteras y caminos vecinales, así como el mantenimiento de las mismas.

Al Ministro de Medio Ambiente:

Precautelar los recursos naturales de la zona de frontera, apoyando a la población de frontera en el reclamo del cese de las fumigaciones aéreas en zona de frontera, así como de cualquier mecanismo de erradicación de plantaciones de coca y amapola en el país vecino -Colombia- por cualquier método que afecte el medio ambiente del Ecuador.

Monitoreo -con participación ciudadana- de la preservación de la biodiversidad de frontera.

Transparentar públicamente los actuales contratos de privatización o concesión del manejo de las Reservas Naturales de frontera.

Al Ministro de Agricultura y Ganadería:

Reactivación del aparato productivo a través de Programas implementados como Política Pública de fortalecimiento, capacitación teórica y técnica a agricultores y ganaderos.

Apoyo al sector agrícola y ganadero afectado por la implementación de las fumigaciones aéreas en zona de la provincia de Sucumbíos.

Crear un Plan de Acción Fronterizo a través del INDA para la titularización y legalización de tierras en el cordón fronterizo norte.

A los Poderes Locales (Gobiernos Provinciales - Alcaldías):

Crear e implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos locales, así como efectivizar el derecho a la información y veedurías locales en el manejo de los fondos públicos.

Al Ministro de Energía:

Crear un Plan de Trabajo Fronterizo que atienda las necesidades de Energía de las poblaciones de frontera, muchas de las cuales mantienen sistemas racionados de energía a través de sistemas alternos a la interconexión nacional.

A la Superintendencia de Comunicaciones:

Que inste a todos los órganos competentes a crear Planes de Trabajo que proporcionen a las comunidades de la línea de frontera norte una infraestructura para las telecomunicaciones, permitiendo no solo un acceso o aumento de líneas telefónicas, sino el ingreso de señal de televisión y radio nacional.

Hacia una Organización Unitaria, Social y Ciudadana, de Paz y Soberanía en la Frontera Norte

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