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Manifiesto de la Asamblea Soberana Popular del Ecuador al País y al Gobierno de Alfredo Palacio

Quito, 26 de abril de 2005

En la ciudad de Quito, el 26 de Abril del 2005, teniendo como sede a la Universidad Salesiana, nos auto convocamos representantes y participantes individuales pertenecientes a las diferentes asambleas de Guayas, Galápagos, Loja, Chimborazo, Imbabura, Azuay, Tungurahua, Pichincha, Sucumbíos, El Oro, junto a representantes de organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, de los pueblos y nacionalidades indígenas, transgéneros, feministas, ecologistas, derechos humanos, universitarias, colegios secundarios, jubilados, profesionales y juveniles, mujeres y ciudadanos en general.

Ratificamos el mandato de la Rebelión de los Forajidos y de todo el pueblo que derrocó a Lucio Gutiérrez: Que se vayan todos para refundar la República. Expresamos que las causas para su derrocamiento están vigentes: sólo hemos expulsado al Dictador, falta que se cumplan las restantes demandas: la renuncia, enjuiciamiento y sanción de todos los diputados, la fiscalización del gobierno de Gutiérrez en todas las áreas de su administración, el rescate de la dignidad y la soberanía nacional, el cambio de modelo económico, la reactivación productiva, el combate permanente a la corrupción y la impunidad, la eliminación de la presencia de los partidos políticos tradicionales de la oligarquía y seudo populares en el ejecutivo, las cortes, los tribunales, el Congreso Nacional y en toda la institucionalidad del sistema corrupto vigente.

La Asamblea expresó su preocupación por la presencia oligárquica en el nuevo gabinete ministerial, la creciente ingerencia de la Embajada gringa en los asuntos nacionales por lo cual exigimos la declaratoria de persona no grata a la Embajadora Norteamericana, denunciamos el peligro del retorno de los privatizadores y de los antiguos políticos. Así mismo rechazó las maniobras de la nueva mayoría PSC-ID-PK en el Congreso Nacional, que no ha escuchado la voz de los "forajidos" y pretende recuperar sus beneficios y canonjías, con el control de las Cortes y los Tribunales.

La Asamblea ve con creciente alarma que el régimen de Palacio, que se comprometió a respetar y acatar las iniciativas de la Asamblea Popular de los Forajidos en el edificio de CIESPAL, ahora está dando marcha atrás permitiendo la continuidad del espurio convenio de la Base de Manta, que viola la soberanía nacional, de la misma manera está permitiendo que sean los mismos entes económicos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y los Acreedores de la Deuda, quienes continúen mandando por sobre la voluntad soberana del pueblo; y, al interior de su gobierno, ha alentado el retorno de los mismos politiqueros de siempre, que ahora están en su gabinete, contrariando este mandato. La Asamblea rechaza categóricamente el cínico reinicio de sesiones de un Congreso Nacional deslegitimado y corrupto, que continúa con sus avezados métodos de bloques de mayoría (como el de PSC-ID-PK ) para nuevamente usurpar el control de Cortes, Tribunales y demás espacios de poder, control, político y económico.

La Asamblea exige al Gobierno transitorio de Alfredo Palacio el acatamiento del presente mandato popular, que se resume en las siguientes acciones:

  1. Convocatoria inmediata a la Asamblea Popular Constituyente, a partir de la actual Asamblea Soberana Popular, que ha sido legitimada por mandato del pueblo, encargada de la reestructuración jurídica y política del Estado, que siente las bases de una auténtica democracia participativa y distributiva, expresada en una nueva Carta Política del Estado.

    Para el efecto, la Asamblea Soberana Popular elaborará la normativa jurídica para la elección de los Asambleístas, en la que los movimientos y partidos políticos oligárquicos o seudo populares (PRE, PRIAN, ID, PSC, PK, PSE, MPD, DP, CFP, PSP y otros) solamente podrán designar candidatos en conjunto hasta un máximo de 15% del total del número de Asambleístas.

    No podrán participar como candidatos a Asambleístas quienes hayan ejercido funciones de asambleístas, diputados y miembros de las directivas de los partidos políticos en los últimos 25 años.

    Los miembros de la Asamblea Soberana Popular no participarán en diálogos con representantes de los partidos políticos cuestionados e instancias de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.

  2. Exigir la disolución del Congreso Nacional, toda vez que han perdido representatividad y legitimidad y porque en cada provincia se ha iniciado un proceso para el desconocimiento del mandato a los Diputados que han incumplido con sus promesas de campaña y desarrollan prácticas de corrupción en su labor en el Congreso.
  3. Suspender inmediatamente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y exigir el cese del equipo negociador. Promover el debate nacional sobre todos los aspectos de la vida nacional que involucra el TLC. Desarrollar los mecanismos para la integración del Ecuador en las negociaciones comerciales a nivel del bloque latinoamericano y de la Unión Europea.
  4. Renegociar la deuda externa pública mediante el pago de hasta el 15% del Presupuesto y declarar la valoración de los papeles de esta deuda en un máximo del 25% de su valor nominal. Exigir la auditoria y sanción por el endeudamiento y las negociaciones realizadas. La condonación y el canje de la misma debe servir para protección y recuperación del ambiente natural y el pago de la deuda social.
  5. Recuperar la Soberanía y la Dignidad de la Patria. El Gobierno debe dejar sin efecto el acuerdo de la Base de Manta, la participación en el Plan Colombia y Plan Patriota. Negarse a reconocer la inmunidad a los funcionarios y soldados norteamericanos. Rechazar la pretensión de los Estados Unidos de monopolizar el manejo de la Amazonía, por ser el pulmón de la Tierra, así como mantener la vigilancia sobre futuros acuerdos lesivos a la soberanía nacional. Denunciar los acuerdos secretos establecidos por Gutiérrez con Bush y Uribe. Delimitación soberana sobre la ingerencia de los organismos multilaterales, agencias internacionales y demás organismos e instituciones.
  6. Destinar el Fondo de Estabilización Petrolera -FEIREP- en su totalidad al pago de la deuda social, prioritariamente en las áreas de educación y salud, en la reactivación productiva y en la generación de empleo que ayude a disminuir los índices de pobreza y migración nacionales. El uso de este fondo será vigilado por una veeduría de la Asamblea Soberana Popular.
  7. Exigir la No Privatización de las áreas estratégicas de la economía nacional y del Estado, como: petróleo, recursos mineros, telecomunicaciones y energía eléctrica en todas sus fases; y, demás recursos naturales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la seguridad social, así como no permitir la ingerencia en los organismos públicos correspondientes de privatizadores o representantes de transnacionales.
  8. Revisar y anular los contratos y concesiones negociadas por los gobiernos a partir de 1982, que hayan violado la Constitución, la Ley de Hidrocarburos y demás Disposiciones legales que afectan a la soberanía y al patrimonio nacional; y, dar por terminado inmediatamente los contratos con esas compañías transnacionales, especialmente con la compañía Occidental, en cumplimiento de las leyes nacionales.

    Definir nuevos porcentajes para la distribución de las regalías petroleras, de suerte que el 80% quede en manos del país.

    Enjuiciar por traición a la Patria a los delegados ecuatorianos que actuaron en contra del Ecuador en el Tribunal Internacional de Londres y a favor de la compañía petrolera Occidental.

  9. La Asamblea Popular Constituyente establecerá un nuevo sistema de control de las actividades del Estado a fin evitar la impunidad y constituirá como veeduría ciudadana obligatoria a la Asamblea Soberana Popular.

    Realizar auditorias y fiscalizaciones permanentes sobre las acciones efectuadas por los funcionarios del sector público desde 1982, tanto a nivel nacional, provincial y local, con supervisión de las Asambleas Soberanas Populares, que permitan conocer y sancionar la administración de los fondos públicos y recursos humanos.

    Realizar auditorias a los medios de comunicación masiva, exigir sanción, por violación de los derechos humanos y constitucionales, de comprobarse que ocultaron la realidad de los hechos ocurridos durante la dictadura de Gutiérrez, con el objetivo de desinformar a la población y a la comunidad internacional.

    Control de créditos y deudas del Estado, intensificar los controles, sobre todo, en cuanto se refiere a la administración de fondos en los Gobiernos Locales.

  10. Detener las políticas de salvataje bancario y recuperar los fondos adeudados por los banqueros al Estado y al pueblo por parte de la Agencia de Garantías de Depósito AGC, CFN, Banco del Estado, Banco de Fomento y Filanbanco.

    Extraditar, confiscar los bienes y encarcelar a los banqueros corruptos, normar y controlar la política financiera a fin de evitar la especulación de las tasas de interés; así como también obligar a todos los deudores morosos de la banca cerrada a que paguen con dinero efectivo, excluyendo el pago con papeles; e, impulsar políticas para que las tasas activas de interés no sobrepasen el 4%.

    Crear un nuevo sistema financiero y bancario de nuevo tipo que impida el monopolio de las actividades económico financieras, la impunidad, la concesión de préstamos vinculados y otros medios de apropiación de fondos públicos y privados.

  11. Designar a la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal y Contralor General del Estado, Superintendente de Bancos, y gerente del Banco Central, de conformidad con la nueva Carta Política del Estado, con profesionales idóneos y no vinculados a los partidos políticos y grupos de poder económico.

    Los funcionarios que hayan sido designados para estas funciones por parte del actual régimen, cesarán en sus cargos y serán reemplazados por los nuevos de conformidad con la nueva constitución.

    Reestructurar la función judicial, en especial, las cortes superiores, tribunales, jueces, registradores de la propiedad, registradores mercantiles y notarios, con el objeto de alcanzar una verdadera administración de justicia y servicio a la sociedad. Las registradurías de la propiedad y mercantiles, dejarán de ser de lucro privado para transformarse en entidades de la función judicial. Supresión de las Gobernaciones, Comisarías, tenencias políticas, y que estas funciones las asuman las Prefecturas, Alcaldías y Juntas Parroquiales.

  12. Exigir que la Corte Suprema de Justicia designada de conformidad con la nueva Carta Política declare la nulidad de todo lo actuado por la Corte de Castro Dager. Exigir la extradición y detención de los prófugos que retornaron al país, amparados en las providencias ilegales. Sancionar a los responsables de la destrucción jurídica, económica, social y política del país. Investigar y sancionar de acuerdo a la Ley todos los crímenes de Estado y peculado cometidos desde hace 25 años.
  13. En relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS:
    • Eliminar la intervención directa del Estado.
    • Concretar el pago de la deuda que tiene el Estado con el IESS.
    • Impedir la municipalización y privatización de la seguridad social y de los fondos del IESS.
    • Como parte de pago por la deuda que tiene el Estado con el IESS, transferir uno de los bancos en saneamiento por parte del Estado, por ejemplo, el Banco del Pacífico, estudiando adecuadamente su situación actual para determinar si es conveniente o no, en base a lo cual se creara el Banco del Afiliado y Jubilado. Todos los afiliados y jubilados serán socios accionistas de este Banco.
  14. En razón de que ni siquiera se han respetado las leyes laborales vigentes, derogar todas las leyes, decretos ministeriales y otras normativas atentatorias a los derechos laborales, en especial la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Unificación y Homologación Salarial, así como las referentes al trabajo a destajo y a tiempo parcial. Eliminar la Ley de Tercerización e impedir el funcionamiento de las tercerizadoras a través de las veedurías.
  15. Establecer de forma urgente todas las medidas legales, técnicas y científicas para controlar, detener y remediar la depredación de nuestro ambiente natural, en especial en aquellos territorios declarados como reservas naturales y territorios en situación de vulnerabilidad ambiental por causa de la explotación irracional de nuestros recursos naturales. Exigir una mora de 10 años en la explotación de los recursos forestales del país, asimismo el gobierno de Alfredo Palacio debe establecer como política de Estado la reforestación del País.
  16. El Gobierno ecuatoriano debe procurar el fortalecimiento de la unidad nacional y no la división, que a pretexto de autonomías, puede conducir a serios enfrentamientos entre ecuatorianos y fragmentar la nación, sin que esto signifique ir en contra de las aspiraciones legítimas de desarrollo integral de las provincias, en beneficio del país. Respetar las conquistas alcanzadas y consignadas mediante leyes y decretos por los pueblos y nacionalidades indígenas.
  17. Exigir la vigencia plena de los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución y demás instrumentos internacionales así como la participación equitativa de las mujeres en las instituciones públicas y privadas, sin discriminación alguna.
  18. Indemnizar a las familias de todos los compañeros y compañeras que de forma heroica ofrendaron su vida o recibieron heridas en la lucha por la causa del pueblo ecuatoriano contra la dictadura de Gutiérrez, empezando por los 18 jubilados que murieron en la lucha por sus derechos. Declarar como crímenes de Estado a los causados por la represión policial en contra de la rebelión de los Forajidos y pueblo ecuatoriano. Exigir las explicaciones y delimitar responsabilidades de los mandos de la Policía y Fuerzas Armadas con relación a la represión del mes de abril del 2005.
  19. Brindar atención preferente y oportuna a los jóvenes que permita su pleno desarrollo humano, educativo, del arte, la cultura, científico, técnico y laboral a la vez que garantizar su participación equitativa en la toma decisiones en todas las instancias de la vida nacional.
  20. Exigir el cumplimiento de las diferentes leyes, reglamentos, códigos y demás instrumentos legales existentes y vigentes en el país, acatamiento de iguales instrumentos legales que hayan sido firmados por nuestro país, que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Brindar atención preferente y oportuna a los niños y niñas en todos los servicios públicos y privados que atienden la salud, nutrición y alimentación, educación, protección y promoción de los derechos mediante veedurías ciudadanas debidamente legitimadas en la nueva carta política.
  21. Demandamos que se dicte una política de austeridad económica iniciando con el sueldo del Presidente de la República para que no sobrepase los US$ 5,000.00 dólares. Que los cargos de elección popular tengan remuneraciones según una escala equivalente a un máximo de US$ 2,500.00 dólares. El sueldo vitalicio de los ex presidentes será otorgado solo en los casos de una evaluación positiva de la gestión presidencial, la misma que se basará en un cuestionario aplicado a una muestra representativa de la población en el período de 6 meses posteriores a la terminación de su mandato.
  22. Exigir la rendición de cuentas a los mandos de las Fuerzas Armadas y Policía especialmente en el gasto de los recursos financieros asignados mediante asignación presupuestaria. Que los miembros de las instituciones armadas del Estado se sometan a las cortes ordinarias tal como debe consignarse en la nueva carta política del Estado.
  23. Dejar constancia que el gobierno de Alfredo Palacio, el día 20 de Abril del 2005 en las instalaciones de CIESPAL de la ciudad de Quito, expresó el reconocimiento de la Asamblea Soberana Popular y se comprometió a aceptar las propuestas y el mandato popular, razón por la que exigimos su cumplimiento.

Comunicamos al pueblo ecuatoriano y al Ejecutivo que la Asamblea Soberana Popular se organiza, con carácter autónomo y libre en acción y propuesta, sin cogobierno, con el fin de generar iniciativas y proyectos de reformas constitucionales, legales y demás normas jurídicas; así como, para constituirse en veedurías ciudadanas para garantizar el fiel cumplimiento del mandato popular.

Declaramos la voluntad de desarrollar nuestra organización a nivel nacional y unidos sólidamente para construir un sociedad justa, solidaria y equitativa, que es la aspiración de los trece millones de ecuatorianas y ecuatorianos.

Organicémonos para que no nos arrebaten la decisión de construir una verdadera democracia participativa y distributiva.

La soberanía reside en el pueblo

¡Qué se vayan todos!

Por la refundación de una República donde el pueblo gobierne y ejerza su poder supremo

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