Logo Llacta!

El Estado y la sociedad civil en los conflictos ambientales

Joan Martínez Alier

Ecoportal

25 de noviembre de 2007

Joan Martinez Alier es ecologista, experto en temas ambientales y del desarrollo. Este artículo ha sido publicado originalmente en el nº 13 de la revista ecuatoriana Entre Voces, septiembre-octubre de 2007 y en Revista Pueblos.

Las emisiones de dióxido de carbono por los humanos están creciendo al 3 por ciento anual, por tanto, serán el doble en poco más de veinte años cuando deberían bajar a la mitad de las actuales para no causar mayores cambios climáticos. Los países del Sur, sin haber contribuido apenas a las emisiones de dióxido de carbono en comparación a los países ricos, se perjudicarán con el cambio climático.

Las emisiones de dióxido de carbono por los humanos están creciendo al 3 por ciento anual, por tanto, serán el doble en poco más de veinte años cuando deberían bajar a la mitad de las actuales para que no aumente su concentración en la atmósfera causando mayores cambios climáticos. Mientras los Estados se reúnen y discuten el tema, y algunos apoyan tímidas medidas como las establecidas en el Protocolo de Kyoto de 1997, la sociedad civil de los países del Sur casi no está actuando en este tema. Ciertamente, hay protestas que se expresan en reclamos de la deuda ecológica por emisiones de carbono. Se insiste en Bangladesh que la subida del nivel del mar por el calentamiento global desplazará a muchas gente, mientras que en los Andes y en el Himalaya se señala el perjuicio que supondrá para la conservación y circulación del agua el que se derritan los glaciares. Sin haber contribuido apenas a las emisiones de dióxido de carbono en comparación a los países ricos, esos territorios y muchos otros se perjudicarán con el cambio climático. Esto es una gran injusticia ambiental. Los Estados de países pobres deberían reclamar. Pero no la hacen, y la sociedad civil se calla.

En Ecuador hay un cierto debate sobre el tema del cambio climático, por primera vez, gracias a la propuesta de Alberto Acosta desde el gobierno y de ecologistas de la sociedad civil, de dejar en el suelo el petróleo del Yasuní. Si en el asunto del cambio climático, ni los Estados ni la sociedad civil hacen mucho, en cambio, en muchísimos otros temas ambientales las protestas de la sociedad civil y lo que se ha llamado el ecologismo popular, han llevado la voz cantante.

Tendencias del ecologismo

En el ecologismo hay diversas corrientes. Hay en Estados Unidos una tendencia llamada ecología profunda, que se preocupa solamente de la naturaleza. Por ejemplo, luchaban y luchan contra represas en cañones hermosos que iban a ser inundados por las represas. Incluso alguno dijo que se dejaría morir allí. Me parece bien, me parece admirable. Luchaban solamente por la naturaleza, no por las personas. En Brasil hay en cambio el movimiento popular que se llama atingidos por barragens, es decir, los afectados por represas. En la India, hay una lucha (ya casi perdida) contra una famosa represa en el río Narmada, y allí la gente protesta en defensa del río, pero también en defensa de la gente. Porque si completan esta represa, 40 mil ó 50 mil personas se tienen que ir de allí. La líder se llama Medha Patkar, ella no piensa sólo en la naturaleza, piensa también en la gente pobre. Son grupos indígenas que necesitan su territorio para vivir, porque si se van de allí, se van a morir de hambre. Lo mismo ocurre con los desplazados por las minas o represas en Orissa u otros estados de la India.

El Norte consume tanto, los ricos del mundo consumen tanto, que las fronteras de extracción de mercancías o materias primas están llegando a los últimos confines. Por ejemplo la frontera del petróleo ha llegado hasta Alaska y la Amazonía. Pero en todos los lugares del mundo hay resistencia popular e indígena contra el avance de las actividades extractivas de las empresas multinacionales que suelen ser apoyadas por los Estados.

Estas resistencias parecen ir contra el curso de la historia contemporánea, que es el constante triunfo del capitalismo, el crecimiento del metabolismo económico en términos de materiales, energía, agua que se introduce en el sistema para salir luego como residuos. Las comunidades se defienden. Muchas veces las mujeres están delante en esas luchas. Por ejemplo, vemos muchos casos de defensa de los manglares contra la industria camaronera de exportación. Lo mismo ocurre en la minería. Las comunidades se defienden apelando a los derechos territoriales indígenas bajo el convenio 169 de la OIT como en junio del 2005 en Sipakapa en Guatemala, u organizan consultas populares o referendums exitosos como en Tambogrande (Perú) o en Esquel en la Argentina contra la minería de oro a cielo abierto.

Hay también casos históricos de resistencia antes de que se usara la palabra ecologismo. Por ejemplo, en la minería de cobre en Ashio en Japón hace cien años con el líder Tanaka Shozo o en Huelva en Andalucía contra la contaminación causada por la empresa Rio Tinto que culminó en la matanza, a cargo del ejército el 4 de febrero del 1888. Ese podría ser el Día del Ecologismo Popular, el 4 de febrero. Crece la memoria de tales sucesos, que nunca se perdió.

En países con algún grado de democracia, puede reclamarse ante los tribunales locales, y poco a poco crece la posibilidad de apelar a la justicia de otros estados. Así, en el Ecuador, los perjudicados por los destrozos causados por la Texaco han intentado desde 1993 entablar un juicio en Estados Unidos bajo la legislación llamada ATCA (Alien Torts Claims Act), una ley que permite a extranjeros reclamar el pago de daños causados por estadounidenses. El juicio actual en Lago Agrio contra Chevron-Texaco continúa el caso. Así pues, la sociedad civil recurre a veces a acciones legales y en otros a la acción directa (preferiblemente no violenta), como en Intag, Ecuador, donde se logró parar a la empresa japonesa que pretendía extraer mineral de cobre ¿Por qué no combinar todas las posibilidades de actuación?

Hay actualmente conflictos por la extracción de níquel en Nueva Caledonia, mientras que la isla de Nauru en el Pacífico quedó destruida por la rapiña de los fosfatos. La economía mundial no se desmaterializa. Al contrario. Se saca siete veces más carbón en el mundo hoy que hace cien años, y muchísimo más petróleo. A veces, se trata de insumos esenciales para la economía, en otras de productos superfluos. Los consumidores de oro o de camarones importados no saben ni quieren saber de dónde viene lo que compran.

Los pasivos ambientales

Supongamos que una compañía minera contamina el agua en una aldea de la India. Las familias no tienen otro remedio que abastecerse del agua de los arroyos o de los pozos. El salario rural es un euro al día, un litro de agua en envase de plástico cuesta 20 céntimos de euro. Si los pobres han de comprar agua, todo su salario se iría simplemente en agua. Asimismo, si no hay leña o estiércol seco como combustibles, al comprar gas licuado de petróleo (GLP), como preferirían, gastarían el salario semanal de una persona para adquirir un cilindro de 14Kg. La contribución de la naturaleza a la subsistencia humana no es crematística sino de subsistencia. Sin agua, leña y estiércol, y pastos para el ganado, la gente empobrecida simplemente se muere.

Hay otros conflictos por residuos producidos en los procesos de producción. ¿Quién responde de esos pasivos ambientales? La contabilidad de las empresas no suele incluir esas deudas ecológicas. ¿Cuánto debe Repsol-YPF por su pasivo ambiental y social en territorio mapuche de la Argentina? ¿Cuánto debe Dow Chemical-Unión Carbide por los daños en Bhopal en 1984? ¿Cuánto debe la Dow Chemical, otra vez, por los casos de esterilidad de trabajadores de plantaciones bananeras en Honduras, Costa Rica, Ecuador?

Aquí los Estados tienen un papel que jugar, modificando las normas de la contabilidad oficial, no sólo para que las empresas hagan frente a sus pasivos ambientales sino también en el ámbito macroeconómico donde la contabilidad del PIB pudorosamente oculta mucho más de lo que enseña. Ni la contabilidad empresarial ni la contabilidad macroeconómica estatal restan los pasivos ambientales. Es decir, si la economía creció al cinco por ciento, de acuerdo, pero que se explique cómo ha aumentado la contaminación, qué ha pasado con los ríos, con los bosques, con la salud de los niños. Hay protestas sociales debido a que la economía estropea la naturaleza, aunque otras veces (como con las emisiones de dióxido de carbono) las protestas y reclamos de las deudas ecológicas son aún insuficientes. A veces, los afectados serán generaciones futuras que no pueden protestar porque aún no han nacido, o unas ballenas o tiburones que tampoco van a protestar. Pero otras, los desastres ecológicos afectan a personas actuales, que protestan o que podrían protestar. Son luchas por la Justicia Ambiental.

Hay lugares donde se plantan miles de hectáreas de pino para capturar dióxido de carbono europeo como en el proyecto FACE en los páramos del Ecuador, donde algunas comunidades empiezan a protestar, porque no pueden comer los pinos, no pueden sembrar ni poner ganado, el pino agota el agua que hay en los páramos, además, si hay un incendio, el contrato les obliga a replantar.

Hay quien cree que son protestas NIMBY (no en mi patio) cuando son manifestaciones locales del movimiento internacional por la justicia ambiental. Por ejemplo, la red Oilwatch nació en 1995 de experiencias en Nigeria y Ecuador. Por ejemplo, la red Mines and Communities nació en el 2004. Mientras los Estados se reúnen en conferencias en ocasiones inútiles, la sociedad civil construye sus redes internacionales. Creo que de las protestas, de las resistencias es de donde van a nacer las alternativas. Éstas no van a nacer de ningún partido político que determine la línea correcta ni de ningún gobierno aunque sea inicialmente bienintencionado.

Valores inconmensurables

En esos conflictos ambientales por extracción o transporte de materias primas, por contaminación local o regional, comprobamos el uso de diversos lenguajes. Puede ser que el Estado y las empresas quieran imponer el lenguaje económico, diciendo que se hará un análisis costo-beneficio con todas las externalidades traducidas a dinero, y además se hará una evaluación de impacto ambiental, y que así se va a decidir si se construye una represa conflictiva o se abre una mina. Pero puede ocurrir que los afectados, aunque entiendan ese lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna compensación económica que ninguna, sin embargo acudan a otros lenguajes que están disponibles en sus culturas. Pueden declarar, como hicieron los U'Wa en Colombia frente a Occidental Petroleum, que la tierra y el subsuelo eran sagrados y que la cultura propia no tiene precio. En un conflicto ambiental se despliegan valores muy distintos, ecológicos, culturales, de subsistencia de las poblaciones, y también valores económicos. Son valores que no son conmensurables. Imponer el lenguaje económico es una forma de ejercicio del poder.

Todo necio confunde valor y precio. ¿Valen las consultas populares, que apelan a la democracia local? ¿Vale el lenguaje de la sacralidad? ¿Valen los valores ecológicos solamente si se traducen a dinero, o valen por sí mismos, en sus propias unidades de biomasa y biodiversidad? ¿Vale argumentar en términos de la subsistencia, salud y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? Son preguntas que nacen de la observación y participación en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo. El Estado cree tener poder para excluir algunos lenguajes de valoración pero la sociedad civil frecuentemente no acata ese poder.

:: http://www.llacta.org ::