Quito, 7 de julio de 2005
Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano, Antonio Parra Gil, desataron una serie de críticas en los círculos políticos colombianos y han enfriado las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, a tal punto que sus respectivas embajadas carecen de un titular desde hace tres meses.
Antonio Parra, siguiendo las directrices del nuevo presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, definió tempranamente la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.
Estos dos postulados no son nuevos, al contrario, son los postulados que el Ecuador tradicionalmente ha esbozado en todos los espacios internacionales, ya sea en encuentros binacionales, regionales e, incluso, en foros multilaterales como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.
En los últimos años, dos gobiernos nacionales han roto estas directrices diplomáticas que permitieron al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Primero lo hizo Jamil Mahuad al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente, votar en el seno de Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba, contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana.
Lucio Gutiérrez, el segundo mandatario en romper estas directrices, fue más allá; pues, no sólo que comprometió al país en una estrategia militar ajena, sino que se convirtió, luego del presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de esta estrategia, haciendo de la Cancillería del Ecuador una especie de antena repetidora de la agenda bélica del gobierno estadounidense y de los intereses del gobierno colombiano.
Patricio Zuquilanda, el nefasto canciller de Gutiérrez, enfrentó los cuestionamientos de los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos del Ecuador desacreditando el trabajo y los pronunciamientos de éstas, al punto incluso de negarse a dialogar con determinadas organizaciones o con sus representantes; así, temas como el daño de las fumigaciones en la frontera, las agresiones a pescadores ecuatorianos y a sus embarcaciones o la necesidad de legislar para proteger a las personas en situación de refugio; fueron temas silenciados; silencio al que los funcionarios responsables de los mismos también se sometieron, negándose a mirar lo evidente: niños muertos en las zonas afectadas por las fumigaciones, barcos hundidos en aguas territoriales, decenas de miles de personas vulneradas en su derecho a recibir refugio.
Los tempranos y soberanos pronunciamientos de Antonio Parra, que iniciaron con el requerimiento a Colombia que deje de fumigar en una franja de10 kilómetros a lo largo del cordón fronterizo con Ecuador, fueron inmediatamente puestos a prueba con una nueva agresión a un navío ecuatoriano por parte de fragatas estadounidenses, cuando el pesquero "Ochossi" fue interceptado el 21 de mayo por el buque de la Armada de los Estados Unidos "USS Rentz" El pesquero fue averiado y su tripulación maltratada y detenida por veinte horas. Parra protestó por este hecho y solicitó las indemnizaciones correspondientes, dando fe de que en verdad la política de la cancillería había cambiado.
A renglón seguido, el gobierno de los Estados Unidos presionó por la firma del acuerdo que garantizaría la inmunidad de los soldados estadounidenses frente a la Corte Penal Internacional. El Gobierno del Ecuador y su Canciller han sido enfáticos: "Se respetará el Estatuto de Roma y no se firmará ningún acuerdo de inmunidad". Estados Unidos respondió eliminando 7 millones en ayuda militar. Mejor, ojalá eso sirva para desmilitarizar nuestro país.
La presión para que Ecuador vuelva a la política gutierrista llegó a su punto máximo luego que la guerrilla colombiana atacara a un destacamento militar en Teteyé, frontera colombo ecuatoriana en la Amazonía. Jorge Eliécer Coral, alcalde de Puerto Asís y candidato a la gobernación de Putumayo con el auspicio de los terratenientes locales de la coca, se encargó de abrir la puerta para la arremetida diplomática colombiana al asegurar, sin ningún sustento, que "los guerrilleros vinieron de Ecuador".
La tensión en los círculos diplomáticos llevó al Canciller Parra a asegurar que el "Ecuador es neutral" y esto provocó un nuevo escándalo en los políticos colombianos leales a Uribe.
Alvaro Uribe niega que en Colombia exista un conflicto armado interno y, por tanto, se empeña en desconocer la acción y los informes de organismos nacionales e internacionales que dan cuenta del creciente número de víctimas de violaciones a los derechos humanos que provoca este conflicto, así como de la existencia de zonas de paz.
"No se puede hablar de neutralidad porque no hay conflicto", dice Uribe, refiriéndose a las comunidades de paz establecidas al interior de Colombia, que se han declarado "neutrales" y no permiten el ingreso de ninguno de los actores armados a sus territorios, sean éstos del ejército, la guerrilla o los paramilitares.
En Colombia existe un conflicto y al interior de un territorio en conflicto la neutralidad es una opción; por ella han optado las comunidades de paz, o los resguardos indígenas del Cauca; pero no es posible que por ella opte un gobierno no colombiano, a no ser que se valore en iguales parámetros a los actores en conflicto, es decir, al gobierno de Colombia, la guerrilla y los paramilitares. Quizá hace algunos años hubiese sido importante reconocer el status de beligerancia a las FARC y así fortalecer las negociaciones de paz, pero en el momento actual no se tiene las condiciones para ello.
Parra rectificó a tiempo, aclaró que la posición ecuatoriana es la de "no intervención ni injerencia en asuntos internos de un país", por lo cual el Ecuador se abstendría de participar en cualquier acción militar conjunta con el ejército de Colombia o en cualquier fórmula que se sugiera para intervenir militarmente en Colombia.
Esta última es la tesis que el Ecuador ha sostenido tradicionalmente y a la que ahora vuelve el presidente Palacio; sin embargo, en el momento actual esta tesis, que representa dignamente el pensar del pueblo ecuatoriano, no es fácil de sostenerla y requerirá de un gobierno, y una clase política, con gran fortaleza y férreamente unida.
La geopolítica regional, planificada por los Estados Unidos y ejecutada por Colombia, ha cambiado de escenario; el llamado Eje del Pacífico ha sufrido un remezón, pues la política no sólo contempla el escenario militar.
El Eje del Pacífico (Colombia, Ecuador, Perú y Chile) apuntaba no sólo a una alianza militar que intervenga conjuntamente allí donde los movimientos sociales amenacen los intereses de las élites locales, vinculadas con los intereses de las élites estadounidenses. La alianza también es económica, de ahí que el Plan Colombia, como todos los planes militares, tenga su contraparte en los planes económicos, en este caso, los tratados de libre comercio con los países del Eje del Pacífico.
En este sentido, de profundizarse la política de defensa de la soberanía y de no intervención que ha iniciado Palacio, en un momento dado se deberá incursionar también en una política de soberanía económica y se deberá dar un salto cualitativo desde la política de defensa territorial que caracterizó la diplomacia ecuatoriana vinculada con el conflicto territorial que Ecuador mantenía con Perú, en el que Antonio Parra fue formado, hacia una política de soberanía integral, abarcando aspectos económicos, políticos y militares.
Puede haber la voluntad política, pero quizá no hay el tiempo suficiente para que el gobierno de Alfredo Palacio de este salto, sin embargo empezamos a ver algunos lineamientos en esta dirección, conducidos principalmente por el Ministro de Economía, Rafael Correa, como son el no destinar obligatoriamente los recursos petroleros al pago de la deuda externa, fijar la inversión como única línea de endeudamiento externo y acercarse al Mercosur.
Sin duda esta perspectiva no es halagadora para los estados Unidos e intentará frenarla antes que logre consolidarse, para eso tiene un aliado inmejorable: Alvaro Uribe.
¿Cómo hacer para que el Ecuador sienta la necesidad de inmiscuirse en el conflicto colombiano? Ésta es la pregunta que está quitando el sueño a los estrategas de Uribe y, hasta el momento, no han encontrado mejor solución que la presión militar.
El ejército de Colombia, a pretexto del ataque que sufriera su puesto de Teteyé, ha iniciado una ofensiva en todo el cordón fronterizo, tanto en zonas de conflicto, como es el caso de Putumayo, como en zonas en las que jamás ha estado presente el Estado colombiano, como son las zonas del sur de Nariño, fronterizas con las poblaciones ecuatorianas de Chical y Maldonado.
Sin duda estas acciones bélicas no conseguirán el desalojo de las fuerzas guerrilleras de estos sectores, pero si contribuirán a generar un clima de temor, tanto en las comunidades colombianas en donde se libran los combates, como en las comunidades ecuatorianas cercanas a estos escenarios, como es el caso de las comunidades awa, en el occidente, o los cofanes, kichwas orientales y secoyas, en la Amazonía.
El manejo político del miedo es la estrategia de Uribe en la frontera, procurar el suficiente miedo como para que las comunidades se desplacen masivamente y se adentren en territorio ecuatoriano, provocando una crisis humanitaria que obligue al Ecuador a cerrar, militarmente, su frontera.
La primera reacción frente a este posible escenario la dio el Ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, al anunciar que se exigiría visa a los ciudadanos colombianos que ingresen al país, contrariando los principios de la Comunidad Andina de Naciones y los convenios internacionales para la protección de refugiados.
Gándara también ha rectificado y ahora habla de un proceso de regularización de las personas colombianas que permanecen en situación de ilegalidad en el país, pero el aviso implícito quedó latente: frente a una mayor presión en la frontera, el Ecuador podrá acudir a este mecanismo que, supuestamente, frenará el éxodo colombiano.
La pregunta es si un requisito ilegítimo frenará el éxodo colombiano generado por una política de terror. También queda otra pregunta: ¿quién atenderá a las comunidades ecuatorianas desplazadas? Ya sabemos que ACNUR no lo hará.
Uribe sabe que más allá de las declaraciones ecuatorianas o de los requisitos de ingreso que puedan poner las autoridades del Ecuador, la presión militar y el miedo generarán, inexorablemente, flujos masivos hacia nuestro país; es decir, inevitablemente el Ecuador se verá avocado a tratar el tema del refugio en mayores dimensiones que las que hasta ahora ha visto, que ya de por sí superan las capacidades de protección del Estado ecuatoriano.
En estas circunstancias enfrentamos una paradoja: la política internacional, digna y soberana, de un gobierno puede ser castigada por quienes ven en ella una amenaza a sus intereses, y este castigo puede ser de tal magnitud que en algún momento puede obligar a este gobierno a revisar sus postulados.
¿Será el gobierno de Palacio lo suficientemente fuerte como para soportar la arremetida de Uribe? ¿Las organizaciones que trabajan con población refugiada están preparadas o podrán obtener los recursos necesarios para enfrentar una crisis humanitaria de grandes proporciones?
Demás está decir que la respuesta es no; de ahí que nace una obligación ética de las organizaciones sociales, tanto nacionales como de la comunidad internacional y sus instituciones. Esta obligación debe tener dos direcciones, una de respaldo a la política ecuatoriana de soberanía y no injerencia, y otra de denuncia de las acciones bélicas del presidente Uribe.
Ni el gobierno del Ecuador, ni ACNUR, ni las organizaciones que trabajan con personas refugiadas tendrán la capacidad de enfrentar una crisis humanitaria sólo con acciones de asistencia, de ahí que su responsabilidad deba superar estas acciones y prolongarse en el campo político.
De igual forma, los organismos donantes deberán aceptar que la asistencia de por sí no solucionará los problemas que genera el desplazamiento y el refugio, y deberán mirar la presión, o incidencia, política como el principal elemento para superar la crisis actual y prevenir su profundización.
La incidencia la interior del Ecuador deberá tener como objetivo el garantizar la protección de las personas en situación de refugio, evitando la implementación de requisitos que comprometan esta protección, denunciando y judicializando las violaciones a los sistemas de protección.
Sin embargo, la tarea más ardua está para con Colombia. La responsabilidad de nuestras organizaciones es denunciar la política bélica del gobierno colombiano y apoyar los procesos de judicialización que llevan adelante las organizaciones y movimientos sociales de Colombia. En este sentido, algunas de nuestras organizaciones aún mantienen una deuda pendiente, la que deberá ser saldad a la brevedad posible.
Luis Ángel Saavedra, Presidente INREDH
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