Quito, 2 de mayo de 2005
Señor Doctor Alfredo Palacio Presidente de la República del Ecuador En su Despacho
Reciba usted un cordial saludo y mis más caros deseos porque usted pueda desempeñar un gobierno a favor del pueblo ecuatoriano.
Soy una mujer colombiana refugiada que de manera humilde me atrevo a dirigirle esta misiva que intenta recoger el sentir de los refugiados, con la esperanza de encontrar en este nuevo gobierno, un interlocutor que escuche nuestras voces de personas refugiadas y nos brinde el trato humanitario que requerimos.
Esta es mi propuesta señor Presidente: permítanos el camino de la integración plena, social y económica y dejaremos de constituir una carga para el Ecuador. Permita que la sociedad cambie su rechazo por la solidaridad y demostraremos que no somos una amenaza ni para la seguridad ni para el empleo y que por el contrario podemos aportar a esta sociedad en todos los ámbitos de la vida. Permítanos sentirnos parte de este país y ayudaremos a edificar la que también será la casa de nuestros hijos.
Señor Presidente, los refugiados colombianos somos conocedores de la grave situación económica que vive el Ecuador por el daño que le han causado a su economía los malos administradores; como en Colombia y en el resto de nuestra América, también la gente de este país enfrenta la pobreza y la falta de oportunidades, producto de décadas de dilapidación de sus riquezas.
No estamos aquí pues, en pos del sueño del dólar, sino en pos de una esperanza de vida, de un espacio para soñar con nuestro futuro, para ejercer nuestro derecho a la paz y para reafirmar nuestra convicción en ella. Nosotros hemos elegido desechar el camino de la guerra, rechazar la violencia y a los violentos, defender los derechos humanos, o simplemente apostar por nuestra vida y por esas razones hemos tenido que huir de nuestra patria.
Hemos dejado atrás a nuestros pueblos violentados y arrasados, a nuestros vecinos, amigos y familiares asesinados, secuestrados o desaparecidos, hemos perdido nuestro patrimonio, nuestra tierra, nuestro entorno y venimos arrastrando un infinito dolor, pero al mismo tiempo echando a volar nuevas ilusiones y esperanzas.
Como usted bien sabe, mi país vive un conflicto armado de más de cuarenta años y en este marco, la violación de los derechos humanos se ha tornado en una crisis humanitaria que nos obliga a salir a través de las fronteras. De esta crisis son responsables nuestros gobiernos que han optado por la guerra, evitando el reconocimiento y la solución de problemas estructurales como la pobreza, la inequitativa distribución de los ingresos, la injusticia social, la concentración de la propiedad de la tierra y de los medios de producción, el creciente desempleo, entre otros, que constituyen el origen mismo del conflicto.
Esta guerra cada vez más, se libra contra la población civil y se basa en recursos norteamericanos, que en el marco de proyectos bélicos regionales como el Plan Colombia, buscan extender los efectos de nuestro conflicto a la región para garantizar la presencia y el control militar norteamericano en ella, conminando a los Estados vecinos a comprometerse en este Plan de muerte, de depredación del medio ambiente, de neutralización de los movimientos sociales y de anulación de las soberanías nacionales, con el chantaje de la ayuda económica que en su gran mayoría se destina al gasto militar, y con el único propósito de usufructuar, sin oposición, los recursos naturales y energéticos de nuestra América.
El conflicto en nuestro país, desde tiempo atrás ha obligado a muchas personas, principalmente dirigentes sociales y activistas de derechos humanos a buscar refugio en otros países, pero el Plan Colombia, Señor Presidente, ha traído consigo un escalonamiento tal del conflicto armado que nos está expulsando de manera masiva a todos, obreros, mujeres, campesinos, pequeños propietarios, comerciantes, jóvenes estudiantes, ancianos y niños.
Los colombianos refugiados en Ecuador, ante todo, reconocemos y estamos hondamente agradecidos con este pueblo que nos acoge de manera solidaria y nos abre una puerta a la esperanza para reconstruir nuestras vidas y ofrecer a nuestros hijos una herencia de trabajo, fortaleza para enfrentar las horas difíciles, y por qué no, una patria en la cual reconocerse.
Sin embargo, no son pocas las dificultades que venimos enfrentando en este país y que nos conducen a escenarios de mayor sufrimiento, negación de nuestros derechos y desesperanza en un futuro mejor.
Con todo respeto, Señor Presidente, me permito señalar los que, a mi juicio, constituyen los problemas y dificultades más graves que enfrentamos los refugiados colombianos en Ecuador, con la firme convicción de estar tocando a la puerta correcta y de que usted estimará de la mejor manera este gesto.
Los colombianos estamos llegando de forma masiva al Ecuador desde el año 2000 y a lo largo de cuatro años el impacto de nuestra presencia se siente con mayor fuerza en las regiones fronterizas y en el ámbito de la salud, la educación y el empleo, principalmente. La magnitud de esta crisis humanitaria que representamos ha sido reconocida por el Ecuador y por la comunidad internacional, evidenciándose en el crecimiento de infraestructura, personal y reglamentación de la Oficina de refugiados de la Cancillería, la disponibilidad de la Iglesia Católica para apoyar la atención a refugiados y la apertura de una oficina del ACNUR en el país; así mismo, en la agenda de las organizaciones sociales está cada vez más presente el tema de refugio y los medios de comunicación también se ocupan con cierta frecuencia de nuestra situación.
Pero lejos del reconocimiento de la dimensión humanitaria del refugio, el anterior gobierno mantuvo un discurso que a través de los medios de comunicación ha calado de manera progresiva en la sociedad ecuatoriana fomentando el rechazo generalizado hacia los colombianos y eventuales expresiones de xenofobia; este discurso ha caracterizado la llegada de colombianos como un asunto de migración económica, desconociendo la situación de confrontación interna en Colombia y por ende, desestimando la opción del refugio e invisibilizando nuestra presencia y nuestra difícil situación; nos ha caracterizado como delincuentes responsabilizándonos de manera reiterada por el aumento de la delincuencia en este país y nos ha responsabilizado también del desempleo, de la pérdida de valor del trabajo y de la migración económica de cientos de miles de ecuatorianos.
En otras palabras, los refugiados y los colombianos en general, hemos sido utilizados para negar la responsabilidad gubernamental en la profundización de la crisis económica y social, e incluso, negar la crisis misma, efectos de la cual son, el desempleo y el aumento de la delincuencia.
Bajo la prioridad de la seguridad nacional que se ha definido a partir del involucramiento de Ecuador en el Plan Colombia, el control en la frontera se ha incrementado, se ha militarizado y se ha tornado más represivo, negando a muchos humildes compatriotas míos el derecho a llegar a este país y pedir el refugio y conminándolos al ciclo sin fin del desplazamiento forzado o a la muerte. La seguridad nacional, ha ido de la mano con el reforzamiento del control migratorio, una vez más, desconociendo la realidad del refugio y negando este derecho; pero, además, estos dos elementos han ido más allá trastornando las relaciones fronterizas tradicionales de familia, de comercio, abastecimiento y ciclos de trabajo a ambos lados de la frontera y constituyendo una muestra más de que la dimensión humanitaria no ha estado presente en el tratamiento del refugio.
Ecuador ha exhibido una política migratoria restrictiva en contra de los colombianos y violatoria de los convenios de la Comunidad Andina de Naciones, que se ha reafirmado con controles laborales discriminatorios. Efectos de estas políticas son el creciente rechazo, la discriminación laboral, la aparición de diversas formas de abuso y explotación laboral, el desempleo, la marginación hacia la prostitución o hacia el sector informal y la pauperización de la población colombiana que reside en el país.
Por otra parte, las restricciones migratorias y laborales, no dejan otra opción al migrante económico colombiano, que intentar su legalización a través del refugio, desvirtuando el carácter de esta institución y generando mayores restricciones en el proceso de reconocimiento, en detrimento de la población que realmente debe ser protegida de este modo.
A esta situación marco de la política más general hay que sumarle las medidas concretas que restringen o niegan nuestro acceso a otros derechos.
El gobierno ecuatoriano ha optado por negar de manera tajante el derecho al trabajo a los solicitantes de refugio, pues considera que garantizar este derecho constituye una invitación para que vengan más personas en pos del refugio; esta política se ha mantenido sin consideración alguna de la situación indigna e insostenible a la que someten a los solicitantes y a sus familias durante largos períodos de tiempo, hasta que se resuelva su situación de manera definitiva.
Señor Presidente, Los solicitantes de refugio permanecen en esta condición por períodos que oscilan entre tres meses y hasta un año para algunos casos, tiempo durante el cual no son beneficiarios de asistencia humanitaria del ACNUR, salvo contadas excepciones y tampoco reciben ayuda alguna del Estado ecuatoriano; el trabajo constituye pues su única alternativa para sobrevivir, alimentar, vestir y cobijar bajo techo a sus hijos. Es inadmisible que este derecho sea negado, que no se sea reconocido tampoco el carácter humanitario del refugio, que se ponga en riesgo la supervivencia misma de los solicitantes de refugio y que tampoco se visualice la relación del derecho al trabajo con el goce de los demás derechos económicos, sociales y culturales.
Por otra parte, el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, en sí mismo, evidencia la violación de principios internacionales, derechos y garantías constitucionales. En el nivel más general -basándonos en las estadísticas de la Cancillería- se constata un decrecimiento del porcentaje de personas reconocidas, comparado con la cifra cada vez más elevada de solicitudes de refugio; en otras palabras, a más solicitantes menor cantidad de refugiados. Un 70% de los solicitantes de refugio reciben en la actualidad una respuesta negativa y frente a una política migratoria y laboral restrictiva, ninguna otra opción de permanecer y sobrevivir legalmente en Ecuador como última alternativa objetiva ante el riesgo real de regresar a Colombia.
Preocupa además el creciente número de casos que no son resueltos y que ingresan en las estadísticas como archivados o caducados (aproximadamente un 30% del total de solicitudes), categorías sin sustento legal, definidas por la propia Cancillería, sin consideración de las violaciones de derechos y de garantías en que incurren, como el debido proceso y el derecho a la defensa ya que las personas no pueden presentar ningún recurso ante estas decisiones.
El prolongado período de tiempo para emitir las resoluciones de la comisión de elegibilidad para cada caso mantiene a las personas al margen del goce de la mayoría de sus derechos, pues al permanecer en un limbo legal que no les permite desarrollar actividades económicas y demás con normalidad, estas personas se ven impedidas de avanzar en su proceso de integración social, de gozar de estabilidad económica y emocional y de una vida digna. Si bien en Quito los procedimientos se han agilizado en buena medida, las personas que tramitan su solicitud en las provincias de frontera sufren grandes retrasos y arbitrariedades en su proceso de reconocimiento y se ven expuestas por prolongados períodos a la negación de derechos fundamentales como al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, entre otros y privadas también de las garantías constitucionales y del debido proceso.
La respuesta negativa a la solicitud de refugio no aclara a las personas, conforme a la ley, las razones de la misma, impidiéndoles su derecho a la defensa por cuanto no cuentan con los argumentos necesarios para presentar su apelación; por ende, también su derecho al refugio está siendo vulnerado.
Una vez que los solicitantes de refugio reciben una respuesta negativa definitiva, el plazo que las autoridades dan a la persona para legalizar su permanencia en el país o para resolver su situación a través de la solicitud de refugio a otro país, es de solo treinta días, tiempo que no guarda equilibrio con el plazo que el propio gobierno ecuatoriano se toma para resolver sobre las solicitudes. Se pone de esta manera en riesgo la seguridad y la vida de estas personas que transcurrido ese lapso deben retornar a Colombia o permanecer sujetas a una eventual deportación, lo cual vulnera además el principio de no devolución, pues el hecho de que Ecuador no las reconozca como refugiadas, no significa que no lo sean.
El principio de no devolución está siendo violado además en todas las etapas del proceso de reconocimiento, desde el ingreso en la frontera, en donde se impide el paso a los solicitantes a través del control militar y migratorio; y en el tiempo que permanecen en condición de refugio, sean o no solicitantes y una vez reconocido su estatus de refugiados, muchas personas han sido deportadas sin importar las consecuencias que para ellas tiene su regreso a Colombia y sin que se respete su derecho de asistencia consular durante dicho trámite.
En general, el retorno obligado a Colombia para las personas en situación de refugio, cualquiera sea su condición migratoria formal, constituye una violación del principio de no devolución. Estas personas requieren un tratamiento humanitario y estar cobijadas por la protección internacional, lo cual no se cumple en Ecuador.
Me permito señalar también que la normativa ecuatoriana en materia de refugio no reglamenta muchos de los procedimientos concretos que se requieren, abriendo paso a muchas de las violaciones descritas y de otro lado, destacar que el hecho de que esta normativa esté expresada a través de un decreto, no garantiza ni el reconocimiento permanente de los instrumentos internacionales, ni el mantenimiento de los parámetros establecidos, ni el uso sostenido de los procedimientos, lo cual permite al país dar pasos hacia atrás en materia de refugio y abre nuevos espacios para la violación de principios internacionales y de derechos humanos.
La generalización del rechazo hacia los colombianos y la falta de reglamentación legal y de instrucción a las diferentas instituciones públicas y privadas, ha conducido a un sinnúmero de actitudes, arbitrariedades y procedimientos que conllevan discriminación, abusos y violaciones de derechos hacia la comunidad de refugiados.
Para citar solo algunos ejemplos, un refugiado en Ecuador no puede solicitar una línea telefónica, abrir una cuenta corriente bancaria para dedicarse a negocios u obtener el RUC, simplemente porque sus documentos no son compatibles con los exigidos o porque la política de la institución así lo determina. Los refugiados tenemos con frecuencia dificultades en el acceso a salud y educación, relacionadas con nuestra documentación, con el desconocimiento de los derechos humanos y del rol de las instituciones públicas en estas materias o con la discriminación de parte de los funcionarios. El acceso a la vivienda es uno de los puntos más críticos que evidencian la generalización del rechazo social a los colombianos. Los abusos policiales son constantes: detenciones arbitrarias, maltrato físico, verbal o tortura, confiscación de mercancías, intimidación, falsas acusaciones, allanamientos de negocios legales, chantaje y abuso sexual, son entre otros, procedimientos comunes de miembros de esta institución en detrimento de nuestros derechos humanos y como refugiados.
Concluyo la enumeración de problemas señalando que estas expresiones y consecuencias del rechazo gubernamental y social, dificultan las posibilidades de que las personas en situación de refugio nos integremos a la sociedad y a la economía y encontremos de esta manera solución autónoma a nuestras dificultades, al mismo tiempo que podemos aportar al desarrollo del país.
Señor Presidente, deseo proponer algunos puntos partiendo del siguiente análisis:
Señor Presidente, la crisis humanitaria en la frontera por efectos de la masiva llegada de colombianos, era un hecho previsto con anterioridad a la aplicación del Plan Colombia, del cual Ecuador forma parte; en este marco también se preveía la destinación de recursos económicos para invertir en desarrollo en las provincias fronterizas que soportarían esta avalancha humana, producto de la intensificación de la confrontación bélica en Colombia. El Ecuador debe reclamar al Plan Colombia y a Estados Unidos estos recursos económicos y administrarlos adecuadamente en beneficio de las comunidades de frontera, para que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y los servicios sociales que ahora afrontan una creciente demanda. Una de las causas que contribuye a profundizar el rechazo hacia los colombianos y refugiados, minando la solidaridad que tanto necesitamos, es la percepción de la población de que competimos por unos servicios públicos que son insuficientes incluso para la propia sociedad ecuatoriana.
Los refugiados en Ecuador no estaremos a la espera del asistencialismo del Estado siempre y cuando se nos permitan las condiciones mínimas para resolver de manera digna y autónoma nuestras dificultades; esto es, la garantía plena de nuestros derechos humanos, con especial atención en el derecho al trabajo, desde el momento de nuestro ingreso al país. De otra parte, estamos en la disposición y contamos con la capacidad de sumarnos al sector productivo nacional, de aportar con nuestro trabajo, contribuir con el pago de los impuestos y demás obligaciones propias de ciudadanos plenamente integrados a la sociedad y a la economía de un país.
Finalmente, señor Presidente, usted tiene la posibilidad y la obligación de exigir también la corresponsabilidad internacional, en varios sentidos: la destinación de recursos para atender la problemática del refugio en Ecuador, que sugiero se inviertan en función de la integración social a través de iniciativas que beneficien también a las comunidades receptoras; la apertura de los demás países para recibir a los refugiados colombianos, del mismo modo que Ecuador lo viene haciendo; la apertura también para aquellos refugiados que comienzan a ser perseguidos en territorio ecuatoriano; la armonización de los criterios y normativa para la atención de los refugiados, para que todos asuman una parte de la responsabilidad; y la presión conjunta a Colombia y a Estados Unidos para que cesen de hacer la guerra contra el pueblo desarmado y pacífico de Colombia. Señor presidente, la comunidad internacional, toda, es corresponsable de producir esta crisis humanitaria del refugio y debe serlo también de atender sus efectos y a sus víctimas.
De antemano agradezco a usted por su buena voluntad de escuchar a través mío, una lectura alternativa de la situación de los refugiados y las posibles acciones que usted emprenda a favor nuestro.
Atentamente,
Thania López, Carné de refugiada No. Q-05058-2002
[con copia]
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Ministro de Gobierno y Policía, Organismos de Derechos Humanos (INREDH, CEDHU, ALDHU, APDH, SERPAJ)
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