Quito, 29 de mayo de 2005
Com. 577-CSMM-05
Urge una inmediata intervención e investigación del Congreso Nacional frente a otro caso de presunto abuso y maltrato a pescadores manabitas, en faenas de pesca en aguas territoriales, por miembros del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, pues se habrían violado expresas normas de la legislación nacional e internacional, afirmó Pablo de la Vega , coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".
La denuncia pública de doce pescadores manabitas que se encontraban a bordo de la embarcación "OCHOSSIS" y que habrían sido interceptados por una embarcación del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, el pasado domingo 22 de mayo, merece un esclarecimiento total, pues los pescadores aducen que este hecho se efectuó a 60 millas de las costas de Esmeraldas, mientras que el vocero de la embajada estadounidense sostiene que habría sido a 213 millas de la costa, a la altura de la población colombiana de Tumaco.
Sin embargo, cualquiera sea el escenario este hecho merece no sólo una explicación sino una nota verbal de excusa, de las autoridades estadounidenses a la Cancillería ecuatoriana, independientemente de la indemnización de daños y perjuicios que el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos debe conceder a los dueños de la embarcación y a sus tripulantes, sostuvo De la Vega.
Este defensor de derechos humanos mencionó que el artículo 628 del Código Civil establece que el mar adyacente, hasta una distancia de doscientas millas marinas, es mar territorial y de dominio nacional, y que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que "los buques están sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan". Por tanto, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos no está facultado para ejercer el derecho de visita y registro sobre embarcaciones mercantes ecuatorianas, agregó.
Dado que no existe ningún acuerdo de interdicción marítima, de carácter público, entre los Gobiernos de Ecuador y los Estados Unidos, la Cancillería ecuatoriana está obligada a informar a las Comisiones Legislativas pertinentes, en especial a la de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional, y de Derechos Humanos, la presunta existencia de convenios de cooperación militar entre la Marina ecuatoriana y la Fuerza Naval estadounidense que permita la detección, monitoreo, requisa e incautación de embarcaciones ecuatorianas, en el marco de actividades antidrogas, reiteró De la Vega.
La Oficina General de la Contraloría de los Estados Unidos (General Accounting Office, GAO) reconoció en agosto de 1997 que 16 de 28 países ribereños habían formalizado acuerdos marítimos que permiten a personal estadounidense detener, abordar y requisar naves foráneas sospechosas, ubicadas fuera de las aguas territoriales, y este asunto que está relacionado con la defensa de la soberanía nacional, los derechos humanos y los intereses de los ecuatorianos es el que debe esclarecerse y prevalecer, concluyó De la Vega.
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