Quito, 9 de julio de 2006
Solo en junio se registraron 12 casos en los que se acusa a miembros de la Policía Nacional de abuso, asesinato, extorsión, entre otros. En El Carmen (Manabí) ya se produjeron actos de irrespeto. Un destacamento policial fue quemado.
Solo en junio pasado, oficiales y miembros de tropa de la Policía Nacional se vieron involucrados en 12 casos de abuso, asesinato, extorsión y de ser parte de redes de coyotaje. Desde abril del 2005, hay 210 acusaciones.
Esta realidad provoca la pérdida de confianza de los ciudadanos y reacciones violentas como la destrucción de un cuartel en El Carmen, Manabí, y el intento de linchamiento a un gendarme, en Cayambe, Pichincha.
El comandante de la institución, José Vinueza, también acusado de ilegalidades, señala que algunos casos se dan en respuesta a su lucha contra la corrupción y la depuración que lleva adelante en las filas policiales.
Martes 13 de junio. Una multitud de ciudadanos decide ajusticiar a dos delincuentes que intentaron raptar a una niña en el cantón El Carmen (Manabí).
Ellos acusan a los policías de no haber actuado cuando se denunció el secuestro, y deciden linchar a los individuos que ellos mismos tuvieron que capturar. Pero la Policía logra rescatarlos y mientras los ingresan a su destacamento, uno de ellos hace señales obscenas a la gente. La turba se enardece y desquita su enojo destrozando las instalaciones y quemando tres vehículos.
Miércoles 14 de junio: 200 efectivos policiales ingresan en la noche al recinto La Yuca del cantón Palenque (Los Ríos), sacan de sus casas a 42 familias de agricultores, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, a pesar de que estos muestran sus escrituras.
Los gendarmes dicen cumplir con una orden de desalojo y desestiman los documentos que tres semanas después son reconocidos como legítimos. Las 42 casas resultan quemadas y desmanteladas.
La tensión siguió durante trece días y el 27, cientos de agricultores bloquean la vía de acceso en el recinto San Ramón, que conduce a La Yuca. Impiden el paso a un vehículo del GOE que va a relevar personal en ese recinto. Seis gendarmes intentan dispersarlos, pero los campesinos levantan palos y machetes y gritan consignas en su contra.
"Policías ladrones", expresa indignada Leonor Ibarra, propietaria de la tienda del recinto, que los gendarmes utilizan como campamento, junto con una escuela, y en la que ese día ya no encontró víveres.
"¿Qué quieren ir a tapar, los destrozos que han hecho?", grita más allá Carlos Ordeñana, quien tenía 40 quintales de arroz listos para pilar en su casa el día que fue desalojado, y que luego desaparecieron.
Mientras eso sucede en Los Ríos, el 22 de junio, en Cayambe (Pichincha), el agente Miguel Chirán Vivero escapa de ser linchado por un grupo de habitantes que lo acusan de asesinar a un taxista.
El 24 de junio, una marcha fúnebre recorre las calles de esa población con el féretro del taxista. Un familiar lidera el cortejo con un cartel que dice "Policía asesino".
Estos son 3 de los 12 casos que se registraron en junio pasado, en los que policías fueron acusados, además de asesinato y abuso de poder, de extorsión, usura, y de participar en una red de coyotaje.
Los ciudadanos protagonistas de los casos anteriores aseguran no tener razones para respetar a los agentes que, según dicen, ya olvidaron que su deber es mantener la seguridad y el orden.
Esa, la del irrespeto, es una reacción lógica, asevera el sociólogo Carlos Tutivén, quien considera que la mala actuación de determinados agentes ha hecho que surja una desconfianza generalizada en la gestión policial.
Los oficiales honestos y profesionales son los que deben estar más interesados en activar mecanismos de control interno, para eliminar de sus filas a los elementos que desprestigian a la institución, recomienda el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez.
Cuando se presentan excesos y abusos, argumenta el defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, la Policía está en la obligación de hacer una investigación transparente y separar a esas personas para que sean juzgadas por la justicia común y no por sus cortes.
Álvarez sugiere algo similar. "Cuando un policía está franco, se va a un bar, se embriaga, participa de una trifulca y hiere o golpea a alguien, actúa como un ciudadano común y por tanto debe ser juzgado por un juez común", dice.
Según el vocero de la Policía, capitán Juan Zapata, existen actualmente 210 casos de agentes en investigación, pero no reveló detalles de casos.
Ese hermetismo tiene una explicación, según Tutivén. "En la sociedad siguen operando la opinión pública, la denuncia, pero también la vergüenza pública. Aquí se cree que evidenciar las debilidades no es signo de fortaleza, cuando es todo lo contrario; y no existe la autocrítica en ninguna institución", menciona.
Sobre los casos más graves como asesinatos o extorsiones en los que se ha denunciado la participación de agentes, el sociólogo considera que se está evidenciando una posible degradación del rol policiaco debido a varias causas: "Desde los sueldos paupérrimos que tienen los gendarmes, hasta la poca importancia que se le da a ser policía en una comunidad. El valor se está descomponiendo y un policía es víctima, al igual que todos los sujetos, de las instituciones que funcionan o las que hacen lo que les viene en gana".
Álvarez, en cambio, considera que nada justifica el cometimiento de un delito: "Eso depende de la formación, de los valores, la ética y el comportamiento moral". En el caso de la Policía, añade, la selección de sus miembros requiere un análisis severo.
Tutivén afirma que el caso es grave y amerita un foro donde todos veamos quiénes somos responsables. Una sociedad civil no puede excusarse y decir que no es parte del problema, cuando el policía vive dentro de ella.
En diciembre del 2005, el 69% de los ecuatorianos desconfiaba de la Policía, según el informe anual del Latinobarómetro, que realiza encuestas en 18 países de la región.
[fuente]
http://www.eluniverso.com/2006/07/09/0001/10/D7BC8D27D60741FCBC75E2AB2811648E.aspx
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