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Los responsables de la represión gutierrista no deben ocupar cargos públicos

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Quito, 16 de mayo de 2005

Oficio No. 6206-APDH-05

Estimado Doctor Alfredo Palacio
Presidente de la República
En su despacho

 

Estimado Doctor Mauricio Gándara
Ministro de Gobierno y Policía
En su despacho

De nuestra consideración:

En representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, expreso nuestra honda preocupación y desconcierto ante el nombramiento oficial del coronel de Policía Gerardo Zapata como Jefe del 3er. Distrito de la Policía para la ciudad de Cuenca, cuya designación puede traducirse como una ofensa de la cúpula policial a la ciudadanía cuencana y al pueblo de Quito y del país, así como un contrasentido gubernamental que indispone, de manera aguda, el espíritu de los positivos diálogos sostenidos, así como las esperanzadoras resoluciones acordadas el 22 de abril, por el Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Gobierno en la cita oficial con las organizaciones de Derechos Humanos del país, realizada aquel día en el Palacio de Gobierno.

No entendemos el por qué de esta designación y a qué intereses obedecería la misma, pues los intereses y derechos ciudadanos seguro que no lo son, y desde la simple lógica, ni siquiera podrían ser los intereses del Gobierno o "intereses de Estado", debido a que este oficial y el grupo secreto al que perteneció, como sostuve públicamente, son una amenaza inclusive para el nuevo Gobierno.

El Sr. Ministro de Gobierno conocía varias denuncias e informaciones reiteradas de diversos organismos de DDHH contra tan oscuro personaje, Sub-Jefe de la DGI, relacionado nada más y nada menos que con el ex-Ministro de Gobierno, Oscar Ayerve. El coronel Gerardo Zapata, además de ser un violador de derechos humanos, funge como uno de los principales oficiales de Policía denunciados públicamente por haber planificado y dirigido los peores actos de agresión policial durante el pasado régimen y, sobre todo, la sistemática política de hostigamientos, amenazas de muerte y acosos efectuados por la policía secreta del Gutierrismo (mal llamada con el eufemismo de "Dirección General de Inteligencia, DGI") lanzada contra dirigentes ciudadanos, periodistas, líderes sociales y de opinión, y contra opositores al antiguo régimen represivo del coronel Lucio Gutiérrez Borbúa.

Los defensores de DDHH habíamos insistido en la cita oficial mantenida con el Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Gobierno, en que era una tarea emergente del nuevo Gobierno depurar, reorganizar y sancionar con suma urgencia, los órganos represivos y secretos de la Fuerza Pública implicados en delitos y violaciones de DDHH; es decir la así llamada DGI (Dirección General de Inteligencia de la PN), organizada en el régimen gutierrista como órgano operativo, de corte "fujimorista-montesinista", cuyos centenares de agentes , y no "unos cuantos pesquisas", promovieron acosos, seguimientos y hostigamientos a centenares de ciudadanos. En la DGI participaron Zapata junto a otros oficiales de la P.N. y funcionarios civiles del Gutierrismo, a órdenes de "A-1", que en el argot policial no era otro que el propio Lucio Gutiérrez, como consta en abundante información documentada, pública y de prensa.

Además de la DGI, el otro equipo a reorganizar y depurar, era la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales), órgano que, desde hace años, no rinde cuentas de sus "especiales investigaciones" a la autoridad civil, es decir a los Presidentes y Ministros de Gobierno, aparato -el UIES- que fue creado durante el régimen de León Febres Cordero con la tristemente célebre denominación SIC-10, eufemismo con el cual se designó a este aparato policial cuyas tareas "especiales y secretas" fueron la tortura sistemática, la ejecución extra-judicial como Política de Estado y el asesinato a mansalva, crímenes todos catalogados como "delitos de lesa humanidad", y cuya primera Jefatura fue inaugurada, nada más y nada menos, que por el afamado General (r) Edgar Vaca, ex-comandante de Policía de Lucio Gutiérrez en el año 2003, denunciado por su participación en la "Guerra Sucia" de los años ochenta y por las intervenciones telefónicas a la oposición y a los propios Servicios de Inteligencia de las FFAA en años ulteriores.

Los mandos involucrados en espionaje o violaciones de derechos humanos, siempre han actuado con la siguiente lógica, desde los lejanos años ochenta: apenas han existido coyunturas que les son adversas, o se han conocido denuncias públicas en su contra, o han ocurrido cambios de Gobierno, o de Ministros en esa cartera; los oficiales envueltos en represión, espionaje o brutalidad policial, han sido beneficiados con la política institucionalizada del "ENROQUE POLICIAL", es decir con traslados administrativos a otras ciudades para burlar a la justicia. Por ello, los oficiales del oscuro y brutal período policíaco de LFC, es decir los Generales Edgar Vaca y Paco Urrutia, nunca fueron sancionados. Por esa política mañosa del Enroque, los oficiales del caso Fybeca o la DGI, ahora han sido trasladados a otras ciudades, por disposición de sus superiores de la Comandancia General, en acto administrativo que, esperamos, no haya tenido el conocimiento y, peor aún, el consentimiento del Sr. Ministro de Gobierno; aunque, como indicamos, había sido informado con antelación por las agrupaciones de DDHH, acerca de varios pormenores, nombres y apellidos, de las estructuras de Inteligencia y represión enquistadas hace décadas y durante el Gutierrismo en la Policía Nacional.

A Cuenca no solo se le envió como "premio", que evidencia la arrogancia de la cúpula policial, a Gerardo Zapata, el oficial de la "montesinista" DGI, sino al coronel Gonzalo Mancero, ex-Jefe metropolitano de la Policía Nacional, quien fue denunciado por haber ordenado la brutal represión policial contra el pueblo de Quito y por haber participado directamente en los hechos más visibles de represión durante los días de abril, en los que la ciudadanía quiteña fue víctima, como nunca antes lo había sido, de una represión indiscriminada, y a la vez planificada, desde las más altas estructuras de Inteligencia y gubernamentales.

El nuevo Gobierno, a pesar de haber sido alertado por los organismos de DDHH, nombró al General José Vinueza como Comandante General de la Policía Nacional, que en su currículum publicado en la prensa, consta el haber sido ex-Jefe de la oscura UIES, brazo especial y secreto de la Policía, muy ligado a una embajada extranjera , cuya nómina de jefes y agentes encubiertos (inclusive extranjeros, se afirma en diversos grupos de DDHH), se desconoce por parte de las autoridades civiles, y que antiguamente -al final del período de gobierno del Ing. LFC, e inicial del gobierno del Dr. Borja- pasó de llamarse, de SIC-10 a "Unidad de Investigaciones Anti-Subversivas", UIAS, cuyo personal fue entrenado, como consta en innumerables denuncias, por el mercenario israelí Ran Gazit y especialistas españoles y estadounidenses, para luego operar en los peores momentos que padeció el país en materia de DDHH durante toda la era democrática: el período 85-88.

Por eso, quizás, se explica que el actual Comandante Vinueza, el ex-Comandante Jorge Poveda, y otros oficiales, sostengan públicamente, aún cuando hay nuevo Gobierno, tesis peregrinas y arrogantes como éstas: "La DGI y la UIES realizaban tareas para garantizar la Seguridad del Estado"; "Sólo hacíamos seguimiento a los opositores, pero nada más" (como si "sólo eso" no fuera un delito en un régimen democrático); o que "No se puede investigar ni sancionar a sus oficiales y mandos, sino al ex-Presidente que daba las órdenes" (como si el desconocimiento de la ley impidiera su sanción, más aún en delitos de Estado); y el "No se deben conocer en público los detalles de los trabajos que hacían los organismos de Inteligencia", en franca contradicción con la aspiración de transparencia que exige la ciudadanía.

Lo que resulta inexplicable es que sigan en sus cargos y no se les abra un solo expediente administrativo de investigación, para indagar la conducta de éstos y de decenas de Oficiales y centenares de agentes, para sancionar con el máximo rigor de la ley a quienes fuesen hallados culpables de haber dirigido y/o participado en la política de represión durante el Gutierrismo, pues es conocido que solo el Crnel. Gerardo Zapata, en su último cargo de Subjefe de la Dirección General de Inteligencia, hacía parte de esta poderosa red secreta de hostigamientos y amenazas a opositores al gobierno de Gutiérrez, mientras que el Crnel. Gonzalo Mancero fue responsable de ordenar que se usen, en un solo día, más de mil bombas lacrimógenas contra los ciudadanos, participando él mismo en la represión, al grito (proferido a sus subalternos) de: "hijueputas, echen bombas, ¡carajo!", lo que dejó como secuela centenas de asfixiados, decenas de heridos, algunos de ellos lesionados irreversibles, que no han recibido reparación alguna hasta hoy en día, y una persona fallecida, el periodista chileno Julio García.

No puede admitirse que esa clase de oficiales sean trasladados con "pases" a otras ciudades como Cuenca. La Policía debe ser depurada cuanto antes, pues la reivindicación del pueblo quiteño y ecuatoriano en general, de "Que se vayan todos", no excluye -de ninguna manera- a los mandos y funcionarios de la Fuerza Pública implicados en la represión, e incluso, en potenciales delitos de Lesa Humanidad.

Es indispensable que el Sr. Presidente de la República ordene cuanto antes un informe detallado de esta "política de enroque" en el último mes, es decir los pases administrativos de Oficiales implicados en la represión gutierrista a otras ciudades; y que disponga cuanto antes dejar sin efecto esos pases y designaciones ("premios administrativos") en altos cargos policiales, a Gerardo Zapata, Gonzalo Mancero y otros, quienes deben ser investigados y sancionados por la brutalidad de la represión cometida contra Quito; así como es urgente que proceda a ordenar la reorganización y depuración, cuanto antes mejor, de la Comandancia General de la Policía Nacional, procediendo al desmantelamiento de la UIES, la DGI y todos aquellos servicios secretos del Gutierrismo que aún siguen INTACTOS, y que incluso serían una amenaza al nuevo régimen, cuya peor prueba fue la actitud sostenida por las jefaturas cupulares de la Fuerza Pública la tarde del 20 de abril en CIESPAL, cuando inexplicablemente se dejó sin protección al Sr. Presidente de la República, cuyos asesores tuvieron que recurrir al auxilio emergente a varios defensores y ciudadanos civiles en general.

El rol policial de salvaguardar la seguridad ciudadana fue cambiado por el de atentar contra ella en el régimen pasado, y sus consecuencias aún las padecemos: sólo en los últimos días registramos tres casos de violencia, omisión o abuso policial, contra ciudadanos en Quito. El distorsionado "espíritu de cuerpo" es usado nuevamente por la jefatura de la institución policial para evitar que sus oficiales involucrados en delitos, sean juzgados y sancionados.

Es indispensable, como citamos al Sr. Ministro de Gobierno, que se proceda a ordenar la investigación de cuáles países extranjeros brindaron asistencia logística, entrenamiento y material represivo a la Policía gutierrista, a sus órganos "secretos" (UIES y DGI, entre otros), y a la creación de grupos especiales antimotines que "inauguraron formalmente" su salvaje proceder los días de abril, y especialmente durante la noche del 19 de abril y la mañana del 20, mientras era público y notorio que la Policía "dejaba actuar, dejaba hacer" a los grupos de choque del Gutierrismo, que atacaron a cientos de ciudadanos, especialmente desde el Ministerio de Bienestar Social, a cuyo titular dejaron escapar sin que nadie en la Policía rinda cuentas hasta el día de hoy, ni al Sr. Presidente, ni al Sr. Ministro de Gobierno, ni al País.

No se resuelven problemas de esta índole, entregando atribuciones de Fuerza Pública a grupos de seguridad privada, como ha ocurrido con la reciente decisión del Sr. Ministro de Gobierno tomada con la Alcaldía de Guayaquil, que nuevamente crea serios riesgos de legitimar la "paramilitarización" en el Ecuador, avanzada antes por Gutiérrez. No se resuelven complejos problemas de esta naturaleza, creando comisiones de la verdad cuyo mandato y composición técnica se desconoce aún, cuando las decisiones de indagación y sanción pueden ser tomadas por la propia autoridad y efectivizadas, entre otras, por la Fiscalía General de la Nación, que empezó desde el día 20 de abril en horas de la tarde, a realizar decenas de indagaciones solicitadas por todos los organismos de DDHH en conjunto, o de oficio.

Finalmente, hacemos nuestras las preocupaciones de las organizaciones ALDHU y FIDH, y solicitamos se investigue al ex-Gobernador del Azuay, capitán de Policía Fernando Aguirre, "por las evidencias dejadas en el despacho ejecutivo provincial de posibles espionajes telefónicos a líderes sociales cuencanos, hecho que muestra el régimen de terror que el gobierno al que representaba, intentó implantar en el país con un descarado sistema de violaciones a los derechos humanos".

Esperamos, señor Presidente y señor Ministro, que la ciudadanía ecuatoriana, la APDH y las agrupaciones de DDHH en general, obtengamos respuestas satisfactorias a todos estos temas. Lo que se haga desde los más altos niveles de Gobierno en los temas DGI y UIES, en los casos Zapata, Mancero y otros, permitirá guardar positivas esperanzas de un cambio real en la nación, o perderlas de manera definitiva.

El actual Gobierno democrático, tiene una oportunidad que ningún Gobierno ha tenido en los últimos 17 años.

Aún confiamos. Aún esperamos.

Del Sr. Presidente y del Sr. Ministro, muy cordialmente,

Alexis Ponce, Vocero APDH

[copia a...]
Organizaciones de DDHH nacionales e internacionales; Sociedad Civil

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