Guayaquil, 14 de mayo de 2006
Redacción Coca
En la zona huaorani hay tres dirigentes que autorizan, al margen de la ley, la extracción y movilización de madera. Unos son más radicales que otros, pero todos justifican ser aliados de los traficantes de madera porque los ayudan, les dan dinero, comida. La débil presencia estatal, en cuanto a controles y servicios, es evidente.
Los traficantes de madera han encontrado en dirigentes de la comunidad huaorani, en la provincia de Orellana, unos aliados estratégicos. Se trata de una alianza basada en el apoyo que estos comerciantes ofrecen a varias comunidades de dicha etnia, dueña de un territorio entregado por el Estado, de 620 mil hectáreas. "Nos dan dinero, comida", dice Manuel Cahuiya, líder huao, al justificar la actividad de los madereros.
Manuel Cahuiya está parado en el acceso sur del puente sobre el río Shiripuno, a 95 km de Coca. Levanta sus brazos y amenaza: "No queremo que vengan miritare (militares), ni Erefán (por decir la anterior Inefan y referirse a las autoridades ambientales), ni Onhae, ni curas, nadie. Este es mi río. Yo autoriza a marereros (madereros) para que saquen árbol. Ellos dan plata, comira (comida). Solo yo autoriza".
No tiene una lanza en sus manos, ni está desnudo, como es la característica de los huaorani, pero está rodeado de hombres, mujeres y niños de su tribu, quienes también amenazan con atacar si alguien lo desoye.
Cahuiya es jefe de la comunidad Ñoneno, una de las 39 que forman la etnia Huaorani, y es actualmente el más radical defensor de los madereros que, clandestinamente, extraen madera del territorio huaorani, del Parque Nacional Yasuní y de la zona denominada intangible (intocable) y destinada a las tribus no contactadas, como los taromenane.
La actitud del líder huao la cuestionan las autoridades del Ministerio de Ambiente y el presidente de la Onhae (Organización para la Nacionalidad Huaorani del Ecuador), Vicente Enomenga. "Él cree que es dueño absoluto y puede hacer lo que quiere. Los madereros son culpables porque compran a dirigentes con pocos dólares. Están dividiéndonos", reconoce.
Es miércoles 10 de mayo. A unos diez metros del sitio donde amenaza Cahuiya están cinco jóvenes militares, cuya misión es más bien proteger las instalaciones petroleras de la empresa Petrobell y otras aledañas al campo Cononaco. Veinte huaorani cierran el puente para pedir dinero a quienes cruzan por él, pero los uniformados no hacen nada.
Río abajo, a unos cien metros y en medio de grandes árboles, hay un puerto donde atracan las canoas fabricadas con latones en las que salen los grandes tablones de cedro, tras navegar por los ríos Cuchiyacu, Cononaco y Shiripuno.
En este sitio hay unas 800 piezas, estima Taremo Ima, dirigente de la Onhae (Organización para la Nacionalidad Huaorani del Ecuador) y miembro de la comunidad Tigüino, comandada por Babe Ima y ubicada a 20 km del puente sobre el Shiripuno.
Babe también permitía el acceso de los madereros hasta hace unos cuatro meses, pero Cahuiya dio más facilidades y le quitó el negocio, al igual que a Davo, otro huao que tiene un control afuera de su choza, en Pindo.
Cada pieza de cedro tiene 2,50 metros de largo, por al menos 40 cm de ancho y un grosor de 8 cm. De ahí saldrán cuatro tablones. Aquella troza se cotiza a $ 13 en este sector. Su destino: Quito y Colombia, país en el que llega a costar $ 35 cada pieza.
Cahuiya cobra $ 2 por troza, por permitir el paso, asegura un trabajador maderero que está junto al personaje. Refiere que además cada uno de la veintena de indígenas de Ñoneno tiene la oferta de dotación de quince hojas de zinc y cemento para adecuar sus viviendas, además de materiales para el local escolar.
Dirigentes huaorani de Tigüino indican que en esta semana hay al menos diez grupos, formados por un motorista (del bote), dos motosierristas, dos cargadores y un cocinero, que tumban árboles milenarios en la zona intangible de Cuchiyacu. Señalan algunos nombres de los grandes empresarios que promueven la tala: Antonio Estrada, de Coca; Héctor N. y Galo N., colombianos, Líder N., entre otros.
Manuel Cahuiya está seguro de que él tiene derecho a decidir si sale o no la madera. Incluso, al siguiente día, jueves, asiste a una reunión promovida por los madereros de Orellana, en Coca, y amenaza al jefe técnico del Parque Nacional Yasuní, Alfonso Jaramillo. "No queremos verte en mi comunidad. Si van autoridades puede haber desgracias", expresa.
Esa cita se cumple a puerta cerrada, por decisión de los madereros. Fausto González, director regional Orellana-Sucumbíos del Ministerio de Ambiente, explica que estos piden que se les deje sacar la madera talada y "se analicen las necesidades de los comuneros".
La situación de los extractores de madera de la zona protegida se ha complicado desde el sábado 6 de mayo, cuando miembros de la Brigada de Selva 19 Napo iniciaron una vigilancia durante las 24 horas, como parte de un acuerdo entre los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Ambiente, Ana Albán.
En la entrada de la Brigada, a 20 metros del puente sobre el río Coca, funciona una garita donde 24 elementos se turnan y controlan la salida de camiones. Es el único camino para extraer la madera de la zona huaorani e intangible.
Este control se implantó luego del anuncio no confirmado, hace dos semanas, de una supuesta matanza a indígenas taromenane por parte de los madereros y huaorani, en el sector de Cononaco, y los reclamos de sectores ambientalistas y religiosos.
"La disposición es que se mantenga la vigilancia en forma indefinida", refiere el jefe logístico de la Brigada, William Viteri. Antes, el paso de camiones con madera era en forma libre.
Además de la extracción de la madera y las divisiones internas, los huao soportan otros inconvenientes, pues la idea de que el territorio es de exclusiva propiedad de la tribu no es solo de Manuel Cahuiya.
Hace un año, Juan Enomenga, entonces presidente de la Onhae, firmó una escritura mediante la cual otorgó el derecho de usufructo de las 620 mil hectáreas de la etnia al Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable (FED), que, junto a un ciudadano estadounidense, pretendió implantar proyectos de aprovechamiento de los recursos y "adueñarse del territorio".
Aquel convenio inclusive se firmó con la aprobación de funcionarios del Ministerio de Ambiente, entidad que posteriormente declaró estar en contra.
Luego de casi medio año de discordias, por disposición del consejo de ancianos, la Onhae declaró su oposición a la cesión de derechos y presentó un recurso de nulidad y mantiene un litigio judicial en la Corte de Puyo.
Cahuiya no tiene dudas respecto a su postura: "Estaro (estado) no da nara (nada). Marereros dan para comer, por eso defiende". Como él, algunos líderes se dejan seducir por el dinero y facilitan la explotación de madera, petróleo y otras especies de su territorio, establecida en un decreto ministerial como zona protegida.
Es considerado uno de los ancianos más representativos de la etnia huaorani y sus decisiones se las considera sabias. Tiene 70 años y es líder de la comunidad Tigüino, de la que su hijo, Iki, es presidente. Él acepta ser el causante de una guerra con los taromenane.
En 1993 secuestró a una joven de ese clan, la llevó a su choza y la hizo su mujer. A los quince días y por pedido de los comuneros aceptó devolverla y cuando junto a sus guerreros la llevaba de vuelta, un ataque taromenane provocó la muerte de su hijo, Carlos. En el 2003, con el argumento de que el espíritu de su hijo lo exige, organizó un ataque a la etnia rival que terminó con la matanza, el 26 de mayo de ese año, de 26 taromenane. Desde hace tres meses impide que los madereros usen el río Tigüino como ruta para extraer madera de la zona intangible, pues los comerciantes no satisfacían sus pedidos.
Director regional del Ministerio de Ambiente para Orellana y Sucumbíos, desde diciembre pasado. Lleva 14 años trabajando en esa cartera.
El pasado jueves se reunió con los madereros que, apoyados por Manuel Cahuiya, líder de Ñoneno, pidieron les permita sacar la madera talada de la zona intangible, "porque significa una fuerte inversión". Esa reunión se desarrolló a puerta cerrada.
Acepta que se trata de un chantaje las amenazas de Cahuiya y sus compañeros de matar a los funcionarios que prohíban la tala. "Pero ellos defienden sus derechos", reconoce. Al referirle que hay 800 grandes tablones en las orillas del Shiripuno, listos para ser embarcados, dice que no puede ir a confiscar porque están en tierras de una comunidad que amedrenta a los funcionarios. "Es difícil aplicar la ley, la comunidad está amenazante y de eso se valen los madereros".
[fuente]
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