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Reflexiones sobre un sorprendente giro político

Javier Ponce

Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), Análisis de Coyuntura

Quito, 30 de abril de 2007

El Ecuador decidió el domingo 15 de abril de 2007, por una sorpresiva mayoría –82 por ciento del electorado– convocar para el próximo octubre a una Asamblea Constituyente –ofrecida por Rafael Correa durante su campaña– que rediseñe la estructura del Estado, permita un relevo de los liderazgos políticos, devuelva al país una institucionalización renovada que actualmente vive una de sus más profundas crisis y encuentre el camino para la aplicación de un conjunto de derechos fundamentales, ya existentes en la actual Carta Constitucional.

Los resultados de la consulta popular del 15 de abril representan el punto culminante, tanto de una agitada coyuntura política de los últimos meses, como de una transición democrática con importantes lecciones para el futuro.

Además, ese día Rafael Correa cumplió tres meses de ejercicio del poder y es posible vislumbrar las orientaciones y el espíritu que animarán a su gobierno.

En cuanto a lo primero, la contundencia de la victoria del impulsado por el gobierno y su partido Alianza País, fue suficiente para poner punto final a un período de tres meses de agitación política y de confrontación entre, por una parte los partidos tradicionales parapetados en el Congreso y opuestos a una Asamblea Constituyente, y por otra un Tribunal Supremo Electoral en el que el gobierno consiguió revertir las tendencias y viabilizar la convocatoria a la consulta popular del 15 de abril.

Es difícil y al mismo tiempo irrelevante detenerse en la controversia sobre las posibles inconstitucionalidades que uno u otro sector pudieran haber cometido durante su aguda confrontación de los últimos dos meses. Y la irrelevancia viene dada, en primer lugar, porque lo que se dirimía no era el estricto cumplimiento de la letra de la ley, y de una Constitución que ha sido violentada en el país desde que fue dictada en la Constituyente de 1997, sino que se trataba de un debate y una confrontación eminentemente políticos; en segundo lugar, porque el resultado de la consulta popular legitimó el deseo de la mayoría absoluta de ecuatorianos de ir a una Asamblea Constituyente, tema que debe ser la perspectiva de nuestros análisis este momento.

En síntesis y aunque parezca insólito, la aguda crisis política que los actores institucionales fueron tejiendo y enredando de manera vertiginosa a partir de mediados de enero, se disolvió con la misma facilidad con que fue creada. La abrumadora mayoría que se pronunció por el dejó atrás todos los intentos por obstaculizar la Asamblea Constituyente y se convirtió en una especie de legitimación de la nueva situación política originada con el gobierno de Correa.

El Tribunal Supremo Electoral ha continuado con el proceso de organización de la elección de los asambleístas, como si nada en contrario hubiese ocurrido; y el Congreso Nacional ha vuelto a funcionar en la forma desordenada e irregular que le ha caracterizado desde hace una década, con los legisladores que reemplazaron a los 57 destituidos por el Tribunal Supremo Electoral durante el conflicto que enfrentó a la mayoría parlamentaria con el Tribunal.

Las lecciones de la consulta de abril

Las primeras reflexiones que saltan a la vista a partir de los resultados del 15 de abril, pueden resumirse en lo siguiente:

La campaña montada por la oposición se había fundado en el miedo. Miedo sustentado en prejuicios y oráculos: Correa representa el chavismo y el comunismo; está en riesgo la dolarización y el fantasma de un retorno a una moneda nacional con todos sus efectos traumáticos; la Asamblea representa el caos; Correa quiere ser un dictador; etc. Se llegó a delirantes comparaciones: nos vamos a convertir en una nueva Corea del Norte y Correa es un nuevo Stalin.

El miedo no funcionó. El No alcanzó una votación muy reducida: el 12 por ciento. Detrás del miedo y la amenaza no existía propuesta alguna. La oposición había vaciado su propia imagen y su propio discurso político. Ninguna alternativa como no sea el ejercicio imaginario del espanto. Nada.

Ese límite de una derecha ecuatoriana convertida en la sombra de sí misma, nos lleva a pensar en la necesidad de que ese sector político del país se mire profundamente y busque nuevos cauces, nuevas razones, nuevos liderazgos. Si la oposición habla del peligro de un Rafael Correa autoritario y envanecido por el triunfo, la única posible respuesta de los sectores descontentos es la construcción de una nueva derecha, pero surgida en la escena política y no en los corrillos de los gremios empresariales o entre los que se consideran herederos –por ejemplo la agonizante Democracia Cristiana– de la derecha ecuatoriana.

Sin embargo, de esa especie de no-lugar, de orfandad de propuestas, de vacío político, que caracteriza a todo el discurso actual de la derecha y que optó por la propaganda del miedo, no hay de qué sorprenderse.

Si repasamos la historia de las últimas tres décadas, frente a todos los intentos por remover el estado de cosas, vamos a encontrarnos con la misma respuesta: el miedo sustentado en las elucubraciones sobre un futuro oscuro y lleno de riesgos.

¿Es posible la concordia con desigualdades?

Fueron característicos en los días anteriores a la consulta popular, ciertos llamados a la concordia y a bajar el tono violento y a evitar la división entre ecuatorianos, por parte de la oposición y la derecha.

Nos dejan tan perplejos ciertas afirmaciones hechas con tanta sangre fría... o con menosprecio por el significado de las palabras. Por ejemplo, leímos un comunicado público de una cámara de empresarios reclamando convivencia pacífica y armonía.

¿En qué país se pronuncian esas frases? En uno de los tres países con más altos índices de desigualdad económica de América Latina. ¿Armonía entonces? ¿Convivencia pacífica entre quiénes? ¿Entre los más pobres y los que con desparpajo reclaman armonía? ¿Convivencia pacífica con una herida tan profunda?

Los medios de comunicación, al mismo tiempo, han dictado cátedra sobre todo desde las columnas de opinión... ¿No es posible hacer un esfuerzo por diseccionar con un poco más de sutileza la crisis política, y evitar generalizaciones que lo que han conseguido es echar más leña al fuego?

Durante los últimos meses se ha evidenciado que los medios de comunicación, detrás de sus declaraciones de neutralidad y de apoyo al cambio, subrayan todos los posibles deslices verbales de Rafael Correa, hasta querer convertir a la propuesta de cambio y de Asamblea Constituyente en un monigote. ¿Era ése su objetivo? ¿Relevar todas las dificultades y las contradicciones en torno a una Asamblea, para que ésta llegue tan calumniada que finalmente fracase?

¿Desde dónde hablan los medios? ¿Desde qué representación? ¿Desde qué historia de comunicación democrática en nuestro país?

Por ejemplo, se escuchan angustiadas voces en defensa de la institucionalidad democrática. Y nos preguntamos a qué se refieren esos cantos de sirena.

Tal vez, lo que estamos observando es la batalla última de los partidos políticos agazapados en la letra de la Constitución, en vez de haberla honrado durante su ejercicio de la gestión pública. Durante años acumularon municiones en las instituciones constitucionales para que, llegado el momento de su agonía, desafiar a sus opositores, demostrar quién controla más y mejor el despojo de la institucionalidad, acumular más piedras en el camino de la Asamblea. Ocurrió sin embargo un hecho particular: un Tribunal Constitucional dominado íntegramente por los partidos de la oposición soslayó inicialmente su pronunciamiento contra las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, pero finalmente revivió momentáneamente la crisis con un pronunciamiento a favor de los diputados de la oposición destituidos, una decisión finalmente inútil en vista de que la crisis se ha agotado.

Lo que merece un análisis es el hecho de que, partidos como el Social Cristiano y el PRIAN, una vez destituidos sus diputados y traicionados por los sustitutos que ocupan ahora sus curules legislativas, demostraron no existir como estructuras. Por fuera de los dirigentes que estaban en el parlamento, no existe prácticamente nadie, no existe dirigencia, no existen bases. Este es un viejo vicio de los partidos tradicionales: las dirigencias han sido siempre, a su vez, los bloques parlamentarios, lo que ha hecho que no exista acción política por fuera de la que podían ejecutar en el parlamento. Expulsados de él, no existen.

Los viejos partidos –Social Cristiano, Izquierda Democrática– y los nuevos tan rápidamente envejecidos –las organizaciones PRIAN de Álvaro Noboa y PSP de Lucio Gutiérrez–, se baten en retirada arrastrando todo lo poco de institucionalidad que resta. Es la obscenidad del discurso y de la intriga. Allí cuando toda seducción con la que el político ejerce la representación, se ha corrompido de tal modo, que no protagoniza otra cosa que la obscenidad política.

No más confrontaciones, se reclama. ¿Cómo se compara y se coteja una situación con otra, sin confrontación, sin careo? Los que niegan la confrontación, confrontan. La hipocresía de las formas. Y detrás, el miedo. No a Correa. No. El miedo a ser descubiertos desnudos por el poblado.

Tal vez, el debate entre el y el No de una Asamblea Constituyente, necesitaba de una derecha con argumentos, con propuestas. De modo que los ciudadanos que creen en el No tengan algún motivo para estar allí, por más allá del espanto. La derecha nos quiere conducir a una aparente sin–salida: el país no tiene propuesta alguna, la Asamblea no va a solucionar los problemas del país, cualquier intento de cambio estructural sólo es manifestación de caos. Sin embargo, los resultados del 15 de abril fueron un desmentido a ese cul-de-sac y permitieron salvar la legitimidad de la próxima Constituyente que, con tanto discurso dirigido a deslegitimizarla nos hizo temer que enfrentaríamos una Constituyente controvertida y debilitada desde su inicio. Es difícil, ahora, ponerla en duda acusándola de ilegal o inconstitucional.

Un vuelco al descontento y la indiferencia

Pero la lección más importante de los resultados de la consulta popular reside en un hecho sorprendente: el voto nulo alcanzó un cinco por ciento y el voto en blanco un 0.7 por ciento. Esto representa en el Ecuador un cambio profundo de comportamiento del electorado, pues estábamos acostumbrados, desde los primeros años de la actual etapa democrática inaugurada en 1978, a porcentajes de votación nula y en blanco que juntas fluctuaban en torno al 30 por ciento.

Esta drástica reducción habla, al menos por el momento, de una modificación en el horizonte de indiferencia, de desencanto de la población frente a los actores políticos, a un vacío de representación y de liderazgo en los partidos. Una cuarta parte del electorado abandonó en la consulta popular ese comportamiento de auto exclusión, lo que contribuye de manera importante a modificar el escenario de participación ciudadana en las decisiones políticas y abre la necesidad de que se concreten, en la nueva Constitución, formas de participación popular que vayan más allá de los rituales electorales. Sólo estas nuevas formas podrían consolidar la reversión del voto nulo y en blanco ocurrida el 15 de abril.

Este hecho va a la par y se relaciona con otro, sin que necesariamente estemos hablando de un fenómeno de causa y efecto. Y es el estilo impuesto por Rafael Correa al ejercicio del poder y de la política.

La derecha y los analistas de la oposición han insistido de manera reiterativa en la exigencia de que el presidente Correa abandone la tarima de campaña electoral y se dedique a gobernar, como si el ejercicio del gobierno fuera el de un simple administrador al margen de la acción política. Además de que esa comprensión de lo que ocurre nos llevaría al segundo aspecto de este análisis –la acción de gobierno–, nos provoca calificarla de ceguera frente al estilo político del mandatario. Lo más fácil es recurrir a calificativos como populista, autoritario, insultador o desestabilizador de la democracia. Simplemente nos parece que la lectura de lo que está ocurriendo, del manejo de los símbolos y el cambio de recursos del discurso, debe abandonar interpretaciones de Perogrullo.

¿Acaso el país necesitaba de un manejo simbólico que le devolviera confianza en sí mismo?

Correa cierra todos los actos públicos y los menos públicos –por ejemplo una sesión solemne de la Superintendencia de Compañías– con la entonación emotiva de un himno que se ha convertido en alternativo al Himno Nacional, en un gesto que para más de un académico o analista político puede resultar de muy mal gusto. ¿Podemos quedarnos en esa apreciación superficial? ¿No existe detrás, la búsqueda de un modo renovado de vivir la política, con un significativo impacto en una población que, en las encuestas latinoamericanas aparece como una de las más pesimistas e indolentes frente al hecho político?

¿Estamos simplemente ante un nuevo rostro del populismo y un remedo del nacionalismo chavista?

No creemos que por el momento podemos ir más allá de los interrogantes. De todos modos, éstos pueden ser más enriquecedores que las certezas simplistas.

Igualmente, se requiere de un análisis más detenido del papel que han jugado en el Ecuador las asambleas constituyentes. Uno de los caballos de batalla de la oposición ha sido el afirmar que el país ha vivido alrededor de veinte asambleas constituyentes que no han solucionado los problemas fundamentales de pobreza y de inestabilidad política. A simple vista, este argumento parece válido, si no se mira con más profundidad la relación entre las sucesivas crisis políticas, las transiciones y las modificaciones vividas por el país desde que es República.

María Paula Romo, una de las figuras destacadas de la nueva generación política usa una imagen que nos sitúa en otro campo del análisis: si la Constitución debe ser única y permanente a través de las décadas, tendríamos que asumir que ciertas conquistas fundamentales como el derecho al voto de las mujeres y de los sectores desposeídos, que fueron sucesivamente negados en las primeras constituciones del Ecuador, hasta entrado el siglo XX, no se habrían alcanzado. ¿Que el Congreso Nacional podía modificar una Constitución única? Aquello resulta insostenible si se mira el carácter oligárquico del país reflejado en los congresos. Los cambios tenían que venir, necesariamente, de nuevos estados de la nación, de nuevas correlaciones de fuerza que acabaron expresándose en las asambleas constituyentes. Por tanto, éstas constituyen escenarios con características muy particulares en el Ecuador. Se trata de una nación que no acaba de encontrar una estructura más equitativa, que no cuenta con un proyecto claro de nación, que requiere estar periódicamente repensándose en sus fundamentos. Aquello no se soluciona, evidentemente, de manera definitiva, en una Asamblea Constituyente ni en un Congreso regular. Es un proceso que nos seguirá conduciendo a reformulaciones constitucionales y a un paulatino afinamiento de las instituciones, a partir de las experiencias vividas y las transiciones políticas.

La expectativa de las reformas políticas

Todavía es temprano para adelantar cuáles serán los grandes temas de la reforma política; sin embargo, es evidente que se producirán tanto en los aspectos del funcionamiento democrático del Estado y de su racionalidad interna en lo que se refiere a sus funciones, como en modificaciones de envergadura en terrenos como el control social, el modelo económico o la administración territorial, el papel de las Fuerzas Armadas, la ampliación y concreción de formas de control social y rendición de cuentas, reglamentaciones sobre la aplicación de los derechos constitucionales, etc. Al respecto, nos parece oportuno retornar a algunas de las expresiones formuladas en nuestro análisis de coyuntura último, del mes de diciembre de 2006:

La reforma política será necesario alcanzarla en medio del conflicto social y político. Y en ese punto viene una segunda constatación: el proyecto político de Rafael Correa va a necesitar de una constante movilización de los sectores sociales para defender la posibilidad de una Asamblea Constituyente.

Vigilancia y movilización se convierten en la principal tarea de los movimientos sociales en el año 2007. Vigilancia y movilización no sólo para asegurar la reforma política sino para constituir formas de participación en ella.

Sin embargo, no podemos soslayar un hecho: los movimientos sociales pasan por una crisis. Se han silenciado. La propia candidatura de Alianza País se construyó sin los movimientos sociales. Quien actuó de manera decisiva en la segunda vuelta fue la ciudadanía, que se movilizó espontáneamente para contrarrestar una peligrosa brecha que aparecía en las últimas semanas de octubre de 2006 en las encuestas políticas, a favor de Noboa.

La nueva coyuntura, quizás puede ser el escenario para una recuperación de fuerzas sociales como el movimiento indígena o el campesinado costeño. Por lo demás, el aspecto más importante del nuevo gobierno en el ámbito social será el convertirse en un espacio para que la ciudadanía continúe avanzando en un proceso protagonizado en la última década y media. En cambio, un triunfo de Álvaro Noboa nos habría devuelto a un punto muerto, a un grado cero de ciudadanía.

Junto a ese crecimiento ciudadano que desembocará en la Asamblea Constituyente, está la perspectiva de nuevas formaciones políticas. La existencia de la propia Alianza País necesitada de diseñar su horizonte político y doctrinario que por hoy no tiene otro asidero que su programa de gobierno; o de otras formaciones en marcha como Alternativa Democrática, una interesante confluencia de sectores políticos jóvenes provenientes de las filas de Pachakutik y Ruptura de los 25 que se encuentran estructurando un nuevo partido.

En efecto, la concreción de la Asamblea Constituyente se ha dado por presión del gobierno de Correa; si bien no fue el producto directo de amplias movilizaciones sociales, sí existió una actitud vigilante activa por parte de los sectores sociales favorables a la Asamblea. Y el reto reside en que la Asamblea sea el escenario para el surgimiento de nuevas organizaciones y discursos políticos.

Frente a este reto, es necesario valorar dos hechos: la reforma política se ha ido constituyendo a través de los últimos dos o tres años en el centro de los movimientos sociales y políticos jóvenes, por lo que su conversión en la bandera electoral de Correa es el producto, en buena medida, de esa corriente. Pero en segundo término hay que tener en cuenta la enorme debilidad actual de los movimientos sociales y de nuevos actores políticos, lo que concede excesivo peso a la imagen y la voluntad del presidente Correa en el seno de la Asamblea Constituyente. Inclusive su partido, Alianza País, fue creado en función de la elección de Correa y carece de estructura.

Lo importante frente a las elecciones de asambleístas es la articulación de una sola tendencia dentro de la cual convivan diversas posiciones y criterios y se fortalezcan nuevos liderazgos y fuerzas políticas con independencia del gobierno; no para engrosar filas de la oposición sino para estar en capacidad de contribuir a los cambios desde una auténtica democracia y desde los consensos. Esta tendencia no necesariamente podrá tener una lista única sino que será el producto de diversas alianzas nacionales o regionales y de más de una lista electoral.

Los primeros cien días del gobierno

En cuanto al segundo aspecto de nuestro análisis, las realizaciones concretas del gobierno de Correa en estos primeros cien días, hay que destacar el hecho de que, en este corto período se han concretado las primeras ofertas de campaña, lo que ha devuelto a la imagen presidencial una credibilidad que se había perdido en los últimos años.

Entre las acciones cumplidas, podríamos subrayar desordenadamente algunas:

¿Hacia una moratoria petrolera?

Tal vez la propuesta más audaz y de mayor significado del gobierno actual sea la formulada por el ministro de Energía Alberto Acosta en torno a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Se trata del yacimiento petrolero más importante del país, conocido como el ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), cuya explotación se ha postergado durante varios años.

Alberto Acosta ha propuesto intentar un giro sin precedentes en la política petrolera: dejar sepultados en tierra los cientos de miles de barriles de petróleo de los yacimientos existentes en el subsuelo del Yasuní. Aquello sería posible si gobiernos del Norte y organizaciones ecologistas entregan como compensación al Ecuador el cincuenta por ciento de lo que producirían los campos ITT en caso de ser explotados. Este compromiso se realizaría a través de bonos a ser colocados a nivel internacional y frente a los cuales el Ecuador se compromete en el futuro a mantener inviolado el territorio del parque al que se refiere la propuesta.

¿Es un sueño? No necesariamente, si se tiene en cuenta el enorme valor simbólico que podría tener en el mundo un paso de esta naturaleza y de estas dimensiones, en pleno clímax de la amenaza del calentamiento global. Sería una primera medida concreta, en la que las sociedades del Norte reconozcan a un país amazónico por su esfuerzo por conservar un espacio que contiene la mayor biodiversidad del planeta y es una de las 24 áreas prioritarias para la vida silvestre del mundo. Se trata del territorio en el que habitan tres grupos humanos: tagaeri, taromenani y oñamenane, y se articularía a otra iniciativa del régimen: la constitución del programa referido a los pueblos en aislamiento voluntario.

En los primeros contactos realizados por Alberto Acosta, un gobierno, el de Noruega, ya ha reaccionado con interés.

De cumplirse, no sólo cambiaría el rostro de la lucha contra la depredación de la Amazonía a nivel regional, sino que sembraría el primer ejemplo de lo que puede ser una concepción distinta del desarrollo que no esté sustentada en la simple y voraz acumulación de capital.

Si se trata de un sueño, es uno alimentado desde hace más de una década por nacionalidades amazónicas que han hablado de luchar por una moratoria petrolera, por salvar de la extinción lo que resta del bosque amazónico ecuatoriano. Y actualmente existe un pueblo, Sarayaku, que se enfrenta no sólo a empresas petroleras sino a soldados ecuatorianos que protegen a las empresas.

Sarayaku ha conseguido hasta hoy impedir que su territorio se siembre de muerte.

Por otra parte, la propuesta de Acosta nos coloca frente a uno de los temas claves en el país: su alta dependencia de una explotación petrolera que, al momento de hacer cuentas, puede significar una pérdida en la medida en que el grueso del rendimiento queda en manos de las transnacionales y los impactos ambientales son superiores a los beneficios; nos obliga a mirar al Ecuador por más allá del espejismo petrolero, revisar unas cifras que hablan de un dramático deterioro de todas las actividades productivas, maquillado por los dólares provenientes del petróleo; nos obliga a considerar a la Amazonía como fuente de otras riquezas que no sea exclusivamente la petrolera; y si ésta la entregamos a manos transnacionales, es posible, con un cambio tan profundo de horizonte que ya no se sustente en el petróleo, construir una relación menos agresiva con la región y su biodiversidad, una relación que se contagie de la armonía de la región.

La Amazonía ecuatoriana reúne dos catástrofes: la que viven sus poblaciones, con nacionalidades en vías de desaparición, y una pobreza que afectaba a inicios de la década al setenta por ciento de la población; y la catástrofe ambiental con un treinta por ciento del bosque original totalmente devastado.

La ambición por controlar la riqueza amazónica no ha tenido límites a través de la historia, desde los años sangrientos del caucho hasta las intenciones por hacerse con sus fuentes de agua dulce. Por eso, una decisión que representa la voluntad política de definir el futuro de la Amazonía, es un hecho inédito y valiente.

El retorno a un horizonte con futuro

El signo más importante del inicio de gobierno de Rafael Correa es el haber evidenciado la voluntad de tomar distancia de los grupos tradicionales de poder económico y político –aunque en el gabinete aparezcan algunos actores con historia–, de combatir una política sustentada en intereses privados e incluso de sectores mafiosos y corruptos. Todos los gestos de sus principales ministros hablan de replantearse la orientación de sus ministerios en términos de encontrar mayor coherencia a la acción del Estado e independizarlo de la influencia de intereses patrimonialistas; aunque en ese esfuerzo se siembren incertidumbres como las referidas al tratamiento de la deuda externa, tema hasta hoy maltratado por el régimen.

Existe, finalmente, un elemento simbólico muy importante, identificado por el régimen en torno al término soberanía, que puede permitir la recuperación de la confianza de los movimientos sociales y sectores populares en sus propias capacidades.

Todo ese estilo del presidente Correa le ha valido el adjetivo de autoritario, aspecto que es importante dilucidarlo a la luz del comportamiento que tengan los nuevos actores políticos y las fuerzas que actúen en la Asamblea Constituyente, de modo de descifrar, más allá de los oráculos, si la intención del gobierno es forzar una Constitución a su medida.

En ese sentido, es obligación de los movimientos sociales y las nuevas agrupaciones políticas robustecer sus propuestas independientes en la Asamblea Constituyente, convertirse en un factor de transparencia y de democratización del debate para fortalecer la construcción de una Constitución que profundice derechos de la ciudadanía, políticas de redistribución de la riqueza y modelos participativos de la institucionalidad pública, por más allá de una coyuntura gubernamental.

[fuente]
http://www.cepecuador.org/

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