Quito, 1 de abril de 2005
El Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, exigió al Congreso Nacional la destitución de la actual Corte Suprema de Justicia, que fuera designada en forma inconstitucional y que se desconozca todo lo actuado por esta Corte espuria.
El dirigente indígena campesino, dijo que es obligación y compromiso moral de los diputados buscar una solución definitiva al problema jurídico que vive el país, agudizado hoy con la actuación del Presidente de la Corte Suprema Guillermo Castro, al dictar justicia beneficiando a su amigo y coideario Abdalá Bucaram.
Es lamentable que Guillermo Castro haya declarado la nulidad de los juicios mochila escolar y gastos reservados; así como el juicio por peculado. Esta revocatoria favorece a Gustavo Noboa y a Alberto Dahik.
Pedro de la Cruz dijo que una vez mas el pueblo ecuatoriano, es testigo de cómo esta en juego la suerte del país, por acomodos partidistas y personales, convirtiéndose en una cruda realidad los rumores de los últimos tres meses, al anular los juicios penales en contra de Bucaram y además declarar la prescripción de la pena de dos años dictada contra el ex presidente por delito de injurias en contra de la diputada Alexandra Vela, dejando sin efecto las ordenes de prisión en contra de todos los implicados en estos delitos.
El pueblo esta alarmado por la agilidad con la cual actuó Guillermo Castro, al despachar tres juicios y dejar en libertad a Bucaram, Noboa y Dahik, mientras que en los juzgados se encuentran juicios que no han sido despachados, perjudicando a los pobres y violando sus garantías individuales y sus derechos humanos.
Convocó al pueblo a rechazar y presionar para lograr la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuesta ilegalmente por la mayoría pro gobiernista, que ha demostrado su franco alineamiento con los propósitos jurídicos políticos del ex presidente Bucaram.
Finalmente exigió que se de una solución de fondo a este problema jurídico que soporta el país, pues esta función del Estado, no puede convertirse en rehén de intereses de grupos de poder económico claramente identificados en la cruel historia del país.
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