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La represión de la policía al pueblo de Quito tenía un objetivo económico

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Boletín de prensa

Quito, 15 de mayo de 2005

Quito ha sido un escenario histórico de movilización social, pero en abril de 2005 la población fue repelida de forma brutal, como nunca antes había sucedido.

La primera razón que puede saltar a la vista es que toda esta violencia se enmarca en la lógica represiva que Gutiérrez venía implementando de forma cada vez más explicita sobre los opositores, detractores y manifestantes. Pero hay una razón adicional y es que la represión a la que fue sometida la población de Quito era y tal vez sigue siendo un negocio.

En Calacalí funciona la empresa Gaspol, una empresa de economía mixta (70% pertenece a la Policía Nacional y 30% al Sr. Carlos Cevallos), cuyo objetivo es producir gases para la policía y para armar pistolas glock modelo 17. Pero la denuncia no es solo la existencia de la empresa sino el negocio en el que se involucraron los altos mandos policiales y allegados de Lucio Gutiérrez.

La empresa Gaspol hace un acuerdo con Armor Holding (empresa estadounidense) para que se armen los gases en las instalaciones de Gaspol. Pero Armor exige que para proceder a armar gases en Ecuador, la Policía debía adquirir gases por un monto mínimo de 1.500.000 USD. Para cumplir esta exigencia, el General Poveda realiza una adquisición en el año pasado por 525 mil dólares con decreto reservado de la Presidencia; y realiza un nuevo pedido en el mes de febrero por 500 mil dólares; con ello sólo le faltaría 500 mil dólares en gases para cumplir con la condición de Armor Holding.

Pero en Gaspol también se hacía el ensamblaje de las pistolas Glock en condiciones que violan la ley y el reglamento de armas. Glock era representada por Roberto Sassen, quien mantiene juicios por irregularidades como proveedor de armas por un monto total de $536 197.

Las entidades encargadas del control de armas son el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las cuales han autorizado el funcionamiento de esta empresa. Carlos Cevallos apoyó la campaña de Gutiérrez por lo que habría logrado el permiso gracias a la intervención de Napoleón Villa en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto es fundamental exigir una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuántas bombas tenía en bodega la policía? ¿Qué sucedió con el total de bombas que compró a Armor Holding? ¿Cuántas bombas se usaron en la represión? ¿Cómo se justifica la existencia de una empresa para la fabricación de bombas y de armas?

El anuncio del Ministro de Gobierno Mauricio Gándara no puede quedarse en un simple ofrecimiento de no volver a utilizar bombas lacrimógenas para dispersar las manifestaciones. El Estado ecuatoriano debe garantizar a los ciudadanos un país libre de aparatajes de represión y corrupción desde las instituciones militares y policiales. La seguridad no puede constituirse en un negocio cuya factura debamos pagar los ecuatorianos.

La sociedad ecuatoriana demanda con urgencia el esclarecimiento de todos estos acontecimientos que no pueden volver a ocurrir.

[+info]
http://www.cedhu.org/
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