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El lado oscuro de la minería canadiense en el Ecuador

Laura Handal López

20 de septiembre de 2007

Secuelas sociales y ambientales para la Amazonía ecuatoriana

El 2 de Diciembre de 2006, el diputado Salvador Quishpe fue raptado por miembros de las fuerzas militares Ecuatorianas, en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, durante una movilización contra la minera Ecuacorriente, filial de la Canadiense Corriente Resources. La noticia se dio a conocer internacionalmente. Este es solamente uno de los innumerables casos de represión y persecución contra los habitantes de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, quienes se oponen al desarrollo minero e hidroeléctrico en sus provincias.

A raíz de la gira de sensibilización de una delegada de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) en Québec, Canadá, quien dio a conocer este conflicto en varias ciudades de la provincia, tuve la oportunidad, en Julio del presente año, de hacer un viaje a Morona Santiago y Zamora Chinchipe, para saber mas a cerca de los impactos ambientales y sociales que generan las compañías mineras canadienses en esta parte de la Amazonía Ecuatoriana, así como de las estrategias de movilización y de defensa del territorio de las comunidades afectadas.

Violencia minera en Tundayme

El proyecto Mirador esta situado dentro de la Cordillera del Cóndor, una zona protegida de la Amazonía Ecuatoriana, que forma parte del Parque Binacional del Cóndor. En el año 2000, la compañía Corriente Resources obtuvo las concesiones del proyecto Mirador, situado entre las dos provincias amazónicas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Poco después Corriente fundó una compañía para gestionar el proyecto localmente, llamada Ecuacorriente.

En Noviembre de 2006, los habitantes de la región descubrieron que la Ecuacorriente estaba concesionando cantones enteros, y que estos proyectos mineros tendrían impactos nocivos para las comunidades así como para los ecosistemas locales.

Los conflictos con la compañía se originaron el 9 de Noviembre, día en que un levantamiento acabó en un enfrentamiento violento con el ejército en la región de Chuchumbleza. El saldo fue de 14 heridos. A raíz de la presión social, se firma un acuerdo el12 de noviembre, en el cual el gobierno Ecuatoriano, representado por el Ministro de Trabajo y de Empleo, se compromete a paralizar las actividades de la empresas Ecuacorriente e Hidroabanico.

Sin embargo, el acuerdo no le impidió a la compañía proceder con el proyecto. El 1º de Diciembre, al ver que ni la acta, ni los esfuerzos de las autoridades locales para pedirle al gobierno central una salida legal al conflicto, habían dado resultado, los comités, asociaciones, las y los ciudadanos opositores al proyecto, se movilizaron de nuevo en una marcha pacifica hacia Tundayme, uno de los centros poblados dentro de la zona concesionada.

Los manifestantes se dirigían hacia el campamento de la compañía para pedir la presencia del gerente de la empresa, pero los guardias de la empresa, así como los efectivos del ejercito Ecuatoriano presentes en la zona, impidieron el paso, bloquearon el puente peatonal del Río Zamora con alambre de púas y arrojaron bombas lacrimógenas a las mujeres, hombres, niñas y niños presentes.

En los días siguientes, los manifestantes lograron llegar hasta Tundayme, pero al alcanzar el campamento militar, que se encuentra cercano a las instalaciones de la empresa, se intensificó la represión por parte del ejército. Rodrigo Aucay, presidente del Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida del Cantón El Pangui (CDSNV-CP), quien estuvo presente durante las movilizaciones de ese día, cuenta: En Tundayme, hicieron lo que ya es de conocimiento del mundo entero, secuestrar a 19 personas, entre ellas hombres y mujeres, al diputado Salvador Quishpe, a las damas las llevaron al campamento de Ecuacorriente para las investigaciones, una de ellas fue intentada a violar. Además, otras personas fueron heridas por golpizas, pedradas o por bala.

Por ahora, Ecuacorriente ha paralizado sus actividades, pero los ciudadanos de las dos provincias siguen manifestando para evitar que la empresa retome el proyecto.

Lucha contra Hidroabanico en Jimbitono

Al mismo momento que se daba el conflicto minero, surgieron movilizaciones contra la empresa Hidroabanico y su contratista Sipetrol, en Jimbitono y en Limón, en la provincia de Morona Santiago. En realidad, Hydroabanico se había implantado en Jimbitono desde 2004, año en que inició la construcción de una represa sobre el Río Abanico, lo que constituye la primera fase del proyecto finalizado en Enero de 2006.

A pesar que la compañía había prometido que la energía eléctrica alimentaría a la población de Morona Santiago, la empresa abastece, en realidad, a las compañías transnacionales de otras ciudades, como comenta Jorge Avila, del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y la Cultura de Macas (CDAVCM): Esta luz no es para Morona Santiago, se la genera aquí, pero se la vende en Guayaquil, para los plásticos, para la KFC, para la Coca-Cola. Así es que no me digan que la energía se queda aquí, es mentira.

Las movilizaciones contra la empresa comenzaron en Mayo de 2006, con el objetivo de impedir la construcción de la segunda fase del proyecto. Se había dado a conocer que la energía generada durante la segunda fase se transmitiría en un tendido de redes desde Jimbitono hasta Tundayme, para abastecer a las empresas mineras del Sur, como Ecuacorriente, Lowell Minerals (otra empresa canadiense), PHP Billiton, y otras más.

Al inicio se organizó una marcha de sensibilización en Macas, luego varios paros provinciales y manifestaciones. El 3 de octubre de 2006, durante una manifestación, en Jimbitono, hombres, mujeres y niños fueron golpeados y atacados agresivamente con gases lacrimógenos, barras de hierro, entre otras armas, por los guardias y trabajadores de la compañía Hidroabanico, así como efectivos de la policía nacional. Una represión similar ocurrió el 6 de Marzo de 2007, cuando un grupo de personas reunidas en Limón, en el propio sitio de construcción de las torres de alta tensión, manifestaban de manera pacifica contra Hidroabanico/Sipetrol. En plena noche, los guardias de la compañía comenzaron a disparar; niños, mujeres y hombres fueron heridos por bala, y muchos fueron detenidos.

Aunque finalmente la segunda fase de Hidroabanico haya sido inaugurada, la movilización del 6 de Marzo permitió que se impidiera la construcción de los transformadores que permitirían la transmisión de la electricidad hasta Tundayme, por lo que de momento, se han paralizado las actividades de ambas Hydroabanico y Ecuacorriente.

Impactos ambientales

La explotación minera e hidroeléctrica ya ha generado varios impactos negativos para el ambiente y la salud de los pobladores del Sur-Este Ecuatoriano.

Hidroabanico presenta la hidroelectricidad, en varias campañas publicitarias, como una energía limpia, pero esta energía no es tan limpia, y tampoco beneficia a las comunidades si no que a las elites y a las empresas, comenta Mercedes Mancheno de la CDAVCM.

El Rio Abanico posee una de las aguas más limpias porque bajan de los paramos. La fuente viene del Parque Nacional Sangay. Pero ahora nos obligan a consumir agua turbinada. No pueden dar el agua que se encuentra antes de la turbina porque pierden presión para generar electricidad, entonces nos dan el desecho, [...] el agua que recibo en mi casa llega cargada de sedimento, ilustra Fernando Valarezo del mismo Comité.

Rosita Utitiaj, Dirigente de la Mujer y la Familia en la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), agrega que el descenso del nivel del río, al igual que la contaminación del agua con metales pesados, causados por la construcción de la represa, ha provocado la disminución de la población de peces en el Río Abanico.

En cuanto a las regiones concesionadas por la minería, los pobladores temen que la técnica a cielo abierto y la deforestación, así como la erosión que esta implica, cause la contaminación de sus tierras y ríos, dañe o destruya sus tierras agrícolas y ganaderas, y afecte la salud de sus familias. Además, se teme la destrucción de las áreas protegidas, como lo explica Erlinda Cuarpa del CDSNV-CP: No queremos permitir que gente extranjera venga y destruya lo que conservamos, lo único que tenemos en el mundo, porque este es pulmón del mundo entero, esta cordillera del Cóndor, y no podemos permitir que eso sea destruido.

Pero en ciertas regiones, estos temores se han hecho realidad. El Sr. Manuel Sucunota, poblador de San Carlos, cuya vivienda se encuentra a 600 metros de la compañía, afirma haber tenido problemas de deslaves en la comunidad a causa de las actividades de la empresa. En Warintza, comunidad Shuar en donde operaba Lowell Minerals, se reportan varios problemas de contaminación de las fuentes de agua, lo que ha causado varios daños a la vida acuática así como a la salud de los niños de la región.

Derechos humanos

Además de las fuertes represiones de las que fueron víctimas las poblaciones movilizadas contra las empresas durante paros y manifestaciones, estas siguen siendo victimas de amenazas, persecuciones y hostigamientos constantes.

El Concejal Tarquino Cajamarca, miembro de la Coordinadora Cantonal de Limón Indanza, asociación que ha denunciado las actividades de Hidroabanico/Sipetrol en Limón, al igual que tres otros miembros de la Coordinadora, recibieron ordenes de prisión preventiva el ultimo 6 de Julio, por parte de la Corte Suprema de Morona Santiago, a raíz de las denuncias hechas por Sipetrol. Nos acusan de terroristas y subversivos. Mi esposa fue disparada. A mí me golpearon y mis hijos fueron asustados. [...] Tuve que vivir en total clandestinidad durante meses con mi familia, sin que los parientes cercanos supieran en donde me encontraba, relata el Sr. Cajamarca.

Dos semanas después de haber recibido las órdenes de prisión, el Concejal fue nuevamente atacado en su domicilio con bombas lacrimógenas por gendarmes de la policía.

De igual manera, a los integrantes del CDSNV-CP, les han hecho 23 juicios, iniciados por el abogado de Ecuacorriente, en los que son igualmente acusados de terroristas, de porte de armas y de actos vandálicos durante las movilizaciones de Tundayme. Erlinda Cuarpa del mismo Comité, cuenta que la han amenazado de poner una bomba en su casa, aunque ella no haya participado a las manifestaciones por la que esta acusada. Además, según Rosita Redondi, Presidente de la comunidad Shuar del Pangui, el servicio de inteligencia del ejercito esta conectado con la compañía. Nos están vigilando, siguiéndonos a los lugares donde trabajamos para intimidarnos. También he recibido amenazas directas.

Manuel Antunish, Presidente de la Asociación Shuar de Limón, quien participó en varias de las movilizaciones contra mineras canadienses así como contra Hidroabanico, también es víctima de persecución y amenazas: Hay carros sospechosos que siempre transitan, por dos ocasiones casi secuestraron a mis dos chicas que iban al colegio, y así [...]. De parte de las compañías venían las amenazas. Y algunos militares me mandaron algunos mensajes, que me iban a bajar. [...] Estamos dispuestos a lo que venga porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Nosotros lo único que estamos defendiendo es la vida de toda la humanidad. [...] Por lo tanto no tengo miedo a morir. Si hay que morir con dignidad, hay que morir con dignidad y defender con dignidad la vida, porque la vida no tiene precio.

Estas historias representan solamente una parte de todos los casos de represión que escuchamos durante el viaje. La gran mayoría de las personas que fueron entrevistadas para este artículo han sido de una manera u otra, vigiladas, perseguidas o amenazadas por los colaboradores de las empresas mineras e hidroeléctricas a las que denuncian.

Derechos territoriales, soberanía local y nacional

Se ha comprobado que las empresas violan, además de los derechos humanos, los derechos colectivos así como leyes territoriales y ambientales.

Manuel Antunish comenta: Nosotros estamos consecuentes a defender nuestra vida y lo que es nuestro territorio. Porque de aquí nacimos, aquí existimos, nuestra generación, y no tenemos a donde ir. Adonde vamos a ir cuando vengan todas esas compañías aquí a asentarse. No tenemos otros territorios. [...] Mi abuelito ancestro me decía Defenderás tu tierra eternamente. Y eso es la misión que tiene que cumplir toda la generación Shuar, defender su territorio, porque el terreno es la vida.

Se teme que con las actividades mineras en la parte Sur del país, miles de familias se vean desplazadas. En ciertas zonas, las compañías hacen falsas promesas para ganarse el acuerdo de las comunidades que quieren reubicar. Ofrecieron ayudar al barrio de San Marcos, que van a pavimentar el parque. [...] Al transcurrir el tiempo, que paso? Nos dijeron que nos iban a reubicar a la parroquia de Tundayme. Pero nosotros no hemos aceptado esas reubicaciones [...]. Y [los de la compañía] nos engañaron diciendo también que nos iban a dar unas bonitas casas. Total, no se cumplió. Ellos nos quieren comprar, sabiendo que el pueblo de San Marcos tiene 30 años de existir, [...] tiene alcantarillado, tiene agua potable, iglesia, comedor, luz eléctrica y escuela. Entonces no es posible que ellos, porque tienen dinero, hagan lo que les parece, nos cuenta el Sr. Manuel Sucunota.

Gran parte del territorio tanto mestizo como Shuar, se encuentra concesionado por la compañía, sin que sus habitantes lo sepan, como explica el Sr. Aucay: Hemos logrado detectar, y a su debido tiempo, que el Ecuador no es nuestro. Esta concesionado en su totalidad, hablando de la región amazónica, y especialmente el Cantón el Pangui, Yanzaza, [Limón Indanza, San Juan Bósco] y Gualaquiza. No tiene un centímetro en donde no este concesionado. De tal manera, estas concesiones se dieron violando determinadas leyes y la constitución.

Los pobladores denuncian varias violaciones de las leyes constitucionales. Ellos han violado él articulo 84, 86 y 88 de la constitución, agrega el Sr. Aucay. Estos artículos, estipulan que las propiedades de los pueblos indígenas son imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles, que estos pueblos tienen total derecho de participar en la gestión de los recursos naturales presentes en sus tierras, que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la protección ambiental de sus territorios, y que las comunidades afectadas por todo proyecto que pueda afectar su medio ambiente, deben ser informadas y consultadas por los promotores [1].

Además, continúa el Sr. Aucay, lo que sí es alarmante es que de acuerdo a la ley de minería, ninguna persona natural, jurídica o extranjera, podrá tener más de 5 mil hectáreas de concesiones mineras, y la Aurelian Ecuador tiene 93 mil. La Corriente Resources, que es Ecuacorriente, tiene 67 mil. [...] Las concesiones están dadas como en tiempos de hace 500 años, cuando se vendían las haciendas con indios y todo. Se volvió a ese colonialismo extranjero.

Gloria Chicaiza de Acción Ecológica, expone que el gobierno, en Mayo de este año, emitió el Acuerdo ministerial no. 062, en el que se les da a las compañías un plazo de 180 días para socializar a las comunidades, antes que puedan inscribir sus registros mineros. Pero esto... –destaca Gloria– facilitó la entrega de concesiones, porque el gobierno delega a las empresas el deber de consultar a las comunidades, y las compañías sobornan a la gente para que firmen y así tener los requisitos.

Una de las principales denuncias de la población es que no se les ha respetado el derecho a la consulta en cuanto a la concesión de sus tierras. Los miembros de la Coordinadora Cantonal de Limón Indanza denuncian los abusos a las propiedades de los campesinos, en donde las empresas abren arbitrariamente zanjas y huecos sin previo aviso y les hacen firmar escrituras, sin informarles en realidad lo que eso implica, o sea la venta de sus propiedades.

En muchos casos, cuando las empresas socializan o consultan a las comunidades, lo hacen como una simple formalidad, y a veces hasta emplean medios de intimidación para convencerlas. Jorge Avila comenta: El acercamiento con las mineras y con las hidroeléctricas ha sido única y exclusivamente cuando hemos tenido enfrentamientos, [...] cuando queremos sentarnos a conversar, a dialogar, nos sentamos a conversar pero con 20 policías adentro, y con cientos de policías afuera. Cuando quieren que nos sentemos a conversar, nos han puesto denuncias en la fiscalía [...] ¿Pero que significa [socializar]? Significa preguntarle a las poblaciones enteras: ¿Este es nuestro proyecto, quieren hacerlo? Si la comunidad dice si queremos, se entra a trabajar. Pero si la comunidad dice No señor, gracias, no queremos, no pueden seguir con la concesión. Pero en esta provincia se les ha dado la concesión, nunca nos preguntaron, y empiezan a trabajar. [...] Yo soy Ecuatoriano, y tengo el derecho a saber lo que esta pasando, y tengo el derecho a decir sí o no.

Militarización y Complicidad de las autoridades

El ejército ecuatoriano, la policía nacional, al igual que ciertas autoridades provinciales como municipales de las dos provincias, quienes han sido sobornados o pagados a cambio de servicios por estas compañías, han actuado en complicidad con las empresas, las cuales aseguran, de tal manera, vigilancia y defensa para sus concesiones.

Domingo Ankuash, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) comenta: Los militares dan seguridad a las empresas, y cuando las nacionalidades reclaman sus derechos son amenazados de cárcel, acusados de subversivos, de terroristas, de guerrilleros.

Al mismo tiempo, como lo dice Jorge Ávila, el ejército ecuatoriano, y sobre todo la policía nacional, gana un porcentaje, aunque mínimo, por las explotaciones petroleras, mineras e hidroeléctricas, por lo tanto son pequeños inversionistas que tienen que cuidar su inversión.

Las empresas, además de que contratan a elementos del ejército y de la policía nacional, como se constató durante los actos de represión en Tundayme y Jimbitono, brindan vigilancia para las instalaciones de las compañías. Marco Ankuash, líder de la comunidad Shuar Charib, nos explica: Todavía esta prohibida [la entrada al campamento de la compañía en Tundayme] porque ahí hay un destacamento militar. (...) Ellos cuando ya escuchan que la gente esta agrupada aquí para pasar allá, entonces le avisan a los militares y enseguida vuelven armados, no dejan pasar.

La influencia política y económica que tienen las empresas, genera también, corrupción en las esferas políticas y jurídicas de las dos provincias. En el juicio del Concejal Tarquino Cajamarca, por ejemplo, acusado por Sipetrol de terrorismo y sabotaje, el fiscal a cargo del caso no permitió que se expusieran los testimonios del Concejal ni los de sus testigos, y se tomaron en cuenta únicamente las versiones de los trabajadores de Sipetrol. Además, Marko Ankuash cuenta que Hidroabanico le otorgó 80.000 dólares al alcalde de Macas, y 20.000 a los campesinos movilizados, para comprar su fidelidad.

Grupos movilizados y estrategias

El movimiento social en contra de las empresas mineras e hidroeléctricas en las dos provincias esta compuesto por una gran variedad de sectores de la población.

Varios de los movimientos campesinos o citadinos han creado diferentes coordinadoras, o frentes de defensa, a nivel local, formados por las bases, dispuestas a tomar acciones concretas para denunciar a las empresas. Algunas de estas asociaciones, como ya ha sido mencionado, son el Comité por la Defensa del Agua, la Vida y la Cultura de Macas, la Coordinadora Cantonal de Limón Indanza, el Comité en Defensa de la Salud, de la Naturaleza y de la Vida del Cantón El Pangui y la Coordinadora Campesina Popular, con base en Gualaquiza. En Enero de 2007, se fundó, en la ciudad de Cuenca, la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, a raíz de un esfuerzo de coordinación y construcción de redes entre las diferentes comunidades afectadas por la minería, en las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Imbabura. Uno de los principales objetivos que se da la Coordinadora Nacional, es ejercer presión sobre el gobierno Ecuatoriano para pedir la anulación de las concesiones de minería a gran escala en todo el país.

El movimiento indígena ha también constituido parte importante de esta lucha. La Federación Interprovincial de Centros Shuar, al igual que las Asociaciones Shuar locales bajo su jurisdicción, han participado constantemente a las movilizaciones en contra de la minería y de los proyectos hidroeléctricos. A nivel Amazónico, Domingo Ankuash explica que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana se ha dado como misión principal, partiendo de la voluntad de sus bases, defender sus territorios ancestrales de la invasión de las empresas transnacionales. Asimismo, Patricia Gualinga, coordinadora de la nueva Alianza de Pueblos Amazónicos en Resistencia (APAR), explica que el objetivo de esta red es iniciar acciones concretas contra las empresas transnacionales, de manera conjunta y en solidaridad con los pueblos amazónicos afectados.

En cuanto a las autoridades locales, ciertas instancias, como las juntas parroquiales, se han sumado a este movimiento. Las juntas han participado a los paros y movilizaciones y han coordinado sus acciones con las juntas indígenas así como con los diferentes Comités de defensa a nivel local. Milton Brito, Presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, señala que la gran mayoría de los presidentes de las juntas parroquiales de la provincia rechazan totalmente la explotación minera y denuncian los daños ambientales que ésta genera.

A parte de las marchas pacificas, protestas, paros provinciales, nacionales y los bloqueos de carreteras, las medidas de hecho como los desalojos y las tomas de tierras, han sido una de las estrategias de defensa territorial más efectivas de los ciudadanos movilizados, en casos en que las autoridades no han respondido a sus quejas.

En Octubre de 2006, en Rosa de Oro, lugar en el que Ecuacorriente había construido un campamento, del lado de Morona Santiago, los manifestantes, en su gran mayoría Shuar, tomaron la defensa del territorio en sus manos, y desalojaron a la compañía en una medida de hecho. Luego se estableció un campamento que ahora se ha convertido en una Asociación Shuar. Como lo explica Manuel Antunish: En la comunidad Rosa de Oro, el campamento fue desalojado por nosotros [...]. Aguantamos 3, 4 días, esos días nos costo mantenernos parados para que se retiraran. [...] actualmente, en Rosa de Oro esta constituida una comunidad Shuar. Están haciendo sus actividades ahí, tenemos previsto que para este periodo escolar posiblemente funcione ya una escuela bilingüe. Agregó que actualmente trabajan sobre aspectos legales para formar una comunidad constituida.

¡Las empresas contraatacan!

En reacción a los levantamientos en contra de las empresas, estas han ingeniado estrategias para contrarrestar la fuerza del movimiento social.

Una de estas estrategias ha sido llevar a cabo campañas de desinformación en los medios de comunicación locales, con el objetivo de desprestigiar a sus opositores y promover las ventajas de sus proyectos. Miguel Torres, del CDAVCM, cuenta que, después del levantamiento del 6 de Marzo en Limón, el dueño de Hidroabanico compró un radio difusor, y por medio de sus contactos con la prensa, a nivel local e internacional, difundió que había habido un acto terrorista en Limón, que protestantes armados y terroristas habían destruido las instalaciones de la compañía.

Otra de sus tácticas ha consistido en la antigua regla de divide y vencerás. Como ejemplo, Domingo Ankuash afirma que Ruben Naichab, ex miembro de la FICSH, ha sido sobornado por las empresas mineras para que promueva, a nombre de los Shuar, los beneficios de estas, en cuanto al desarrollo de los pueblos indígenas. En cartas de denuncia contra ONGs como Minas Alerta Canadá (Mining Watch Canada), el Sr. Naichab se ha presentado como el representante de la CONFENIAE, lo cual el Sr. Ankuash, presidente de la Confederación, ha desmentido rotundamente por varios medios. En esta carta, el Sr. Naichab critica el trabajo de Mining Watch, quienes, según el, contribuyen al empobrecimiento de los pueblos indígenas al denunciar las actividades de las empresas mineras [2]. Gabriel Romero, Dirigente de Trabajo de la FICSH, precisa que el Sr. Naichab, junto con sus seguidores, formó la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, una Federación que no es reconocida como legitima por la FICSH y que es totalmente independiente a la Federación Shuar de Zamora Chinchipe legitima que existía desde mucho antes. Los miembros de CDAVCM sospechan que el Señor Naichab ha sido financiado por Corriente Resources para promover una imagen positiva de la compañía.

Los miembros del Comité de Macas también explican que para amedrentar la movilización contra Hidroabanico, se ha comenzado a crear un sentimiento de regionalismo en cada una de las ciudades de Macas, Jimbitono y Limón, para tratar de seccionar el movimiento. También mencionan que se les han atribuido más poderes a los representantes municipales, y que se les convence de que no es necesario organizar consultas con sus ciudadanos.

Propuestas de desarrollo alternativo

La propuesta de la CONFENIAE, consiste, como lo plantea Domingo Ankuash, en asegurar las tierras de las nacionalidades Amazónicas para gobernarse con autodeterminación, con sus propias reglas, leyes, sin explotación de sus recursos naturales. Queremos declararnos gobiernos autónomos y manejar nuestro bosque, con leyes que reflejen nuestra cultura y visión, y que el estado garantice este sistema de gobierno.

Una de las alternativas de desarrollo más aceptadas a nivel biprovincial, ha sido la de la FICSH. Miguel Tankamash, presidente de la Federación, propone el Ecoturismo como vía alternativa de desarrollo: Queremos una provincia ecológica, para poder proteger el agua y el oxígeno para todo el planeta, frente a los cambios climáticos, y que este proyecto sea manejado por la provincia misma, con indígenas y colonos juntos. Queremos proteger este ambiente para todos los seres humanos, no solamente para los indígenas. Roberto Wachapan, Dirigente de comunicaciones de la Federación, agrega: Queremos cumplir con la voz de la base, o sea decir NO a las compañías mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio.

Además de estar de acuerdo con la propuesta de Ecoturismo, la gran mayoría de los Comités de defensa locales, proponen el desarrollo de la ganadería, de la agricultura y de la piscicultura como fuentes de ingreso alternativas. Erlinda Cuarpas precisa: El Pangui nunca ha sido minero. El Pangui ha siempre sido ganadero, y hemos vivido siempre de la ganadería y de la agricultura. No sé porque la gente piensa que sólo con la minería se puede vivir, ¡no!.

Solidaridad dentro del Movimiento

Marco Ankuash explica como se desarrollaron las movilizaciones de Noviembre en Tundayme: Conjuntamente nos unimos tanto Shuar, tanto Colono y tanto Saraguro, nos unimos, hicimos una sola fuerza, para poder defendernos.

Tarcicio Kuja, ex representante de la FICSH, opina que la raza nunca ha hecho nada para nadie, la lucha debería de hacerse unidos.

Habría también que tomar en cuenta el razonamiento de Mercedes Mancheno, del CDAVCM: Las luchas deberían de ser por la vida y no por una ideología.

En este sentido, Patricia Gualinga ha creado un precedente al formar el APAR, la cual, como nos explica, es una red apolítica, o sea que parte del mandato de la Alianza es evitar de meterse en debates políticos, porque hemos visto que estos son los debates que dividen a las asociaciones indígenas. Nosotros ponemos esas diferencias de lado y actuamos, nada más.

Notas

  1. [1] Constitución Ecuatoriana, Título III, Capítulo 5 de los Derechos Colectivos, Sección Primera de los Pueblos Indígenas y Negros o Afroecuatorianos, articulos 84, 86 y 88. Bibliotecas virtuales.
  2. [2] Carta de Ruben Naichab, dirigida a Joan Kuyek de Mining Watch Canada, 25 de Junio 2007.

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