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La movilización ciudadana en la capital ecuatoriana no atenta contra la vida de la Nación

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 16 de abril de 2005

Com. 550-CSMM-05

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH / OEA), las circunstancias para que un Estado invoque y justifique la adopción de medidas excepcionales, deben ser graves y constituir una "amenaza inminente para la vida de la nación", condición previa que no existe en el país y, menos aún, en la capital ecuatoriana, afirmó Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J.".

Este defensor de derechos humanos cuestionó esta decisión del presidente de la República, Lucio Gutiérrez, porque concentra el poder en el Ejecutivo, sin ningún balance y contrapeso, en particular cuando ha tomado la decisión de cesar a los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, paradójicamente, designada mediante procedimientos ilegales e inconstitucionales la madrugada del 9 de diciembre del año pasado, por una mayoría legislativa "institucional".

De la Vega sostuvo que es imperativo que las garantías judiciales, como el habeas corpus, el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, estén plenamente garantizadas, pues no son susceptibles de suspensión, tal como opinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 1987.

La declaratoria de un estado de emergencia debe cumplir con procedimientos claramente establecidos en la Constitución Política (Art. 182) y los instrumentos internacionales de derechos humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 27.3 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 4.3), que exigen informar a las secretarías generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las garantías suspendidas y las razones de esta decisión, agregó.

Esta decisión presidencial inconstitucional se convertirá desafortunadamente en un simple medio de acrecentar la discrecionalidad del ejercicio del poder público, concluyó.

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