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Medidas cautelares a favor de los pobladores de Orellana y Sucumbíos

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Quito, 17 de agosto de 2005

Embajador Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC.

Estimado Embajador Cantón:

Antecedentes

En mayo de 2005, INREDH presentó petición de medidas cautelares a favor de la población de las provincias de Orellana y Sucumbíos, en Ecuador, ante el estado de emergencia decretado por el presidente de la República, Alfredo Palacio, como respuesta ante el paro indefinido declarado en la provincia de Orellana

La protesta pacífica estaba motivada por las graves afectaciones a su salud e integridad física de la población de esas provincias ante la explotación petrolera realizada por las empresas petroleras estatales PETROECUADOR y PETROPRODUCCIÓN y las petroleras extranjeras Petróleos del Pacífico, Encana Ecuador, Consorcio PetroSud-Petroriva, entre otras; que operan en la zona.

Aquel paro duró entre el 22 y el 25 de mayo de 2005, fecha en la que las comunidades de las parroquias mencionadas, suscribieron un acuerdo con el ingeniero Robert Pinzón, presidente de Petroecuador; ingeniero Marcelo Arcos, presidente del Fondo de Solidaridad; ingeniero Luis Cabrera, Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, todos en representación del Gobierno del Ecuador; y en presencia de Guadalupe Llori, Prefecta Provincial de Orellana y Anita Rivas Párraga, Alcaldesa de Orellana, y el coronel Patricio González, Comandante BS19 Napo, como testigos de honor.

Mediante el acuerdo, el gobierno ecuatoriano se comprometió a mejorar las vías de comunicación, a realizar proyectos de interconectado eléctrico, electrificación, agua potable y granjas integrales y planes de remediación ambiental; así como a contratar transporte local.

Sin embargo, en aquella oportunidad, el gobierno de Alfredo Palacio, mediante Decreto No. 162 de 25 de mayo de 2005, dispuso el estado de emergencia y zona de seguridad a las provincias de Sucumbíos y Orellana, y dispone el empleo de la Fuerza Pública para "establecer las condiciones de seguridad nacional" y "precautelar la integridad física y técnica de las instalaciones y pozos petroleros", desconociendo el acuerdo al que había llegado con los pobladores de las comunidades de Orellana.

Los hechos

Por cuanto los acuerdos a los que se había llegado con el gobierno no fueron cumplidos y las violaciones a los derechos de la ciudadanía continuaron, el 14 de agosto de 2005, la Mesa Biprovincial de Orellana y Sucumbíos decidió realizar un paro, incluyendo entre las reivindicaciones que el gobierno declare la caducidad del contrato con empresa petrolera Oxy revisión de los contratos petroleros con las empresas transnacionales, cumplimiento de los acuerdos suscritos por el gobierno y las empresas transnacionales para la inversión en desarrollo de las dos provincias amazónicas.

El 14 de agosto de 2005, desde el medio día y tarde la provincia de Orellana fue militarizada ante la medida tomada por los pobladores campesinos e indígenas de esta región. Sin embargo, con una anticipación de una semana, la provincia de Sucumbíos ya había sido militarizada.

Las manifestaciones, si bien han sido masivas, se han desarrollado de manera pacífica, en las calles, vías y puntos estratégicos de las ciudades y solicitando el cierre de pozos petroleros sin atentar contra la infraestructura de las empresas petroleras ni de la empresa estatal Petroecuador.

Desde la tarde del 16 de agosto de 2005, se inició la represión en operativo conjunto de las fuerzas militares y policiales, en Lago Agrio, en donde se privó de la libertad a varios ciudadanos. La represión dio como resultado varios heridos de bala, de balas de goma, y de golpes propinados. El número de gases lacrimógenos lanzado ha sido desproporcionado, produciendo asfixia entre los más vulnerables, niños/as y mujeres.

Como parte de las medidas de represión en la misma fecha del 16 de agosto de 2005, en Lago Agrio, 69 personas fueron privadas de su libertad por varias horas en instalaciones de la empresa estatal Petroproducción, en la Estación 1, cuando militares cercaron el recinto e impidieron la salida.

En la ciudad de El Coca, el 16 de agosto de 2005, durante los fuertes enfrentamientos producidos entre los militares y la policía con el pueblo de Orellana, fueron detenidos algunos ciudadanos y su integridad física fue violada. Entre los primeros detenidos constan las siguientes personas: Leni Lorenzo, Elisalde Ramírez, Wilmer Ismael, Tuni Santiago, Gonzalo Yépez Paguay, Alejandro David Tamayo Macías, Edgar Ramón Noa Tanguila, Emilio Yaguan, Lucio Miguel Ortiz Mena, Christian Guerra, y Washington Fuentes.

Entre los heridos que se produjeron en los actos represivos en el sector de Sacha Norte están las siguientes personas: Carlos Morocho herido de bala; Gilmer Rey y Javier Paguay con impactos de bombas lacrimógenas; Juan Carlos Jiménez con impacto de piedra lanzada por efectivos militares; Salcedo Ruiz con dos impactos de bala, Patrício Asanza, y Aurelio Cajamarca.

El representante de la Mesa de Derechos Humanos de la Asamblea Biprovincial, Diocles Zambrano denunció la brutalidad demostrada por las fuerzas policiales y militares de la Brigada de Selva 19 Napo, en su accionar contra los pobladores y manifestantes de la provincia. Ya que en la Ciudad de El Coca, la tarde y noche del 16 de agosto de 2005, la Fuerza Pública arremetió con piedra y bala a los manifestantes de esta ciudad. La metralla fue el único sonido que se escuchó desde las 15:00, en adelante.

En declaraciones rendidas a la radio Sucumbíos la Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori Abarca, denunció las "cuatro horas de balacera indiscriminada en contra del pueblo" y se solidarizó con los heridos y detenidos

El 16 de agosto de 2005, militares de la Brigada de Selva 19 Napo reprimieron a la ciudadanía que protestaba en el puente sobre el río Napo, lanzando gases lacrimógenos en abundancia, balas de goma y disparos de fusil contra la multitud

La represión militar en la ciudad del Coca se ha distribuido en varios sitios. El Municipio de Orellana sufrió daños por varios disparos realizados con fusiles FAL, de dotación oficial del Ejército.

El 17 de agosto de 2005, durante 45 minutos militares base 19 Napo arrojaban gases lacrimógenos a la gente, que estaban protestando en el sector de la salida de El Coca a Vía Zorros y Auca, junto a la base militar.

El 17 de agosto de 2005, efectivos del operativo conjunto militar y policial continuaron disparando gases lacrimógenos en el centro de la ciudad de Lago Agrio, impidiendo que las personas salgan de sus casas para reunirse y continuar con la protesta. Como consecuencia de estos hechos de represión aumenta el número de personas asfixiadas, principalmente niños/as y mujeres.

El 17 de agosto de 2005, a las 17:00, el Ministro de Gobierno y Policía anunció que el presidente de la República decretó el estado de emergencia en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Responsables de los hechos que van a atentar a los derechos humanos de los pobladores de Sucumbíos y Orellana

El presidente de la República, Alfredo Palacio, por haber decretado el estado de emergencia en las provincias de Orellana y Sucumbíos. El Ministro de Defensa, Solón Espinoza. El Ministro de Gobierno y Policía, Mauricio Gándara. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Manuel Zapater. El Comandante General de la Policía Nacional, José Vinueza.

Fundamentos de derecho.

El Estado ecuatoriano al haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

El Reglamento de la Comisión, en el Art. 25.1, determina que "en caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas".

La gravedad se evidencia del hecho de que las medidas de represión indiscriminada ya han producido varios heridos y detenidos; y a que se ha decretado nuevamente un estado de emergencia en la zona todo lo cual coloca a la población de esas provincias en riesgo inminente de continuar sufriendo atentados contra su integridad física; libertad y seguridad personales y ante la posibilidad de ser procesados penalmente de manera ilegal y arbitraria.

La urgencia se desprende porque estos actos de represión indiscriminada atentan contra los derechos humanos de la población en general y de los dirigentes de la legítima protesta que además ha sido pacífica, de manera especial.

Petición

En virtud de lo expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteramos la petición de que se dicten medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personales (Arts. 4, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos) de Jhon Rosero, María Chérrez, Nicasio Miranda, Marcia Calva, José Encalada, José Ren, Alfonso Cango, Manuel Pérez, Darío Narankas, Sergio Duche, Angel Armijos, Ramiro Cayambe, Ulbio Torres, René Ramírez, Angel Nájera, Víctor Tsukanka, Maximiliano Duchi, Manuel Cando, José Jaramillo, Angel Bonifaz, Marino Calva, Raúl Cuja, Freddy Pascual, Alberto Timbela, Carlos Aguinda, Jorge Villa, Sonia Cabezas, Angel Alvarez, Santos Armijos, Wilman Jiménez, Diocles Zambrano, Rosa Alvarado, Sixto Atienza, Manuel Villa, Cruz Moreira, Luis Gaviria, Vicente Castillo, José Rumiguano, Frank Mejía, Abel Nunink, Domingo Nantip, Marcelino Nantip, Miceno Guamán, Guillermo Chiguango, Walter Guerrero, Miguel Grijalva, Angel Orozco, Fermín Villacrés, Hilter Bravo, Francisco Vásquez, líderes y liderezas campesinos e indígenas de Orellana.

Igualmente, solicitamos se dicten medidas cautelares a favor de: Manuel Jiménez, Enrique Morales, Angel Cujicambo, Angel Alvarez, María Espinosa, Marino Calva, Manuel Yautibug, Balbina Pimbo, Rodrigo Chinghay, Daniel Salazar, Juan Tanguila, Silverio Coquinche, Medardo Zhingre, Esperanza Calva, Elda Eras, Francisco Cuenca, Carmen Torres, Ramón Vera, Enrique Soledispa, Mirian Vinueza, Juan Márquez, Ana Arteaga, Edgar Guerrero, William Poveda, Marco Romero, Segundo Macas, Mercedes Piñeiro, Yadira Maldonado, José Flores, Walter Lara, Angel Lozada, Patricio Sánchez, Martha Fuentes, Margarita Castillo, Daniel Pauker, Deysi Campoverde, Enrique Zhicay, Walter Centeno, Angel Cruz, Paco Guerrero, Misael Chaquinga, Manuel Zambrano, Andrés Pupiales, María Iza Toapanta, Teresa Guamán, Diógenes García.

Estas medidas cautelares se dictarán a favor de todos y todas los y las habitantes y de quienes transiten por las provincias de Sucumbíos y Orellana, en Ecuador.

Atentamente,

Silvana Sánchez y Rodrigo Trujillo (Área Legal del INREDH)

[+info]
http://www.derechos.org/inredh/
legal@inredh.org

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