Comunicado Conjunto
Quito, 22 de abril de 2005
Las organizaciones de Derechos Humanos abajo firmantes se reunieron con el Presidente Dr. Alfredo Palacio, sucesor constitucional del Coronel Gutiérrez, luego de cuatro meses de dictadura.
En esta reunión, el Presidente acogió la propuesta de las organizaciones y acordó impulsar la agenda mínima presentada. De igual manera se le dio a conocer la agenda mínima que las organizaciones plantean al Congreso Nacional.
Reproducimos a continuación el texto presentado.
Señor Doctor Alfredo Palacio
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Quito, Ecuador
El pueblo ecuatoriano ha protagonizado una gesta histórica al ejercer efectivamente su derecho a la rebelión para restablecer el Estado de Derecho quebrantado por el Gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez y el Parlamento Nacional; lo que debe entenderse como un mandato ciudadano para la reestructuración institucional y renovación total del liderazgo político.
Las masivas manifestaciones de protesta pacíficas y ciudadanas, constituyen la más alta expresión del ejercicio de los derechos a la libre expresión, la organización y reunión, a pesar de la represión y la violencia gubernamental.
La población logró imponer al Parlamento su reclamo de dar por terminado el ejercicio despótico, violento e ilegítimo del poder, por parte de Lucio Gutiérrez, dando lugar a la sucesión presidencial, prevista en la Constitución.
Se ha dado inicio a una etapa de transición en la que el nuevo Gobierno y el Parlamento deberán responder a la exigencia ciudadana, en el sentido de restablecer el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y legales que aseguren a la población el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la soberanía popular.
Organizaciones de derechos humanos, consecuentes con la exigencia del mandato ciudadano, planteamos al Presidente de a República, en el ámbito de sus competencias, la siguiente agenda mínima y urgente:
- Al Presidente de la República:
- Impedir la impunidad de los actos delictivos y de corrupción cometidos por el régimen depuesto.
- Investigar y someter a las autoridades administrativas y judiciales a los mandos policiales y militares, represores de la última crisis, garantizando la reorganización de sus cúpulas y expulsando de las mismas, a aquellos que violaron los derechos humanos.
- Desmantelar los grupos paramilitares, parapoliciales y fuerzas de choque, organizados por el régimen depuesto y someterlos a la justicia.
- Destituir a la Comisión Negociadora del TLC y suspender el proceso de negociación.
- Priorizar el cumplimiento de los compromisos de la deuda social interna y subordinar, el servicio de la deuda externa, a las capacidades de la economía ecuatoriana. Adicionalmente, exigimos la auditoria de la deuda externa, la revisión del FEIREP y la creación del Observatorio Nacional sobre Deuda Externa.
- Auditar y revisar las concesiones del espectro radioeléctrico del país, que fueron asignadas para prevalecer prebendas políticas de diputados/as y grupos de poder y proceder a democratizar el mismo.
- Revisar los contratos y concesiones petroleros y mineros, que afecten directamente los derechos de los pueblos y en caso de encontrase violaciones a los mismos, darlos por terminados y ejecutar las garantías correspondientes. En particular, dar por concluido de inmediato el contrato con la CGC, del bloque veinte y tres.
- No dar paso a la firma del acuerdo de inmunidad para soldados estadounidenses y personal civil, al servicio de los mismos.
- Poner fin a todo involucramiento del ecuador en el Plan Colombia y recuperar la soberanía sobre la Base de Manta.
- Destitución y reemplazo de los representantes del ecuador en los organismos internacionales; en especial, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el ACNUR.
Finalmente, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, nos mantendremos vigilantes y ejerceremos el derecho a la contraloría social, en coordinación con los organismos internacionales pertinentes.
- Al Congreso Nacional:
- Que se aclare la Resolución del domingo 17 de abril del 2005, en el sentido que al dejar sin efecto la Resolución No. R-25-181 del 9 de Diciembre del 2004, no tienen efecto jurídico todos los actos jurídicos y administrativos posteriores a la misma.
- Reestructurar y reorganizar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución y la Ley.
- Que se apruebe en forma inmediata la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para que un organismo independiente e imparcial, pueda receptar, calificar y designar a los/as nuevos/as Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, los/as que deben ser capaces, probos e independientes.
- Que se apruebe la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial.
- Reformar la Ley de Elecciones, buscando que ésta favorezca una mayor y mejor representación ciudadana en los poderes públicos, así como, que los y las jueces electorales sean independientes de los partidos políticos y de los grupos de presión, para garantizar una justicia electoral profesional e independiente.
- Cumplir con el mandato constitucional de "Unidad Jurisdiccional" en cuanto a los Tribunales Militares y Policiales.
- Discutir y aprobar la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Nacional.
- Inmediata conformación de la terna para Contralor/a y designación del Defensor/a del Pueblo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
- Reformar la Ley del FEIREP, para reorientar el uso de los fondos de tal forma que el 85% sea para inversión social y el 15% para el servicio de la deuda externa.
- Conocer y tratar el convenio de la Base de Manta.
Elsie Monge, CEDHU
Juan de Dios Parra, ALDHU
Luis Ángel Saavedra, INREDH
Juana Sotomayor, CDES
Alexis Ponce, APDH
Galo Chiriboga, AAJ
Alex Valle, CSMM
Cristian Bahamonde, CLD
José Chauvin, REJUDH
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