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La adopción de políticas públicas sobre migraciones

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 10 de octubre de 2005

Com. 612-CSMM-05

Una institucionalidad sólida y eficiente es indispensable para una urgente adopcion de políticas públicas sobre migraciones

La construcción y el fortalecimiento de una institucionalidad pública sólida y eficiente que hasta ahora se ha caracterizado por la desarticulación y dispersión que no le permite al Estado ecuatoriano adoptar políticas públicas sobre el hecho migratorio debe ser una de las prioridades del nuevo canciller de la República, Francisco Carrión-Mena, declaró Pablo de la Vega, representante del OCIM en el país.

Según De la Vega, las tareas pendientes y los desafíos que deberá asumir el ministro Carrión-Mena serían los siguientes:

  1. Promoción de un organismo rector de la política migratoria que contribuya a una eficiente administración y gestión de los flujos migratorios (inmigración y emigración). Esta instancia permitiría superar la falta de coordinación entre las diversas instituciones públicas y, en algunos casos, de la sociedad civil y las iglesias, que se ocupan del tema migratorio y duplican esfuerzos y recursos;
  2. Diálogo con el Congreso Nacional, en especial con la Comisión Legislativa de lo Laboral y Social para rehacer el proyecto de ley Nº 25-298 que planteaba la creación del Consejo Nacional de Atención Integral a los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias, propuesto por las organizaciones sociales y las pastorales migratorias con la finalidad arriba señalada, y que fue suprimido en el informe para segundo debate;
  3. Elaboración participativa y consensuada de nuevas directrices y estándares para las oficinas consulares, uno de cuyos propósitos fundamentales es la defensa de los intereses y los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Sería importante, además, optimizar y canalizar nuevos recursos económicos para las oficinas consulares estratégicas, así como disponer la organización y el funcionamiento de consulados móviles en los lugares de mayor concentración o vulnerabilidad de la población ecuatoriana, en particular en zonas fronterizas y países de tránsito;
  4. Seguimiento, evaluación y modificación, si las circunstancias lo ameritan, del Acuerdo entre Ecuador y España relativo a la Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios. Análisis de la pertinencia de suscribir acuerdos similares con otros países europeos, en especial Italia;
  5. Inicio de conversaciones al más alto nivel sobre la situación socio-laboral y migratoria de los ecuatorianos en los Estados Unidos de América y en los países de tránsito, brindando especial énfasis a su situación en Guatemala y México;
  6. Inmediatas disposiciones para reactivar y/o reorganizar el proceso conducente a la ejecución del Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias (Registro Oficial Nº 527, de marzo 5 del 2002), según las recomendaciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, garantizando una amplia participación de las organizaciones de migrantes e instituciones especializadas en el tema migratorio;
  7. Inicio de un inmediato diálogo con otras Secretarías de Estado y organismos estatales para la constitución de una mesa intersectorial e interinstitucional sobre migraciones (inmigración y emigración), en especial con el Ministerio de Trabajo y Empleo, entidad pública responsable de la instalación de una Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales, que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil e iglesias; y,
  8. Reanudación inmediata de las actividades tendientes a la implementación del Plan Operativo sobre los Derechos de Migrantes, Extranjeros, Refugiados, Desplazados y Apátridas; y el Plan Nacional de Ecuatorianos en el Exterior.

La ejecución de estas acciones demostraría no sólo la voluntad política de las nuevas autoridades de la cancillería ecuatoriana sino que se convertirían en pasos firmes que permitirían sentar las bases de una institucionalidad eficiente y responsable de la implementación de emergentes políticas públicas sobre migraciones, sostuvo De la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J." y representante del OCIM en Ecuador.

De la Vega también recordó que el canciller, en tanto miembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, tiene un enorme compromiso ético ante la comunidad internacional que le obliga a vigilar y supervisar los compromisos que tienen los Estados en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes, incluido el Ecuador.

[+info]
montesdh@andinanet.net, montesdh@hotmail.com

Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM)
Casilla postal: 17-08-8069
Quito (Ecuador)

Tels. 098-220-960, 2543-845

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