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Amenazas de muerte al periodista Paco Velasco y a su hijo menor de edad

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Quito, 15 de abril de 2005

Señor Doctor Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA)
1889 F. St., NW / Washington, D.C. 20006

[cc]
PIDHDD Continental, Redes y Ligas Internacionales y Nacionales de DDHH, Organizaciones sociales, Personalidades, PNUD-ONU Ecuador, UE

¡Urgente!

Estimado Señor Cantón:

La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Capítulo Ecuador, (en adelante "PIDHDD"), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador (APDH), se dirigen a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "CIDH-OEA") con el objeto de presentar la siguientes informaciones y denuncias:

Introducción y contexto.

La Comisión dictó el pasado 25 de febrero del año en curso, medidas cautelares solicitadas por la PIDHDD Continental a favor de siete ciudadanos ecuatorianos, y en fechas subsiguientes, a otros más, por actos de violencia que han puesto a los mismos en situación de grave vulnerabilidad y que pudiera ocasionarles, de manera inminente, un daño irreparable.

Cinco de los siete ecuatorianos beneficiados con las medidas resueltas por la Comisión en febrero, decidieron coordinar juntos las posturas ante el Estado en su condición de ciudadanos amenazados, y actuar colectivamente para consensuar con él las medidas de protección resueltas por la CIDH, siendo sus propuestas informadas y remitidas a la Comisión el mismo día en que fueron presentadas al Sr. Procurador General del Estado, esto es el 16 de marzo.

En lo fundamental, las decisiones colectivas de los cinco ciudadanos (Paco Velasco, Antonio Ricaurte, Diego Guzmán, María Paula Romo y Orlando Pérez), se referían a:

Medidas Cautelares de CIDH-OEA no son cumplidas por Estado ecuatoriano

Sin embargo, desacatando la resolución de la CIDH, el Estado y, en particular, el Gobierno Nacional y sus autoridades, no han realizado ninguna acción concreta para cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana.

A pesar de la previa predisposición del Procurador General del Estado, Dr. José María Borja, expuesta en las dos reuniones formales sostenidas con los ciudadanos beneficiados con medidas cautelares, más las organizaciones peticionarias y los defensores simbólicos, se ha llegado al punto -a través de una declaración del Sr. Ministro de Defensa Nacional, Gral. (r) Nelson Herrera, hecha al Sr. Procurador y a la Misión Internacional de DDHH que la semana pasada llegó para valorar in situ la situación- de negarse a otorgar dichas medidas de protección con personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, aceptadas por el Sr. Jefe de la FAE al Sr. Procurador, acordadas por éste como mecanismo para garantizar una efectiva protección estatal, y que fueron admitidas en coordinación con los ciudadanos amenazados y las organizaciones peticionarias.

Debemos reiterar, además, que no existe avance alguno en las investigaciones policiales, fiscales y judiciales correspondientes y que, transcurridas siete semanas desde que la CIDH notificara al Estado ecuatoriano, ninguno de los seis ciudadanos (Sr. Paco Velasco, Sr. Antonio Ricaurte, Sra. María Paula Romo, Sr. Orlando Pérez, Sr. Diego Guzmán y Sr. Patricio Acosta) beneficiados con las medidas ya resueltas por la Comisión, tiene protección alguna, a excepción del dirigente empresarial Sr. Blasco Peñaherrera Soláh, que aceptó y convino individualmente acuerdo de protección policial con el Estado.

Amenazas de muerte a Paco Velasco y a su hijo (menor de edad)

Siendo uno de los mandatos de la Comisión el realizar todas las acciones tendientes a proteger la vida y la integridad física y psíquica de Francisco (Paco) Velasco y los otros cinco ciudadanos nombrados, esto no se ha cumplido en los términos que anteriormente había cumplido el Estado ecuatoriano, es decir, otorgando protección mediante miembros de las FFAA (cuyo precedente en el pasado fue el caso de medidas cautelares resuelto por la CIDH conocido como "Caso Baque"), por desconfianza ciudadana en la Policía.

En tal sentido, a Francisco (Paco) Velasco, periodista y Director del Noticiero de Radio La Luna, que ha sido uno de los comunicadores sociales más críticos del régimen del Presidente del Ecuador, coronel en servicio pasivo Lucio Gutiérrez Borbúa, la CIDH-OEA resolvió medidas cautelares de protección estatal en su favor. Pero reiteramos que, a pesar de la decisión de la CIDH, el Estado no ha dado paso a la protección de los ecuatorianos con medidas cautelares y, en especial, de Paco Velasco, lo cual genera serias dudas sobre la relación que podrían tener el Estado y sus autoridades como tales, en los diferentes atentados y agresiones que se han sucedido en estos últimos meses.

En este sentido, presentamos a la Comisión las siguientes informaciones adicionales referidas al ciudadano Paco Velasco.

Hechos ocurridos este 14 de abril de 2005

Mientras el señor Paco Velasco se encontraba transmitiendo en Radio La Luna los diferentes sucesos ocurridos durante las manifestaciones pacíficas que se habían suscitado en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país el día miércoles 13 de abril de 2005, en que la capital de la república vivió un paro de actividades convocado por autoridades locales, el periodista Velasco recibió llamadas de amenazas y -más grave aún- también las recibió su hijo, el menor de edad Julián Velasco, el que en la casa contestó llamadas inidentificadas que le manifestaron de manera expresa e insultante amenazas de muerte en razón de la actividad periodística y las críticas de su padre al Gobierno nacional.

Por otra parte, el Estado y sus autoridades gubernamentales han anunciado nuevas "investigaciones" sobre Radio La Luna con la probable intencionalidad de retirarle el permiso de su frecuencia o clausurarla temporalmente, atentándose de manera ilegal y arbitraria contra principios y derechos claramente establecidos en la Constitución Ecuatoriana y en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte, y en claro acto de amedrentamiento a Francisco Velasco, la Policía Nacional llegó a las instalaciones de Radio La Luna aproximadamente a las 22h00 del 13 de abril, luego de que la Radio generara un espontáneo y multitudinario movimiento ciudadano que pacíficamente se tomó las calles de la ciudad en la noche para protestar contra la severa crisis política e institucional que el Ecuador atraviesa desde el mes de diciembre de 2004, fecha en que arreciaron los casos de atentados y amenazas a líderes de opinión, periodistas y defensores de DH en general.

Estos hechos y acciones aparecen como parte de una sistemática campaña de amedrentamiento a la sociedad civil ecuatoriana y a los líderes de opinión y críticos al actual régimen gubernamental.

Agresión a otro ciudadano con medidas cautelares, concejal Antonio Ricaurte

A los graves y nuevos hechos de amenazas contra el ciudadano Paco Velasco y su hijo, se suma el caso de agresión física a otro ciudadano beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión, el Sr. Antonio Ricaurte, Concejal del Municipio de Quito, que además de no contar con ninguna protección del Estado, fue herido por impacto de bomba lacrimógena, disparada por un oficial de Policía de manera explícita en su contra, durante una manifestación pacífica a la que asistía el día 5 de abril, en el marco de los hechos sociales y políticos que convulsionan al país, tema cuyos detalles informáramos el mismo día 5 a la Comisión.

Las reiteradas amenazas al Sr. Paco Velasco, extendidas a su adolescente hijo, y la agresión policial al Sr. Ricaurte, ambos con medidas cautelares, son gravísimos hechos que contrarían las disposiciones emanadas por la CIDH, pues no se trata ya de dos ecuatorianos por cuya integridad DEBE responder el Estado, sino de ciudadanos que se encuentran amparados internacionalmente por la Comisión.

Petición

Frente a la gravedad de los hechos informados y de los acontecimientos que se pudieran suscitar en lo posterior, y en el marco de las medidas cautelares que hacemos referencia, solicitamos a la Comisión:

  1. Requiera del Estado ecuatoriano toda la información necesaria que le permita conocer sobre la situación actual de las medidas cautelares dictadas a favor de Francisco (Paco) Velasco, así como de Antonio Ricaurte, María Paula Romo, Diego Guzmán, Orlando Pérez, Patricio Acosta, Blasco Peñaherrera Soláh, Enrique Ayala Mora y los demás beneficiarios de las mismas.
  2. Requiera del Estado la protección inmediata por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de Francisco Velasco.
  3. Extienda las presentes medidas cautelares a los familiares directos de Francisco Velasco y de los miembros de su equipo periodístico en Radio la Luna, así como de sus instalaciones.
  4. Requiera del Estado la situación estricta del proceso judicial para determinar a los autores de los hechos ocurridos tanto con Francisco Velasco así como con su hijo el día de hoy 14 de abril de 2005.
  5. Requiera del Estado la protección inmediata por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de Antonio Ricaurte.
  6. Requiera del Estado la situación en estricto del proceso judicial para determinar a los autores de los hechos ocurridos con Antonio Ricaurte el día 5 de abril de 2005.

Notificaciones

Hacemos presente a la H. Comisión que en la violación de los DDHH de los citados ciudadanos es actual y efectiva, motivo por el cual solicitamos que esta petición sea resuelta a la brevedad y comunicada por la vía más rápida, atendida la gravedad y urgencia de la situación para evitar consecuencias mayores.

Rogamos comunicar la decisión sobre las medidas solicitadas a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, representada en la petición inicial de medidas cautelares para estos efectos por Pierre Roy Toussant y el Abogado Diego Carrasco a los e-mail regional@pidhdd.org y carrascodiego@vtr.net, Faxes (55-21) 2240-5873 y (562) 776196, "Ernesto Reyes 065, Providencia, Santiago, Chile". De igual manera, notificarnos en Ecuador a "Lizardo García 512 y Diego de Almagro, Edificio Cacique 6to piso, Quito", a Dr. José Serrano, oficinas del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), organización miembro de la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Cap. Ecuador; y/o al fax 593-22-563517.

Hacemos presente a la Comisión que remitiremos este asunto a las Redes Internacionales de alerta de protección de los Derechos Humanos y a todo otro organismo internacional con competencia en la materia.

Reiteramos a Usted nuestro sentimiento de alta consideración y respeto.

Atentamente,

Francisco Velasco (ciudadano víctima), Alexis Ponce, José Serrano y peticionarios: PIDHDD CONTINENTAL, PIDHDD ECUADOR, APDH, CDES

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