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La APDH ante la propuesta presidencial de crear una "Comisión de la Verdad"

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Quito, 6 de enero de 2005

Ante el anuncio público del Presidente Gutiérrez de considerar la creación de una "Comisión de la Verdad" (C.V.) que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, añadiendo posteriormente que "también investigaría los casos de corrupción", la Asamblea Permanente de Derechos Humanos expresa lo siguiente:

  1. No es la primera vez que un gobierno crea, o anuncia crear, una C.V. para la investigación de violaciones de DDHH ocurridas en Ecuador. En 1990, ante la magnitud que alcanzara la ejemplar protesta de una familia, el gobierno del Dr. Borja dispuso la creación de una Comisión Internacional que se encargó de investigar el caso de desaparición de los hermanos Restrepo, cometido en el régimen de León Febres Cordero (LFC), cuyo delicado trabajo e informe final condujo a la detención y sanciones de algunos de los responsables materiales del caso, así como a la eliminación del antiguo Servicio de Investigación Criminal, SIC, el centro de torturas más conocido durante las décadas del setenta y ochenta.
  2. Posteriormente, el gobierno del Ab. Bucaram, ante las denuncias del ex-agente Hugo España en su libro "El Testigo" y el programa de televisión de Ecuavisa "Nunca más", dispuso un "baño de la verdad" y la creación de una "Comisión investigativa" en septiembre de 1996, la misma que fue encargada de indagar los crímenes de Estado del período de LFC y las violaciones de DDHH "desde el retorno democrático de 1978 a la fecha". Tal comisión no pudo cumplir sus metas debido a que:
    1. Un tema grave como éste, fue politizado debido a las conveniencias coyunturales del momento por parte de Bucaram, cuyo gobierno no mantuvo seriedad suficiente en un tema que merece la máxima responsabilidad de los gobiernos para ir hasta el final.
    2. La comisión nunca tuvo apoyo político, logístico ni jurídico por parte del Estado ecuatoriano.
    3. Finalmente Bucaram fue defenestrado en febrero de 1997 y la comisión ya no pudo continuar su trabajo, debiendo abandonarlo pocas semanas antes y emitiendo un informe puntual.
  3. El gobierno del Dr. Mahuad, presionado por el reclamo público, creó una comisión investigativa del caso de asesinato del diputado Jaime Hurtado, comisión que fue afectada con esas mismas muestras de abandono estatal, falta de voluntad política para apoyar su trabajo y entorpecimiento de sus indagaciones, al punto que la misma -aunque continúa existiendo- no cuenta con ningún avance debido a la desidia de los últimos tres gobiernos.
  4. En una coyuntura muy parecida a la de 1996 (pugna política entre Bucaram y LFC), y con las mismas anomalías registradas en la creación de las últimas dos comisiones citadas, el Presidente Gutiérrez ha publicitado la creación de una "C.V." para indagar "todos los casos de violaciones a los DDHH cometidos en el régimen de LFC". Y luego, en declaraciones verbales -ya que no existe ningún documento oficial que determine los objetivos de tal comisión- ha procedido a ampliar el presunto tiempo de indagaciones durante todo el período democrático y el objeto de la misma sugiriendo que indagaría casos de corrupción.
  5. Tales enunciados, lejos de merecer la confianza pública y la credibilidad ciudadana, nos permiten advertir que aquellas limitaciones y vicios de origen, estarían creando un precedente negativo que hace desconfiar de los reales objetivos para la creación de una C.V., pues ampliar a tiempos tan indeterminados (desde 1978 a la fecha) su delicado trabajo, así como pretender ampliar los temas de indagación a casos de corrupción durante los últimos 20 años, expresan un peligro: se estaría matando la comisión de la verdad antes de que nazca, pues el marco jurídico del país ya cuenta con una Comisión cuya tarea es indagar específicos casos de corrupción (la CCCC), y en lugar de duplicar esfuerzos creando una comisión paralela, lo que debe hacerse es cumplir la ley, poner a funcionar y respetar las instituciones que ya existen, apuntalar la que hay, consolidarla y evitar por todos los medios legales su actual partidización y sometimiento.
  6. Por ello sostenemos que sería humanamente inmoral y políticamente criminal, pretender manipular un tema tan serio como la exigencia de verdad, justicia, sanciones y reparación para centenares de vidas segadas en el país debido a abusos de poder y violaciones a los DDHH aún impunes. No sería justificable utilizar un tema sagrado como la vida irrespetada de tantos ciudadanos, en coyunturales luchas intestinas de los grupos de poder para saldar cuentas entre éstos y no debido a una exigencia ética y principio obligatorio de justicia en un país cuyos gobiernos de manera sistemática no han tenido voluntad política para destapar los casos que registramos en las últimas dos décadas.
  7. Sin embargo, dado que es potestad del Presidente crear dicha comisión, le solicitamos que la anunciada Comisión de la Verdad para cumlir un trabajo serio y eficaz, sólo deba indagar -de manera abierta, libre y sin presiones- los casos de violaciones a los DDHH, y que sus objetivos se estructuren en base de las directrices internacionales que ya existen para comisiones de ese nivel y que deberían ser adoptadas por una comision de la naturaleza anunciada por el presidente Gutiérrez. Al respecto, internacionalmente se conocen varios ejemplos de comisiones (El Salvador, Chile, Argentina, Ruanda, Yugoslavia), cuya garantía de seriedad e imparcialidad han sido dadas -precisamente- por la voluntad política de los estados que las crearon, de ir hasta el final, de dejar que las C.V. cumplan su papel por encima de las coyunturas.
  8. De la C.V. deben formar parte ciudadanos sin tacha, públicamente reconocidos, y enlo posible debe incluirse a expertos de las Relatorías de ONU en ejecuciones extra-judiciales, torturas y desapariciones forzadas, como ocurrió en la Comisión investigativa del Caso Restrepo.
  9. La Comisión de la Verdad debe tener en cuenta:
    1. Los tiempos específicos de indagación para evitar que la ampliación temporal indeterminada anule lo que se propone hacer, y obtenga resultados concretos que la ciudadanía, las víctimas sobrevivientes y los familiares de centenares de fallecidos demandan hace años o décadas en muchos casos.
    2. Objetivos precisos en su accionar, apoyo político real de las autoridades, ayuda logística y socorro organizativo por parte del Estado ecuatoriano. Ello debe incluir la desclasificación de documentos ahora considerados como "Secretos" y de "Seguridad Nacional", especialmente las nóminas de los torturadores y ejecutores de la política de exterminio instalada en el país entre 1984 a 1988, pues hasta hoy continúa el manto de secretismo en este aspecto, y la libertad para ingresar a los archivos sellados de los cuerpos de Inteligencia y Seguridad de la Policía Nacional, de las FFAA y del Ministerio de Gobierno.
    3. Iniciar con una agenda de casos paradigmáticos de prioridad en su trabajo:
      • los numerosos casos de crímenes de Estado y de violaciones de los DDHH cometidos durante el período más funesto en materia de DDHH en el Ecuador: el período gubernamental 1984-1988.
      • el caso de desaparición del escritor Gustavo Garzón, en 1990.
      • los casos de asesinatos, atentados y amenazas del período 1999-2004.
      • el caso Fybeca en el 2003.
    4. Tener un límite de tiempo (1 año o 2) y plazos efectivos a su accionar, resolver la redaccion de Informes finales y determinar las acciones legales a emprenderse de los resultados obtenidos, tomando en cuenta que la Constitución Ecuatoriana ordena la imprescriptibilidad de los crímenes de Estado.
  10. Los desafios para el Estado al asumir una propuesta de esas caracteristicas son elocuentes. De esos desafíos se desprenden varias preguntas finales al Presidente de la República:
    • ¿Está dispuesto a que el país conozca toda la verdad de los casos de violaciones a los DDHH cometidos en el país?
    • ¿Está dipuesto a sancionar esos casos que han guardado una lamentable espera de décadas o años, debido a la impunidad institucionalizada y la cultura de la desmemoria que reina en el Ecuador?
    • ¿Está dipuesto a que se investigue por casos de violaciones de DDHH no sólo a sus adversarios sino a potenciales miembros de su entorno, o a encumbradas figuras políticas, civiles, policiales y militares, como serían los casos del "mariscal" Lemus, el ex-guardaespaldas de LFC y miembro de la Seguridad Militar, su cuñado Renán Borbúa, y -sobre todo- su ex-Comandante General de Policía, Edgar Vaca, antiguo miembro del grupo de exterminio SIC-10, por ejemplo?
    • ¿Está dipuesto a acatar con seriedad las directrices internacionales para una comisión de la verdad?
    • Los defensores de DDHH del país, los familiares de víctimas y delegados de la sociedad civil que creyesen por convicción que deben participar o alentar tal Comisión, o aquellos que fuesen convocados a ser parte de esa propuesta presidencial, deberían tener en cuenta los lineamientos éticos y jurídicos expuestos.
  11. La APDH cree obligatorio ejecutar con todos los sectores afectados por violaciones a los DDHH, con los organismos afines de DDHH y grupos sociales, una línea autónoma, paralela, activa y de alcance internacional, incluyendo juicios privados a los autores, con el fin de que la sociedad civil sea la asuma esta tarea de manera ética y propia, en alerta de cualquier manipulación coyuntural en un tema que el Ecuador no se ha atrevido a debatir hace 25 años: los crímenes de Estado y las brutales violaciones de DDHH que la impunidad intentó borrar de la memoria social.

En este aspecto, todas aquellas entidades y organizaciones que crean imperativo juntar sus esfuerzos nacionales para ejercer una línea civil propia de exigencia de memoria, justicia y verdad, son bienvenidas y calurosamente apoyadas.

Vamos a ver cuánto dura la memoria y la busqueda de justicia en el gobierno y la opinión pública ecuatoriana.

Alexis Ponce, Vocero de la APDH del Ecuador

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