Logo Llacta!

Territorio Awá: Escenario de batalla y confinamiento

Actualidad Étnica

Bogotá, 29 de agosto de 2007

Centenares de personas del sur del departamento de Nariño tuvieron que abandonar sus tierras en los últimos días debido a las confrontaciones militares entre Fuerza Pública, guerrilla y paramilitares, indicó una autoridad indígena de la región.

La Defensoría del Pueblo manifestó que las comunidades afectadas son indígenas Awá, afrocolombianos y campesinos de la zona. Es una situación muy grave de desplazamiento masivo, más de mil personas salieron hacia diferentes partes, dijo a Actualidad Étnica el Defensor Delegado para Minorías Étnicas Gabriel Muyuy. A esta situación se suma la actual crisis que se ha vivido la última semana en la frontera con el Ecuador, donde están en riesgo de desplazamiento alrededor de diez mil personas de 36 veredas, reveló por su parte la Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

El desplazamiento se debe a los fuertes enfrentamientos entre los grupos ilegales y la fuerza pública. Por eso le hemos solicitado a las autoridades y funcionarios estatales encargados que traten de prevenir el desplazamiento y proteger a los desplazados, porque es una situación muy crítica la que está viviendo el Pueblo Awá; en la región se presentan constantes desapariciones, asesinatos de civiles que nada tienen que ver con el conflicto armado, dijo a este medio un vocero de la Unidad Indígena para el Pueblo Awá de Nariño, UNIPA.

El delegado de la UNIPA también recordó las muertes y tragedias que han dejado los campos minados en Ricaurte y otros municipios nariñenses. Hoy la comunidad de Ricaurte sigue de luto; el pasado 18 de agosto dos indígenas Awá, Roberto y Alonso Guanga, fueron víctimas de campos minados.

Los más de mil desplazados que arribaron al vecino país del Ecuador recibieron la solidaridad y apoyo del presidente de Rafael Correa y varios de sus ministros; la angustia y la desesperación que viven los nariñenses que emigraron fue mitigada por la una voz de aliento de Correa, quien visitó todos los albergues junto con sus ministros para observar sus condiciones y reiterar su apoyo a los hermanos colombianos en este momento de crisis.

Ecuador está abierto a dar ayuda humanitaria, ésta es su casa, siéntanse como en su país, dijo el Presidente Correa, al tiempo que solicitó al gobierno colombiano, en forma muy respetuosa, explicar porqué la gente sale de su país.

Ante la Defensoría del Pueblo, las autoridades y comunidad Awá denunciaron hace menos de un mes que la presencia militar en su territorio ha conducido al desconocimiento de sus derechos y autonomía, al irrespeto de sus autoridades propias.

La presencia de actores armados en territorio Awá ha hecho que su cultura y espiritualidad entren en una profunda crisis y ha impactado de manera profunda su tejido social. El Awá es uno con la naturaleza, somos gente de montaña, y al perder contacto con nuestro territorio y con nuestra madre naturaleza estamos perdiendo el origen de nuestra cosmovisión. No se justifica de ninguna manera que se nos involucre en este conflicto, dijo el líder Awá Olivo Bisbicus, profundamente conmovido por la situación

Luis Sztorch, representante de ACNUR en Nariño, también se pronunció rechazando con vehemencia la utilización de una población para justificar la lógica de una guerra es a todas luces inaceptable.

Actualidad Étnica conoció por medio de la Defensoría del Pueblo, de voceros de la UNIPA y de un comunicado del Cabildo Mayor del Ricaurte, CAMAWARI y la ONIC, que la situación es muy compleja y se ha agravado con la muerte de otros dos personas como consecuencia de la explosición de minas antipersona. Nuestros territorios ya no son escenarios de paz y convivencia, se han convertido en escenarios de confinamiento, de batalla y disputa territorial, dejando así una larga historia de asesinatos, masacres, fumigaciones, desplazamientos masivos, desapariciones y detenciones, expresó Heder Burgos, coordinador de CAMAWARI

Ante la grave situación que atraviesa el departamento, la Gobernación de Nariño señaló que convocó el pasado 24 de agosto al Comité Nacional para Atención de Desplazados, con el fin de implementar un plan de contingencia para 25 municipios de Nariño que presentan un riesgo inminente de desplazamiento, y atender la grave situación de la comunidad indígena Awá.

Al momento, las ayudas humanitarias son adelantadas por delegados de ACNUR, la Defensoría regional del Pueblo, Pastoral Social, CODHES y representantes de la Zona de Fronteras y de la Secretaría de Gobierno del departamento de Nariño. El Gobernador de Nariño, Eduardo Zúñiga, reconoció en la Audiencia Defensorial del Pueblo Awá la penosa realidad que viven estas comunidades y la crisis social y humanitaria que atraviesa el departamento, y solicitó atención humanitaria de emergencia mientras se buscan salidas a la crisis.

Por su parte, la agencia de Naciones Unidad para los refugiados, ACNUR, informó que desde la semana pasada centenares de personas estaban llegando a la ciudad de San Lorenzo, ubicada al noroeste del Ecuador, provenientes de los poblados de Puerto Rico y Mata de Plátano, del departamento de Nariño al sur de Colombia. Por lo cual en coordinación con la alcaldía de San Lorenzo está registrando a las personas y poniendo en marcha el plan de contingencia existente.

La gravedad de las circunstancias preocupa al Alto Organismo Internacional, que ratificó que la mayoría de desplazados son menores de edad. En los últimos años, ésta es la tercera llegada numerosa de personas al noroccidente ecuatoriano. En noviembre del año 2005, más de 800 personas encontraron refugio temporal en San Lorenzo debido a enfrentamientos en el lado colombiano. En enero de 2007 un grupo de 37 personas llegaron por vía marítima a Tambillo en la provincia de Esmeraldas, por las mismas razones.

El departamento colombiano de Nariño en los últimos años ha sido escenario de enfrentamientos y de actos violentos que han motiva la preocupación internacional por esta zona, informó la ACNUR en un Comunicado. Gabriel Muyuy, por su parte dijo que el éxodo no sólo se concentra en Ecuador, sino en otros municipios como Ricaurte-Nariño, donde se albergan los deslazados que van llegando, en su mayoría mujeres y niños.

El gobernador del departamento de Nariño, Eduardo Zúñiga, le dijo a la gencia internacional de noticias AFP que miles de habitantes de apartadas regiones de su departamento se han visto obligados a abandonar sus viviendas, debido a los enfrentamientos armados y a las amenazas de la guerrilla, los paramilitares y narcotraficantes. El gobernador hizo un llamado a los organismos humanitarios ya que la situación es supremamente crítica, por los miles de desplazados que se registran.

En vista de la crítica situación de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) elaboró un informe de riesgo estructural que fue presentado ante las autoridades nacionales, regionales y locales, en Audiencia Defensorial el pasado 24 de agosto, que profundiza en los factores económicos, políticos, sociales y culturales que estructuran las condiciones de conflicto armado en esa región del país:

La zona cordillerana de Nariño se ha convertido en un territorio de confrontación armada no sólo por las ventajas militares que ofrece su localización y características geográficas, las cuales le garantizan elasticidad funcional como zona de retaguardia, zona de aprovisionamiento logístico o corredor de movilización, sino también por las ventajas políticas y económicas que derivan de la marginalidad, la exclusión y la ausencia del Estado respecto a la consolidación de un proyecto político insurgente y la diversificación de las finanzas con la explotación del cultivo de hoja de coca.

Dentro de los temas abordados en el Informe, se resaltan las características del conflicto armado en la zona cordillerana; la escasez, reproducción precaria, depresión e inestabilidad económica de la zona; la diferenciación, crisis y pervivencia de los movimientos sociales; la fragmentación, recomposición y recambio político; la atomización y capital social restringido; la acción estatal y cooperación internacional y la acción defensorial frente a los escenarios encontrados.

Otros temas tratados por el Informe, señalan como factores que generan riesgo para la población civil, la presencia histórica de las organizaciones guerrilleras; el enfrentamiento entre las guerrillas del ELN y las FARC; la aparición de nuevos grupos armados ilegales post-desmovilización de las Autodefensas y de organizaciones armadas al servicio del narcotráfico en la región.

Este Informe de Riesgo Estructural contiene una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y entidades competentes. Dichas recomendaciones apuntan a la intervención integral del Estado sobre las variables estructurales y factores coyunturales encontrados, que configuran el escenario de riesgo actual para la Población Civil.

La UNIP dijo a Actualidad Étnica que exige el cese de las confrontaciones militares en la zona, que ya no se imponga más sufrimiento a los indígenas Awá y que se les respete el derecho a la vida y a su territorialidad como zona de paz.

También las autoridades indígenas de Ricaurte y la Organización Nacional Indígena se pronunciaron en contra de acciones violentas que en últimas desarticulan la cultura y ponen en riesgo la pervivencia del pueblo Awá. La organización CAMAWARI y la ONIC, rechazamos toda acción de violencia y las estrategias de guerra inhumana, que se utilizan en la confrontación armada que desangra al país, pese a que el 10 de agosto se diera la audiencia defensorial a favor de este pueblo que clama en Nariño en medio del fuego cruzado en sus territorios ancestrales, hoy la violencia sigue arremetiendo contra nosotros.

También exigieron a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie con respecto a la resolución defensorial que aún no ha sido dada a conocer.

El presidente Correa recordó la obligación moral de ayudar a quienes necesitan y que incluso este principio está estipulado en convenios internacionales. Más allá de un conflicto o de si somos países vecinos o no, es un deber defender los derechos humanos y eso implica protección para la gente desplazada, dijo María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores, del vecino país.

[fuente]
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=5817

:: http://www.llacta.org ::