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Organismos de la Sociedad Civil denuncian el clima de violencia politica en el Ecuador

Quito, 22 de marzo de 2005

El gobierno del Ecuador presidido por el coronel Lucio Gutiérrez agudiza en los últimos meses su política de violaciones reiteradas y sistemáticas a los Derechos Humanos.

Desde que Gutiérrez asumió el poder el 15 de enero del 2003 se han sucedido alrededor de 150 hechos graves de violencia política, registrados por los organismos de Derechos Humanos, todos los cuales se hallan en absoluta impunidad.

Desde esa fecha se han sucedido violaciones a las garantías individuales, atentados a personas y bienes, ataques armados, amenazas de muerte, persecuciones, agresiones a comunicadores sociales y líderes indígenas, lesiones por abusos de la fuerza policial, represión a manifestantes y otras violaciones a los derechos humanos, creándose un ambiente de violencia política.

El gobierno de Lucio Gutiérrez amenaza con intervenir a unas 600 ONG's, sin disponer para ello de un marco legal ni de legitimidad alguna. El caso reciente de intervención en la Fundación Mariana de Jesús tuvo claras intenciones políticas en función del proyecto clientelar impulsado desde el Ministerio de Bienestar Social.

El gobierno quiere romper las organizaciones sociales que no se ponen a sus órdenes. El caso de la CONAIE es una muestra de aquello: mediante tácticas de clientelismo político se busca dividir a sus bases y se organiza entes paralelos, en directa violación al Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a tener sus organizaciones, a las que les garantiza independencia y autonomía de los gobiernos.

El coronel Lucio Gutiérrez exacerba esta escalada de violencia política con sus frecuentes ataques verbales contra los opositores, a quienes califica de "miserables, aniñados, corruptos, cobardes, ladrones..." epítetos impropios de la alta magistratura de un Presidente de la República.

La crisis se agravó a partir del 25 de noviembre, cuando el gobierno logró conformar una mayoría de diputados en el Congreso que violó la Constitución al reorganizar el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. El 9 de diciembre se consumó la concentración de poderes al nombrarse en el Congreso una nueva Corte Suprema de Justicia, evidentemente de facto. Estos hechos motivaron la preocupación e intervención de la ONU y la OEA.

Está en marcha un proyecto de concentración de poderes, mediante la intervención del Ejecutivo en las otras funciones del Estado, la coacción a la libertad de expresión con ataques a los medios de comunicación, la intimidación a los opositores, y la intervención y ruptura de las organizaciones civiles y sociales críticas del gobierno.

La Corte Suprema de Justicia (de facto) hace alarde de su voluntad persecutoria al dictar, con sentido retaliatorio, sendas órdenes de prisión contra el General José Gallardo, pretendiendo desconocer el recurso de Habeas Corpus concedido por el Municipio de Quito, y amenazando con juicios de destitución a los principales personeros de ese organismo edilicio.

El gobierno y sus aliados promueven la formación de grupos de choque que atacan a los opositores, impiden sus manifestaciones pacíficas de protesta, provocan incidentes, amenazan a los directivos de organizaciones civiles, irrumpen en sus lugares de trabajo. Por esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ha dispuesto medidas cautelares a favor de varias personas perseguidas.

Frente a esto:

Organizaciones civiles y de derechos humanos que suscriben el Manifiesto

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