Quito, 2 de junio de 2006
La región andina se ha convertido en el dolor de cabeza de la administración Bush. En esa región, además de estar una de las zonas de más alta biodiversidad del mundo, como es el Chocó-Andino, y las reservas de hidrocarburos más importantes, hay un complejo escenario geopolítico, empezando por el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, pasando por el conflicto armado de Colombia, por la presencia de poderosos movimientos sociales en Ecuador, y por la resurgencia de un fuerte movimiento de izquierda en Bolivia e incluso en Perú. No es gratuito el hecho de que EEUU haya pensado en integrar a algunos de estos países dentro de su órbita de monitoreo a través de tratados de libre comercio, y que esté construyendo una de sus embajadas más grandes, en la ciudad de Quito. Se trata de una región demasiado estratégica y con una conflictividad que amerita una intervención oportuna antes los nuevos escenarios geopolíticos que se vislumbran. En efecto, a pesar de que las recientes elecciones colombianas dan cuenta de un triunfo arrollador del presidente conservador Álvaro Uribe, en realidad, esas elecciones implican uno de los cambios más profundos en la historia política colombiana, y hace referencia a la ruptura real y al parecer irreversible, del bipartidismo entre liberales y conservadores, como opciones de gobierno y la emergencia y constitución de la izquierda no armada colombiana, expresada en el Polo Democrático y que obtuvo una cuarta parte de toda la votación nacional. Así, en menos de un periodo electoral, el Polo Democrático pudo cuadriplicar su votación y constituirse en una opción real de poder al mediano plazo. En una perspectiva de largo plazo, puede verse a este periodo electoral de Álvaro Uribe más bien como el último del bipartidismo y como la transición a un proceso de paz y consolidación del Polo, como real alternativa de poder e inicio de profundos cambios y, quién sabe, la resolución final del conflicto armado. El caso peruano también es sintomático, a pesar de la convergencia de la burguesía y de los intereses norteamericanos tras la candidatura de Alan García, el hecho de que el candidato nacionalista Ollanta Humala haya consolidado sus posiciones gracias a un discurso crítico con el neoliberalismo y apelando a la defensa de la soberanía nacional, dan cuenta de la fuerza que tiene ese discurso en la región. Ahora bien, es en ese escenario regional que empieza a constituirse el panorama electoral en Ecuador. El gobierno transitorio de Alfredo Palacio, fruto de una insurrección popular que dio al traste al gobierno corrupto de Lucio Gutiérrez, ha tenido que enfrentarse con fuertes movilizaciones sociales que le han obligado a dar respuestas nacionalistas en el caso del petróleo y en la negociación del TLC con EEUU. Es de indicar que el Ecuador es el único país dolarizado de toda América del Sur, y que ha jugado un rol geopolítico importante incorporándose en el conflicto armado colombiano, y cediendo territorios en la ciudad de Manta para una base militar norteamericana, además del traslado de toda su frontera militar desde el sur hacia el norte, es decir, hacia Colombia. Es un país estratégico en los planes norteamericanos por su ubicación geográfica.
La derecha ecuatoriana ha empezado un proceso de clarificación de opciones electorales, y tiene varias candidaturas con fuertes posibilidades todas ellas. El candidato de la derecha ecuatoriana con más opciones es un abogado de los bancos, León Roldós. Es hermano del ex presidente Jaime Roldós quien muriera en un dudoso accidente en 1981. Su relacionamiento con poderosos grupos de poder del sistema financiero ecuatoriano se evidencia cuando formó parte del grupo de abogados que diseñaron una ley para proteger al sistema bancario, creando una agencia de garantía de depósitos (Ley de la AGD), para trasladar al Estado los costos de las quiebras bancarias. Esa ley se aprobó en diciembre de 1998, y tres días después de su aprobación, quebró el Filanbanco, a la sazón el mayor banco privado del Ecuador, y se dio inicio a la crisis financiera ecuatoriana que le costaría al país más de 5 mil millones de dólares (una quinta parte de su producción bruta), y la pérdida de su soberanía monetaria. Es precisamente este abogado que ayudó a salvar a la banca de la crisis financiera, produciendo la peor crisis económica en toda la historia ecuatoriana, quien ahora aparece con el mayor porcentaje de intención de voto en las encuestas electorales. Su candidatura se presenta en alianza con el partido de la Izquierda Democrática, otrora un referente de socialdemocracia en el Ecuador. Según las intenciones de voto en las que coinciden varias encuestadoras, en segundo lugar de preferencias electorales estaría el magnate bananero Álvaro Noboa. Su caso es particular porque está en disputa la herencia de su padre (Luis Noboa Naranjo), estimada en alrededor de tres millardos de dólares. Álvaro Noboa ha sido acusado por evasión fiscal (su contribución al impuesto a la renta es menor que el aporte de un maestro de escuela rural), por utilizar trabajo infantil en sus plantaciones bananeras, por la prohibición establecida en sus plantaciones y en sus empresas (que suman más de cien), de sindicalización, etc. También ha aparecido su nombre asociado a la presencia de numerosos asesinatos a campesinos en las provincias en las que tiene sus plantaciones, y que aparecen en la prensa local como crímenes pasionales o productos de litigios familiares, pero que siempre hacen referencia a líderes campesinos que luchaban por la sindicalización y por mejores condiciones de trabajo en las plantaciones de Noboa. En tercer lugar de las preferencias electorales se sitúa la diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Cinthya Viteri. Se trata en este caso de dar un rostro amable a uno de los partidos políticos más comprometidos con la estructura oligárquica del poder. En efecto, el PSC ha sido acusado de corrupción, y de algo que la sociedad ecuatoriana no le ha perdonado, y es la violación a los derechos humanos, los crímenes a opositores del gobierno, y la persecución y guerra sucia en contra de grupos de izquierda radical cuando estuvieron en el poder, en el periodo 1984-1988. El PSC se ha convertido en la sombra del poder oligárquico y ha estado detrás de todas las decisiones que han afectado al Ecuador de manera profunda, como las privatizaciones, la dolarización, la crisis financiera, la crisis del sistema judicial, etc. Ha sido justamente en contra de esta estructura oligárquica de poder que se han producido las movilizaciones ciudadanas exigiendo "Que se vayan todos!". Ahora bien, en este contexto se abre una enorme posibilidad para el acceso de la izquierda al control del gobierno. Es favorable el contexto regional que beneficia a las tendencias de izquierda y de nacionalismo, es también propicia la predisposición del electorado ecuatoriano que está esperando señales fuertes para optar por una candidatura que rompa con las estructuras oligárquicas de poder. Más de dos tercios de los votantes aún no han decidido su voto.
Ahora bien, ¿cuál es la posición ante este contexto de la izquierda ecuatoriana? La izquierda ecuatoriana se aglutina en tres grandes fuerzas, con sus respectivas representaciones políticas: el movimiento indígena y su brazo político, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK); el mayor sindicato público que aglutina a los maestros fiscales, cuya expresión política es el Movimiento Popular Democrático, (MPD), y los pocos sindicatos públicos y privados que aún resisten la flexibilización laboral, y sindicatos campesinos aglutinados en el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Juntos tienen un 17% de la representación parlamentaria, y su votación alcanza al 12% de la votación nacional. En el Congreso no tienen una agenda común de trabajo y si votan juntos es por coincidencias coyunturales más que por acuerdos programáticos. De hecho, el MPD y el PSE respaldaron a Lucio Gutiérrez, mientras que PK estaba en la oposición. Junto a estas tres grandes fuerzas, existe una miríada de pequeños grupos políticos que a veces orbitan en función de una de estas fuerzas, otorgando un cariz de pluralidad más de fachada que de fondo; otras veces, estos pequeños grupos tratan de mantener su independencia y buscar acuerdos puntuales con cualquiera de estas grandes fuerzas sociales también buscando legitimidad y visibilización. En toda su vida política estas fuerzas jamás han ido unidas en un proyecto común. Empero de ello, la izquierda ecuatoriana se ha visto sorprendida por la aparición repentina y con una buena imagen electoral, del ex ministro de Economía de Alfredo Palacio, Rafael Correa. Con un discurso que recogía las principales aspiraciones de la izquierda, Rafael Correa, en su breve paso por el ministerio de economía supo construir una imagen política que se identificaba, precisamente, con las corrientes nacionalistas y críticas al neoliberalismo. En poco tiempo, el ex ministro de Economía, se convirtió en figura pública y se posicionó como candidato a la presidencia de la república desde el espacio de la izquierda política. Mientras la izquierda ecuatoriana nunca se había puesto de acuerdo sobre una figura que la represente electoralmente, la presencia de Rafael Correa venía a llenar un espacio porque no estaba adscrita a ninguno de los movimientos o partidos de izquierda más importantes, y en primera instancia se pensó que su nombre bien podía constituirse en un elemento de convergencia de la izquierda ecuatoriana, que habida cuenta del contexto político regional y nacional le abría enormes posibilidades electorales. Sin embargo, una reflexión más profunda, realizada sobre todo desde el movimiento indígena, empezó a poner distancias con esta candidatura porque repetía un proceso ya vivido en su historia política reciente, aquel de Lucio Gutiérrez. En efecto, el movimiento indígena acusó el golpe de haber respaldado a Gutiérrez, sin haber previamente definido los contenidos programáticos del acuerdo electoral y los espacios de poder de esta alianza. La experiencia de Gutiérrez obliga a la cautela y prudencia por parte del movimiento indígena. Están de acuerdo en articular un gran frente único, pero con una persona que pertenezca al proceso de las organizaciones de la izquierda, de ahí que hayan propuesto su propio candidato a la presidencia, justamente para marcar distancias y evitar que el movimiento indígena se fragmente en esta coyuntura electoral. Así, lo que parecía una fortaleza de Rafael Correa, y es aquella de no adscribir a ninguna de las grandes fuerzas de izquierda, se convierte en debilidad. Al pronunciamiento del movimiento indígena se suma el MPD, pero por razones estratégicas. En efecto, el MPD también apoya a un candidato de la izquierda como candidato único y ha propuesto, para negociar, el nombre de uno de sus diputados más controversiales y más cuestionados, como precandidato presidencial. Al no existir ninguna posibilidad de que la izquierda ecuatoriana acceda a respaldar a esta persona, el MPD declinaría voluntariamente la candidatura presidencial pero se reservaría la candidatura a la vicepresidencia. En este cálculo estratégico, el MPD tiene que acotar las posibilidades de acuerdo y de convergencia con Rafael Correa que puedan darse desde la izquierda, porque de darse esta candidatura, su capacidad de negociación se convertiría en marginal, y les obligaría a ir solos, lo que con su candidato propuesto es fatal para sus aspiraciones. Por ello, tratan de generar un territorio de disputa al interior de las fuerzas de izquierda apoyando la candidatura indígena a la presidencia, y posicionando con fuerza el hecho de que Correa, en realidad, no es de izquierda. Esto hace que el PSE se encuentre ante una posición difícil. En efecto, para el PSE es problemático apoyar una candidatura indígena porque estaría enviando una señal contradictoria a sus bases campesinas que han disputado, sin ningún éxito, los espacios políticos con la mayor organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE; y, además, les presenta un panorama en el cual su posición es subordinada ante las otras fuerzas de izquierda. El PSE no puede realizar el mismo signo del MPD de declinar la postulación de su precandidato presidencial, y disputar la vicepresidencia con el MPD, sin generar profundas discrepancias con su propia militancia que vería en el gesto un sacrificio inútil para fortalecer no a la tendencia sino a un grupo de ella. De ahí que la única posibilidad que tendrían ante la coyuntura electoral sea la de aceptar una posición subordinada al interior de la candidatura de Rafael Correa. Con ello, salvarían las elecciones con la posibilidad de que la votación de Correa pueda convertirse en pivote para sus propios candidatos a diputados, y tener, al menos, un margen de maniobra mínimo en el próximo congreso, lo que no tienen de ninguna manera en la alianza de la izquierda. Pero esta jugada le significaría, desde algunos grupos, el anatema por haberse aliado a alguien que "no es de izquierda", acotando sus espacios sobre todo cuando se trate de disputas por las diputaciones provinciales. Para el movimiento indígena la situación es compleja porque sus bases no aceptarían una alianza orgánica con el MPD, producto de los conflictos experimentados con este partido en algunas provincias, en los que el MPD para garantizar sus posiciones y consolidar su hegemonía, ha apelado incluso a la violencia en contra de militantes de PK. El movimiento indígena aceptaría un apoyo del MPD a su candidatura, pero, aparentemente, no podría aceptar una vinculación orgánica. Es decir, aceptarían el respaldo de la misma manera y en los mismos términos, en los que el MPD respaldó en su momento a Lucio Gutiérrez. Este escenario haría que, a la larga, estas tres grandes fuerzas de la izquierda más institucional, o partidaria, opten, en definitiva, por caminos propios.
Ahora bien, el contexto electoral se presenta difícil para la izquierda. La presencia de dos o tres candidatos de esta tendencia la fractura y la neutraliza. Ninguno de ellos tendría opciones electorales a menos que decidan salir de lo institucional y apostar al largo plazo. Es decir, que construyan desde sus propios espacios electorales una base de acción para un programa futuro, y que no piensen tanto en ganar las elecciones cuanto en constituirse en alternativas para cambiar las relaciones de poder. Para el PSE esa es una opción cerrada porque entran a las elecciones con un candidato a la presidencia sobre el cual no tienen mayor incidencia, es decir, el resultado de las elecciones no les permitiría acumular un peso político propio para el futuro. La votación por Rafael Correa se agota en sí misma, salvo que gane las elecciones; es decir, en el caso que Correa no sea electo, su votación se difuminará sin dejar un agregado organizativo con el cual se pueda contar a futuro. En el caso del MPD, de no darse la alianza electoral con PK, y tener que correr por sí mismos, el panorama es más desalentador, porque sufrirían el desgaste de haber apoyado a Lucio Gutiérrez, y no tendrían otra opción que apelar a su propia militancia y a sus plazas fuertes para mantener al menos la votación mínima para el registro electoral y algunos diputados. La votación obtenida es para constatarse a sí mismos y no para construir expectativas a largo plazo, y están plenamente conscientes de ello. El caso de PK, en el caso de que no ganen las elecciones, sería diferente porque podrían poner la votación de su candidato indígena en perspectiva de acumulación de fuerzas a futuro, algo así como el Polo Democrático en Colombia. En efecto, estas elecciones para el MPD y para el PSE son de sobrevivencia. Para el movimiento indígena es la apuesta por la construcción de su proyecto histórico fundamental, el estado plurinacional. La presencia de un candidato indígena de la trascendencia de Luis Macas, de hecho es ya un agregado para el movimiento indígena, y concitará apoyos y la conformación de un gran frente de varios sectores y fuerzas sociales, porque de la izquierda existente, son los únicos que tienen un proyecto histórico de largo plazo.
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