18 de junio de 2007
Si hay algo que no escucharemos ni leeremos en los mensajes de los comunicados, artículos y declaraciones oficiales de la última Cumbre del G8 en Alemania es el término justicia climática o deuda ecológica. Mientras se sigue argumentando, con escasas posibilidades de éxito, sobre la necesidad de ir más allá del Protocolo de Kyoto, la realidad que se presenta a los ojos de la opinión pública mundial es que una vez más la centralidad del crecimiento económico global toma ventaja respecto a la sobrevivencia del planeta. El asunto tiene que ver con todos, con las generaciones presentes y las futuras. Las conclusiones del IPCC (organismo de las Naciones Unidas sobre el clima) dan por descontada la alteración del clima causada por el modelo de desarrollo y calcula pérdidas por más del 20% del PIL mundial.
Un dato dramático para los teóricos del crecimiento que entienden bien como este escenario marcaría de un modo u otro el fin de la era capitalista, incapaz, como le sucedería a cualquier otro modelo, de soportar una crisis estructural de estas proporciones. Aquellos comunicados provenientes de algunos países del G8 y de la Unión Europea que proclaman que la cuestión del cambio climático debe ser afrontada de manera decisiva y determinante, no son el fruto de una conversión ambiental, sino de la convicción de que será la mano (in)visible del mercado, aquella de los mercados de permisos de emisiones, o de mecanismos de desarrollo controlado, la que remediará una cuestión que aparentemente se les escapó de las manos a aquellos que gobiernan el orden mundial. En este sentido, el aparente autismo de la administración Bush es realmente la lúcida consecuencia de la imposibilidad del actual paradigma de salir de la dependencia a los combustibles fósiles y de la urgencia de asegurar se el control de esos recursos así sea con el uso de la fuerza militar. Preocupaciones no solo de Washington, porque también es cierto que la OTAN, Italia incluida, discute sobre cómo poder intervenir en la protección de las rutas de petróleo y de oleoductos estratégicos en caso de emergencia.
Con estos presupuestos ningún acuerdo, más allá de las apariencias, fue posible en la cumbre del G8. Ninguna justicia climática podrá darse si el cuadro de referencia en el que se mueve es aquel de mitigar la dependencia a los combustibles fósiles, como si el metadone fuera la cura definitiva de la dependencia a la heroína.
Y aun así alguien lo está probando. Y no se trata de una multinacional en búsqueda de una nueva imagen verde, o de reducidos grupos de ecologistas neoluditas [1]; sino de una red de asociaciones y movimientos que ha decidido de afrontar la cuestión partiendo de la idea de que el comercio de las emisiones y los mecanismos de desarrollo controlado son fórmulas elaboradas a propósito para no golpear los intereses de las multinacionales petroleras, principales responsables del calentamiento global. Es precisamente el comercio de las emisiones el que traslada la responsabilidad y los implantes sobre el Sur del mundo, creando consecutivas amenazas y haciendo pagar a los varios Sures el precio del desarrollo insostenible del Norte opulento y consumidor de energía que a toda costa persiste en mantener sin alterar su estilo de vida. El mercado de las emisiones de hecho legitima un subsidio a aquellas empresas responsables de los cambios climáticos y un estimulo a los países que mayoritariamente consumen petróleo y continúan a manteniendo el actual modelo. En la situación actual no lo podemos permitir más.
El petróleo es uno de los principales factores del efecto invernadero y es por esto que todas las operaciones petroleras tienen una deuda con el clima. Desde hace años se habla de una moratoria sobre las extracciones petroleras en las áreas más importantes de biodiversidad del planeta. Han sido los movimientos sociales latinoamericanos quienes en estos años han impulsado esta idea, invirtiendo el concepto de la deuda e introduciendo nuevas claves de lectura para medir el concepto de desarrollo y de eficiencia económica. Precisamente, gracias al análisis y a los nuevos instrumentos de lectura rebelados por el concepto de deuda ecológica es que los movimientos y los países del Sur del mundo se han definido, por primera vez, países acreedores y no deudores en confrontación con el norte. Una inversión cultural de prospectiva articulada a una fuerte propuesta que ha sido lanzada a todos los gobiernos de los países occidentales, partiendo de una prospectiva de afrontar juntos las grandes cuestiones de nuestros días.
Hoy esta propuesta fue asumida y reimpulsada por el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, presidente de un país productor y dependiente de las exportaciones de petróleo. El ex-ministro de la energía, Alberto Acosta, ha lanzado –no sin dificultad y conflictos con Petroecuador– la propuesta de no explotar pozos de petróleo presentes en áreas de alta biodiversidad como es el caso del parque del Yasuní. Su objetivo es un triple: respetar los derechos de los pueblos nativos, conservar la biodiversidad y controlar los cambios climáticos. A los países ricos les tocaría dar una compensación del 50% de lo que el Estado ecuatoriano ganaría en caso de explotaciones de yacimientos, un verdadero obsequio al principio de las responsabilidades diferenciadas en relación a los cambios climáticos. Es legítimo que un país del sur que asume como punto central de su política la responsabilidad hacia el ambiente y hacia todos los otros pueblos de la tierra, sea por lo menos compensado por sus esfuerzos y por la ausencia de ganancia que esto comporta. Es un modo de reconocer la deuda ecológica de nuestro modelo de consumo y desarrollo.
Esperamos que después de las declaraciones de apoyo de algunos países europeos como España y Noruega, también Italia acoja la ocasión para practicar concretamente una verdadero cambio de ruta auténticamente basado sobre la justicia ecológica y ambiental.
Publicado originalmente en Il Manifesto (13 de junio de 2007)
[fuente]
http://www.asud.net/news/news.php?nw=77
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