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Declaración del I Encuentro Latinoamericano de Mujeres en Resistencia a la Explotación Minera

Red Latinoamericana de Mujeres en Resistencia a la Minería

Lima, 18 de noviembre de 2005

Nosotras, asistentes al I Encuentro Latinoamericano de Mujeres en Resistencia a la Explotación Minera, reunidas en Lima, Perú, durante los días 15 al 17 y de visita en Cerro Pasco y La Oroya el día 18 de noviembre del 2005, procedentes de países latinoamericanos afectados por la minería: Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guatemala y Costa Rica:

Manifestamos

La llegada de las empresas mineras genera y aumenta la marginación, el empobrecimiento, el abuso, el desplazamiento, la violación de los derechos territoriales, el deterioro ambiental, la destrucción de los medios tradicionales de subsistencia, la discriminación y la desigualdad de las mujeres latinoamericanas.

Denunciamos el hostigamiento, las amenazas, la persecución, la intimidación, las demandas legales y los abusos sexuales contra las mujeres en resistencia a la minería. Demandamos el cese de esas prácticas violatorias de nuestros derechos humanos y exigimos se respete asimismo, la integridad física de nuestros hijos, esposos, compañeros y familias.

Exigimos a las empresas mineras respeto por nuestros derechos de autodeterminación, salud, acceso a las fuentes de agua limpia en calidad y cantidad suficientes.

Denunciamos que las justas y legítimas reclamaciones de las mujeres en los diferentes pueblos y comunidades indígenas y campesinas han sido criminalizadas, obligándolas a instalar mesas de diálogo, concertación, negociación, en desigualdad de condiciones, frente a empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de los gobiernos que protegen sus intereses. En ese sentido, las mesas de diálogo han servido únicamente para conculcar aún más los derechos colectivos, la consulta y la participación ciudadana y generar un desgaste deliberado en las luchas emprendidas por las mujeres en los pueblos y comunidades. Por otro lado, estas empresas niegan los graves impactos de la contaminación ambiental que envenenan las aguas, aire, tierras y todas formas de vida, atentando contra la salud y vida de los seres humanos, y en especial de las mujeres que vivimos próximas a las operaciones mineras. De forma por demás cínica, las empresas y los gobiernos niegan su responsabilidad económica, social y ambiental para con el entorno de las comunidades actuales y próximas generaciones.

Evidenciamos el engaño y los procesos inconsultos con los que las empresas mineras se adueñan de nuestras tierras y medios tradicionales de subsistencia. Demandamos respeto de los derechos territoriales y exigimos la consulta previa y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en los territorios indígenas de Sierra de Perijá-Venezuela, la comunidad de Shuar Warintz en la Provincia de Morona, Santiago - Ecuador y El Estor en Guatemala, entre otros.

Señalamos que las políticas mineras de los gobiernos, permiten la expoliación del patrimonio natural de nuestros países, protegiendo militarmente a las transnacionales como ocurre en las comunidades de Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, y de Yanta, provincia de Ayavaca, en Perú.

Ante la amenaza de la minería sobre los recursos hídricos, demandamos de nuestros gobiernos la protección de las distintas cuencas hidrográficas de donde se abastecen de agua las mujeres de comunidades indígenas y ladinas de países latinoamericanos. De manera que exigimos, se prohíban los proyectos mineros a gran escala que amenazan importantes recursos hídricos como ocurre con los glaciares en el Proyecto Pascua Lama en Argentina y Chile; los proyectos mineros Bellavista y Crucitas, en Costa Rica; los proyectos Fénix y Montana que amenazan el Lago Izabal, en Guatemala, el proyecto Río Blanco que hace peligrar los páramos de Ayavaca, entre otros.

Por la falta de medición de los impactos en la salud de las mujeres residentes en las áreas cercanas a los proyectos mineros, exigimos responsabilidad de los gobiernos para obligar a las corporaciones a cubrir los costos de esos estudios bajo responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales, además, del tratamiento y restauración de las mujeres enfermas. Asimismo, solicitamos a las autoridades sanitarias de nuestros países, monitorear de inmediato los hechos denunciados sobre los impactos en la salud de las mujeres en Valle de Siria y San Andrés Minas, en Honduras; y en Perú, en Espinar, Cusco, por la operación de la empresa BHP Tintaya; en Huancabamba y Ayavaca donde está ubicado el proyecto minero Río Blanco y en las zonas de San Marcos, Ancash; Cerro Pasco y La Oroya, Junín.

También exhortamos la sentencia del Juez Mixto de Huarochirí para que las mujeres víctimas de la contaminación en el distrito de San Mateo de Huanchor, Departamento de Lima, Perú, puedan ser atendidas por médicos especialistas y pedimos se declare la emergencia nacional ambiental en la Provincia de Yauli- La Oroya y Cerro Pasco, Perú, por los severos impactos en la salud de las mujeres, niños y residentes locales.

Demandamos el retiro de los tóxicos mineros presentes en los relaves, escorias, pilas de lixiviación, tajos y ríos que amenazan nuestra salud y deterioran los medios tradicionales de subsistencia de las mujeres en las zonas afectadas por la minería en San Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochirí, Lima, Perú.

Solicitamos a los organismos financieros internacionales suspender los trámites de financiamiento de proyectos mineros en nuestros países, que se hayan establecido o pretendan establecer en zonas acuíferas, de carga y descarga acuífera, glaciares, de alta biodiversidad, ecológicamente frágiles y áreas de ocupación agropecuaria y sustento pesquero. A nuestros gobiernos exigimos detener la autorización de las concesiones mineras dadas o por darse en esas áreas; además, sancionar drásticamente a las compañías que han contaminado las aguas de los países miembros de esta red, obligándolas a restaurar los ecosistemas hídricos contaminados, como los ríos San Juan, Mantaro, Tingo, Ucañan y Opamayo, Lago Chinchaycocha, Laguna de Yanamate, en Perú; y los ríos Aguacaliente y Abangares, en Costa Rica.

Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres en el mundo, a levantar su voz y en solidaridad con las mujeres latinoamericanas impactadas y bajo la amenaza de la minería, exigir a las empresas mineras y gobiernos, la consulta previa, el respeto por la forma de decidir libremente el uso de nuestros territorios, el respeto por el derecho a la vida, ambiente sano y saludable y medios tradicionales de subsistencia.

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