Quito, 1 de junio de 2005
Com. 578-CSMM-05
El Congreso Nacional está obligado a reestablecer integralmente el Estado de Derecho y un aporte sustancial para este propósito es el fiel cumplimiento de la norma constitucional que pone fin al interinato en la Defensoría del Pueblo, dijo Pablo de la Vega , coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J." (CSMM).
De la Vega reiteró el pedido que las organizaciones de derechos humanos efectuaron el pasado 26 de abril a Wilfredo Lucero, presidente del Parlamento, en el cual le exhortaban a cumplir con el artículo 96 de la Constitución Política que establece que el Defensor del Pueblo será elegido por el Congreso Nacional de fuera de su seno, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, luego de haber escuchado a las organizaciones de derechos humanos legalmente reconocidas.
Es inadmisible que desde el 8 de mayo del 2000, fecha en la cual el actual Defensor del Pueblo Interino asumió sus funciones, el Congreso Nacional no haya demostrado interés hacia una institución fundamental para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos, aseveró este defensor de derechos humanos.
El interinato debe finalizar porque una de las responsabilidades del Congreso Nacional es contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y al fortalecimiento de una real democracia participativa, concluyó.
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