Quito, 12 de noviembre de 2005
Desde el año 2004, Ecuador, junto con Colombia y Perú, está negociando bilateralmente con los Estados Unidos el TLC. Este tratado incluye no solamente temas comerciales, sino también servicios, entre ellos los educativos. De esta manera, recoge el espíritu del Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, que trata a la educación como una mercancía. Esto conduce a que el derecho fundamental a la educación esté subordinado a las fuerzas del mercado, lo que quiere decir, que los que tienen menos ingresos tendrán menos posibilidades de acceder a una educación de calidad. En consecuencia, se incrementará la desigualdad social y empeorarán las condiciones para fomentar el desarrollo humano en el país.
Con la firma del TLC, se permite que cada vez más entren actores privados internacionales con fines de lucro en el sector de la educación; El objetivo de estos actores es producir utilidades, y no una educación de calidad. A su vez, se propende que los sistemas educativos se ajusten más a las necesidades de las empresas multinacionales y del sistema productivo imperante en este momento, sin considerar las necesidades de las personas.
Bajo estos lineamientos el Estado pierde la potestad de manejar una política pública que mejore el acceso y la calidad de la educación. Las empresas que literalmente venden servicios educativos tienen la potestad de ofertar estos servicios bajo las condiciones que a ellas les parezcan mejor, sin reparar en políticas internas o planes estratégicos del país. Como resultado, se pone como indicador de calidad de la educación la utilidad y la competitividad para insertarse al mercado laboral, llevando a un proceso de tecnificación de la educación, debilitando a las ciencias sociales y humanas.
El Estado se verá obligado a comprar bienes y servicios educativos computadoras, textos educativos, muebles, a través de licitaciones internacionales que perjudican a los productores nacionales, dado que las empresas multinacionales son mucho más competitivas. El Estado estará obligado a someterse al criterio de ³trato nacional² o ³relación nacional² con las empresas de servicios educativos a nivel limitando de esta manera la generación de una política nacional de empleo y desarrollo educativo. En este mismo sentido, el Estado no podrá establecer subsidios a las universidades públicas, ya que las empresas educativas trasnacionales podrán demandarlo ante tribunales internacionales, reclamando altas indemnizaciones. El tratado a ser firmado consagra el derecho de compensación, que establece que los subsidios son una competencia desleal y inequitativa que afecta el mercado y la generación de utilidades.
El Estado ecuatoriano se verá obligado a implementar el software de marca (o sea, el de los cuatro cuadrados de colores) impidiendo la implementación de software libre, como es la tendencia a nivel internacional, lo que genera mayores costos en el sector de la educación.
El Ecuador tendrá que avalizar los títulos, diplomas y licencias de las universidades de los Estados Unidos, pero Estados Unidos no hará lo mismo con los títulos de las universidades ecuatorianas, fomentando una movilidad humana excluyente y discriminatoria.
Con la firma del TLC se liberaliza el comercio educativo transfronterizo y se rompen barreras comerciales para la formación a distancia a través cursos virtuales en el Internet. Sin embargo, en este ámbito Estados Unidos ha desarrollado una tecnología de punta y puede ejercer un control que deja pocas posibilidades para que el Estado ecuatoriano pueda ejercer un control de la calidad y los costos de estos servicios.
El TLC restringe la política educativa estatal y desestimula la inversión del sector público en educación, de este modo, fomenta la privatización de la educación y la precariedad del sistema de educación pública.
Quedó comprobado que el TLC no es solamente un tratado comercial: también tiene considerables implicaciones en el ámbito económico, político y cultural. Por eso, atañe a toda la población., no obstante, las negociaciones se hacen a espaldas de la población, particularmente de la comunidad educativa (maestros, estudiantes y padres de familia).
La constitución ecuatoriana, en su Art. 3, establece que el deber prioritario del Estado es asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. Asimismo, el Art. 66 establece que es obligación del Estado garantizar y promover el derecho a la educación para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y que la educación es un área prioritaria de la inversión pública, requisito para el desarrollo nacional y garantía de la equidad social.
Por estas razones el Ecuador no puede dejar en manos de las empresas transnacionales el manejo de la educación del país. Tiene que tener una posición digna y autónoma, a la hora de negociar el TLC, asumiendo que la educación es uno de los derechos fundamentales, que permite impulsar un proyecto de nación que reafirme la identidad nacional y local, fomente valores basados en los derechos humanos y objetivos nacionales estratégicos.
Exigimos al gobierno ecuatoriano que excluya el tema de la educación del proceso de negociaciones, por ser un derecho fundamental. Negociar este derecho puede fomentar la exclusión y marginación de millones de ecuatorianos y ecuatorianas.
Demandamos se convoque a una consulta popular, para que el pueblo ecuatoriano decida sobre la firma del Tratado de Libre Comercio, considerando que es un derecho fundamental de los pueblos ser consultados cuando están en discusión temas claves para el desarrollo de la nación.
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