Quito, Octubre de 2006
El Ecuador en las dos últimas décadas ha permanecido expuesto a una serie de problemáticas económicas y políticas que han repercutido en la gobernabilidad democrática [1], en la plena vigencia de los derechos humanos y en la posibilidad de construir instituciones eficaces, legítimas y representativas bajo un marco político propicio para el desarrollo social y económico de sus habitantes que, en términos amplios, ha puesto en duda un futuro inmediato donde exista un efectivo estado de derecho que exprese el respeto a las reglas de juego democráticas por parte de los distintos actores de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.
Estas problemáticas, si bien continúan presentes con diferentes matices y constituyen un producto-arrastre de un pasado no muy lejano, al punto de que se habla de una democracia imaginaria (Andrade, 1999) o que se encuentra en constante crisis por no haber llenado las expectativas de la población desde la transición efectuada en 1979, lo cierto es que la democracia ecuatoriana contiene actualmente una sui generis mezcla de estructuras democráticas formales y prácticas autoritarias ligadas a culturas políticas tradicionales-populistas que han limitado, entre otros factores, la consolidación institucional pertinente para generar procesos de aprendizaje colectivo democráticos e introduzca, en esa relación, amplias capacidades de organización autónoma en la sociedad civil.
En la actualidad resultaría difícil negar que en el país existen dimensiones políticas negativas relacionadas a las constantes crisis de gobierno, a procesos de desafección ciudadana vinculadas con el deterioro de la representación partidaria, a la pérdida de credibilidad y legitimidad de muchas instituciones estatales y privadas, a la presencia galopante de la corrupción en varias esferas, a la falta de transparencia y poca rendición de cuentas de las autoridades y organismos públicos, y en general, a la fragilidad de nuestra sociedad frente a lógicas de conducción cada vez más excluyentes en lo económico, dependientes en lo político y vulnerables en el ámbito de las relaciones internacionales.
Estas situaciones nacionales internas se han vuelto más complejas por el aparecimiento de nuevos escenarios externos que influyen y contribuyen a transformar los contextos sociopolíticos y culturales en nuestro país. De la extensa gama de nuevos escenarios hemisféricos y regionales que repercuten internamente -impactos económicos de la globalización en áreas locales y nacionales, efectos multidimensionales de los procesos migratorios, condicionamientos de las agendas de organismos internacionales, etc- existe, para efectos de este ensayo, un escenario externo muy importante relacionado con la inserción ecuatoriana en la estrategia de seguridad regional de los EEUU y el Plan Colombia que deber ser analizado porque tiene implicaciones de diversa naturaleza para el funcionamiento democrático en el país.
Una de esas implicaciones tiene que ver con el déficit de rendición de cuentas de las autoridades gubernamentales frente a los temas de seguridad pública, específicamente las de seguridad nacional vinculadas con el manejo del involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia y que no necesariamente están catalogadas legalmente como "reservadas". En ese sentido, si bien determinados aspectos de la seguridad nacional no pueden ser abiertos y de acceso general porque volvería vulnerable ciertas áreas decisionales del Estado y develaría información militar sensible que puede ser utilizada por actores armados, sí se puede establecer determinados campos de intervención de la esfera pública donde se procesa la accountability entre ciudadanía y autoridades en esa materia.
Desde esa perspectiva parto de las preguntas: ¿Se está utilizando por parte de los gobiernos recientes los temas de seguridad nacional vinculados al Plan Colombia para opacar los problemas y bajos rendimientos de las instituciones democráticas que éstos dirigen, básicamente las entidades encargadas de la seguridad y orden público?; y, ¿de qué manera está procesando la sociedad civil la rendición de cuentas relacionadas con los temas de seguridad nacional, cuya aplicación afecta a los derechos de la población de la frontera norte?. Para dar respuesta a estas interrogantes se analizará el caso concreto del papel desempeñado por el sistema político ecuatoriano, principalmente las autoridades gubernamentales de estos recientes períodos, y las acciones desarrolladas por organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil que intervienen en la esfera y opinión pública donde se analiza, demanda y posiciona diversos derechos ciudadanos frente a estas problemáticas.
Como telón de fondo sugiero a manera de hipótesis que en el plano regional e internacional, el Ecuador ha pasado del uso del concepto tradicional de seguridad nacional, empleado durante décadas, especialmente en la era de la guerra fría y que veía en los otros estados amenazas militares latentes [2], a una aplicación forzada de la noción de seguridad cooperativa o colectiva pero sin que desaparezcan del todo matices de ese tradicional concepto. La diferencia principal es que ahora se produce una transferencia parcial de poderes del estado a las autoridades internacionales- en este caso de los EEUU-, lo cual implica una renuncia parcial a la soberanía a pesar de los discursos contrarios emanados desde las FFAA ecuatorianas.
De esa manera, si bien existen condicionamientos externos que se expresan en la inserción indirecta del Ecuador en el Plan Colombia desde finales de los años noventa, en el plano interno dicha situación está acompañada de procesos políticos que han modificado el desempeño de varias instituciones de la democracia; visibilizado actores nacionales e internacionales con marcados intereses estratégicos; alterado el normal funcionamiento de las fuerzas del orden público en distintos ámbitos profesionales; develado falencias de la representación partidaria; expuesto déficits organizativos de la sociedad civil en materia de demandas y derechos ciudadanos frente al Estado que procesa las agendas de seguridad; y, potenciado mecanismos de soporte para una cultura política que en el país presenta características autoritarias y excluyentes.
Bajo este panorama, el análisis del complejo problema de las accountabilities legales y políticas sobre los temas de seguridad nacional atraviesa tres dimensiones conectadas entre si: a) un contexto internacional donde se diseñan las políticas y estrategias regionales de las que el país hace parte; b) un contexto nacional donde se concretan esas estrategias en términos de acciones institucionales, prácticas políticas y el uso que se hace de ellas; y, c) un contexto también nacional asociado a la sociedad civil y esfera pública donde se genera esa "otra institucionalidad" que contribuye a la rendición de cuentas políticas y simbólicas que de una manera u otra genera ciudadanización y procesos de aprendizaje colectivo en temas poco tradicionales como la seguridad nacional y sus repercusiones en la democracia y los derechos humanos.
El problema de la accountability relacionado a las aspectos de seguridad internacional ha tenido un tratamiento poco frecuente y en los casos en que se han hecho análisis, estos se han circunscrito a asuntos de defensa nacional propiamente dichos, al manejo fiscal y presupuestario de organismos del orden público y al desempeño de las FFAA en los procesos de transición democrática. En América Latina, por lo general, las cuestiones de seguridad no fueron muy relevantes en las agendas políticas, en los debates públicos nacionales y regionales, ni en las acciones de los organismos internacionales hasta que se puso énfasis en la necesidad de establecer mecanismos de diálogo y comunicación entre civiles y militares para consolidar la democracia (Diamint, 2001; Rivera, 2001).
En este campo se han privilegiado los procesos de educación y capacitación en derechos humanos a las FFAA de distintos países, se ha visto la necesidad de fortalecer la administración de justicia para reducir las autonomías de los militares y sus fueros especiales y se ha expresado el consenso para dotar de legitimidad al sistema político en términos de control y vigilancia sobre sus fuerzas militares y policiales ya que una de las señales de un régimen democrático en un país es la discusión pública acerca de todas las reglas del juego político, las políticas gubernamentales en general y los asuntos militares en particular
(Diamint, 2001: 45).
Son precisamente este tipo de señales las que se presentan de manera reducida en Ecuador respecto a los temas de seguridad nacional. De ahí que para entender cómo se procesan esas limitaciones en el país es necesario incorporar dos dimensiones.
La primera, relacionada con el ámbito regional andino y hemisférico, se encuentra ubicada en las nuevas agendas de seguridad nacional que está desarrollando nuestro Estado. En este campo sobresalen, a su vez, dos tópicos importantes que están presentes en el actual discurso sobre la seguridad nacional: el combate al narcotráfico y al terrorismo. Para el caso concreto ecuatoriano, nuestra participación en la estrategia de seguridad regional impulsada por los EEUU ha tenido niveles incrementales desde inicios de los años noventa, ya que de una inserción periférica en las políticas antinarcóticos norteamericanas frente a la región, hemos pasado gradualmente a ser considerados como país cooperante en la Iniciativa Andina que tiene su punto más emblemático y controvertido en el Plan Colombia.
De hecho, la percepción estadounidense que liga narcotráfico, guerrilla y terrorismo como amenazas a su seguridad interna conlleva un tratamiento específico sobre el vértice andino y la idea de regionalizar el conflicto colombiano; no obstante, esta percepción no implica necesariamente la formación de una instancia sub-regional o regional de gestión del conflicto, sino simplemente forzar a los países vecinos a colaborar con acciones, políticas e iniciativas impuestas por EEUU y sin que los países colaborantes tengan o hayan tenido ningún papel en definir las políticas e iniciativas, las metas o la doctrina de la acción colectiva (Bustamante, 2004). Este tipo de relacionamiento ha sido observado como un indicador que confirma la centralidad alcanzada por la dimensión militar en el esquema de reordenamiento mundial promovido por EEUU y que para el contexto latinoamericano se lo realiza a través del Comando Sur que hace las veces de procónsul [3].
Esto implica que los países andinos, por ser el escenario del tipo de problemas que más pueden molestar o preocupar a los Estados Unidos en el hemisferio, corren el serio peligro de ver drásticamente reducida su capacidad de definir sus propias políticas o prioridades internacionales al encontrarse bajo una presión particularmente fuerte para participar activamente en la guerra contra el terrorismo y en políticas preventivas de tipo militar, policial, social, legal y psicosocial (Bustamante, 2004: 6).
En efecto, Ecuador ha incrementado su participación en la estrategia de seguridad regional diseñada por los EEUU a través de varias acciones como el convenio firmado en 1999 para la utilización de la base militar aérea de Manta por parte de elementos estadounidenses que realizan tareas de monitoreo, información para la interdicción y control que prácticamente militariza el tema del combate a las drogas; por medio de acuerdos de colaboración y apoyo a la Policía Nacional destinados a potenciar las capacidades represivas antes que las preventivas frente al problema del narcotráfico [4]; y, mediante condicionamientos o "certificaciones" impuestas unilateralmente por los EEUU en materia de comercio internacional como son los convenios ATPDA [5] que ha promovido que el país someta su relación comercial a una contraprestación directa y física para las estrategias norteamericanas de combate al narcotráfico y al terrorismo.
Este paulatino involucramiento en el Plan Colombia deber ser visto en relación con una coyuntura internacional que coincide con una marcada debilidad y fragilidad del Estado y de varias de las instituciones públicas encargadas del combate al narcotráfico que son vistas como ineficientes y propensas a la corrupción; de ahí que el tema, vinculado a la peculiar interpretación que se realiza de la seguridad nacional, promueva una serie de problemas para la gestión democrática de los recientes gobiernos entre los que se encuentran déficits de control de las entidades gubernamentales, escasa transparencia en la toma de decisiones, manejo discrecional de temas públicos y, de parte de grupos organizados de la sociedad civil -ONGs de DDHH- una reducida capacidad interpeladora hacia el Estado nacional que pone obstáculos frente a la discusión abierta de estos temas.
Para que dicha situación se exprese ha sido necesario "seguritizar" [6] determinados aspectos de las relaciones internacionales, de la política interna que contiene muchos problemas de gestión pública y de la misma sociedad civil, es decir, al existir motivos políticos específicos como dotar de sentido al involucramiento del Ecuador en el Plan Colombia, se elevan muchos de los problemas sociopolíticos a "problemas de seguridad".
En el discurso político, declarar a algo como un "problema de seguridad" puede tender al abuso de una "prohibición" de ciertos asuntos, a la marginalización de oponentes ideológicos (Moller, 1993) y a la limitación de organizaciones de la sociedad civil que, amparados en la legalidad constitucional de sus derechos ciudadanos, pretenden acceder a información pública. Definir a un tema público, no necesariamente catalogado como reservado en términos legales de la seguridad nacional, resulta casi equivalente a declararlo como fuera de los límites permitidos, tema tabú o no lícito para el debate político o académico.
La segunda dimensión, asociada directamente con el tema anterior, tiene que ver con las características internas que adopta el tratamiento de los asuntos de seguridad en términos de procedimientos y valores democráticos. En este contexto surge la interrogante de si el régimen democrático en Ecuador, sus instituciones y los partidos políticos en particular, poseen la capacidad para establecer mecanismos adecuados de control, rendición de cuentas y transparencia sobre sus entidades, mucho más sobre las que tienen la responsabilidad constitucional de generar orden y paz pública.
Se ha mencionado que en democracias delegativas con instituciones de apariencia formal representativa como la ecuatoriana se producen híbridos políticos que contienen elementos democráticos y autoritarios (Peruzzotti, 2001), ya que no siempre es fácil realizar un corte claro entre el tipo de democracia que se organiza alrededor de la delegación representativa y el tipo en que el elemento delegativo eclipsa al representativo
(O'Donnell, 1997: 295). Desde esta perspectiva, la accountability, uno de los factores necesarios para el desempeño de la vida política en democracia, se encuentra atrapada entre dos polos tensos; por un lado, la rendición de cuentas, especialmente la horizontal, funciona inadecuadamente porque existe una subordinación o cooptación de las instancias de control público a los intereses coyunturales del ejecutivo; y, de otro lado, existen tensiones provenientes de las cultura políticas que condicionan los niveles de autonomía de organizaciones de la sociedad civil y limitan de varias maneras [7] las potencialidades de exigibilidad de derechos ciudadanos frente a las autoridades.
En la primera situación propongo que en el caso ecuatoriano se produce una mezcla entre debilidad institucional relacionada con el tratamiento de los temas de seguridad nacional y marcados intereses estratégicos de política coyuntural implementados por los recientes gobiernos. En efecto, la dinámica desarrollada en organismos democráticos de la estructura estatal del país contribuye para que la separación entre ciudadanía, representación y rendición de cuentas se acreciente; por ejemplo, el Congreso Nacional no posee en su orgánico funcional una comisión de asuntos de seguridad pública que garantice de alguna manera el monitoreo de los partidos políticos sobre estos temas y a través de ellos la ciudadanía a quien dicen representar porque difícilmente dichas entidades articulan demandas e intereses de los representados.
Esta debilidad parlamentaria evidencia en buena medida el carácter del sistema de partidos ecuatorianos que a más de su notorio personalismo y faccionalismo, expresan de forma dominante el interés de grupos en muchos casos ajenos a la esfera política y que se encuentran ubicados en el ámbito regional, gremial, empresarial e incluso étnico; de hecho, varios partidos son considerados como maquinarias electorales efectivas que posibilitan a sus patrocinadores el acceso directo a espacios de poder como recompensa y sin que exista de por medio una vocación o proyectos colectivos que beneficien a la población en conjunto (Montúfar, 2004: 88).
Dichos comportamientos políticos se concretan en el plano legislativo cuando existe de por medio discusiones o tomas de posición respecto a los temas de seguridad pública. Es frecuente observar a los dirigentes de los partidos políticos mencionar banalidades o superficialidades cuando las dependencias estatales relacionadas con el combate al narcotráfico y la seguridad presentan sus informes financieros a organismos de control como el mismo Congreso Nacional o la Contraloría General de la Nación. En esas intervenciones, el papel de los partidos se reduce a diálogos formales sobre rendición de cuentas narrativas y de "bookkeepink" (Schedler, 1999). No se habla en ningún momento de rendición de cuentas políticas, sus implicaciones para la población, o menos aún, sobre veedurías u observatorios sociales que de alguna manera están amparadas en la constitución de 1998; constituye, por decirlo de alguna manera, una especie de zona "marrón" que bloquea o limita la capacidad de aprendizaje cultural e institucional democrático de la ciudadanía [8].
La segunda situación está referida a las características de nuestra cultura política, pues al existir mecanismos populistas y clientelares utilizados por el ejecutivo, las capacidades de rendición de cuentas de las autoridades respecto a la afectación de la seguritización deja sin piso, por ejemplo, la aplicación efectiva de la ley de acceso a la información pública recientemente establecida y que puede servir como uno de los instrumentos que ayuden a elevar los niveles de concienciación y aprendizaje colectivo [9]. De ahí que, determinados problemas sociales y económicos vinculados a la calidad de vida de la población -especialmente la ubicada en la frontera norte- sean canalizados hacia programas de entidades gubernamentales de desarrollo que reciben recursos económicos provenientes de la estrategia de seguridad regional estadounidense [10].
En esta dinámica se utilizan todas las capacidades clientelares de los aparatos gubernamentales para mantener lealtades políticas y circuitos de reproducción de los discursos oficiales a cambio de proyectos y dinero que, a más de facilitar la gestión de caudillos y autoridades locales cercanos a la presidencia, también incorpora organizaciones de la sociedad civil en contextos de pobreza y marginación muy extendidas en poblaciones de nuestra frontera norte. Desde esa perspectiva, a los tradicionales problemas de representación entre partidos y ciudadanía que se expresa entre otros factores en el nivel de desconfianza sobre ellos, pues del 61% obtenido en 1998 se pasó a un 66.3% en el 2002 (Instituto Inter-universitario de Iberoamérica, 2005), también hay que sumar el bajo perfil con el que actúan organismos como la defensoría del pueblo que hasta la fecha no tiene nombrado un representante oficial, cuya elección depende en buena medida de iniciativas provenientes del ejecutivo.
Esta estrategia de des-institucionalización, ligada a prácticas culturales del sistema político, ha hecho que entidades como la Defensoría del Pueblo se abstengan de participar en denuncias de violación a los derechos humanos cuando aparecen las palabras asociadas "seguridad" y "narcotráfico" en los casos presentados por la población afectada. Desde cualquier punto de vista, ésta limitación de actuación institucional disminuye las potestades de intervención en los asuntos públicos y des protege a la ciudadanía en un asunto vital para el funcionamiento del estado de derecho. En este rubro hay que señalar que si bien las organizaciones civiles de derechos humanos denuncian abusos contra la población, el seguimiento de los casos e investigaciones legales a través de la fiscalía y los juzgados entran en el entramado institucional y cultural antes descrito y se pierde la oportunidad de establecer sanciones, ya que por lo general, los casos deben ser presentados personalmente por los afectados que al no contar con defensa pública y no poseer los recursos económicos para hacerlo, prefieren dejar las acusaciones de lado y no someterse a trámites larguísimos en el sistema de justicia que se encuentra vulnerado por actos de corrupción.
Tomando en consideración esta serie de elementos, se puede mencionar que bajo determinados contextos ya explicados de segurización, empleados estratégicamente por los recientes gobiernos, la facultad de accountability política, íntimamente conectada al concepto de representación democrática
(Peruzzotti, 2001: 27) se presenta en el Ecuador de forma restringida por la cooptación de organismos públicos y partidos políticos que, en lugar de establecer una horizontalidad de rendición de cuentas y consolidar el funcionamiento democrático, contribuyen para que la ciudadanía despliegue pocas acciones de aprendizaje colectivo y sustente a la vez relaciones políticas y sociales atrapadas en el limbo de prácticas culturales tradicionales.
La frontera norte ecuatoriana ha venido sufriendo un proceso de "calentamiento" paulatino en estos últimos años, pues son varios los factores que intervienen para que se genere esta situación. La sola cercanía con el límite internacional y con los distintos actores armados colombianos, sumado a la visión geoestratégica de los aparatos de seguridad y defensa del Estado ecuatoriano, quienes consideran a la zona como altamente conflictiva, imprime una característica específica a la dinámica social de esa parte del país, ya que los gobiernos locales y autoridades civiles deben hacer frente a una serie de retos y demandas de la población y a las contingencias derivadas de la aplicación de las agendas de seguridad del Ecuador y Colombia.
El proceso de seguritización que está siendo implementado en las provincias fronterizas, asociado a la estrategia antinarcóticos y al Plan Colombia, no solo ha generado distanciamientos en la buena relación que existía entre las FFAA -excepto la policía- y la sociedad civil, sino que en estos últimos años son frecuentes las denuncias de abuso por parte de miembros policiales y militares. Aunque no se tienen datos estadísticos sobre el número de denuncias presentadas en las dependencias judiciales por temor a las represalias, son frecuentes las acciones de este tipo por parte de las fuerzas del orden [11]. En todo caso, el hermetismo oficial, el nerviosismo de la población y la utilización del rumor como fuente principal de información conduce a que permanentemente se confundan los actores y se distorsionen los hechos ocasionando mayor sensación de inseguridad.
Una dimensión paralela a estos problemas tiene que ver con el manejo de la administración de justicia que es parte de la trama institucional estatal, caracterizada por ser lenta, altamente burocratizada, influenciada políticamente, poco eficiente y presentar casos recurrentes de corrupción entre sus miembros. Actualmente, el sistema judicial, a más de los factores negativos señalados, se encuentra atravesado por una serie de tensiones provenientes de la aplicación de sus mismos códigos y por presiones externas derivadas de la inserción del Ecuador en las políticas de seguridad y combate al narcotráfico, muchas de las cuales no han prevenido las consecuencias sociales de la aplicación de las leyes y procedimientos en términos de violación a los derechos humanos de la población.
En el caso ecuatoriano como otros similares de la región andina, las autoridades legislativas y judiciales incorporaron las sugerencias estadounidenses en lo referente al endurecimiento de sanciones y penas contra el narcotráfico. Es así que en 1991 se promulgo la ley 108 que sancionaba con mínimo 10 y máximo 25 años acumulados de cárcel a todas las actividades relacionas con el tráfico de drogas. Hay que mencionar que la pena de 25 años acumulada sólo es aplicada para esta ley porque el código penal no contempla ésta situación para otro tipo de delitos ya que la pena mayor absorbe a la menor, es decir, resultaba más peligroso ser acusado de narcotráfico antes que asesinato, ya que la pena máxima para este tipo de delito contemplaba 16 años de reclusión mayor [12]. Adicionalmente, recién en 1997 la ley contempló diferencias entre pequeños traficantes, consumidores y grandes traficantes, sin discriminar a personas de edad avanzada, enfermas terminales y de buen comportamiento.
Como se ha mencionado, la situación de los derechos humanos en la frontera norte del Ecuador presenta actualmente niveles de vulnerabilidad en varios campos. Por lo general, la restricción a la libertad de tránsito de las personas; el silencio gubernamental frente a los efectos tóxicos de las fumigaciones aéreas; los controles permanentes en búsqueda de precursores químicos, armas y narcóticos sin orden judicial expresa de allanamiento; el amedrentamiento a las organizaciones civiles que denuncian abusos de las autoridades; y, la detención arbitraria, constituyen claras violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar y policial aduciendo tareas de seguridad nacional (Rivera, 2005).
Frente a este panorama, las organizaciones de derechos humanos y otras de la sociedad civil han emprendido una serie de acciones y protestas para denunciar las situaciones descritas. En ese sentido, daría la impresión de que las organizaciones civiles ecuatorianas, movilizadas en torno a un tema específico, están activando al mismo tiempo una serie de recursos no institucionales e institucionales para establecer un aprendizaje colectivo de derechos en democracia a pesar de los contextos segurizados de las problemáticas mencionadas. Para citar un ejemplo, observemos la dinámicas suscitadas a cabo en el año 2004 en el que se multiplicaron denuncias y protestas contra las fumigaciones en la zona de frontera; las más significativas fueron:
La conjugación de estas acciones y estrategias develan la utilización de mecanismos legales, amparados dentro de la institucionalidad formal, y formas de protesta con repertorios claros y específicos que interpelan a las autoridades políticas por el deterioro de la situación fronteriza; de esa manera, esa "otra" institucionalidad de accountability social ha empezado a promover el uso de herramientas verticales en "zonas marrones" para demandar intervenciones públicas horizontales que incluso van más allá de la jurisdicción nacional. Esto ocurre cuando un movimiento social se organiza y moviliza alrededor de una demanda en específico, cuando los medios cubren las acciones o propuestas de un movimiento en particular, o cuando se desarrolla una investigación con respecto a un tema, y cuando los individuos o asociaciones activan procedimientos judiciales locales o internacionales (Smulovitz y Peruzzotti, 2003: 312).
Desde el punto de vista de las culturas políticas, la sociedad civil ecuatoriana que a pesar de no ser monolítica, homogénea y dinámica como erróneamente se la entiende (Reuben, 2002), ha iniciado una serie de acciones a través de las organizaciones de derechos humanos frente a los contextos de seguritización. Mediante estos procedimientos, no sólo se evidencia la incapacidad de los partidos políticos para procesar las demandas de sus representados, sino que también expresa la construcción de identidades sociales que están en una constante tensión entre la repetición de unas tradiciones sedimentadas a lo largo del tiempo y la capacidad de innovación de los actores políticos frente a los desafíos de recientes acontecimientos, experiencias negativas y nuevos horizontes de sentido (Burbano de Lara, 2003)
Finalmente hay que mencionar que las relaciones entre Estado y sociedad no están mediadas por una internalización cívica e implementación real de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía a pesar de que el país cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado desde 1998. Este déficit de implementación ocurre por las características señaladas anteriormente, pero también por la presencia de fuertes lógicas excluyentes y racistas que perviven en la sociedad ecuatoriana; factor que ha promovido el uso selectivo de ciertos derechos por parte de sectores hegemónicos relacionados con la política y el poder estatal.
Desde esa perspectiva, la construcción de una estatalidad transparente que incluya la participación democrática de los diversos actores sociales y políticos en temas complejos como la seguridad nacional, se presenta como una necesidad prioritaria que debe ser asumida por los distintos componentes de la sociedad civil que se encuentran luchando actualmente por abrir canales de comunicación, diálogo y rendición de cuentas efectivas para frenar las visiones y prácticas autoritarias del orden por encima de los ciudadanos y sus derechos humanos.
en el imperio romano se la acreditaba al gobernador de una provincia. Ubicado en Miami -Key West- el Comando Sur tiende a ser el principal interlocutor de los gobiernos del área y el articulador primordial de la política exterior y de defensa estadounidense en la región(Tokatlián, 2004: 8).
[*] Sociólogo. Profesor-investigador y Coordinador de Relaciones Internacionales de FLACSO Sede Ecuador.
[fuente]
http://www.uasb.edu.ec/padh/revista17/actualidad/fredyrivera.htm
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