Quito, 9 de marzo de 2008
La OPEP tiene una oportunidad histórica para mostrar el liderazgo global en asuntos de sostenibilidad, aplicando un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (en la forma de un impuesto a las exportaciones de petróleo) administrado por un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible. El impuesto tiene aspectos de justicia económica (ya que los países importadores gravan la importación de petróleo en perjuicio de los exportadores) y sobre todo de justicia climática, al lograr que los consumidores de petróleo paguen más por las emisiones que van a producir. Con el primer impuesto mundial al carbono, la OPEP generaría estabilidad en la economía global incorporando el costo del carbono desde la fuente, y de esta manera proveería de financiamiento equitativo a las economías en desarrollo destinando la recaudación a la reducción de la pobreza mundial y a la financiación de la transición energética. La OPEP sentaría un precedente único, al dar respuestas efectivas a los desafíos más importantes del siglo XXI: la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Uno de los fundadores de la economía ecológica, Herman Daly, discutió por primera vez las Oportunidades de la OPEP en el Desarrollo Sostenible en Viena el 29 de septiembre de 2001 [1]. En su discurso a la OPEP, Daly resumió las justificaciones éticas y económicas para que actúe como fiduciaria y administradora global de la escasez de los sumideros de carbono, -la atmósfera y los océanos-; aprovechando su posición oligopólica para establecer un eco impuesto destinado a la mitigación del cambio climático y a lograr un desarrollo más sustentable.
Esta propuesta pasó casi desapercibida en círculos de gobierno hasta que el presidente Rafael Correa la retomó y la difundió mundialmente en la Tercera Cumbre de la OPEP en Riad del 18 de noviembre 2007. Allí propuso un impuesto del 3% sobre los precios de exportación de la producción de la OPEP para utilizarse en la lucha contra el cambio climático y para compensar los crecientes costos de energía de los países en desarrollo. La propuesta del Ecuador plantea un factor de justicia económica y un tema de fondo: la distribución internacional de las causas y efectos del cambio climático.
Gravar el consumo de combustibles fósiles a través del Eco-Impuesto Daly-Correa produciría un verdadero cambio en la distribución del flujo de recursos necesarios para que los países más afectados por el cambio climático y con menos responsabilidad frente a las emisiones de carbono sean justamente compensados.
A través del impuesto se crearía un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible, el mismo que garantizará un flujo de financiamiento a los Países en desarrollo No-Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto por sus esfuerzos de reducción de la pobreza, de conservación de los ecosistemas críticos para la estabilidad climática global, y para su transición hacia alternativas energéticas más sostenibles. El Impuesto Daly-Correa sería una contribución innovadora que resolvería los desafíos más importantes del siglo XXI: las injusticias socio-económicas y ambientales en el mundo de hoy, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Cómo satisfacer las necesidades energéticas de la actual y de las futuras generaciones equitativamente y asegurar la sostenibilidad ecológica, es el desafío supremo del siglo XXI.
Mientras el mundo se acerca a la peor crisis ambiental de su historia, para mediados del presente siglo tres mil millones de personas esperarán tener acceso a la misma calidad de servicios energéticos del que actualmente disfrutan la mayoría de los países industrializados. Sin embargo, esta justa aspiración es ecológicamente insostenible si se mantiene o reproduce el actual patrón de desarrollo mundial.
La OPEP está en una posición única para corregir esta coyuntura crítica en la historia y al hacerlo, convertirse en una institución pionera en el tratamiento de los tres temas más importantes del siglo XXI: la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible. La OPEP por su característica tiene la capacidad única y por lo tanto, la responsabilidad moral de asumir el liderazgo en la sostenibilidad global para el beneficio de sus miembros, la estabilidad de la economía global y el bienestar de las futuras generaciones.
El impuesto Daly-Correa se vincula con la iniciativa ecuatoriana Modelo Yasuní-ITT que propone represar bajo tierra más de 900 millones de barriles de petróleo que evitarían la liberación de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, a las que hay que sumar algunas más ahorradas debido a la deforestación evitada y al gas no quemado. El proyecto ecuatoriano está ubicado en una de las regiones más biodiversas del mundo: el Parque Nacional Yasuní donde viven varios pueblos indígenas; algunos, como los Tagaeri-Taromenani, se encuentran en aislamiento voluntario.
El compromiso ecuatoriano de no explotación de las mayores reservas petroleras del Ecuador; merece una justa compensación internacional que alcance el cincuenta por ciento de lo que Ecuador percibiría en el caso de que las reservas fuesen explotadas.
La iniciativa ecuatoriana garantizará el mejoramiento cualitativo de la economía, sin aumentar cuantitativamente la producción de materia-energía (crecimiento) y de esta manera, podrá garantizar la aplicación de una política de conservación integral de áreas sensibles, garantizar la integridad del territorio de los pueblos Tagaeri-Taromenani que viven en situación de aislamiento voluntario y contribuir a la reducción global de gases de efecto invernadero.
El Modelo Yasuní-ITT apunta a resolver el problema desde la fuente; convirtiéndose así en la mejor iniciativa de abatimiento de carbono que se haya presentado jamás por un país petrolero. De ahí el interés con que se viene siguiendo alrededor del mundo aunque hay en círculos conservacionistas y de la cooperación internacional quien se pone celoso cuando las ideas llegan del sur.
La Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) y sus órganos científicos han reconocido que los impactos de cambio climático recaerán desproporcionadamente sobre los países en desarrollo.
El Protocolo de Kyoto concedió a los países industrializados una especie de indulto sobre sus emisiones anteriores a 1990. Es decir, las emisiones históricas de carbono no han sido consideradas y por tanto, se ha abandonado el debate sobre la deuda de carbono, fundamento del Principio de Compensación Internacional. Además se dio generosas cuotas a los países más ricos. Un ejemplo: bajo la burbuja europea, España puede aumentar sus emisiones un 15 por ciento aunque per capita está muy por encima del promedio mundial. De hecho, España ha aumentado (desde el 1990) más del 40 por ciento, pero no debe pagar por ahora ninguna compensación. En cuanto a los mecanismos de flexibilidad, Kyoto se basa en un esquema de permisos y créditos de emisiones donde la mayoría de proyectos que se desarrollan bajo este esquema tienen falsas y no verificables reducciones de emisiones.
Siguiendo el esquema de Kyoto, las actuales políticas internacionales de cambio climático, se han centrado en el mercado de emisiones, la aplicación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), y la promoción del mercado voluntario de carbono, en lugar de enfrentar el verdadero problema: la quema de combustibles fósiles. El Banco Mundial es uno de los principales actores en este campo, pues se calcula que tiene un portafolio de proyectos de mercado de carbono de más de 1.000 millones de dólares. Otros actores beneficiados por este esquema de mercado son las empresas extractivas, que adquieren derechos de emisión tras la inversión en proyectos en el extranjero que economizarán carbono.
Mientras esto sucede los países y comunidades que conservan los principales sumideros de carbono forestales o en pastizales, que apenas usan los océanos y la atmósfera para verter emisiones, y que ofrecen renunciar o renuncian a la explotación de sus reservas de petróleo, gas o minería de carbón evitando de esta manera la liberación de millones de toneladas de CO2, no son justamente compensados.
Antes de la Revolución Industrial la concentración de carbono en la atmósfera se mantuvo sin superar los 280 ppm y en tan solo siglo y medio, la concentración de carbono atmosférico subió a 382 ppm -un nivel al que no se ha llegado en los últimos cuatrocientos cincuenta mil años-. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) [2] ha determinado que el rango más bajo de concentración de carbono atmosférico que brindará todavía una oportunidad para estabilizar el clima global por debajo de un aumento de 2 grados centígrados es de 450 ppm. La concentración está aumentado 2 ppm al año, o sea que en poco más de treinta años se alcanzará esa peligrosísima cifra de 450 ppm.
De continuar con el nivel de emisiones actuales -las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial están aumentando a un 3% anual-, en tres décadas se llegaría a este punto, donde los cambios químicos de la atmósfera son poco predecibles, las corrientes marinas pueden cambiar, y la vida humana y la biogeografía habrán cambiado inevitablemente. La OPEP no puede desentenderse de tales amenazas. Debe jugar un papel activo.
Los Países en desarrollo No-Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto, no deberían reproducir innecesariamente el actual patrón de desarrollo aunque tendrían todo el derecho. Tampoco deberían esperar a que la transición hacia modelos de desarrollo sustentables sea hecha por los países industrializados y que llegue a los países en desarrollo de gota en gota o cuando las alternativas energéticas sean costosas e inaccesibles porque sus economías estén ya encerradas en patrones tecnológicos basados en combustibles fósiles.
Al contrario, el Impuesto Daly-Correa, permitirá que las rentas por la ocupación de un bien público global se utilicen para financiar una transición hacia un modelo de desarrollo sustentable. La OPEP tiene ya un pequeño fondo (del orden de 300 millones de dólares) que subsidia las investigaciones sobre tecnologías para secuestro de carbono, pero puede y debe ir mucho más allá, con unos ingresos del impuesto Daly-Correa (de unos pocos dólares por barril) del orden de 40.000 a 60.000 millones de dólares anuales.
El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático [3] afirma que el fracaso en la reducción del crecimiento de las emisiones de los gases de efecto invernadero podría causar, para empezar, un costo estimado de 5% del PIB mundial por año; con lo cual, la amenaza del subdesarrollo y la pobreza crónica es más pronunciada y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio se ve seriamente amenazado. Esto significa que en un futuro próximo, los costos económicos del cambio climático en la economía mundial superarán en mucho los impactos económicos de un impuesto ecológico marginal. Resulta, por tanto, mucho mejor para la economía global ayudar a mitigar el cambio climático hoy que enfrentarse a los cada vez mayores costos de abatimiento de carbono.
De acuerdo con el IPCC, seguir emitiendo gases con efecto invernadero una vez superado el límite que asegura mantener el aumento de la temperatura media global debajo de 2ºC; le costaría a quien contamina al menos 100$/tCO2, de ahí que los países industrializados quieran que estos costos sean asumidos por los países en desarrollo; ahorrándose miles de millones de dólares para no sacrificar su consumo energético.
En cuanto a los costos de adaptación al cambio climático, el Banco Mundial [4] ha hecho estimaciones de que se requerirán entre 10-40 mil millones de dólares anuales, para cubrir las necesidades de adaptación al cambio climático de los países en desarrollo. Buena parte de los costos de adaptación al cambio climático se resolverían vía créditos, Ayuda Oficial al Desarrollo, con inversión extranjera directa o inversión nacional. En término sencillos, los países en desarrollo tienen que asumir los desafíos de la adaptación al cambio climático incrementando su endeudamiento financiero. Después, para pagar esas deudas (contraídas por ejemplo para asegurar el suministro de agua en países andinos cuyos glaciares retroceden), se verán forzados a exportar más combustibles fósiles a precios que para los países ricos resultan baratos (de ahí que les coloquen impuestos).
El índice de Financiación para la Adaptación desarrollado por OXFAM [5], por ejemplo, considera que 28 países son los responsables de financiar la adaptación en los países en desarrollo. De acuerdo al estudio, los Estados Unidos y la Unión Europea deberían aportar conjuntamente alrededor del 75% de los fondos necesario (Estados Unidos algo más del 40% y la Unión Europea algo más del 30%). Japón, Canadá, Australia y la República de Corea deberían aportar alrededor del 20% de los costos, siendo Japón quien deberá asumir la mitad de este porcentaje. Pero hay que rechazar los créditos para adaptación y pedir en cambio el pago de la deuda ecológica por excesivas emisiones históricas y actuales de dióxido de carbono.
Bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada reconocido en el Protocolo de Kyoto; los fondos internacionales para atender al cambio climático no sitúan la verdadera responsabilidad que algunos países industrializados tienen sobre sus emisiones históricas de carbono. Algunos de los fondos existentes como El Fondo para los países menos avanzados o El Fondo Especial para el Cambio Climático del GEF funcionan con donaciones voluntarias; mientras que el Fondo para la Adaptación de Naciones Unidas, sería el primer fondo financiado por el 2% sobre los créditos de carbono generados bajo los MDL del Protocolo de Kyoto.
Frente a esta realidad, el principio que inspira a la iniciativa ecuatoriana para la OPEP es que los países que históricamente han producido y continúan produciendo un exceso de dióxido de carbono per capita tienen una deuda de carbono y que los países que no han usado apenas los vertederos de carbono y que por el contrario han conservado las áreas ecológicamente sensibles que contribuyen al equilibrio climático, deberían ser compensados. Sobre todo cuando existen distorsiones que profundizan la inequidad en el tratamiento del cambio climático, como el subsidio anual total de los países en desarrollo hacia los países industrializados por las emisiones globales de carbono que estos han realizado por la producción de las 3/4 partes de las emisiones, en lugar de 1/4 parte que les correspondía por su población y que al cuantificarse podría alcanzar alrededor de 75.000 millones de dólares al año [6]. Esta situación debe rectificarse.
El Modelo Yasuní-ITT podría convertirse en el primer modelo de conservación y desarrollo financiado por el Impuesto Daly-Correa. A través de la iniciativa gubernamental Modelo Yasuní-ITT, el gobierno ecuatoriano se compromete a conservar una de las regiones más biodiversas del mundo, garantizar la integridad del territorio de los Tagaeri-Taromenani y evitar la liberación de millones de toneladas de carbono a través de la implementación de un innovador modelo de abatimiento de carbono, que represará más de 400 millones de toneladas de carbono, que son verificables y cuantificables.
Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad por hectárea en el mundo. Sin embargo, las externalidades ambientales y sociales como los daños locales de la extracción, transporte y refinación de hidrocarburos, pérdida de biodiversidad, contaminación de sus fuentes de agua, extinción de grupos indígenas no han sido debidamente restadas en sus cuentas nacionales. [7]
Adicionalmente, Ecuador está viviendo los efectos negativos del cambio climático a través de la pérdida de sus glaciares en el caso del Antisana o de los Ilinizas; el incremento de nivel del mar amenaza a ciudades importantes como Guayaquil y la posible conversión de su selva amazónica en sábanas provocaría una crisis económica y social incuantificable.
El proyecto petrolero ITT alberga un crudo de 14,7 grados API aproximadamente. Sus reservas probadas y probables alcanzan los 920 millones de barriles -cifra que corresponde a más del veinte por ciento del total de las reservas petroleras que posee el Ecuador. La explotación petrolera del ITT implicaría la producción de aproximadamente 100.000 barriles diarios de crudo extra-pesado, con utilidad anual de 720 millones de dólares.
El gobierno ecuatoriano pide a la comunidad internacional una justa compensación a su esfuerzo de evitar la liberación de millones de toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo así a los grandes esfuerzos de la Humanidad por detener los impactos del cambio climático. Esta compensación internacional se canalizará a través del Fondo Yasuní-ITT, estimado en alrededor de 4 mil millones de dólares, cuyo interés le podría generar al Ecuador rentas permanentes cercanas a los 350 millones de dólares anuales durante el periodo en que el petróleo hubiera sido extraído.
Ecuador está aportando a esta iniciativa, el monto diferencial que como país dejará de percibir (al menos 350 millones de dólares anuales). Con esta contraparte, el país plantea una contribución tangible y fuerte (comparada con su nivel de ingreso y desarrollo) en el marco de los países comprometidos globalmente con la búsqueda de logros en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de conservación de la biodiversidad que sean justos y equitativos para las presentes y futuras generaciones.
Las emisiones ecuatorianas por persona (2,3 toneladas de CO2) están por debajo del promedio mundial de emisiones de CO2 per capita (4,18 toneladas de CO2) y sumamente distantes de las emisiones per capita de los países industrializados (Estados Unidos, 19,73 tCO2). A pesar de lo cual, Ecuador esta dando señales de su compromiso con el cambio climático al planificar para los años 2007-2011, la ejecución de planes y proyectos que le permitan diversificar su matriz energética.
El camino hacia este nuevo modelo de desarrollo se enmarca en un programa hidroeléctrico muy ambicioso; con políticas dirigidas a aumentar la eficiencia a nivel de los consumidores finales de energía, con el impulso de un sistema de reconversión de centrales térmicas para optimizar su eficiencia; la sustitución de diesel por gas natural; el mejoramiento de la calidad de uso automotriz con los programas de etanol en ciudades como Guayaquil; entre otras medidas. Dentro de estas iniciativas sobresale el Programa Cero Combustibles en Galápagos -un plan integral de acción que tiene como objetivo eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles en las Islas e impulsar el uso de Energías Renovables para Galápagos. Hay gran potencial eólico y de energía solar en Ecuador.
En este contexto, el Modelo Yasuní-ITT se podría financiar con el impuesto Daly-Correa si no llegara la compensación exterior directa. Ecuador garantizaría el inicio de una transición hacia una economía sostenible que le permita destinar recursos a la reducción de la pobreza al tiempo que consigue:
El eco impuesto Daly-Correa representa un nuevo desafío y un cambio de época para la OPEP que hasta ahora se había negado (podríamos decir) a poner el cambio climático en el centro de su política. Este cambio permitirá realizar las rectificaciones institucionales que garanticen la estabilidad climática mundial. De lo contrario, el cambio climático traerá graves implicaciones no solamente para la estabilidad de la economía y de los mercados sino que causará impactos para la sobrevivencia y sostenibilidad de la vida humana en el planeta por las que seremos maldecidos por las futuras generaciones. Un buen gobernante debe tener una visión del futuro más larga y una tasa de descuento más baja que una empresa petrolera.
Las oportunidades para la OPEP son tanto de justicia económica como de justicia ambiental, son tanto financieras como morales. Su liderazgo en asumir un papel pro activo en temas sobre el cambio climático y el desarrollo sustentable marcará la historia de esta organización
El eco impuesto Daly-Correa, al gravar la venta de exportaciones de petróleo (tratando de abarcar también el gas y el carbón mineral), gravará los costos del carbono desde la fuente, en vez de gravar las emisiones de carbono en los países importadores netos de combustibles fósiles como la Unión Europea discutió en 1992 (con el comisario Rippa di Meana, que propuso 10 dólares de eco-tax por barril de petróleo), y como Clinton-Gore plantearon ya en el 1993 (la BTU tax) sin éxito por la oposición, entonces, del Senado. De esta manera, la OPEP lograría lo que el Protocolo de Kyoto no ha logrado en más de diez años. Al mismo tiempo, la OPEP inmunizará a sus miembros de las disrupciones e incertidumbres que otros impuestos o iniciativas sobre cambio climático puedan causarles afectando sus intereses.
El Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible generaría un flujo permanente de recursos para fines socio-ambientales de reducción de pobreza y transición energética hacia países que como Ecuador se comprometan decididamente a conservar los ecosistemas más sensibles, garantizar la protección de las comunidades locales que habitan en estas áreas, e impulsar modelos de desarrollo sustentables.
A través del impuesto Daly-Correa, la OPEP puede proteger y avanzar los intereses de sus miembros con respecto al cambio climático, y con visión y liderazgo ayudar el mundo frenar la amenaza más grande del siglo XXI. ¿Aceptará la OPEP este desafío?
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