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La muerte de Paúl Guañuna, otro abuso policial

Blanco y Negro

Quito, 9 de abril de 2007

Ya vuelvo mami. Con esta frase y un beso en la mejilla se despidió Paúl Guañuna Sanguña de su madre, María Piedad Sanguña, la mañana del sábado 6 de enero. Fue la última vez que ella lo vio con vida.

Antes de salir de la tienda de abarrotes de María Piedad, le pidió $1,50 para viajar en bus desde Zámbiza (nororiente de Quito), donde vivía con sus padres y dos hermanos, hasta el colegio Veinticuatro de Mayo. Allí asistiría a un evento deportivo y luego iría a un festival que se desarrollaría en San Carlos, al norte de la ciudad.

Paúl, quien estaba por cumplir 17 años de edad, vestía jeans, camiseta verde, zapatillas y una gorra de camuflaje. La madre cuenta que prometió llamarla por teléfono si demoraba más de la cuenta.

Alrededor de las 09:00, Paúl se encontró con su amigo Christian, de 14 años, y un primo de este. Juntos subieron a un bus de la Ecovía que los llevó hasta el Veinticuatro de Mayo. En el lugar estaban otros amigos, entre ellos Pedro.

La simpatía y destreza de las bastoneras motivaron entusiastas comentarios de los jóvenes, quienes pasado el mediodía salieron rumbo al parque Inglés, de San Carlos, donde se realizaría un festival de hip hop. Al llegar les dijeron que el evento había sido suspendido.

Entonces decidieron volver a Zámbiza, pero en lugar de eso caminaron hacia la zona de El Inca, donde compraron cervezas en una tienda. Eran cerca de las 16:00.

Cuatro horas después se dirigieron a la intersección de las avenidas El Inca y Seis de Diciembre, donde se alejaron dos chicos que iban a Cotocog. Paúl, Pedro y Christian emprendieron caminata hacia Zámbiza.

En el trayecto, Pedro sacó un marcador y retó a los otros a pintar las paredes. Christian aceptó la propuesta y se puso a rayar la palabra mapas, diminutivo de Mapagüiras, el nombre del grupo barrial al que pertenecían.

Enseguida Pedro gritó ¡corran! y junto a Paúl corrieron en dirección a El Inca. Pero Christian se quedó inmóvil ante la presencia repentina de un patrullero.

El joven declaró que dos policías le arrinconaron y le quitaron una billetera vacía y un teléfono celular. Uno de ellos lo golpeó en la mejilla izquierda, luego lo subieron en el asiento trasero y le rociaron gas.

El patrullero continuó su recorrido por el sector y, al cabo de pocos minutos, Paúl fue encontrado en uno de los callejones.

Christian recuerda que en un momento el auto disminuyó la velocidad y un policía lo empujó hacia la calzada. Cuando entreabrió los ojos, lastimados por el gas, vio que el vehículo se alejaba raudo. Paúl iba adentro. Al día siguiente su cadáver fue hallado en una quebrada.

A cada rato preguntaban por el jefe de la banda.

Los implicados dicen haber liberado a los chicos 500 metros antes del puente, porque no conocían la zona

Eran dos policías. Uno era alto y el otro de mediana estatura, refiere Christian.

Tras golpearlo, lo empujaron al asiento de atrás, por el lado derecho del patrullero. El más alto, que ocupaba el lugar del copiloto, me preguntaba quién era el jefe de la banda y como yo no atinaba a responderle me roció gas en el rostro, cuenta el joven.

Christian recuerda que poco después encontraron a Paúl escondido en un callejón. El policía alto subió a la parte posterior por la puerta izquierda del auto y le gritó que se sentara en ese extremo.

Entonces, el uniformado se ubicó en la mitad de los chicos y les preguntó dónde vivían. Yo contesté que vivíamos en Zámbiza y luego me quedé callado, tenía mucho miedo, por eso en ningún momento crucé palabra con Paúl, narra el testigo.

El vehículo avanzaba con dirección a esa parroquia y antes de llegar al puente que cruza con la Nueva Vía Oriental, el policía alzó la mano por encima de la cabeza de Christian, abrió la puerta y lo empujó a la calzada.

De inmediato, el patrullero emprendió el retorno a Quito, por la vía que pasa debajo del puente. Paúl iba adentro.

Los policías Claudio Chicaiza y Eduardo Cruz confirmaron la detención de los dos adolescentes, pero aseguraron que los liberaron unos 500 metros antes del puente porque no conocían la zona.

Hallan el cuerpo en un canal de aguas servidas

La primera autopsia indica suicidio; en la segunda hay huellas de tortura y quemaduras de cigarrillo.

Eran pasadas las 11:00 del domingo 7 de enero, cuando Leonardo Guañuna escuchó el rumor de que habían encontrado un cadáver bajo el puente de Zámbiza.

Enseguida encendió el motor de su taxi y se dirigió al lugar. Allí se abrió paso entre los curiosos para observar desde el filo del puente, pero no identificó nada, pues el cuerpo yacía sobre el concreto del canal de la alcantarilla, a unos 50 metros por debajo de sus pies, en línea recta.

Entonces, los vecinos vieron que el hombre rodeó la estructura y como un gato descendió por la ladera hasta llegar al canal de las aguas servidas.

Al acercarse al cadáver, dos uniformados de la Unidad de Policía Comunitaria de Zámbiza le impidieron tocarlo, pero no había duda, el cuerpo que yacía boca arriba, con los brazos y piernas extendidas, era de su hijo Paúl.

Leonardo alcanzó a ver que tenía una herida en el lado izquierdo de la cabeza así como espinos y restos de tierra entre la vestimenta. También presentaba huellas de quemaduras en la mano derecha.

Según los resultados de la primera autopsia, Paúl se suicidó lanzándose del puente, y menciona lesiones por posible precipitación. Los familiares pidieron una segunda autopsia y esta determinó que lo habían matado; las manos presentan quemaduras de cigarrillos, entre otras torturas.

Cerca de 250 ejecuciones extrajudiciales en siete años

Entre 2000 y 2006, en el país se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales, según un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu).

De ese total, 164 homicidios fueron perpetrados por miembros de la Policía; 25 los cometieron militares; 15 corresponden a las Juntas de Defensa del Campesinado; nueve personas murieron a manos de personal de las cárceles y otras 36 ejecuciones las llevaron a cabo diferentes personas.

Las estadísticas de la Cedhu también dan cuenta de 206 torturas provocadas por policías y 25 por militares, durante el mismo período. Esto, además de 3.857 agresiones físicas cometidas por elementos policiales y 1.331 por militares.

César Duque, abogado de la Cedhu, manifiesta que los denunciantes de casos de torturas no solo hablan de los calabozos de la Policía Judicial (PJ), sino de un lugar denominado la casa blanca, que es manejado por miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO).

En octubre pasado, un taxista fue detenido en el sector del Recreo, al sur de la capital.

Cinco miembros del GAO, al mando de un mayor (no publicamos los nombres porque no dieron facilidades para ubicarlos), lo llevaron en su propio auto a un lugar desconocido, al que llamaban casa blanca.

El taxista no conoce el lugar exacto ya que le cubrieron los ojos con un saco, pero cuenta que el carro iba por un camino sin asfaltar. Cuando llegaron le taparon los ojos con papel y cinta adhesiva, luego cubrieron su rostro con una franela y sobre esta regaban agua para complicarle la respiración. Al grito de ¡Muérete rápido!, le golpeaban el abdomen, le pisaban las manos y las piernas...

Mientras lo torturaban le preguntaban sobre una carrera que habían efectuado a Cayambe, entonces le llevaron a esa ciudad, donde el taxista mostró el lugar a donde había llevado a unas personas días antes.

De regreso a Quito, los mismos policías lo llevaron a un centro de salud de Chimbacalle, donde un médico certificó que no presentaba lesiones. El documento costó $1,50.

El cuerpo de Juan Carlos Jahuaco mostraba signos de haber sido torturado, pero según la Justicia se trataba de un suicidio

Transcurría el año 2003. Un fin de semana un policía, que no estaba de servicio (se hallaba franco), había estacionado su automóvil en una calle del barrio La Tola, en pleno centro de Quito. Cuando salió a buscar el vehículo observó que alguien había intentado forzar las seguridades.

Justo en ese momento, pasaba por el lugar el joven Juan Carlos Jahuaco y el policía lo acusó de haber intentado robar el carro. El muchacho negó la acusación y se alejó rápidamente del lugar.

Juan Carlos caminó pocas cuadras y se encontró con un grupo de amigos, a quienes contó lo que le acababa de ocurrir. Mientras el grupo comentaba lo sucedido, el policía llegó con otros dos uniformados y aprehendió al supuesto ladrón.

Los testigos vieron como le amarraban las manos a las espaldas y se lo llevaban. Nunca imaginaron que sería la última vez que lo miraban con vida.

Tres días después, el cadáver de Juan Carlos Jahuaco fue encontrado en la quebrada del río Machángara.

Inicialmente, el caso se ventiló en la justicia común y hubo sentenciados, pero cuando subió en apelación a la Corte Superior de Quito, los magistrados resolvieron trasladarlo a la Corte Policial.

Esa instancia absolvió a los acusados, porque, en criterio de los jueces, Juan Carlos se había suicidado, es decir, nadie lo empujó al fondo de la quebrada.

La sentencia hizo caso omiso a las evidencias de tortura. Actualmente hay una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Algunos policías no solo detienen, insultan y golpean también aprovechan para sacar dinero

En junio de 2006, un policía detuvo a Xavier en el barrio San Juan. La madre aseguró que antes de eso su hijo se encontraba con su integridad física intacta, pero luego apareció con una lesión cráneo encefálica aguda y el rostro desfigurado. La Policía dijo que el joven se auto inflingió las lesiones y no elaboró parte policial hasta 18 horas después de la detención.

En abril del año pasado, Luis, de 20 años, fue detenido por miembros de la Policía Comunitaria. Tras pedirle los documentos, los policías le pidieron $40 para dejarlo en libertad. Como no tenía esa cantidad, lo subieron al patrullero y lo llevaron a un cajero automático para que retire la plata. El intento fue fallido.

Entonces lo insultaron le rociaron gas en la cara. Cuando el joven intentó escapar, uno de los policías bajó del patrullero y le disparó en la espalda. Luego lo abandonaron, inconsciente, en la avenida de La Prensa. Actualmente la denuncia se procesa en la Fiscalía, los policías están acusados por lesiones y fueron dados de baja.

Christian, un mensajero de 25 años, denunció que el 18 de enero de 2006 se vio atrapado en medio de una protesta estudiantil en las inmediaciones del Colegio Mejía. Debido a la abundante cantidad de gas, el joven se quedó tendido en el suelo, entonces los policías lo subieron a un "trucutú".

En el interior fue brutalmente golpeado, agredido verbal y psicológicamente por 10 policías, fue usado como escudo humano, cortaron su cabello con un pedazo de vidrio... Los policías se quedaron con $120 de su quincena.

La policía estudia actuación de implicados para determinar si hubo mala conducta

El vocero de la Policía, Lino Proaño, manifiesta que el proceso en contra de los policías Eduardo Cruz, Claudio Chicaiza y el subteniente Geovanny Álvarez Zambrano está en manos de la justicia ordinaria.

Álvarez fue acusado del presunto delito de homicidio junto a los dos policías que detuvieron a Guañuna, por el fiscal Patricio Navarrete. Esto porque Álvarez, pese a ser el jefe de la patrulla, no estuvo en el lugar de los hechos debido a que sus subalternos lo habían dejado poco antes en la casa de una amiga.

Además, ese oficial declaró que había pedido autorización (vía telefónica) a un superior para salir del sector donde debía prestar servicio, lo cual fue desmentido por Fabián Valencia, su jefe.

Proaño cuenta que existe un informe sobre los hechos circunstanciales, el cual se halla en manos del Consejo Superior de la Policía y por eso aún no se hace público.

Este determina que las personas estuvieron en el vehículo, el lugar y el número del vehículo... Tras analizar el documento, el Consejo Superior deberá someterlo a trámite para calificar la conducta profesional de los imputados.

En caso de confirmarse que participaron en el delito, el oficial pasará a disposición del Ministerio de Gobierno y los policías a disposición de la Comandancia General. Así se procede cuando un miembro policial está involucrado en un caso como este, indica.

Hasta tanto, los acusados están recluidos en la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía, al sur de Quito.

El vocero explica que hay un plazo de 60 días para determinar la conducta profesional de los implicados en el caso Guañuna. De llegar a establecerse que incurrieron en mala conducta, ellos serán separados de la Policía, sin perjuicio de la acción penal que sigue la justicia ordinaria a través de la Fiscalía.

Solo en caso de que fueran separados de la institución, los acusados podrán ser trasladados a una cárcel común, aclara el vocero.

Proaño anticipa que la Policía Nacional no pagará indemnizaciones a la familia de Paúl Guañuna, cuyos miembros son los afectados directos.

Esto lo puntualiza tras argumentar que cada persona (los policías involucrados) debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de sus actos, mas no la institución.

Ante el hecho de que la Policía solo llegaría a dar de baja en caso de hallar culpables de "mala conducta" a los tres uniformados, Proaño manifiesta: No hay espíritu de cuerpo, sino lealtad.

Corte Interamericana de DDHH: Uso de la fuerza excesiva es arbitrario

Los agentes de seguridad pública tienen como función prevenir los delitos y realizar los arrestos conforme a la ley y al debido proceso y respetando los derechos humanos garantizados en la Constitución y convenios internacionales.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los agentes del Estado tienen el derecho y la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden. También sostiene que la fuerza utilizada no debe ser excesiva. Cuando se actúa de esa forma, no se respeta la integridad personal, y toda privación de la vida resultante es arbitraria.

Asimismo, la Corte Interamericana ha precisado que, bajo la Convención Americana, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

Punto de vista

Hay que detener esta atrocidad.

El informe de Blanco y Negro que usted tiene en sus manos no parece referirse al Ecuador del que todos nos sentimos orgullosos. No obstante, en verdad los hechos de sangre aquí descritos y que quitan el aliento suceden en el país, aunque la impunidad rodea la mayoría de los casos.

Indagar la desaparición y la inexplicable muerte del joven Paúl Guañuna, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada con signos evidentes de tortura, llevó a descubrir estadísticas tan dramáticas que merecen ser difundidas, para que la sociedad conozca también este rostro oculto de Ecuador.

Entre 2000 y 2006 en el país se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales. De esa cifra, 164 homicidios fueron perpetrados por miembros de la Policía, 25 los cometieron militares, 15 las Juntas de Defensa del Campesinado, nueve personas murieron a manos de personal de las cárceles y otras 36 ejecuciones las llevaron a cabo diferentes personas.

El informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) que describe Blanco y Negro también da cuente de 206 casos de tortura provocados por policías y 25 por militares, entre otras atrocidades que se comenten aquí, en nuestro país.

Lo más dramático es imaginar que estas horrendas cifras son solamente de casos denunciados, de gente que se atrevió a seguir los largos y tortuosos procesos en que se convierten estas indagaciones, por lo que la pregunta lógica es: ¿cuántos otros casos más se producen y nadie los conoce porque no hay registro alguno, puesto que no se produjo la denuncia?

Algo ininteligible debe ocurrir en el ser humano para que puede llegar a torturar y quitar la vida a otro ser humano. Algo extraño, también, debe estar pasando en una sociedad que dice creer en Dios y vivir en democracia para desentenderse de hechos abominables en lugar de juntarse para exigir se detengan las atrocidades.

[fuente]
http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan444/byn.htm

[+info]
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos

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