Quito, 2 de febrero de 2005
El Ecuador vive una situación dictatorial que ha violentado el orden constitucional, afectando peligrosamente el desarrollo institucional y democrático de nuestro país, como resultado de la actitud arbitraria y abusiva del Gobierno del Presidente Gutiérrez conjuntamente con el Ab. Alvaro Noboa y el prófugo de la justicia Abdalá Bucaram. A través de una mayoría espuria en el Congreso Nacional, se han cambiado inconstitucionalmente los Tribunales Electoral y Constitucional y se ha impuesto una Corte Suprema y un Consejo Nacional de la Judicatura también inconstitucionales profundizando su dependencia político-partidaria y entregando enteramente la Justicia al PRE y al PRIAN. Finalmente, ahora se pretende nombrar ilegítimamente a un nuevo Fiscal General del Estado de entre personas que responden directamente al gobierno y sus aliados. Rechazamos esta nueva pretensión de violentar la institucionalidad del Estado y de utilizarla para los fines autoritarios y de persecución política de este régimen.
Dentro de esta arbitraria línea de conducta, constituye una vergüenza para el país el intento del Presidente de designar a un pariente no calificado para una alta función en el Tribunal Andino de Justicia y los continuos incidentes de nepotismo que todo el país conoce.
A partir del primer acto inconstitucional perpetrado por el Gobierno Nacional y su mayoría institucional, ciudadanos y ciudadanas individuales, así como organizaciones ciudadanas, sociales y políticas han implementado una multitud de iniciativas para regresar al Estado de Derecho, entre las que constan comunicados de organizaciones, movimientos ciudadanos nacionales, universidades, medios de comunicación, sectores empresariales y otros; denuncian y demandas ante organismos internacionales como la OEA y las NNUU; denuncias ante la Fiscalía General del Estado por usurpación de cargos de quienes ocupan ilegítimamente los despachos de los magistrados de la Corte Suprema; declaraciones de entidades internacionales tales como Human Rights Watch, Transparency Internacional; Comisión Andina de Juristas; Comisión Internacional de Juristas; Asociación Americana de Juristas, entre otras; marchas y demostraciones ciudadanas, como la campaña de "pite para que los jueces de facto se vayan" o el entierro de la Constitución; un sinnúmero de intervenciones de medios de comunicaciones de innumerables personas no vinculadas a esta iniciativa y de editorialistas que han denunciado la situación frontalmente y en forma persistente; y finalmente, una actitud valiente y decidida de los medios de comunicación independientes y democráticos que han canalizado la opinión y descontento ciudadanos por esta situación de desconocimiento flagrante de la Constitución y la Ley.
Como parte de este proceso, se han hecho sostenidos esfuerzos para establecer mecanismos de convergencia entre todos los sectores con el propósito de revertir la situación dictatorial. Estos esfuerzos que ya han dado frutos significativos, pues el país se ha unido para rechazar al conjunto de actores políticos que conforman este proyecto dictatorial y autoritario e impedir que se consolide e impongan en el país un régimen de violencia política.
Como resultado de ello las siguientes organizaciones convocan a todos los ecuatorianos a conformar una Convergencia por la Democracia, Contra la Dictadura y la Corrupción: Ciudadanos por la Democracia, Convergencia Cívica por la Democracia, Corporación Participación Ciudadana, Corporación Latinoamérica para el Desarrollo, Transparencia Internacional, Coordinadora Política de Mujeres, Foro Urbano, Revista Tendencia, Izquierda Democrática, Presidencia del CONESUP y Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País.
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes que han manifestado continuamente su total rechazo a esta dictadura civil que ha quebrantado el orden democrático, constitucional e institucional de nuestro País, exigen que esta situación de hecho termine en forma inmediata y convocan a las mujeres y a los hombres del Ecuador y a todas las organizaciones sociales, políticas y patrióticas reunidas en esta gran Asamblea Ciudadana a rechazar esta situación y a conformar una sólida corriente cívica, en la perspectiva de construir una democracia representativa, participativa, incluyente y soberana, para consolidar el Estado Social de Derecho, alrededor de los siguientes puntos:
Así mismo esta Asamblea:
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