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Los mercenarios atentan contra la paz y los Derechos Humanos

Organizaciones de DDHH del Ecuador

Quito, 15 de agosto de 2005

Sobre las denuncias de actividades ilícitas realizadas en la ciudad de Manta, Ecuador, por la empresa Epi Security Investigation, cuyos propósitos serían contratar personal de seguridad extranjero y presuntos combatientes para operar en la República de Irak, las organizaciones que suscriben esta declaración pública,

Considerando

Que las normas y los estándares internacionales de derechos humanos advierten que "los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos, cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o la que adopten para darse una apariencia de legitimidad, son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para el goce de los derechos humanos por los pueblos" (Resolución AG 54/151, de febrero 29 del 2000);

Que esta empresa colombo-estadounidense y sus responsables, entre ellos el estadounidense Jeffrey Shippy, estarían atentando contra los principios del Derecho Internacional establecidos en la Constitución Política ecuatoriana (Art. 4), la legislación penal interna y los tratados internacionales de derechos humanos, que gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico del país y prevalecen sobre leyes y otras normas de menor jerarquía;

Que el Estado ecuatoriano y sus órganos e instituciones están obligados a cumplir con las múltiples decisiones del Consejo de Seguridad, sobre el reclutamiento, la utilización, la financiación, el equipamiento y tránsito de mercenarios, de conformidad con el Art. 25 de la Carta de las Naciones Unidas;

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado tanto el uso de mercenarios como su conducta como un acto criminal y ha descrito a los mercenarios como criminales que deben ser castigados como tales; y,

Que el Estado ecuatoriano no se ha adherido a la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (Resolución 44/34, de diciembre 4 de 1989).

  1. Solicitan a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Policía, y de Defensa Nacional, a la Superintendencia de Compañías y al Ministerio Público, iniciar inmediatamente una prolija investigación sobre los hechos denunciados por la gravedad que éstos revisten; identificar a los culpables, cómplices y encubridores de los mismos; y ponerlos a disposición de los jueces competentes para su juzgamiento y sanción, según la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el país;
  2. Instan a las Comisiones Legislativas de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, y de Derechos Humanos a solicitar a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Policía, de Defensa Nacional, y de Trabajo y Empleo, información documentada sobre la constitución jurídica, razón social y actividades de todas las empresas nacionales e internacionales de prestación de servicios que estarían realizando en el Centro Operativo de Avanzada (Forward Operating Locations, FOL) de la ciudad de Manta, Ecuador, en el marco del "Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos".
  3. Exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores y al H. Congreso Nacional a cumplir con todos los procedimientos que demanda el derecho internacional para que el Estado ecuatoriano se adhiera a la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (Resolución 44/34, de diciembre 4 de 1989), a fin de evitar los vacíos jurídicos que pudieran surgir en la legislación nacional para reprimir este delito internacional.
  4. Hacen un llamado público a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los mercenarios, Shaista Shameem, a tomar nota e intervenir ante estas graves denuncias, de acuerdo a su mandato.

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE)

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J." (CSMM)

Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador)

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR-Ecuador)

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