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Pueblos indígenas aislados: ¿Condenados al exterminio?

Luis Ángel Saavedra

Noticias Aliadas

14 de septiembre de 2006

Pueblos indígenas ocultos son víctimas de matanzas que quedan en la impunidad.

Los pueblos ocultos de la Amazonia ecuatoriana parecen estar condenados al exterminio, pues cada vez que se tiene noticia de enfrentamientos con madereros ilegales o trabajadores de las petroleras, las autoridades hacen caso omiso de las denuncias o montan operativos para congraciarse con las cámaras de televisión pero que ni de lejos llegan a los sitios en donde se producen los hechos.

La presencia de madereros ilegales en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní constituye una amenaza contra el entorno y la vida de los grupos ocultos taromenani y tagaeri que viven ahí.

Hasta el momento gozan de impunidad los autores de la matanza ocurrida el 26 de mayo del 2003, en la que 26 indígenas taromenani fueron asesinados en el sitio Cuchiyacu, en el límite de las provincias de Pastaza y Orellana. Nueve waorani (huaorani) occidentalizados ingresaron al lugar ubicado en Yasuní y después de ubicar un asentamiento taromenani, atacaron sorpresivamente y asesinaron a hombres, mujeres y niños. Las chozas taromenani fueron quemadas. Los agresores cortaron la cabeza de una de las víctimas para llevársela como trofeo.

Según los agresores, el móvil de la matanza fue vengar la muerte de Carlos Ima, quien fuera integrante de una familia waorani que protege a los madereros, perpetrada por los taromenani en 1993. Sin embargo, pronto fue evidente que la matanza fue para facilitar las tareas de madereros clandestinos, quienes tenían frecuentes roces con los taromenani y tagaeri que viven en la zona.

La matanza fue organizada por un grupo waorani, asimilado casi completamente a la sociedad occidental y que lucra de la explotación ilegal de madera en la zona ocupada por los tagaeri y taromenani. También hay sospechas de que grupos que explotan madera ilegal pagaron para la ejecución de esta matanza, sostiene Fernando Ponce Villacís, del Observatorio para los Pueblos Ocultos.

Presencia no grata

Según el misionero capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, los taromenani y tagaeri se desplazan en las provincias de Orellana y Pastaza, en la Amazonia central ecuatoriana, donde se encuentran los bloques petroleros 31, 16 y 17, el primero en etapa de concesión y los otros operados por la brasileña Petrobras y el consorcio ecuatoriano Petro Andes. La presencia de estos pueblos también estorba a las compañías y genera enfrentamientos, dice el misionero.

Cabodevilla afirma que, a más de la masacre del 2003, se han producido diversos enfrentamientos en el 2005, que produjeron la muerte de un maderero, y en el 2006, con heridas de otro. Constantemente se producen enfrentamientos en el río Cononaco Chico. Esto es parte del territorio de los tagaeri desde 1963, cuando decidieron dividirse de los waorani que iniciaban su contacto con la civilización occidental. Desde entonces los tagaeri permanecen allí y lo defienden causando varias víctimas, pero no sabemos cuántas han tenido ellos, manifiesta el misionero.

En efecto, el 13 de abril de este año, un nuevo enfrentamiento fue denunciado por madereros que fueron emboscados por los taromenani. Según los madereros se produjeron muchos disparos, pero afirmaron que no hubo víctimas. Luego del enfrentamiento, cinco waorani armados, dirigidos por Manuel Kahuilla, llamado también Huane, líder de una de las familias waorani que comercian con los madereros, incursionaron en una casa taromenani para robar. Al inicio los agresores comentaron a medios de comunicación locales que habría 30 taromenani muertos, luego dijeron que la casa estaba vacía.

Mientras tanto, para las autoridades judiciales y para el Ejército del Ecuador estas matanzas parecen no haber ocurrido o se alega "falta de pruebas", lo que para estas autoridades significa la ausencia de cuerpos en la morgue local para comprobar que se ha producido una matanza.

En efecto, la Fiscalía de El Coca, ciudad capital de la provincia de Orellana, fue encargada de realizar las investigaciones para determinar la muerte de los 30 taromenani; sin embargo, el informe concluyó que no hubo tal enfrentamiento.

La posición oficial es indignante, pues señala que ante la ausencia de evidencias los hechos denunciados no se habrían dado. Así se mantienen las condiciones de grave riesgo para la supervivencia de estos pueblos por falta de políticas públicas de protección oportuna y pertinente. Todo apuntaría a cubrir los hechos, una vez más, con un manto de impunidad y silencio, afirma Ivonne Ramos, presidenta de la organización no gubernamental Acción Ecológica.

Medidas cautelares

Ante esta nueva masacre, Ponce Villacís logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara el 10 de mayo medidas cautelares a estos pueblos para evitar su desaparición.

La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano la adopción de las medidas que sean necesarias para proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros.

Hasta el momento, la única respuesta del gobierno nacional para cumplir con los requerimientos de la CIDH ha sido la instalación de dos controles militares en la Vía Auca, que conduce a territorio waorani, al sur de la ciudad de El Coca, pero la madera sigue traficándose por esa misma vía.

El Estado es tozudo, se empeña en creer que los pueblos ocultos, que no quieren contacto con la civilización, no existen; pero ellos existen y cada vez se hacen más presentes con sus últimos recursos de defensa. El último taromenani morirá defendiéndose, dice el misionero Cabodevilla, quien ha pasado más de 16 años denunciando el exterminio de los últimos pueblos ocultos del Ecuador.

[fuente]
http://www.noticiasaliadas.org/Article.asp?lanCode=2&artCode=4821

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