11 de mayo de 2006
"La gente debe saber que la energía que consume no es limpia ni respeta los derechos humanos"
Canal Solidario ha hablado con José Proaño, miembro de Acción Ecológica que estos días participa en un Tribunal Popular promovido en Viena por organizaciones latinoamericanas y europeas para denunciar el papel de las transnacionales.
Hasta el sábado 13 de mayo, los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea se reúnen en Viena en una cumbre en la que sobre todo se hablará de relaciones comerciales y económicas. De manera paralela, movimientos sociales de ambas regiones han convocado un encuentro alternativoTribunal Popular cuyo protagonista serán las corporaciones transnacionales.
Al Tribunal llegarán más de 30 testimonios de países de América Latina y el Caribe donde la presencia de empresas transnacionales de origen europeo tiene consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente.
Una de las voces que estos días se oirán en este juicio popular es la de José Proaño, miembro de Acción Ecológica, una ONG ecuatoriana que desde hace veinte años da a conocer las luchas de comunidades locales que se ven afectadas por las actividades de empresas nacionales e internacionales. En su paso por España de camino a Viena, Proaño ha conversado con Canal Solidario sobre la realidad de varias comunidades amazónicas afectadas por la labor de Repsol YPF y la necesidad de que la gente sepa de dónde viene la luz que llega a sus casas y la gasolina que hace funcionar sus vehículos.
¿Qué cuestiones se van a tratar en el Tribunal Popular?
La idea es hacer un juicio sobre las transnacionales europeas que operan en nuestros países y tratar temas como el acceso a los recursos naturales, la militarización, los derechos humanos y el diálogo político entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En nuestro caso, hablaremos de Repsol y de un estudio que recoge denuncias y testimonios de Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador.
El objetivo de este Tribunal es denunciar casos de violaciones de derechos humanos por parte de transnacionales y exigir una respuesta a las empresas, denunciar las relaciones totalmente comerciales que se dan entre los pueblos y recordar la existencia de la deuda ecológica.
¿Qué caso presentará Acción Ecológica ante el Tribunal Popular?
Presentaremos un caso sobre las empresas que operan en la Amazonía ecuatoriana y en territorios indígenas. Entre estas empresas destaca Repsol YPF, que opera en el parque nacional Yasuní.
Esta zona es una área protegida por el Estado y por la Unesco y un refugio del pleistoceno y de conservación reconocido internacionalmente. Durante la última glaciación era un espacio que no se congeló, que sirvió de refugio para todas las especies que luego repoblaron toda la Amazonía y en el que ahora están presentes Repsol y otras multinacionales.
Repsol opera concretamente en el llamado bloque 16, de unas 200.000 hectáreas y territorio huaorani, un pueblo que apenas hace 40 años que ha contactado con la sociedad occidental.
¿Cómo afecta la presencia de una transnacional a esta comunidad indígena?
Los huaorani eran un pueblo recolector, pero la presencia de la empresa ha hecho desaparecer parte de sus animales y ha creado relaciones de dependencia en las comunidades. Esto también está relacionado con la madera que se extrae del parque Yasuní y que se transporta por las carreteras construidas para las petroleras.
Así, en la zona se juntan problemas de deforestación relacionados con la tala de madera y las perforaciones petroleras, y problemas de contaminación de las aguas y aire a causa de los vertidos tóxicos a los ríos y de los mecheros de las petroleras que están encendidos permanentemente.
Toda esta situación la estamos denunciando en Ecuador y en España a través de campañas concretas como la iniciativa Contrajunta de Afectados por Repsol YPF y ahora la daremos a conocer en el Tribunal de Viena. El propósito es informar de las situaciones que padecen en el resto del mundo para garantizar la soberanía energética en países como España, decir que la energía que aquí consumen no es limpia ni respeta los derechos humanos.
El Tribunal Popular que se celebra estos días en Viena tiene lugar al mismo tiempo que la IV cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. ¿Qué tipo de relaciones deberían existir entre ambas regiones?
La relación ideal empieza por el reconocimiento de aspectos como la deuda ecológica con nuestros pueblos y la deuda histórica, por reconocer que la realidad que vive América Latina es fruto de un proceso histórico violentado.
En este contexto, el primer paso es sensibilizar a la población de esta situación. Sabemos que es difícil decir a la población que deje de comprar a las transnacionales pero queremos conseguir que sean conscientes de sus hábitos y su forma de vida, que cada vez que enciendan la luz eléctrica o que llenen el depósito de gasolina de su coche sepan que esa energía viene de América Latina y se trata de recursos que se están agotando.
Aunque se suele hacer referencia a los acuerdos de libre comercio entre América Latina y Estados unidos, la Unión Europea también potencia este tipo de relaciones. ¿Cómo afectan a los países latinoamericanos y del Caribe?
Pues cada vez se deteriora más el Estado y las normativas nacionales que se refieren al trabajo, el medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Hay un ambiente de permisibilidad hacia la inversión a las empresas extranjeras, lo que ha significado un debilitamiento total de los Estados.
Repsol, por ejemplo, está relacionada con el Chase Manhattan Bank, uno de los bancos presentes en el Banco Mundial y que realiza préstamos multilaterales. Es un caso concreto de la relación directa que existe entre las petroleras, los bancos y organismos multilaterales que definen las políticas en nuestros países. Así, el Banco Mundial o el FMI, por ejemplo, dicen a un país que para obtener más ingresos debe exportar petróleo; pero para exportar necesita construir nuevos pozos, y para ello necesita dinero que le prestará un banco. Todo está relacionado.
En este contexto, ¿la nacionalización de los recursos naturales sería una buena solución porque, por lo menos, se podría pedir directamente al Estado que respete el medio ambiente y los derechos humanos?
Parece que a la larga es más positivo que estén en manos de los Estados. De hecho, ya hay ejemplos que demuestran que si los recursos están en manos de los Estados hay una distribución ligeramente más equitativa de la riqueza. El reto es retomar los recursos naturales, aunque es difícil porque los Estados se han visto completamente desarticulados.
Para la sociedad civil también es diferente intentar influir sobre su Gobierno y sus organismos estatales que sobre las transnacionales. Si los recursos pertenecen a nuestros países podremos ejercer una soberanía y pedir cambios en la política.
¿Cuál es la realidad en Ecuador? ¿El petróleo está en manos del Gobierno o de las empresas?
El petróleo sigue siendo del Estado, pero todo el negocio lo hace la empresa. Además, las transnacionales cada vez presionan más para que se les entregue parte de los recursos.
Las provincias más pobres del país son Orellana, Sucumbíos y Esmeraldas, justo las tres provincias petroleras. El 80% de todos los casos de cáncer de Ecuador se concentran en Orellana y Sucumbíos y hablar de pobreza es decir poco. El sistema educativo es elemental, por no decir inexistente, el sistema de salud es inexistente, las carreteras que construye el Estado para las compañías no benefician a las comunidades, las tierras y el agua están contaminadas..
A esto se suma el hecho de que no se ofrece a la población una actividad económica a la que dedicarse. Y las petroleras tampoco dan trabajo a la población local; durante algunos meses los pueden contratar para limpiar los terrenos, pero luego necesitan personas capacitadas. En toda la zona no existe una sola universidad y la gente no puede ocupar cargos que ofrecen las compañías. Por su parte, el Estado se queda sólo con el 15% de los beneficios que da la venta del petróleo, y la mitad se destina al pago de la deuda externa. El 7% restante es lo que queda para invertir en el país.
Acción Ecológica trabaja desde hace veinte años en Ecuador denunciando todas estas situaciones y dando voz a comunidades locales afectadas por empresas nacionales e internacionales. ¿Ejercer esta labor supone algún tipo de presión o amenazas hacia la entidad?
Sí. El año pasado un compañero nuestro, Andrés Arroyo, fue asesinado por protestar contra un proyecto hidroeléctrico que suponía echar a la población de sus hogares. Y hace dos años mataron al compañero Ángel Shingri. Durante el 2005 recibimos varias amenazas. Todo esto lo hemos hecho saber al Gobierno pero sus palabras han sido vagas y nos ha dicho que si denunciamos a las transnacionales y no las dejamos en paz debemos asumir las consecuencias.
En este contexto, ¿qué importancia tiene el apoyo de organizaciones internacionales?
El apoyo internacional es básico, sobre todo para la difusión y para que personas de otros lugares puedan visitarnos, ver sobre el terreno lo que pasa y explicarlo. La idea no es sólo decir que empresas como Repsol tienen la culpa, porque no son los únicos implicados y la realidad actual combina decisiones políticas, una deuda histórica y una deuda ecológica. Por eso es importante que las organizaciones difundan el mensaje de que el problema es el modelo de consumo energético, que está oprimiendo a muchas personas.
[+info]
Los movimientos sociales celebran estos días en Viena un Tribunal Popular. Entra en la página web de esta iniciativa y conócela.
Entra en la web de Acción Ecológica y conoce la labor de esta entidad. Esta organización tiene en España el apoyo de entidades como Entrepueblos, RAI y la iniciativa que analizará las consecuencias de las relaciones entre la UE y América Latina, denunciará el aumento del militarismo y la violación de derechos humanos en la región americana y llevará a cabo una Contrajunta de Afectados por Repsol YPF.
[fuente]
http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=7674
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