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EEUU hará de todo para imponer al candidato de derechas Álvaro Noboa

Víctor Ego Ducrot

Rebelión / APM

18 de octubre de 2006

Washington quiere garantizar un Ecuador sumiso a su estrategia militarista. Las cuentas sucias del Pentágono y Alvaro Uribe, su socio colombiano. El empresario bananero, la mejor garantía política.

Estados Unidos pretende que el multimillonario bananero Alvaro Noboa se imponga sobre Rafael Correa en la segunda vuelta electoral prevista para el 26 de noviembre y con ese objetivo trabajan tanto la embajada de Estados Unidos en Quito como la Organización de Estados Americanos (OEA).

A la misión de observadores de la OEA y a su jefe, el ex canciller argentino Rafael Bielsa, se encargó de denunciarlos el propio Correa, quien tuvo la valentía de llamar a las cosas por su nombre.

Recordemos que fue la OEA la encargada de convalidar las recientes y fraudulentas elecciones en México y fue la OEA la que estuvo al frente de un descarado complot contra en Evo Morales, en Bolivia, cuando el 18 de diciembre pasado le hacía llegar al Tribunal Electoral de Bolivia a y la prensa de ese país resultados falsos del comicio, que daban perdedor al candidato que finalmente llegó al gobierno con un voto plebiscitario.

Noboa no sólo expresa lo peor del neoliberalismo en términos sociales y económicos. El mismo Correa lo denunció el domingo último, una vez cerrada la votación en primera vuelta, de recurrir al trabajo infantil en su mega empresa frutícola, según pudo verse en las pantallas de la cadena Telesur.

El zar bananero es la baraja de triunfo del gobierno de Estados Unidos para avanzar con su programa militarista en la región, en pos del control de las riquezas amazónicas y andinas y dirigido contra las experiencias políticas más avanzadas del área, como lo son Venezuela y Bolivia.

Washington requiere de un Ecuador alineado como espacio logístico clave del Plan Colombia. Al respecto puede leerse en los archivos electrónicos de APM, el artículo "Los banqueros del Plan Colombia", de quien esto escribe.

A continuación retomaremos aquellas informaciones, ubicadas en este nuevo contexto de estratégica importancia para Sudamérica y sus distintos intentos políticos cuestionadores de la hegemonía estadounidense, cada uno de ellos con diferentes grados de intensidad y compromiso.

Primero, un poco de historia. La Coexistencia Pacífica no pudo con la consolidación del dólar como herramienta vital tras el cese de la convertibilidad en oro decretada por Richard Nixon y la consecuente hiperacumulación financiera en manos de las corporaciones bancarias y parabancarias de matriz estadounidense, ni mucho menos con el apabullante despegue científico-técnico registrado en el seno del sistema capitalista imperialista. Estados Unidos se aprestaba para acercarse al siglo XXI como potencia hegemónica y como la mayor maquinaria de guerra nunca antes conocida por el hombre.

Implantada con éxito en toda la región la Doctrina de la Seguridad Nacional, vía dictaduras militares y Plan Cóndor, a partir de la pasada década del '80 el camino quedó libre para la puesta en escena del sistema de democracias controladas -aún vigente- y la plasmación orgánica de lo que unos años más tarde se conocería como el Consenso de Washington, las Doce Tablas del programa imperial adecuado a los nuevos tiempos y genéricamente conocido como neoliberalismo.

Los movimientos sociales -fundamentalmente indígenas, campesinos y de desocupados- serían los desafíos de la década siguiente, lo mismo que la aparición del gran contradictor sudamericano de la década del '90, el venezolano Hugo Chávez y su Revolución Bolivariana. Por supuesto, Cuba seguía ahí, sin que los jerarcas políticos, militares y de inteligencia de Washington supiesen qué hacer con ella.

No sería la primera vez que el capitalismo hegemónico echase mano a las masas dinerarias ilegales para acelerar sus propios procesos de acumulación. El propio Adam Smith, en el siglo XVIII, en su obra magna La riqueza de la naciones, recomendaba la utilización de los ingresos provenientes del tráfico de opio por fuera del sistema legal.

A fines del siglo XX Estados Unidos decidió recurrir a cuantiosas sumas de dinero en negro -surgidas de narcotráfico y de la corrupción promovida por el propio sistema de democracias vigiladas- y a los circuitos bancarios offshore, para financiar sus programas militares en toda América Latina.

En la actualidad, el mayor de todos ellos es el Plan Colombia, con sus derivaciones: una estrategia de despliegue militar sobre el territorio sudamericano para garantizar sus modelos variados y alternativos de libre comercio (ALCA en sus diferentes versiones) y asegurarse el control efectivo sobre las grandes cuencas de recursos naturales, claves para el modelo de reproducción capitalista del siglo XXI.

Un de los aspectos menos conocidos del Plan Colombia quizá sea la necesidad que tuvo Washington de convertir al Ecuador en base o asentamiento de mecanismos bancarios y parabancarios, dedicados a la provisión de los fondos que el programa militar requiere.

El ya mencionado artículo "Los Banqueros del Plan Colombia" intentó explicar cómo Estados Unidos financia con droga su estrategia militar para Sudamérica, a través del entramado financiero montado en Quito por la DEA (Agencia gubernamental de Washington contra el narcotráfico).

A lo largo de la del '90, Ecuador y otras plazas "emergentes" sufrieron verdaderas operaciones de vaciamiento financiero, coordinados por la secretaría del Tesoro de Estados Unidos, para recaudar metálico destinado al complejo bélico industrial, sin afectar el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses.

Cabe recordar aquí la "crisis" de Argentina, en 2001, cuando los medianos y pequeños ahorros en dólares de ese país fueron confiscados por los bancos, a la vez que las mismas entidades actuaron como instrumentos para la fuga de los grandes activos en la misma moneda, vía sucursales offshore. Por esa vía, y a lo largo de todo el año 2002, Argentina "exportó" en forma ilegal -porque se violaron los contratos suscritos entre bancos y ahorristas- unos 140.000 millones de dólares.

Dos meses antes de la "crisis" argentina de diciembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos proclamaba que su lucha contra el "terrorismo internacional", una supuesta reacción a los ataques del 11-S, demandaría gastos especiales por 400.000 millones de dólares. Esos fondos no salieron del fisco estadounidense sino que en parte fueron liberados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero también llegaron de los paraísos fiscales controlados por los principales bancos de matriz norteamericana a partir de las masas de dinero provenientes de las llamadas "crisis financiaras de los países emergentes".

Así Estados Unidos financió sus campañas de ocupación militar en Afganistán e Irak y, a través de operaciones similares, sostiene sus campañas belicistas contra Irán y ahora contra Corea del Norte.

Los métodos y herramientas políticas y de inteligencia que utiliza el gobierno de Estados Unidos para apropiarse y reciclar desde los paraísos fiscales las masas dinerarias provenientes del narcotráfico y de otros sectores económicos "informales" se apoyan en un principio reconocido por los propios agentes de inteligencia de la secretaría del Tesoro.

En ese sentido, el libro El color del dinero (Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.), de quien esto escribe, reveló como aquellos agentes reconocen que el sistema no quiere - ni le conviene- acabar con al economía negra. Que simplemente hay que regularla, para que no se rompan las cotas de un equilibrio emprendedor, según el cual los montos asistémicos que circulan por el mundo no deben provocar una reducción drástica de las masas monetarias sistémicas, pues éstas son necesarias para mantener las bases imponibles de los Estados, y por consiguiente la sobrevivencia de sus respectivas burocracias.

Sin embargo, ese mismo punto de equilibro se desplaza a favor del dinero negro, cuando el despliegue financiero estratégico que demanda la actual etapa del sistema capitalista imperialista necesita de inversiones con rentabilidad adicional, tanto civiles o militares.

Los capitales pasan de la ilegalidad -dinero asistémico- a la legalidad -dinero sistémico- con total facilidad, y es lícito sospechar que sucede así porque así lo permiten las reglas del juego, las que por lo tanto no están tan comprometidas como parece en la lucha contra el dinero sucio, afirma el libro citado.

Los estrategas estadounidenses entrecruzan escenarios y metodologías y en ese sentido, las corporaciones financiaras actúan como socias de la Casa Blanca, tanto en Medio Oriente y el Golfo Pérsico como en Sudamérica, contando siempre con el sistema de corruptelas domésticas, funcionales en términos estratégicos, más allá de los proclamados discursos "políticamente correctos" y distractivos que Washington emite "contra" la corrupción en los países dependientes.

Dicho de otra forma: hubiese sido imposible la imposición de los modelos neoliberales en la región sin la asistencia orgánica de los sistemas políticos de corruptelas políticas domésticas, llámense éstas Carlos Menem, Alberto Fujimori, Jamil Mahuad, Álvaro Uribe o Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ecuador es clave en este entramado y un caso piloto es el del Banco Pichincha de fuertes lazos con la empresa titular de la tarjeta Dinners. En mayo de 2005, el Pichincha controlaba el 60 por ciento de los depósitos de ese país.

El mecanismo político-financiero que fue dispuesto desde la propia embajada de Estados Unidos en Quito no respondió a un trabajo de urgencia sino que surgió de una operación de larga data, desde la época misma en que Washington auspiciaba el establecimiento en América de Sur de "regímenes democráticos controlados o vigilados", una categoría política surgida con el agotamiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional y sus consecuentes dictaduras militares.

Durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), la Junta Monetaria de Ecuador expidió dos regulaciones, la 596-89 y la 631-89, de marzo y octubre de 1989, respectivamente, a través de las cuales el gobierno institucionalizó el lavado de dólares provenientes del tráfico de drogas. Liberó los controles existentes y autorizó a los bancos, financieras y casas de cambio a comprar dólares billete y transformarlos en dólares cheque, por la paga de una comisión.

Expertos de Estados Unidos consideraron que la banca ecuatoriana blanqueó por entonces entre 400 y 500 millones de dólares provenientes del narcotráfico. La revista Newsweek del 3 de setiembre de 1990 publicó una nota con el título "Una isla de paz para los mercaderes de la droga" (An Island of Peace for Drug Merchants) y luego el secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Narcóticos, Melvyn Levistky, señalaba la importancia de Ecuador como plaza para el lavado de narcodólares.

Ese funcionario reveló entonces que el departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una ley por la cual debían ser rastreadas e investigadas todas las transacciones electrónicas de fondos con el propósito de controlar las operaciones ilegales de dinero. En Estados Unidos se efectuaban, en la época que estuvo Levistky en Quito, 41.600 operaciones electrónicas por hora, que representaban movilizaciones de 174.100 millones. Por ese entonces, durante una jornada de trabajo global las operaciones electrónicas movilizaban tres trillones de dólares.

José Rivadeneira Icaza, casado con Alegría Borja Cevallos, hermana de Rodrigo Borja, fue apresado por la policía de Miami y procesado por un juez federal de Nueva York, por lavar dólares del narcotráfico en el Chasse Manhattan Bank de Nueva York y otras instituciones financieras de Estados Unidos. Las operaciones se hacían mediante la compra de giros postales provenientes de Quito y Cali, que llegaban por intermedio de la agencia de cambio ecuatoriana Comercio & Fiduciaria (C&F).

En 1991, el monto del dinero blanqueado ascendía a los 30 millones de dólares. C&F fue intervenida y liquidada, para evitar que pudiese surgir documentación comprometedora para el gobierno de Borja, a la vez que el juzgado que seguía la causa en Nueva York ordenaba la retención de los fondos de C&F en el Chasse Manhattan Bank y también seguía la pista sobre la actuación del Citibank NY.

El economista y periodista ecuatoriano Luis Mejía Montesdeoca, legislador de Izquierda Democrática (ID) -uno de los partidos del sistema de poder en ese país- reveló que, en 1989, fueron comprados 4.907 millones de dólares y vendidos 4.905 en el sistema bancario ecuatoriano. El abogado Fernando Larrea Martínez, diputado y presidente de la Comisión Especial del Congreso para investigar el lavado de dólares, reveló el 3 de julio de 1991 al diario Expreso de Guayaquil que 178 personas aparecían involucradas en el lavado de dinero.

A través del Congreso, Borja designó superintendente de Bancos a Gonzalo Córdova Galarza, eminente fundador de Izquierda Democrática. A un hijo de éste lo incorporó al servicio exterior, nombrándolo embajador de Ecuador en Colombia, cuando sabía que una hermana suya -hija claro del Superintendente de Bancos- estaba envuelta en un caso de drogas y guardaba prisión en una cárcel de Bogotá.

El 30 de agosto de 1988 -a los 20 días de asumir el gobierno- Rodrigo Borja lanzó el "paquetazo". El dólar oficial pasó en 10 días de 275 sucres por unidad a 390, con una devaluación programada de 2,50 sucres por semana y llegó al 56 por ciento. Los combustibles aumentaron en un cien por cien, mientras que el salario mínimo un 15,8 por ciento, de 19 mil a 22 mil sucres (es decir de 35,5 a 41 dólares).

La deuda externa superaba los 11.000 millones de dólares, cuyos pagos habían sido suspendidos por el gobierno de León Febres Cordero en febrero de 1987, debido a los efectos traumáticos de la caída en los precios del petróleo, del terremoto de la región central y la destrucción del oleoducto que paralizó durante seis meses la exportación de crudo ecuatoriano.

Borja no pudo detener la creciente protesta de los trabajadores organizados, los que, el 24 de noviembre de 1988, lanzaron el Paro Nacional del Pueblo. Hubo movilizaciones y represión policial y militar. El manejo económico del país quedó en manos del banquero quiteño Abelardo Pachano Bertero, presidente de la Junta Monetaria. La inflación llegaba al 90 por ciento. En Guayaquil hubo movilizaciones estudiantiles.

Cuando Borja asumió la presidencia aseguró haber recibido una Reserva Monetaria Internacional (RMI) con saldo en rojo (-320 millones de dólares). Febres Cordero, en cambio, dijo que al 10 de agosto de 1988, la RMI era positiva en 57 millones de dólares. Los ajustes económicos del 30 de agosto y del 30 de diciembre de 1988, estaban orientados, según Borja, a recuperar la RMI, y a fin de ese año el presidente afirmó que la misma se ubicaba ya en 100 millones de dólares.

Lo que no dijo fue quién y cómo se iba a administrar. El escándalo nacional explotó el 10 de mayo de 1989: el Citibank de Nueva York había incautado en forma unilateral 80 millones de dólares que mantenía el Estado ecuatoriano en ese banco. Los 80 millones correspondían a un convenio de facilidad comercial suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Ctibank N.Y., para cubrir el desfase de las exportaciones petroleras nacionales durante la crisis del '87. Ese crédito es una operación corriente y usual de corto plazo, generalmente a 90 o 180 días. Este préstamo fue sujeto a renovaciones y se pagaron intereses y el vencimiento estaba previsto para julio, dos meses después de la acción inmoral de los banqueros estadounidenses.

Para el gobierno sólo había en ese momento 33 millones. Entonces ¿quién colocó los 47 millones restantes? ¿Por orden de quién?. El gobierno mismo culpó a la gerencia de Comercio Exterior del banco Central de Ecuador.

Unos años antes, en 1982, en el registro oficial número 262, del 11 de junio, el ministerio de Finanzas y Crédito Público autorizó al Banco del Pichincha la inversión hasta la suma de un millón de dólares en una entidad financiera de la ciudad de Nassau, en Bahamas. Era la partida de nacimiento del Banco del Pichincha Limited, una pequeña entidad financiera offshore, de dos millones de dólares de capital. Por siete años, el pequeño banco vegetó allí con activos declarados de apenas 18.000 dólares.

Borja cerró las cuentas oficiales en ese banco. Sin embargo, el asunto Citibank estuvo escondido durante una semana, lapso durante el cual el gobierno no formuló ningún reclamo oficial al banco agresor, que incluso había violado las normas del Comité de Acreedores. El gobierno de entonces afinaba la operación que terminaría en la conformación del país como sede bancaria del entonces futuro Plan Colombia.

El gobierno de Borja decidió reubicar la RMI en otros bancos. Las reservas de Ecuador fueron a parar al Pichincha Limited de Nassau. El Banco Central de Ecuador depositó allí, en cuenta corriente, 38,8 millones de dólares en 1989 y 47,8 millones en 1990, sin generación de intereses. El gobierno de Borja dijo entonces que la operación fue recomendada por la consultora privada estadounidense Coudert Brothers, aunque nunca quedó claro el contendido de esa recomendación.

El gobierno violó el artículo 52 de la Ley de Régimen Monetario en vigencia en ese entonces, que decía que la RMI debe ser colocada en bancos de primer orden. Luego, el Pichincha de Bahamas prestó 10.724.178 dólares a un grupo de accionistas del Banco Pichincha de Quito, encabezado por el empresario vinculado al Opus Dei, Fidel Egas, al 8,9 por ciento de interés anual, para que éste compre 10 millones de acciones del mismo banco ecuatoriano.

Con este juego ilegal Fidel Egas tomó el control del Banco Pichincha. En un informe de auditoría al 31 de diciembre de 1990, la firma Peat Marwick & Mitchell sostuvo que el Banco del Pichincha Limited de Nassau estaba catalogado como "banco de membrete", cuyas operaciones realmente se efectuaban en la casa matriz del Banco Pichincha de Quito; que el banco de Nassau no tenía reservas suficientes; que el mismo incurría en pérdidas operacionales no reflejadas en el patrimonio de los accionistas y que sus estados financieros no reflejaban una posición apegada a la realidad.

La actual estructura financiera-militar y de inteligencia montada por Estados Unidos en Ecuador, en combinación con el gobierno de Colombia, tiene antecedentes en el tablero que Washington y Bogotá desplegaron anteriormente en Panamá.

Según la edición argentina de la revista Le Monde Diplomatique del mes de febrero de 2005, un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el primer semestre de 2004 Panamá fue, junto a Singapur, Bélgica y Luxemburgo, el país que más se benefició con las inversiones extranjeras directas. Ese documento, afirmó la publicación editada en Buenos Aires, omite precisar que es el capital colombiano el que viene dinamizando a la economía panameña.

Tanto el empresario panameño Iván Ruiz como el director del periódico Capital Financiero, Orlando Mendieta, coincidieron en que esas inversiones son uno de los efectos del Plan Colombia. Con el Plan Colombia se ha intensificado la guerra interna que arrasa a Colombia, poniendo a los capitales en fuga. Las investigaciones oficiales son casi inexistentes pero es vox populi que ha llegado capital legal y "del otro".

Los bancos no hacen muchas preguntas, cierran los ojos porque la mayoría son filiales estadounidenses y europeas. Alexis Rodríguez, decano de Investigación de la Universidad Especializada de las Américas, en Ciudad de Panamá, dijo a Le Monde Diplomatique que la invasión militar norteamericana de 1989 a Panamá se hizo bajo el pretexto de limpiar la economía de capitales provenientes del narcotráfico, pero ni se investigó sobre eso. Washington volverá con el tema cuando necesite chantajear al gobierno que se oponga a ser parte de su estrategia de dominación continental.

Estados Unidos invadió Panamá y secuestró a Manuel Noriega para controlar ese centro financiero de gran circulación de divisas, porque el gobierno panameño de entonces lo había sustraído parcialmente del control de la secretaría del Tesoro y lo había puesto a trabajar en un circuito ajeno a los intereses de Washington.

En marzo de 2003, el entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general James Hill, organizó en Miami una conferencia sobre seguridad hemisférica. El tema central fue cómo proteger la región del contagio colombiano y del terrorismo en general.

Hill expresó que Panamá afrontaba una posible invasión de narcoterroristas desde Colombia, y por lo tanto Estados Unidos y Panamá exploraban nuevos mecanismo para la protección de la frontera, como la operación Nuevos Horizontes, de acciones civiles, con médicos, ingenieros y otro personal militar, cuya sola presencia ahuyentaría a los grupos armados colombianos. En agosto de 2004 se realizó el ejercicio naval Panamax, organizado por el Comando Sur, en el que participaron Panamá, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú, para preparar la seguridad del Canal ante la supuesta posibilidad de "ataques terroristas".

En su declaración anual ante el Congreso estadounidense, a comienzos de 2004 y antes de ser sustituido por el general Jack Gardner, Hill dijo que a partir del Plan Colombia, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, estaba haciendo un progreso excepcional en su lucha contra el narcoterrorismo, al mismo tiempo que acusó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de liderar el populismo radical en América Latina, lo cual lo convertía en una amenaza emergente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero Hill cometió una indiscreción: en su alocución reconoció que empresarios y banqueros colombianos y "de países vecinos" le estaban haciendo más fáciles las cosas a la Casa Blanca a la hora de convencer al Congreso de autorizar fondos para luchar contra el "narcoterrorismo" a través del Plan Colombia. ¿Cuál era el país vecino que circulaba en la cabeza y entre las informaciones de Hill?. Según lo que hemos visto hasta ahora, la respuesta no es muy difícil.

Por aquél entonces, Hill reprochaba a Chávez su negativa a participar en el Plan Colombia. Chávez había anunciado que Venezuela sería neutral porque de lo contrario se estaría "vietnamizando" la región. El teniente coronel Héctor Herrera Jiménez, director del Frente Cívico Militar Bolivariano de Venezuela, sostenía que con el Plan Colombia el presidente Uribe deja utilizar a su país como plataforma bélica en la estrategia estadounidense, que busca aplicar un modelo neocolonial sobre la región Andina (y amazónica).

Por su parte, el general Melvín López Hidalgo, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, también de Venezuela, afirmaba que la Revolución Bolivariana se ha convertido en la piedra en el zapato, por su independencia política internacional y el liderazgo regional que está logrando. Para neutralizar el actual proceso venezolano, desde Colombia se hacen operaciones militares de baja intensidad. Operaciones encubiertas, clandestinas, de penetración, no convencionales.

En definitiva, concordaban ambos mandos venezolanos, el Plan Colombia busca crear desestabilización social, económica, política y militar, que lleve a una situación de ingobernabilidad, de violencia. Así Estados Unidos tendría el pretexto ideal para llamar a una intervención militar extranjera.

En el Pentágono reconocen, cada día con menos disimulo, que el teatro de operaciones de esa estrategia de intervención militar incluye Colombia, Venezuela y Ecuador y que el mismo se expandiría hasta Bolivia e incluso Paraguay, abarcando el más amplio arco amazónico-andino.

[fuente]
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=39535

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