Quito, 28 de febrero de 2007
Al iniciar el 2007, el Ecuador experimentó una crisis política controlada, casi como un estado de conflicto natural entre el Ejecutivo y el Congreso, agravada por el hecho de que el movimiento político del Presidente Correa (Alianza País, Lista 35), al no haber presentado candidatos/as a la legislatura, obligó al Gobierno a dejarse representar, muy a pesar suyo, por otros partidos en ese centro de poder.
Además, estos trances conflictivos de por sí, fueron coincidentes con el momento de formación aliancista inadvertida, compleja, e incluso penosa [1] del nuevo gobierno, que significaron acercamientos forzados a viejos enemigos y distanciamientos con aliados.
Por su parte, los partidos de la mayoría congresil opositora al Gobierno, en especial el Partido Sociedad Patriótica (PSP de Lucio Gutiérrez), conformada ya en octubre de 2006, sabiéndose inestable en la política de un espacio desprestigiado como el Congreso, fueron muy celosos y no se dejarían restar miembros, expulsando a dos diputadas, y exhibiendo una conducta muy movediza.
Esa oposición tiene también a su haber más de la mitad de alcaldías y prefecturas, la Contraloría General del Estado, buena parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la mayoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), parte de la Iglesia, también regionalizada en el país; el gran capital financiero, nacional e internacional y una porción significativa de la burocracia estatal, a varios niveles [2].
A la postre, sin embargo, el Congreso ha decidido (con una escasa mayoría, de 57/100 votos) dar su apoyo interesado a la consulta popular para que el pueblo decida si hay o no elecciones para la asamblea, a sabiendas de que sí la habrá [3] . Esa decisión fue obligada por la presión moral a favor de la Asamblea Constituyente, la movilización ciudadana en todo el país, y el liderazgo político del propio presidente, en la coyuntura [4].
Sin duda, éste es un triunfo del gobierno de Rafael Correa, que goza de un amplio respaldo popular, de hasta el 76% de la población encuestada, al mes de su mandato, durante el cual ha cumplido importantes promesas de campaña con la población más necesitada, en un país que demanda cambios radicales [5].
Al otro lado de los corrillos del poder, la mayoría de los diputados del nuevo Congreso, instalado el 5 de enero de este año, y que se ha venido deslegitimando en la confrontación con el ejecutivo, no quiere una reforma integral, a pesar de la decisión ya adoptada por el Congreso, sino, una Constituyente con limitados poderes que no toque ni modifique el sistema de privilegios del país que el nuevo gobierno cuestiona.
¿Qué está detrás de esta crisis política?
Por un lado está la autoconciencia de un heterogéneo pero creciente movimiento ciudadano de que las cosas deben cambiar, en un país cuyo crecimiento económico nunca se ha traducido en fortaleza productiva ni en la creación secuencial de nuevos capitales, ni en desarrollo social; y en un país dependiente de las exportaciones de pocos productos primarios, sujeto siempre al pago oneroso de intereses de una deuda externa, pagada con un presupuesto que en un 30% lo genera una sola empresa minera meramente extractiva (Petroproducción), lo que es síntoma de una estructura productiva sin articulaciones ramales significativas en la economía.
Esa autoconciencia de cambios requiere una clara conducción política [6]. Rafael Correa y sus aliados hemos planteado –en la campaña y lo seguimos haciendo–, la necesidad de reformar el Estado para extirpar el neoliberalismo y adecuarlo al siglo XXI y hemos indicado algunos aspectos relativos a su adaptación al tipo de desarrollo humano/social/soberano que se propondría impulsar [7] , y si el Presidente Correa, que lidera el primer Gobierno alejado de las políticas neoliberales desde el retorno al régimen democrático en 1979, -no ha especificado en detalle qué deberá hacer la asamblea, es porque ello dependerá de la correlación de fuerzas que exhiba dicha convención.
Nadie puede plantearse especificar todas las acciones que pretende llevar a cabo, sin saber con qué fuerzas cuenta en un momento dado. Y ese es un problema político que se resolverá en la coyuntura, ya que la experiencia histórica de las asambleas constituyentes es compleja [8]. Incluso, las habidas en el siglo XX igualmente lo fueron [9].
En esto deben reflexionar los más radicales aliados de Correa, y ciertos críticos y actores académicos, políticos y sociales populares organizados, algunos con más membrete que seguidores, quienes levantan expectativas exageradas sobre el papel transformador, revolucionario de la Asamblea, y creen que ella misma -en el tiempo de su desempeño- podrá cambiar el modelo de desarrollo del país.
Parece por lo tanto que el por qué reformar está más claro que el qué reformar, en tanto que los efectos del sistema vigente son más transparentes que las causas que provocan la reproducción institucional de la ilegitimidad del Estado y del sistema político, que no son tan visibles pues se esconden tras una maraña de leyes, disposiciones, decretos, prácticas, etc.
Estas causas estarían determinadas:
Por otro lado están las fuerzas pasadistas opuestas al cambio, en búsqueda de un reacomodo sistémico. Sospecho que el manejo oligárquico del Estado lo ha feudalizado (¿De qué centralismo se habla? ¿De qué autonomías?). Más bien, parecería ser una suma de aparatos, centros de poder, instituciones que se han ido autonomizando para garantizar un manejo caciquil, prebendal, clientelista y corrupto para absorber recursos con fines particulares-privados bajo distintos rostros (oligarquías, instituciones regionales llamadas autónomas en las que reina la corrupción, el nepotismo, incluso algunas dirigencias sindicales, políticos corruptos, burocracias de instituciones que se dicen autónomas y se aumentan sus sueldos al doble del presidencial de la república.
Sospecho que no podrá existir una racionalidad moderna en el funcionamiento del Estado, sin una reforma integral, pues no hay normativas ni regulaciones únicas. Es decir, en lugar de modernizarse nos encontraríamos en presencia de un Estado pre-modernizado, que funciona sobre la base de un sistema de privilegios, prebendas, corrupciones, clientelismos, nepotismos muy resistente en tanto se sustenta sobre pactos con una diversidad de actores (oligarquías, burócratas, gremios, etc.) que se benefician de su acceso a éste, pero que al mismo tiempo es excluyente de la mayoría de la población. Naturalmente, este sistema de privilegios está sustentado en el sistema político de mandos.
Este Estado pre-modernizado (que ha tenido ya 19 Constituciones y unas cuantas Convenciones o Congresos Constituyentes que no redactaron Cartas Magnas y fueron fallidas) y este sistema de privilegios son contrarios a la construcción de un Estado de Derecho en tanto no pueden construir la ciudadanía como una relación política entre el Estado y los/as individuos/as sobre la base de deberes y derechos iguales ante la ley.
Es esto precisamente, lo que reclamamos los sectores más modernos (asimismo diversos) que demandamos la difusión, extensión y ejercicio de los derechos en una amplia escala. Es eso también lo que expresó la candidatura de Rafael Correa y Lenin Moreno que el PS-FA, como un partido de la izquierda del siglo XXI, apoyó desde la primera vuelta.
Esta es la razón poderosa para justificar la reforma integral del país.
La historia del país, nos ha colocado a la izquierda radical en la necesidad de impulsar no otra cosa sino esa reforma, y reconocer en Rafael Correa al dirigente de la misma. Hasta el momento lo ha hecho de manera consecuente. En ese conflicto está la raíz de la crisis por resolverse.
Como esa reforma acarrea aspectos de afirmación nacionalista profundos, ella es en sí muy transformadora y conllevará a un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la sociedad ecuatoriana y con respecto al poder imperial.
Esto significaría el levantamiento, formación-consolidación de un Estado Nacional, en el país. Esto sí sería y constituiría un aspecto revolucionario, alfarista y bolivariano.
Se expresan en básicamente tres fenómenos:
En la fuerte corporativización de la representación política, que convierte a las Cámaras de las clases propietarias y a algunos pocos Gremios de empleados y trabajadores en voceros de las llamadas fuerzas vivas, muy activas en el sistema político, siempre presionando por la mantención y extensión de derechos exclusivos a su sector.
Estos privilegios, por ejemplo, se manifiestan en un sistema de impuestos que convierte a los 400 mil ricos de nuestro país (con propiedades o bienes de más de un millón de dólares) en verdaderos no contribuyentes, evasores inveterados de impuestos, o, en el mejor de los casos, en contribuyentes deficitarios, desprovistos de un sentido nacional; y a los gremializados empleados y trabajadores, contaminados por el espíritu de toma y daca, utilizando el sindicalismo como una plataforma desde la cual deben arranchar derechos a las élites, a las burocracias estatales o a los dueños de empresas, pero exclusivamente para los miembros de sus sindicatos y gremios, lo que les parece normal.
En ambos campos -el de las cámaras y de los gremios- hay capas o franjas superiores muy privilegiadas, mientras otros sectores -que conforman la mayoría- carecen de derechos, solo actúan como auxiliares de los de arriba, y hasta se debaten, como sucede con la mayoría de los obreros y trabajadores sindicalizados con salarios de hambre, menores a los 200 dólares mensuales.
Situación precaria viven también los miembros de las llamadas Cámaras de la Pequeña Industria, el comercio minorista, los comerciantes autónomos, etc.
Como cinturón de trasmisión de este sistema de representación corporativa -de los unos y los otros- funciona la alta burocracia estatal, coloquialmente llamada en el país burocracia dorada, pletórica en servicios especiales de entre las cuales hay un mundillo de privilegios escandalosos que en los últimos tiempos reciben salarios cercanos a los 10,000 dólares mensuales.
Tamaño despropósito en un país que se debate en la miseria [10] .
Ese sistema de privilegios bloquea la construcción de la democracia, la ciudadanía, el desarrollo, la equidad, etc. porque convierte a los/as ecuatorianos/as en súbditos esperanzados de obtener una relación clientelar con el poder privado o estatal.
Y al Estado se lo mira, desde todos los lados y veredas sociales, como una suerte de 'botín'.
Por ejemplo, las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento institucional del Banco Central, del Congreso Nacional, de la Policía Nacional, por ejemplo, no podrían existir en un país moderno, pues contienen disposiciones que institucionalizan fueros especiales, blindajes particulares exclusivos para evitar el control del ciudadano común hacia esas corporaciones, y se las convierte en autorreguladoras de su propio accionar.
Es decir, ellas -esas leyes y reglamentos- han hecho desaparecer la esfera de lo público desde la actual deben ser juzgadas todas las instituciones del Estado. En consecuencia, el manejo que esas instituciones exhiben ha resultado en la creciente reducción de la esfera pública y en el virtual control de la misma por parte de intereses corporativos-privados. Atribuirle solo al neoliberalismo esta deformación estructural del estado es un error, pues a mi entender el fenómeno es anterior a su aparecimiento en los años 1980.
Otros ejemplos son el de los salarios que evidencia la existencia de distintos regímenes salariales dentro del sector público, o el de partidización de los tribunales e instituciones de control), o el de los monopolios (tipo Junta de Beneficencia) garantizados por el Estado, que no rinden cuentas a nadie.
Al vaciarse el estado de la capacidad de ejercer soberanía, de asignar recursos con discrecionalidad legalizada, de mantener iniciativas de políticas fiscales, monetarias, económico-globales, y no poseer ya una base renovable de poder político, esa estructura institucionalizada pierde su carácter público.
Se vuelve un mero remedo de Estado, y su titular (Presidente y sus ministros) albaceas de intereses privados, corporativos y de quienes tienen poder económico o militar para ejercer presión sobre ellos [11].
Es decir, la reforma integral, que implica cambios en la política, lo político, las relaciones económicas y sociales, así como en el terreno de la cultura, solo podrá realizarse si ganamos las elecciones de la asamblea nacional constituyente. Y este reto requiere de una mega alianza política que derrote a las oligarquías regionales.
Esa Asamblea, que debe ser la expresión de toda la ciudadanía, y convertirse en un poder originario con capacidad de emitir una nueva constitución, y podrá hacer otras cosas, entre las cuales, proponemos, aborde las siguientes reformas: política, económica, social y cultural señaladas en el Anexo.
Las propuestas para la Reforma Política
Los ejes políticos de la reforma serían:
Las propuestas para la reforma económica
Las propuestas para la reforma social-cultural
En síntesis, esto significará una Legislación de contenido nacional-popular.
convocar a consulta popularcuando
a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país.
no han sido motor de transformaciones. Al revés, han venido luego de procesos de cambio social y político, y los han consolidado en el ámbito jurídico. Al país lo cambian los grandes procesos de movilización social, de los que el pueblo es protagonista. Las instancias jurídicas vienen después. Así ha sucedido, por ejemplo, luego de la revolución que comenzó en 1895 y culminó once años más tarde con la Constituyente que estableció en 1906 el Estado Laico; o en 1944, luego de la Gloriosa. Las constituyentes progresistas han seguido un proyecto ya delineado por un proceso social previo. Ahora no hay ese proyecto, ni siquiera unas pocas ideas claras sobre los cambios propuestos. Solo el deseo de librarse de la clase política, sin tocar el poder económico real(Ayala, Documento enviado por Internet, 2006,1).
[fuente]
http://www.altercom.org/article145687.html
:: http://www.llacta.org ::