Quito, 6 de abril de 2005
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, su Consejo Superior, su Consejo Académico, la Asociación de Profesores (APPUCE), la Asociación de Trabajadores (ATPUCE), la Federación de Estudiantes (FEUCE-Q), manifiestan a la opinión pública del Ecuador:
La Universidad, en el cumplimiento de su misión trascendente de buscar y difundir la verdad y el saber, no puede limitarse a ser un reflejo de la sociedad a la que sirve, sino lámpara que la ilumine en la búsqueda del bien común, cuya promoción es deber primordial del estado.
El Ecuador se encuentra a la deriva, padece una profunda descomposición de sus instituciones democráticas. El comportamiento de los que ejercen el poder oscila del cinismo a la impotencia, del cálculo que paraliza la acción decidida y eficaz para conjurar los problemas nacionales, a la falta de iniciativas oportunas, enérgicas y eficaces para poner remedio a la destrucción desvergonzada del estado social y democrático de Derecho.
El Presidente de la República y el Congreso Nacional, inicialmente legítimos por haber sido elegidos en votaciones populares, han perdido esa legitimidad en el ejercicio del poder: el primero porque deliberada o involuntariamente (que es peor) ha privado de toda credibilidad a su palabra y ha usado su poder e influencia para consagrar el nepotismo y la ineptitud en todas las instituciones y todos los niveles; el segundo porque ha abdicado de sus principales funciones de legislar de acuerdo con las exigencias del bien común, y de fiscalizar con energía y ponderación, y se ha dedicado a buscar la promoción personal de sus miembros.
La Corte Suprema de Justicia ha escandalizado al Ecuador y al mundo por su origen espurio e inconstitucional, y ahora lo hace con providencias que constituyen desafío al pueblo, infracción impúdica del derecho positivo y transgresión de la moral pública.
La crisis actual está poniendo en riesgo la confianza pública que tradicionalmente han merecido instituciones prestigiosas como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que hoy son manipuladas por quien ejerce el poder.
La lucha contra la corrupción se diluye en discursos que a nadie convencen. Se multiplican las denuncias que nunca terminan con el esclarecimiento de los hechos que las fundamentan. Los imputados en delitos contra los fondos públicos continúan prófugos o regresan liberados por jueces cuya competencia e integridad están en entredicho, sin que se hayan sustanciado los juicios conforme a derecho.
Entretanto, el desempleo y el subempleo aumentan, la producción carece de estímulos apropiados y la inversión de seguridad jurídica y política; el drama de la emigración continúa; la educación permanece abandonada pese a los altos índices de niños sin escuela, de escuelas sin profesores o con profesores insuficiente y tardíamente pagados y con locales en ruinas. La salud no puede estar más descuidada, puesto que aun las asignaciones presupuestarias para la alimentación infantil, que algo puede moderar la desnutrición, se distraen en gastos de proselitismo a favor del Ejecutivo.
Por todas estas razones y otras que sería interminable mencionar, exigimos el inmediato restablecimiento del estado social y democrático de Derecho y el cese de las autoridades de facto, e invitamos a las Universidades y Escuelas Politécnicas a unirse a este requerimiento para juntos elaborar una propuesta para salir del caos en que se encuentra el país.
:: http://www.llacta.org ::
