Quito, 25 de abril de 2005
Los ciudadanos y ciudadanas abajo firmantes exponemos ante la Comisión de la OEA y la opinión pública nacional e internacional los argumentos por los que consideramos que la cesación del Coronel Lucio Gutiérrez como Presidente de la República del Ecuador es un acto legítimo y necesario para el rescate y la profundización de la institucionalidad democrática en el país. Con este manifiesto queremos aportar al análisis del proceso político que culminó en este cambio de régimen, proceso a nuestro juicio notable por sus motivaciones éticas y cívicas y por la alta expresión colectiva que logró canalizar.
El movimiento democrático de Quito y otras ciudades que terminó con el gobierno de Lucio Gutiérrez es expresión del rechazo a la serie de rupturas constitucionales impulsadas desde el régimen (la reorganización del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional, la cesación de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del Congreso Nacional y la designación de la Corte de facto, el 8 de diciembre de 2004, el decreto dictatorial del 15 de abril de 2005, mediante el cual se destituye a dicha Corte de facto y se dicta el estado de emergencia en Quito), a la vez que concentra el descontento de la sociedad ante las prácticas de autoritarismo, nepotismo, corrupción y clientelismo que caracterizaron la gestión política del gobierno.
Estas acciones dictatoriales, de clara ruptura de la Constitución, se dan en un contexto de creciente deterioro de las instituciones políticas y jurídicas del Estado nacional, proceso que ha venido madurando durante los 25 años de vigencia del sistema democrático en el país. La rebelión de Quito no es una acción irresponsable ni caótica, sino que expresa la voluntad democrática inquebrantable de la población y su demanda de una profunda reorganización del sistema político.
La Corte Suprema de Justicia que funcionó hasta el 8 de diciembre de 2004 fue un organismo que se sustentaba en el mantenimiento de equilibrios de poder entre los partidos políticos mayoritarios en el Congreso Nacional, los cuales bloquearon los mecanismos previstos en la Constitución para renovar los cargos vacantes al interior de la Corte a través de la cooptación. En el Congreso Nacional, los intereses partidarios impidieron que se dictaran las necesarias reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, las cuales debían normar el proceso de elección de los jueces y, por tanto, poner en vigencia el principio de despartidización de la administración de justicia aprobado en la Consulta Popular de 1997. Como derivación y consecuencia de este bloqueo, se dio pie al acto inconstitucional de conformación de la Corte de facto, la alianza gobiernista (PRE, PRIAN, PSP, MPD) procedió a reorganizar los órganos de control político, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, consumando con ello su intervención autoritaria e inconstitucional.
Los sucesivos arreglos entre las oligarquías políticas, que han caracterizado la vida política de estos años, terminaron debilitando a la Constitución, al no permitir que se cumpla efectivamente su capacidad normativa. El uso instrumental de la Constitución por parte de tales oligarquías y la subordinación del interés general a los intereses particulares de los grupos de poder económicos y políticos, generaron acciones ilegítimas y posturas antipolíticas, al proyectar la imagen de que, por sobre la Constitución y la expresión ciudadana, se puede seguir usando el sistema de administración de justicia para satisfacer los intereses de grupos económicos y de poder político. Las instituciones fundamentales de la democracia ecuatoriana han quedado con ello reducidas a la función de arbitraje y chantaje en los conflictos entre grupos oligárquicos.
La sospecha de que esta manipulación inconstitucional estaba orientada a cumplir un acuerdo político del Coronel Gutiérrez y su Partido Sociedad Patriótica con el Partido Roldosista Ecuatoriano para provocar el retorno del ex Presidente Abdalá Bucaram, prófugo de la justicia, fue corroborada por la intervención del Presidente de la Corte de facto, Castro Dáger, hombre de confianza de Bucaram. Mediante una cuestionada e irregular providencia judicial, Castro anuló los procesos que por corrupción se seguían contra Bucaram, Dahik y Noboa.
Desde el 8 de diciembre de 2004 la ciudadanía venía clamando por una profunda rectificación del Gobierno, del Congreso y de los partidos políticos. Se pidió, a través de múltiples vías de expresión, que el Congreso anule la inconstitucional resolución de cesación de la anterior Corte de Justicia y que dicte las normas jurídicas para nombrar a los nuevos magistrados. Para ello, era necesario tan solo responsabilidad y sentido patriótico, a fin de establecer las condiciones que debían reunir los jueces y los mecanismos de su designación. Sin embargo, el Congreso Nacional, atravesado por intereses partidistas mezquinos, y la actuación del gobierno de Gutiérrez que intervino permanentemente para boicotear el funcionamiento del Congreso, impidieron la formación de una mayoría que resolviera oportunamente la crisis de la función judicial, que acabó por convertirse en una crisis política general.
Ante esta situación, y antes de que Castro anule los procesos contra Bucaram, los alcaldes y prefectos provinciales de Guayas, Azuay y Cuenca, reunidos en la ciudad de Cuenca a inicios de este año, pidieron a Gutiérrez y a la mayoría coyuntural del Congreso que rectifiquen sus actos para garantizar la vigencia de la Constitución. Luego, varias organizaciones ciudadanas y algunos partidos políticos instaron al Alcalde Paco Moncayo, y al Prefecto Provincial Ramiro González, a reunir a la Asamblea de Quito para insistir en la demanda ciudadana de respeto a la Constitución y a los derechos democráticos, y para exigir a Gutiérrez la inmediata rectificación de sus acciones. El 16 de febrero de 2005, por convocatoria de la Asamblea de Quito, se realizó una multitudinaria marcha ciudadana, en la que participaron más de 200.000 personas. Junto a esta marcha de Quito se realizaron otras masivas manifestaciones en Guayaquil y Cuenca. Frente a estas multitudinarias expresiones democráticas, Gutiérrez respondió con ofensas a los ciudadanos, con ceguera y tozudez, y con la persistencia vanidosa en sus errores políticos.
El retorno de Bucaram en este contexto sólo podía agudizar la crisis. En la figura de Bucaram se concentra el sentimiento de rechazo a la arbitrariedad política, la corrupción, la impunidad y la violencia. Cuando finalmente Gutiérrez y el sector gobiernista del Congreso impidieron una resolución parlamentaria para cesar a la Corte de facto, desataron la protesta democrática del pueblo de Quito desde el día 13 de abril.
En su afán dictatorial, Gutiérrez utilizó mecanismos de peligrosa violencia contra el pueblo de Quito, como la organización de atentados contra ciudadanos, "contramarchas" armadas y el uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir a las manifestaciones pacíficas. Gutiérrez y sus colaboradores recurrieron a formas de engaño y corrupción para llevar a Quito, desde otras zonas del país, a supuestos simpatizantes del régimen para enfrentarse con las multitudinarias y pacíficas manifestaciones democráticas. A más de utilizar y abusar de personas humildes que, por sus condiciones de miseria, fueron arrastradas por una paga miserable a la condición de bandas mercenarias, Gutiérrez y sus secuaces atentaron contra la integridad del Ecuador, pues con estos actos incentivaron las expresiones regionalistas y racistas.
Las masivas manifestaciones de Quito, convocadas en principio por las autoridades de la ciudad y algunos movimientos ciudadanos, hasta las autoconvocadas por el pueblo desde el 13 de abril, expresan la exigencia popular de un cambio sustancial de las instituciones y las formas de ejercicio de la política en el Ecuador. La consigna "¡Fuera todos!" que se coreó el 20 y el 21 de abril debe interpretarse ante todo como una demanda de transformación profunda: queremos formas democráticas de participación política, partidos y organizaciones sociales que garanticen la participación democrática de los ciudadanos, instituciones legítimas, representantes políticos que rindan cuenta de sus actos a sus colectividades.
El rasgo más importante de este notable movimiento social es la emergencia y visibilidad de una postura ciudadana indeclinable que hace frente al proceso de desinstitucionalización, entendido este como pérdida de la dimensión ética de la vida pública. El movimiento de Quito se inscribe en el proceso de democratización social que atraviesa a América Latina, y que tiene que ver en primer lugar con una necesidad de expresión y participación política que va más allá de la capacidad que tienen los medios y los partidos de representar los intereses sociales. La expresión de las demandas sociales y la participación política de la ciudadanía han sido represadas, neutralizadas y bloqueadas por parte de quienes han administrado tanto el sistema de representación política como la esfera de la opinión pública. Frente a esto, emerge una sociedad civil con demandas que apuntan hacia una nueva ética política, y esa emergencia se realiza en los márgenes del poder mediático. Algunos editorialistas de la prensa escrita han realizado importantes pronunciamientos y análisis a lo largo de la crisis, pero sus indudables aportes a la reflexión y a la crítica han quedado relegados a un grupo de lectores muy restringido. La intervención y la función de Radio La Luna y otras emisoras que se adhirieron al movimiento de Quito, fue justamente la de servir de canal para la libre y responsable expresión ciudadana, como medio alternativo a las grandes empresas mediáticas. Por primera vez, la internet y los teléfonos celulares se convierten en un importante mecanismo de convocatoria social.
El movimiento de Quito que derroca a Gutiérrez es un ejemplo de movimiento democrático. Sus armas fueron las banderas del Ecuador que portaban consigo millares de personas, flores, bocinas de automóviles, canciones inventadas por nuestros jóvenes. Quito derrotó a un aprendiz de dictador en un movimiento pacífico y de amplia participación democrática. En las calles, las mujeres y los jóvenes dieron muestra de una enorme valentía y creatividad para convocar a las masivas manifestaciones ciudadanas. En esa participación democrática se evidencia el anhelo de una profunda transformación de la política para el desarrollo social. Es expresión de la exigencia de que la política se supedite a la ética. La ciudadanía demanda la democratización de los partidos, las instituciones y los medios de comunicación. Las instituciones del Estado no pueden permanecer entrampadas en los conflictos entre grupos oligárquicos económicos y políticos. En esta perspectiva, el movimiento de Quito manifiesta una vez más la profunda tradición democrática de la población y la continuidad de su constante demanda de ejercicio ético de la política, de respeto a las normas constitucionales y jurídicas que rigen a las instituciones democráticas y de condena a los actos violatorios de la convivencia civilizada o de graves corrupciones como las que llevaron al gran fraude bancario en el gobierno de Mahuad. A esta ciudadanía democrática, de profundos sentimientos éticos, han traicionado los grupos de poder oligárquico que han roto las normas constitucionales y los principios éticos fundamentales para beneficiarse de la quiebra institucional.
El nuevo Gobierno del Presidente Alfredo Palacio, surgido de la resolución del Congreso Nacional el 20 de abril, es un gobierno legítimo, reconocido por el pueblo ecuatoriano. Esperamos que este Gobierno responda positivamente a la demanda fundamental del movimiento democrático: iniciar una urgente modificación de las instituciones del Estado y de las reglas de participación y representación democrática. No se trata de ir a un apresurado proceso electoral; se trata de encontrar las vías y los consensos necesarios y urgentes para cambiar el sistema político ecuatoriano, concretando así los principios democráticos que consigna la Constitución de la República vigente.
El Ecuador debe integrarse con firmeza en el contexto regional para impulsar la paz, la solución de los conflictos que desgarran a naciones hermanas, para crear y fortalecer los espacios de integración económica, de convergencia política y de seguridad regional latinoamericana. En el contexto de la globalización, es urgente afianzar la integración regional y la unidad de América Latina para impulsar un Nuevo Orden Mundial y la primacía del desarrollo humano y social sustentable como gran objetivo político mundial.
El Ecuador requiere de la solidaridad regional y de la comunidad internacional para afianzar su proceso democrático. Necesita de la solidaridad de los movimientos democráticos de los pueblos hermanos. Somos un pueblo libre, con profunda vocación latinoamericanista e iberoamericana. La intervención de la OEA es tardía; evidencia que la Organización tiene también que cambiar en el mismo sentido en que avanzan los procesos democráticos continentales.
La rebelión de Quito es una alerta sobre la necesidad de una democracia más profunda e incluyente para América Latina.
[firmas iniciales]
Julio César Echeverría, Iván Carvajal, Fernando Albán, Jorge Albán, Guillermo Bustos, Miguel Carvajal, María Elena Porras, Rosemarie Terán, Marco Navas, Pabel Muñoz, Franklin Ramírez, Teodoro Bustamante, Francisco Muñoz, Enrique Arias.
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