Quito, 17 de julio de 2007
Hace poco discutía con un representante de la industria petrolera sobre la conveniencia de explotar petróleo en áreas naturales ambientalmente sensibles como el Parque Nacional Yasuní. Él recomendaba la explotación bajo el argumento de que hoy las compañías petroleras internacionales trabajan con tecnologías muy avanzadas que permiten extraer petróleo con un mínimo impacto ambiental. También consideraba que nuestro país requiere de recursos económicos para dinamizar su economía, generar ingresos para el Estado y mejorar la situación de los ecuatorianos más necesitados.
Sin embargo, su primer argumento ignora las realidades políticas e institucionales que rodean a las actividades petroleras que se desarrollan en la Amazonia ecuatoriana.
No son las compañías petroleras las mayores responsables de la destrucción de las selvas orientales sino los colonos que se establecen alrededor de los nuevos bloques petroleros, por lo que de nada servirá que las compañías utilicen tecnología de punta, si su incursión incentiva el acceso de colonos. Algunos piensan que es posible limitar dicha colonización, pero una vez que a la industria petrolera se le ha permitido acceder a un parque nacional como el Yasuní, a las autoridades les será políticamente imposible bloquear la incursión de personas que deseen iniciar sus propias actividades económicas.
Y, desde ahí, todo será cuesta abajo. Los nuevos colonos presionarán por el desarrollo de caminos, lo que constituirá el inicio de la explotación maderera a gran escala. Una vez tumbada la selva, los sembríos agrícolas y otras actividades económicas ocuparán su lugar atrayendo a un mayor número de colonos. Cuando las nuevas comunidades alcancen una masa crítica, sus autoridades y líderes políticos empezarán a acosar a las compañías petroleras demandando que les faciliten todo aquello que el Estado les niega, como el asfaltado de los caminos para acelerar el traslado de madera y facilitar sus actividades agrícolas y comerciales.
Finalmente, en acuerdo con líderes políticos nacionales y con el apoyo de la burocracia petrolera estatal –usualmente ansiosa por obtener fuentes de recursos adicionales para cubrir su tradicional incompetencia– demandarán la caducidad de los contratos suscritos por el Estado con las compañías extranjeras bajo algún insólito argumento, con lo que, a fin de cuentas, terminará siendo la empresa estatal Petroecuador –no precisamente la mejor ni la más avanzada empresa petrolera del mundo– quien tome la posta del trabajo de explotación. Claro está, los eventuales daños ambientales que genere su primitiva operación los terminará endilgando a las compañías internacionales que operaron los campos inicialmente.
Esto ya ha sucedido en el pasado y es muy probable que, debido a las debilidades políticas e institucionales que sobreviven en el país, se vuelva a repetir en el futuro. Mientras no resolvamos esas debilidades, conviene detener el desarrollo de nuevos campos petroleros en las zonas naturales ecológicamente sensibles del país, que no tienen por qué cargar con el peso de nuestros problemas económicos ni políticos.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=124042&id_seccion=1
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