CONAIE confirma que la movilización continuará aún durante el diálogo

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) confirmó que la movilización en rechazo al proyecto de Ley de Aguas continuará y negó la posibilidad de suspender la medida de fuerza como lo anunció el Ejecutivo.

La movilización ha sido pacifica y realizada en el marco de nuestro derecho a la resistencia. El país ha sido militarizado y estamos ante un vano intento de deslegitimar la movilización, desprestigiar a dirigentes y a las organizaciones, señaló su presidente, Marlon Santi.

Sin embargo, aseguró que iniciarán un proceso de diálogo con las autoridades en la capital de Ecuador, Quito, para buscar la solución y atender sus demandas.

De otro lado, el titular de la Ecuarunari, Humberto Cholango, manifestó su total apoyo a la medida e invocó desde el domingo pasado a los pobladores y líderes indígenas a sumarse al rechazo contra la mencionada ley.

También, el prefecto de la localidad de Cotopaxi, César Umajinga, advirtió que si las conversaciones no resultan, volveremos con más fuerza a las calles.

Durante la protesta se registraron algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden en diferentes puntos de la movilización. En Guachalá, Pichincha, la defensa del agua convocó a cientos de indígenas que desde las primeras horas del lunes iniciaron el bloqueo de vías.

Las comunidades de Cangahua, Juan Montalvo y Guachalá, norte de Pichincha, se apostaron en una de las vías principales para cerrar el paso a los vehículos y camiones. Esta es una carretera paralela a la Panamericana Norte que conecta a estas poblaciones con Cayambe y Quito.

En la madrugada, la denominada Bola de Guachalá se convirtió en el centro de la protesta con la concentración de cientos de indígenas que llegaron desde distintos puntos.

La CONAIE denunció que el dirigente de la comunidad San Pablo del Lago, Agustín Casco Andrango, y el líder indígena de la Comuna El Topo, Segundo Zamba, fueron detenidos mientras ejercían el derecho a la resistencia.

Hubo provocaciones desde la policía que habría causado un herido. El uso desproporcionado de la fuerza contra hombres mujeres y niños habría sido la causa de estos hechos, indicó Santi.

Las comunidades, pueblos y nacionalidades amparados en la Constitución Política y e instrumentos internacionales exigimos se respeten nuestros derechos. Nuestro pedido es claro: no queremos que privaticen el agua, ni nos quiten la administración de las Juntas del Agua, enfatizó.