Quito, 28 de junio de 2006
Redacción Sociedad
Luego de dos años de negociaciones , la Zona Intangible, ubicada al sur del Parque Nacional Yasuní, está a punto de concretarse. Existe un borrador de Decreto Ejecutivo para delimitar la zona.
De acuerdo con los límites planteados, la Zona Intangible Tagaeri Taromenane cubrirá 758.051 hectáreas y se determina además, una zona de amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contigua a toda la Zona Intangible. En la franja de amortiguamiento se prohíbe la construcción de obras de infraestructura como carreteras, centrales hidroeléctricas, facilidades petroleras y mineras.
Uno de los avances es que se creará un fondo para la gestión del área, pero no se indica el monto ni la fuente de financiamiento.
Para Miguel Ángel Cabodevilla, misionero e investigador, es mejor que la zona intangible exista de cualquier forma, pero "se requieren medidas adecuadas para todos los vecinos y que exista una autoridad responsable".
En este proceso han intervenido los representantes de los ministerios del Ambiente y Energía y las compañías petroleras involucradas: Andes Petroleum (antes EnCana), Repsol YPF y Petrobras.
De acuerdo con los límites propuestos, el sur del bloque 17 (Andes Petro) queda fuera de la Zona Intangible, en la cual se prohíben todas las actividades extractivas. Sin embargo, en esa zona es donde se ha documentado la presencia de pueblos no contactados o en aislamiento voluntario.
Cabodevilla indica que en esa área existe al menos un grupo de taromenane que vigila constantemente el sector donde están los pozos del bloque 17.
"Llegan hasta los campamentos petroleros por las noches. No son agresivos, no han atacado nunca, les han robado cosas a los petroleros, a los turistas, a los mismos waos. No concibo que esta petrolera quiera reactivar la explotación de crudo, los pueblos sin contacto no se van a ir".
La recomendación de Cabodevilla no fue considerada en la definición de los bloques. Este Diario intentó obtener la versión de Andes Petro, pero la respuesta de la compañía fue que no dará declaraciones a la prensa.
Empero, Manuel Muñoz, director nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía, envió una carta, el 14 de este mes, a Zhang Xing, presidente de Andes Petroleum (Andes Petro). En la misiva le indica que "se ha podido preservar el acceso de esa compañía a los yacimientos del bloque 17 (Tiwae y Awant)".
Estos dos campos fueron considerados marginales por EnCana y no fueron explotados. Al bloque 17 le disminuyen 58 000 ha.
Una contradicción más es que 26 de marzo del 2006, Andes Petro ratificó la política de EnCana para pueblos no contactados. De acuerdo con estos lineamientos, se comprometió a diseñar sus proyectos para minimizar las oportunidades de encuentro con los grupos no contactados.
El bloque 31 de Petrobras se recorta en 10 000 hectáreas. Allí también existen evidencias de la presencia de pueblos no contactados, especialmente al sur.
Por su parte, Petrobras indicó que en el nuevo plan de desarrollo presentado al Ministerio del Ambiente únicamente contempla operaciones al norte del bloque 31. Esta área se encuentra fuera de los límites de la zona intangible o de amortiguamiento.
Lo que aún no está definido es el mecanismo de compensación que se adoptará con las petroleras por la reducción de los bloques.
Iván Rodríguez, ministro de Energía, y Ana Albán, ministra del Ambiente, en una carta a Xing, ratificaron su compromiso para "buscar las medidas necesarias para alcanzar un acuerdo mutuo con la petrolera". El sustento para esta medida es el artículo cinco del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas.
Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los investigadores que más ha documentado a los pueblos ocultos o en aislamiento voluntario, calcula que existen por lo menos tres grupos de "no contactados".
Esto grupos familiares recorren un territorio donde actualmente están los bloques petroleros 17 (Andes Petro), 16 (Repsol YPF), 31 (Petrobras) y ITT (Petroecuador). También tiene reportes de la presencia de otro grupo cerca de la frontera con el Perú.
"Los militares conocen que hay grupos sin contacto, ellos los han visto en la fotografías satelitales. Incluso hay un reporte de un oficial del Ejército que se ha escondido sistemáticamente, porque es más beneficioso para sus intereses el que no se conozca su situación y la forma en la cual se han encontrado en la selva".
Calcula que sumarían alrededor de 300 personas, pero indica que están bajo fuertes presiones. "Contando la matanza del 2003 y otros incidentes hay por lo menos 50 personas de los Taromenane que han muerto en manos de los mismos waorani".
En el Decreto Ejecutivo 552, del 2 de febrero de 1999, se creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane y otros pueblos que permanecen sin contacto, ubicadas hacia el sur de las tierras adjudicadas a los Waorani en 1990 y del Parque Yasuní.
El 15 de octubre del 2003, EnCana solicitó que se delimite la Zona Intangible y se ofreció a colaborar logísticamente en el proceso.
El 14 de septiembre del 2004, el Ministerio del Ambiente, EnCana, Caiman-Usaid y Wildlife Conservation Society (WCS) acoradaron cooperar en la delimitación.
El 12 de octubre del 2004, mediante un acuerdo ministerial, se constituyó la comisión para la delimitación de la Zona Intangible. Esta entidad tenía un plazo máximo de 180 días para establecer los límites de la zona.
El 10 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares "para proteger la vida y la integridad de los pueblos tagaeri y taromenane que habitan en la selva amazónica ecuatoriana".
La Comisión solicitó al Estado ecuatoriano que adopte "medidas efectivas para proteger a los pueblos tagaeri y taromenane, en especial, adopte las medidas necesarias para proteger el territorio en el que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros".
Fernando Ponce, biólogo y una de las personas que solicitó este mecanismo de protección para los taromenane, no oculta su desconcierto ante la nula reacción del Gobierno. Él resalta que la Comisión solicitó que se le envíe en 10 días, que se vencieron el 20 de marzo, un informe sobre las medidas adoptadas, pero hasta la fecha no hay respuesta oficial.
El único documento que existe es un oficio enviado por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al Ministerio del Ambiente en el cual se indica que "se han impartido las disposiciones pertinentes al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas" para controlar la tala ilegal y evitar las agresiones a los pueblos indígenas .
Según Jarrín, una de las acciones es cooperar en los puntos de control existentes para evitar que la madera ilegal salga de la zona.
Sin embargo, Ana Rivas, alcaldesa de Francisco de Orellana (Coca), puntualiza que la cooperación de los militares es nula. "No quieren hacer nada. Frente al cuartel pasan camiones cerrados con madera y nadie hace nada".
Para hoy está prevista la inauguración de dos puestos de control del tráfico de madera, al sur del Parque Yasuní. Estos se construyeron con el aporte de 500 000 dólares de Encana. Según Ambiente, Andes Petro se comprometió a continuar con las políticas ambientales de Encana.
[fuente]
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=50190&seccion=8
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=50195&seccion=8
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