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Declaración del Congreso Social por el Derecho al Agua

Guayaquil, 14 de diciembre de 2005

Las organizaciones y sectores sociales reunidas en la ciudad de Guayaquil los días 12, 13 y 14 de diciembre del 2005, en el Congreso Social por el Derecho al Agua, después de analizar la situación actual que vive nuestro país en relación a los procesos de privatización del agua, tanto a través de la construcción de proyectos multiproposito como por delegación de los servicios de agua potable al sector privado nacional y transnacional, privilegiando el interés económico sobre el social, declaramos:

  1. Que instituciones internacionales como el FMI, BM, BID y tratados de libre comercio como el TLC, ALCA, OMC, con sus programas y normas desconocen que el agua es un derecho fundamental de las comunidades y los pueblos, pues buscan reducirla a la categoría de una mera mercancía.
  2. Que una de las formas mas nefastas de acaparamiento del agua y generadora de deuda ecológica y social se da mediante la afectación de nuestros ríos con la construcción de represas, provocando el desplazamiento forzoso de miles de familias campesinas, perdida de cauces naturales y caudales, destrucción de suelos agrícolas de altísimo valor y biodiversidad con impacto en nuestra soberanía alimentaria, además de la perdida de identidad productiva y usos y costumbres ancestrales. Estos impactos se han comprobado como consecuencia de la construcción de la represa Daule Peripa, obra reconocida como fracaso técnico, social, económico, financiero y ambiental, de la que, sin embargo, su ejecutor, la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE, no ha sacado experiencia, pues persiste con alevosa reincidencia, siempre a puerta cerrada, replicando estos errores: actualmente promueve otros proyectos igualmente nefastos, como la Presa Baba, La Libertad, Abras de Mantequilla, Pueblo Viejo, que han llevado a la privatización de ríos como el Vinces.

A nivel nacional el CONELEC prevé construir mas de 230 represas para la generación hidroeléctrica, según consta en su plan 2005, para lo cual habría ya concesionado al sector privado las fuentes de agua de las vertientes oriental y occidental de la cordillera de los Andes. Entre los nuevos proyectos se encuentra el Proyecto Hidroeléctrico Rio Calope de Enermax SA (Supermaxi, La Favorita y Flexiplast) que desviara este río y trasvasara el río Pilalo afectando los cantones La Mana, Pangua y Pujilí; dejara sin agua a buena parte de la población de Quevedo y se apropiara del área de drenaje de la cuenca de este río. Otro proyecto es el conocido como HidroAbanico, avanzado en un 90%, en la provincia de Morona Santiago, impulsado por el ex ministro de energía Pablo Terán, que se propone utilizar turbinas a filo de agua que afectaran severamente el lecho del rio, impondrá controles en esa zona, limitara el derecho de la población al libre transito, y que constituyen el acaparamiento de las fuentes de agua que abastecen al canton Morona y otros

Por su parte, la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabi, CRM, concesiono por 50 años las presas Poza Honda y La Esperanza y todas las obras anexas a La Fabril para generación de 9MW, entregándole a esta empresa el 99.21% del paquete accionario y reteniendo para el sector publico apenas el 0.79%. Previamente, CRM creo la empresa Manageneracion para justificar la entrega de las represas a La Fabril, en calidad de socio estratégico, a pesar de que esta empresa se constituyo con un capital de 800 dólares. En este caso, el asalto a los fondos del Estado incluye el hecho de que se entrego una infraestructura cuya construcción, mantenimiento y operación tiene un costo de al menos un mil millones de dólares. Además, CRM esta obligada por el contrato a garantizar a la empresa el agua, al extremo que si esta deja de producir energia por falta de agua, recibira una indemnización de CRM. Por otro lado, se prohibe que el sector publico emita normas de cualquier tipo relacionadas con el convenio.

Después de cuatro años de haberse emprendido el proceso de privatizacion concesión del agua en Guayaquil es claro que este no ha podido ni podra solucionar el acceso universal al agua, ni al alcantarillado pluvial y sanitario, ademas el agua es entregada en condiciones de pesima calidad, con graves consecuencias en la salud humana, y la empresa beneficiada incumple varios aspectos fundamentales de su propio contrato, como lo reconoce la Resolución de la Defensoria del Pueblo del 7 de Octubre de este año. Esta empresa, International Water Services Interagua Guayaquil, subsidiaria de la estadounidense Bechtel, solo esta interesada en generar utilidades y maximizar la rentabilidad financiera sin ninguna responsabilidad social. Nos preocupa que esta misma empresa esta a punto de adueñarse del agua en Machala bajo el nombre de Triple Oro. Esta misma transnacional opero en Cochabamba, Bolivia, como Aguas del Tunari, donde provoco un gravísimo conflicto social con el saldo lamentable de 5 personas muertas y mas de 300 heridos por la represion desatada sobre la población que rechazo los planes de control total de las fuentes de agua incluyendo los pozos de agua domesticos, del agua lluvia, via control tarifario de las aguas servidas y aplicar un tarifazo que represento hasta un 300% de los ingresos familiares.

Tambien en Quito se esta dando un proceso, apoyado por el BID, que busca entregar el agua municipal al interes privado, siguiendo el mismo patron de políticas privatizadoras de los municipios mencionados. En este caso, la entrega del suministro a intereses privados no se apoya con el argumento de mejorar la eficiencia de la empresa municipal pues la misma ha recibido reconocimiento internacional precisamente por la calidad de los servicios que entrega. Además, nos preocupa que a nombre de planes aparentemente de conservación de las fuentes de agua, ONG ambientalistas internacionales y nacionales exigen el cobro oculto por servicios ambientales a traves de la planilla de agua en todo el distrito metropolitano.

Estamos igualmente preocupados y preocupadas por la aplicación del proyecto Praguas, con soporte del MIDUVI y el Banco Mundial, para impulsar la privatizacion del agua en los pequeños municipios.

Ante todo esto, decidimos constituirnos en el Comité Impulsor de la Coordinadora para la Defensa del Agua y como tal exigimos y proponemos que:

  1. CEDEGE debe ser sometida a una auditoria independiente en los ámbitos social, técnico, financiero, ambiental de todos sus programas y proyectos, y emprender planes integrales de remediación en beneficio de las comunidades que han sido afectadas. Particularmente estos planes deben ser garantizados a favor de las miles de familias que fueron severamente perjudicadas por la ejecución de la presa Daule Peripa y el trasvase a la Península de Santa Elena, las mismas que demandan la restitución de sus condiciones dignas de vida, la reparación de los daños sufridos y la restauración ambiental.

    Exigimos la renuncia inmediata de Lourdes Luque de Jaramillo, por fraguar la represión contra los campesinos de Patricia Pilar y los afectados por la Daule Peripa y por incumplir con la Auditoria Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca Aportante al embalse Daule Peripa y el Plan Perentorio de remediación que le ordena la ley.

  2. Detener todos los nuevos proyectos de construcción de represas y aquellos que ya están construyendose, hasta que la sociedad ecuatoriana analice, debata y redefina consensuadamente una matriz energética y un plan hídrico nacional basados en el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad, aprovechando todas las fuentes alternativas, descentralizadas y renovables de que disponemos. Nuestro país debe fortalecer sus propuestas de soberanía energética con el control comunitario y de los pueblos.
  3. CRM debe rescindir de forma inmediata los contratos de concesión de Poza Honda y La Esperanza. Exigimos la renuncia de los actuales miembros de la Junta Directiva del CRM, y el enjuiciamiento penal a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso de concesión.
  4. Exigimos la derogatoria de los decretos ejecutivos 2174 y 176, que declaran de interés nacional a la Presa Baba, asi como toda norma que atente contra el patrimonio hídrico, el ambiente y los derechos humanos.
  5. Exigimos la auditoria con plena participación social de los créditos externos contratados por el estado para la construcción de represas multiproposito. Esta auditoria debe identificar la deuda social y ecológica generada por estos créditos y buscar mecanismos de sanción a los responsables y beneficiarios de estas obras, como son los financistas, constructores, decisores políticos y operadores.
  6. Condenamos las amenazas contra los lideres que están defendiendo el derecho al agua, y particularmente rechazamos la represión cruel a los pueblos de Patricia Pilar y otros de la provincia Los Ríos y el país, hechos que prueban la determinación estatal de garantizar por la fuerza y amparándose en la impunidad, los beneficios de pocos y el perjuicio de las mayorías.
  7. Apoyamos las demandas del Observatorio Ciudadano de los Servicios Públicos de Guayaquil en el sentido que sea el Estado, a través del Municipio de Guayaquil, conjuntamente con la ciudadanía, que responda y asuma el control, la regulación del agua potable y el alcantarillado pluvial y sanitario de Guayaquil.

    Asi mismo, demandamos y apoyamos la aplicación total de la resolución de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, la Defensoria Adjunta del Pueblo, así como la investigación y sanciones respectivas a Interagua y ECAPAG. Debe realizarse una auditoria ciudadana participativa y popular liderada por el Observatorio Ciudadano de los Servicios Públicos.

    Los municipios de Machala y Quito deben detener los procesos de privatización, y transparentar la información y documentación sobre lo que se esta negociando con financistas, consultores y empresas interesadas en obtener las concesiones de estos servicios en dichas jurisdicciones.

  8. Nos proponemos trabajar por la identificación de las empresas transnacionales y las nacionales que les sirven de pantalla, que se benefician del hidro negocio y denunciar local, nacional e internacionalmente sus acciones atentatorias a los derechos humanos y ambientales, para alertar a movimientos y organizaciones sociales, comunidades y pueblos de nuestra región y el mundo en relación con las amenazas que se ciernen sobre el derecho fundamental al agua y a la vida a causa de las políticas impulsadas por la voracidad de las transnacionales. Estas empresas deben salir de nuestro país.
  9. Desconocemos y repudiamos el endeudamiento externo asociado a todas estas formas de control y privatización del agua, y nos asumimos los verdaderos acreedores de la deuda financiera, social y ecológica.
  10. Exhortamos a las organizaciones nacionales urbanas, campesinas, indígenas y afroecuatorianas a incorporar en sus plataformas de movilización y lucha la defensa del derecho fundamental al agua. Nos mueve el convencimiento de que el agua y las áreas naturales que la generan deben estar controladas y manejadas por el estado y por las comunidades, pueblos y ciudadanos, y por lo tanto no pueden estar en manos de ONGs y empresas privadas para su administración.

Nuestra lucha es porque todo es de todos y nadie tiene el derecho de convertir en mercancía lo que nos da la vida, por lo tanto rechazamos los procesos de privatización y concesión del agua y los servicios públicos.

Organizaciones participantes:

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