Vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Quito, 9 de mayo de 2006
Ponencia presentada en el Seminario "La policía en Ecuador: relación con la comunidad y procesos de cambio". FLACSO, Quito.
A nuestro juicio, cuatro son los elementos que impiden la civilidad de la Policía ecuatoriana, y en general de las policías latinoamericanas, y que coadyuvan a la policialización de la sociedad civil del Ecuador. En este texto trataremos de desmenuzar a esta "banda de los cuatro" que, por supuesto, no hace referencia a la otrora troika de Pekín, sino a la troika que hace 21 años deformó la Policía hasta sustraer sus nominativos "Civil" y "Nacional".
"Después de cuatro horas de tortura, el oficial y los otros dos agentes le echaron un balde de agua al reo para despertarlo y le dijeron: "Manda a decir el Coronel que te va a dar un chance de salvar tu vida. Si adivinas quien de nosotros tiene un ojo de vidrio, te dejaremos de torturar". Después de pasear su mirada sobre los rostros de sus verdugos, el reo señaló uno de ellos: "El suyo. Su ojo derecho es de vidrio". Y los agentes asombrados dijeron: "Te salvaste, pero ¿como has podido adivinarlo? Todos tus compañeros fallaron porque el ojo es americano, o sea perfecto".
-"Muy sencillo- dijo el reo, sintiendo que le venía otra vez el desmayo- fue el único ojo que no me miró con odio-".
Roque Dalton.
Todo crimen no sólo duele por las vidas irrecuperables, sean inocentes ciudadanos ultimados por delincuentes avezados, o delincuentes y más precisamente PRESUNTOS delincuentes, ultimados por serlo. Duele por el salvajismo de las muertes, en unas u otras manos, indigna por la sangre fría no de los criminales, delincuentes comunes como los que matan niñas después de forzarlas; o por la sangre fría no de los delincuentes de uniforme como los del caso Fybeca, por ejemplo. Indigna por la sangre fría y pasividad de la gente común, más aún en un estado de cosas como el actual, donde toda violencia pareciera ser "normal", imponiéndosenos un ambiente de insensibilidad colectiva que hace prever mañanas atroces para el Ecuador y sus gentes.
Debemos reaccionar a tiempo, pero todos a la vez, y en ello creo que la sociedad civil que no se vende, ni a los medios, ni al miedo, ni a los gobiernos, puede hacer mucho, si está unida tras objetivos claros y precisos. Esta sociedad se enfila a un despeñadero irresoluble debido a la peligrosa costumbre civil de dejar pasar todo lo que ocurre a su alrededor con pasmosa naturalidad.
En la mayoría de noticieros, al referirse a dolorosos casos de violencia criminal delincuencial los periodistas y los familiares de las víctimas, éstas últimas en un explicable estado de angustia e impotencia, enfilan sus ataques, totalmente injustos, contra los defensores de derechos humanos. Ante la violencia delincuencial, los defensores de derechos humanos:
Con torcida argumentación muchas veces la Policía refiere a los conmocionados familiares de víctimas de la delincuencia, que "no se puede demandar a los delincuentes porque los protegen Alexis Ponce y Elsie Monge", mientras se aplaude social y mediáticamente que la UNASE, el GIR, el GOE y más secretamente la UIES, terminen sus operativos casi siempre con la muerte violenta de todos los delincuentes o presuntos delincuentes, en titulares estúpidamente sospechosos: "Murieron todos los delincuentes en enfrentamiento con las fuerzas del orden".
Por casos ocurridos en el pasado sabemos que en un momento de dolor tan grande e innombrable como un secuestro o asesinato de una persona a manos de delincuentes comunes, familiares que ese momento son alimentados por informaciones, también lo son por juicios de valor, dados por agentes de la UNASE, y reciben de paso (en semejante momento de dolor, que puede ser manipulado, al igual que su reacción natural de indignación, contra personas y sectores que nada tenemos que ver con secuestros o 'defensa' de asesinos), "argumentaciones" nada éticas, ni técnicas, ni veraces, ni policiales, de que a los homicidas, raptores o delincuentes, "no se les puede investigar ni sancionar por culpa de los defensores de DDHH". Y esa tesis es totalmente falsa. Porque... ¿Qué defensor, qué persona que esté en su sano juicio, puede alegrarse por una muerte así, por cualquier muerte? ¿Quién que defienda la vida en el mundo, puede defender a los asesinos?
Los canales y diarios que informan así las cosas, aunque sea editadamente, es decir en segundos de su impune dictadura mediática, tienen la obligación ética de aclarar a su "opinión pública" la postura aquí descrita, siempre remitida por nosotros a dichos canales y periódicos, sin derecho a la publicación.
Algo debemos hacer los ciudadanos para parar las violencias de distinto signo, cuyo peor efecto es una población pasiva que tiende a enfilar de manera errónea sus dardos, y no a quienes está verdaderamente llamado a darnos seguridad y brindarnos protección.
Sobre la violencia en espiral, hemos elaborado una serie de documentos que los medios se han negado a publicar de manera sistemática por razones que desconocemos pero que intuimos.
Es casi frecuente que cuando esporádicamente suceden atentados y amenazas de muerte multiplicadas en Ecuador desde el año 2000, la Policía, y los mass media que reproducen su discurso sin tener la vergüenza de editarlo, inculpen a guerrilleros fantasmales e inventen siglas novedosas: un tal "MRP" -¿"Milicias Revolucionarias Populares"?- en el 2004, de 1999 al 2002 eran unas FARE, en el 2005 un ELA, y otras hipótesis "guerrilleras", más dignas del ex- jefe del SIC-10 General Edgar Vaca y de los gobernadores y autoridades políticas que la provincia del Guayas padece, que dignas de ser tomadas en cuenta por gente medianamente culta del país y las instituciones de la comunidad internacional.
Tamañas "tesis" no son -ni por un asomo de vergüenza- puestas en tela de duda, o analíticamente contrastadas por quienes repiten, sin edición, desde sus curules o en la pantalla chica, las verdades oficiales o los boletines de prensa del 101.
Los todopoderosos gremios privados organizados en Grupos de Notables o Ilustres de las grandes ciudades, por un lado, y los todopoderosos gremios de los medios de comunicación, por otro, responden publicando "Comunicados a la Nación" donde refieren, palabras más, palabras menos, los mismos y poco profundos argumentos que la interesada tesis oficial intenta legitimar en el imaginario nacional: la inculpación y el repudio -en abstracto- a "La Violencia" (en términos generales y también abstractos), aunque muchos de los directivos de los mass media admitan, en su fuero interno, que esa particular violencia que asciende en el país tiene connotaciones más allá de la violencia delincuencial común, que tiene connotaciones culturales, regionales, políticas, e inclusive de Estado.
Por otro lado, y con beneficio de inventario, los grupos de poder económico, partidos tradicionales y "analistas" conservadores, refieren "la imperiosa necesidad de La Seguridad", igualmente en abstracto (con las excepciones honrosas de ciertos editorialistas y periodistas de televisión, especialmente ECUAVISA, y de algunas radios).
Por ejemplo, la específica primera ola de amenazas y ataques físicos a los disidentes del régimen y la concreta violencia política que se viviera en el período 2003-2004 bajo el gutierrato, la motejaron de "ola de violencia delincuencial común", sugiriendo, como no podía ser de otra manera, como solución pervertida, la invasión policíaco-militar del espacio público, del espacio callejero y, sobre todo, del espacio simbólico ciudadano. Más que el corazón, que es tan inestable, se busca conquistar la mente ciudadana, a la cual se intenta acostumbrar a que la democracia que debe aceptar el transeúnte, es la democracia de la tanqueta, del uniforme de camuflaje, es decir la democracia del miedo, la democracia atemorizada.
A contravía de quienes sostienen lo contrario, quien se lleva "el premio gordo" de esa lotería autoritaria ascendente en el país desde 1992, es el oficialismo y sus distintos voceros, que aparecen no como responsables mayores de la actual crisis democrática y de inseguridad, sino como "víctimas", pues se ha destacado la oportunista postura gubernamental que infirió, como lemas centrales ante esa primera ola de violencia política, dos 'inocentes' hipótesis:
Los hechos que vive el Ecuador de hoy son obra:
- de "la violencia delincuencial común"; y
- de "la conspiración de sectores que intentan desestabilizar el régimen y provocar el caos". Esta última hipótesis es nuevamente barajada por altos funcionarios actuales en meses recientes.
Ese mismo discurso, siempre antecede o continúa tras las llamadas "olas de inseguridad" o de "violencia generalizada" en el Ecuador, cualquiera sea el signo del gobierno que se tenga desde 1992 a la fecha. Igual cosa ocurre con el llamado semestral de las cámaras empresariales y de televisión a las frecuentes declaratorias de estados de emergencia y a la salida urgente de tropas militares de elite, con fusil en mano, a resguardar el espacio público urbano.
Admitir tan simplonas y acomodaticias teorías es creer, por ejemplo, que los autores de homicidios, de intentos de asesinatos y de la masiva primera ola de amenazas del período 2003-2004 (en la fase del "Gutierrato consolidado") que sufrieran los críticos de ese gobierno, serían los mismos ejecutores de la ola que me permito recordar hoy. Y fue una estrategia casi perfecta que, por lo demás, ya había sido aplicada antes en otras naciones latinoamericanas. Habría que preguntar qué tuvieron que ver en el diseño de esa pedestre línea comunicacional pública los ex-oficiales de FFAA y de Policía que dirigieron la República entre el 2003 y el 2005, los ex-expertos en Inteligencia, ex-expertos en Operaciones Sicológicas y ex-expertos en Análisis de Escenarios.
Quienes estuvieron detrás de las amenazas de ese período, debieron celebrar a carcajadas y entre chocar de vasos tan maravillosa coartada, convertida en 'prioridad de la agenda nacional': todo se arregla invirtiendo los papeles, acusando a las víctimas de ser los victimarios de la democracia o, por lo menos, de ser cuasi responsables de lo que les suceda a ellos mismos, abstrayendo responsabilidades específicas (que encuentran explicación en la realidad concreta de las relaciones de poder en el país), en la metafísica levedad de "la isla de paz amenazada", en la gaseosa tesis de "La Violencia" en general, o en la líquida "violencia delincuencial" y de "extranjeros en connivencia con desestabilizadores locales que quieren pescar a río revuelto" (inteligentísima tesis del gobernador gutierrista de la provincia del Guayas en el 2004 y repetida hoy por los consabidos funcionarios del régimen de Palacio).
Otros sectores también sacan tajada, casi anual, de "La Inseguridad y El Caos que vive La Nación":
A pesar de que las tesis palaciegas quieren afirmarse a fuerza de no encontrar críticos (o de censurarnos a los disidentes del pobrísimo discurso hegemónico), muchos sectores de la elite política y periodística intuyen en sus charlas de celular y reuniones de cóctel, que en distintas etapas "tras los oscuros sectores que intentan el caos, la violencia y la inseguridad", podrían estar lo que esos sectores se niegan a decirlo en público: los miembros, sueltos o no, de los organismos de Seguridad del Estado (o de la Comunidad de Inteligencia, para aquellos que sí saben a qué me estoy refiriendo).
Y es que todos -o casi todos- los políticos, analistas, mass media, voceros de la llamada Sociedad Civil, funcionarios y ex-funcionarios públicos, han hecho del análisis una coartada y de la investigación una broma, repitiendo el casete que el Poder quiere que se oiga una y otra vez: "los autores de la violencia, la inseguridad y el caos, son la delincuencia, los extranjeros, los desestabilizadores, los terroristas, la extrema-izquierda o la extrema-derecha" (ojo: siempre en "un bando" o en el "otro", nunca en el Estado, como si la amnesia se hubiese instalado, de pronto, en su memoria, o mejor, como ni nunca hubiera salido de ella, y olvidaran, tan repentinamente, que el discurso paranoico y maniqueo del Estado -y más, después del 11 de Septiembre- existe, está presente en el mundo, actúa, se perfila en determinadas condiciones, y no tan lejos como lo piensan los buenos ciudadanos de este país).
La conclusión es obvia: en el Ecuador todos son sospechosos de violar la ley, de violentar la seguridad, de caotizar al país, pero jamás el Estado; todos somos proclives a "la violencia", menos el aparato estatal (que, según recuerdo a los académicos, un lejano día fue "la violencia organizada de la sociedad en la regulación de las relaciones de poder"); y que todos podemos estar involucrados en "actos violentos", a excepción de los Organismos de Seguridad del Estado que están llamados a vigilar el orden público y mantener la paz ciudadana.
Algunos buenos y honrados intelectuales de izquierdas creen en la impactante "teoría de los dos demonios": "hasta de Edgar Vaca, Borbúa y Urrutia podría sospecharse, pero gente seria metida en esas cosas, ¡no!, eso sí que no". Es evidente que nunca en la vida oyeron hablar de "la Comunidad de Inteligencia", de "las policías negras", de "las Operaciones Grises, Negras y Blancas", y peor aún de lo que reservadamente nos confió un ejemplar ex-Comandante de la Policía: "Tenemos camisas negras en nuestras propias filas". Lo que las casi autónomas fuerzas de la Comunidad de Inteligencia hacen en la oscuridad, hace tiempo que no son ni siquiera informadas a la autoridad civil de turno.
Y es que indigna que en medio de tan pobres análisis políticos y mediáticos sobre "La Violencia" en el Ecuador no se permita incorporar, como mera propuesta de análisis, como hipótesis a descartar o tesis a confrontar, todo el espectro regional del que Ecuador no está aislado en una zona de conflictos sociales, de seguridad y de violencias, de mediana intensidad, como son los Andes, ni se quiera incluir como componente de investigación (o aunque sea de análisis) a la estable presencia, ya admitida por cierto -sólo cuando de guerrilleros capturados se trata- de varias Agencias de Inteligencia de otros países en el Ecuador contemporáneo, que trabajan codo a codo con lo que alguna vez conocimos como "Policía NACIONAL". Me refiero a las inteligencias de Colombia, EEUU, Israel, Francia y otras, por citar las que en el reciente Gutierrato trabajaron con ahínco en operaciones de esa laya o en el entrenamiento a las unidades policiales de elite que Quito conoció -y padeció- tan bien durante la noche del 19 y la mañana del 20 de abril del recentísimo pasado año.
Conmueve el candor ignorantón o malintencionado de ciertos reporteros de televisión que creen que, de Colombia, sólo actúan en nuestro país "las FARC". Ni siquiera se les ocurre mentar a las AUC, y peor aún a la Inteligencia Militar colombiana. Conmueve el inocente, o manipulador, esquema mental de cierta elite periodística que descarta que la CIA exista, por ejemplo, y uno de los países en donde actúa financiando aparatos policiales o gestando matrices de opinión, sea el Ecuador actual; o el que crean que se trata solamente de un histérica muletilla de "trasnochados izquierdistas".
Cómo querría que varios Oficiales en servicio pasivo dijeran lo que saben de las actuales operaciones y "capacitaciones electrónicas", presuntamente ocurridas en el país durante los últimos cinco años.... Pero solo Hugo España lo hizo, porque fue 'el eslabón débil', y nadie más al parecer, saldrá al frente para desenmascarar los nuevos métodos y estrategias del período 2000-20006.
Nadie en los medios, en la pantalla chica y en sus curules pregunta lo obvio: ¿Qué grupo "guerrillero" remata sus "manifiestos" y "partes de guerra" despidiéndose con la estúpida frase: "¡Que viva el terrorismo!"? Las secretas cofradías que se esconden tras la "Legión Blanca", el "MRP", el "FARE", el "ELA" y otras yerbas similares, creen que el Ecuador es un país de imbéciles. Y, por lo menos algunos, nos negamos a ser tratados, o "informados", como tales.
Por lo menos, me digo, debería seguirse juicio a los últimos tres Comandantes policiales, al ministro de Defensa y los jefes militares de la Amazonia y a los medios que criminalizan impunemente las complejas realidades del país, como son los migrantes, tratados como delincuentes en el nuevo estilo de tipificaciones del delito transnacional; a las pandillas juveniles que son vistas como "problema delincuencial" y no como expresión amarga de una sociedad delincuencial; a los indios, que son observados como la nueva cara de la subversión nacional; las bandas roqueras del sur y sus chompas negras que son asemejados a delincuentes potenciales; etc.
El agravante impúdico lo pusieron en el 2004 ciertos medios de comunicación que no solamente infieren, en "encuestas hechas en Guayaquil", que la responsable de "La Violencia" ya no sólo sería la "extrema-izquierda", sino "la izquierda"(a secas), o "esa sociedad civil" "que no quieren dejarle gobernar al Presidente usando el terrorismo". (Y en semejante trampa un diario tan serio como "El Universo" también cayó en su momento). Y ni hablar de los canales de televisión (con la honrosa excepción de Ecuavisa y de cierto intento analítico de 'Día a Día').
Epígrafe: Los DDHH y Dios. Oración de los chicos Restrepo
"perdona la pregunta, Diosito...
¿allá en el cielo hay sopita caliente,
cobijas, cometas de papel,
enamoradas?
En toda relación de poder, necesaria ésta para entender un derecho humano vulnerado, existe siempre un torturado y un torturador, un Torquemada y una bruja de Salem, un verdugo y sus víctimas, un "Veneno" Llerena y un hermano Restrepo. La cultura ecuatoriana del maltrato y la indiferencia sistemática ante las violaciones masivas y silenciosas a los derechos humanos, son correspondientes a la cultura nacional del conformismo que se reproduce en la familia, la escuela, el colegio, la televisión, la calle, la tienda, el bus, incluso la cama... Y junto a esas viejas nociones idiosincráticas se erige en el país la perfecta dualidad católica: pecado – castigo. "Si te quejas, te va a ir mal. Si protestas, atente a las consecuencias".
La idiosincrasia nacional, facilita la violación masiva y silenciosa de los derechos humanos, y ella facilita la multiplicación de ciudadanos sin ciudadanía, es decir de individuos que desconocen sus derechos y de los demás; las muletillas del "por favorcito", "no sea malito", "Dios le pague", "mande usted", neutraliza la criticidad beligerante que -como condición primera- debe observar el individuo para transformarse en persona.
Una de las evidentes -lastimosamente evidentes para pocos- situaciones en donde poder y violencia se hermanan, es la tortura, la institución de la tortura, su andamiaje perverso y a la vez impecablemente lógico, y la extraña relación que establece entre torturado y torturador.
Luego de una lenta e indignante constatación a lo largo de todos estos años, llegamos a una conclusión obvia: poder y violencia aparecen matrimoniados y un divorcio entre ambos es poco probable.
La tortura, en gran parte de la población ecuatoriana, está legitimada, aunque la llamada "opinión pública" rasque de vez en cuando sus vestiduras por casos que por milagro llegan a conocerse.
No existe "la violencia", reduccionismo pedestre que las elites y el poder se han encargado de transmitirnos con eficacia durante dos décadas, para referirse exclusiva e interesadamente a la violencia política (léase "subversión"), imponiéndonos el mito atávico de la "isla de paz", sino una heterogeneidad de violencias -algunas silenciosas, por obvias-
El ejercicio de la violencia -entendida ésta en el específico caso de una violación a los derechos humanos- quiere una cosa por parte del victimario: que su víctima esté absolutamente consciente de su impotencia. Ese ejercicio de la violencia no es otra cosa que la reafirmación ritualizada del poder.
La tortura, por ejemplo en la mayoría de ocasiones no se instrumenta para arrancar confesiones, se usa para constatar en el torturado la estatura de su desolación, la evidencia de su derrota. "No te torturo para que cantes, sino para que entiendas mi poder absoluto sobre vos", decía un torturador a sus víctimas. Kemp Genefke, de Dinamarca, señala: "Es muy importante comprender que el verdadero objetivo de la tortura consiste en destrozar la personalidad de la víctima, no en interrogarla".
El peor torturador es la autocensura. Todos hemos oído, aunque sea una vez, frente a casos de violaciones de DDHH cometidas por agentes del Estado, como desapariciones forzadas, asesinatos o torturas, la repetida muletilla -cómplice por generalizada- del "si los desaparecieron, por algo ha de ver sido", "si los mataron, algo habrán hecho", "si fueron detenidos, por algo será".
Tales sentencias, multiplicadas y difundidas desde el poder, suponen no sólo justificaciones de la represión, sino perversas maneras de culpabilizar a las propias personas afectadas, torcidos métodos de enlodar a las víctimas, al mismo tiempo que se envía un mensaje al inconsciente social: "al que no se mueva, no le va a pasar nada" (Salud Mental. Beristain-Riera.)
Roman Polansky hizo una película estremecedora dedicada a las víctimas de la "guerra sucia" en el cono sur titulada: "La muerte y la doncella" que por extraña coincidencia nunca fue puesta en cartelera en el circuito comercial criollo. Se trata de un largo y doloroso "diálogo" entre torturador y torturada, quien logra reconocer a su verdugo, 10 años después y logra atarlo a una silla para interpelarlo. Pudo identificarlo por un casete de música clásica que el torturador traía siempre consigo: era el mismo cuarteto de Mozart que éste ponía a todo volumen, una década antes, mientras aplicaba picana eléctrica a la detenida...
Uno de los más siniestros torturadores del clausurado SIC, el agente 072, Mario Pineda, de algo más de 60 años de edad, apenas 1.55 de estatura y brazos desmedidamente anchos, quien -por supuesto- no gustaba ni sabía lo que era música clásica y que, si por él hubiera sido, torturaría hasta la muerte a Amadeus, por las implicaciones presuntamente subversivas de "La Marcha Turca", cuando fue llamado a declarar por el caso Restrepo en agosto de 1991, ante las insistentes preguntas de los comisionados internacionales sobre su sistemática aparición en varios casos de tortura a detenidos, apaleamientos y colgamientos en el SIC, y violaciones a presas de origen colombiano (fue identificado en más de 20 casos, el sólo), sin soportar las abrumadoras evidencias, terminó llorando ante los comisionados, en el quinto piso de la Procuraduría, diciéndoles: "¡no me torturen más!, ¡por qué me torturan con tanta pregunta!". Para evitar la siguiente interpelación, la Policía Nacional envió a la comisión investigadora un certificado médico que indicaba que el temido agente 072 se hallaba en un hospital bajo tratamiento psiquiátrico. Jamás fue sindicado por ningún juez de la República y salió libre de todo cargo, jubilado de su institución.
Lo que Hugo España no quiso poner en su libro:
Con la condición de que no sea publicado, España en 1995 accedió a responderme una pregunta que -durante la elaboración de "El Testigo"- rehuía contestarme: si él también violó muchachas del AVC, detenidas y torturadas en Cuenca por el grupo de elite antiterrorista al cual perteneció, el SIC- 10. Sudaba, se retorcía las manos y, rareza terrible, metía el pulgar derecho en su boca.
Yo insistía en la pregunta de toda la noche y cuando eran cerca de la seis de la mañana, me enojé tanto que admitió, a medias, el siguiente cuadro clínico:
—"No, no violé a ninguna subversiva. Pero mientras mis compañeros le ponían la picana eléctrica en su cuerpo desnudo y ella saltaba por el voltaje..."
—"¿Cuánto de voltaje? ¡carajo!" (Yo también me convertí en interrogador...)
—"220 voltios... era el encargado de dar vueltas la manivela de la picana y me excitaba viéndoles cuando saltaban..."
La diferencia entre homosexual y maricón:
Cuando un grupo de travestis que lucharon con nosotros para lograr la despenalización de la homosexualidad en 1997, cayeron detenidos y fueron conducidos a golpes al CDP, al llegar a la prevención policial, un joven teniente, entre insistentes y sospechosas alusiones soeces a los genitales, y ascos pronunciados a los homosexuales, les retó: "Ustedes no son seres humanos, por tanto no tienen derechos humanos. A ver ¿dónde están los DDHH, contesten!"...
— "El señor Alexis Ponce, la Hermana Elsie Monge, que nos ayudan". Riéndose les replicó: "No, maricones de mierda. ¡Aquí están!", y procedió a enseñarles dos toletes en los que había dibujado falos que encerraban los nombres de Elsie y el mío. Mostrado eso, procedió junto a sus compañeros a golpear y sodomizar con aquellos toletes a los homosexuales y a azuzar perros policías que mordieron sus piernas...Nunca hubo sanción.
El principal aparato de Inteligencia de la Policía Nacional, la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) -nieta del tenebroso SIC-10 organizado en la era LFC; hija de la UIAS -Unidad de Investigaciones Anti-Subvsersivas a fines de los 80as.; y prima (peleada) de la Dirección General de Inteligencia, DGI -ésta última construida por los gutierristas, que aún siguen indemnes dentro de la misma sin sanción alguna- publicitó en varios mass media durante varias de las primeras semanas del actual gobierno ciertas informaciones que los medios ni siquiera se toman la molestia de editar o de indagar los boletines policiales, curiosos y macarthistas "informes" de Seguimiento a "los bolivarianos organizados que han surgido en el Ecuador", en cuya incompleta y larguísima lista estos pesquisas sin ética nos hicieron el honor de incluirnos a decenas de ecuatorianos, sin que ninguna autoridad o mass media alguno se tomen la molestia de interrogarse, e interrogar a los autores, si es ésa la función que deben tener en el país los norteamericanizados aparatos de Inteligencia (la UIES) de la Policía "nacional".
Es más, aquella estructura de Inteligencia policial y la actual Comandancia General de la Policía, no tuvieron empacho en "informar" que están pesquisando las actividades, contactos y labores de numerosos ecuatorianos (ya van 12 incursiones "anónimas", desde la caída de Gutiérrez, contra oficinas de dirigentes o militantes sociales, de donde se llevan los CPU-discos duros de sus computadoras), como si de terroristas "islámicos" se tratara, y no lo que somos: ciudadanos/as ecuatorianos/as que, desde distintas corrientes y heterogéneas visiones, creemos en la integración latinoamericana y que, más aún después de los tristes resultados de la rebelión de abril, deseamos aportar para que fenezca la mediocre republiqueta que representan el congreso, los partidos y las elites ciegas que padecemos.
Lo más alarmante de esa macarthista ofensiva policíaca, que si tenemos buena memoria y algo de visión regional podremos admitir que tiene nativo tufillo a Operación Encubierta, es que se presenta mediática o policialmente como algo "normal" en una democracia, pero -de ninguna manera- dicho pesquisaje policial es legal o ético. Peor aún: no puede corresponderse a una democracia, ni ser natural en un "estado de derecho" (entre comillas, por favor). Lo inaudito de esta interesada cacería policial a Manuela y a él, a Simón, y a quienes sostenemos que la tendencia inevitable del Ecuador es conformar el Bloque Regional Sudamericano, es que hasta hoy no existe -o no se conoce- una sola contra-indicación de las autoridades civiles "al mando" de la institución policial, para que los chicos de la CIA en la UIES cesen semejante "labor", que no la hacen en favor de "la seguridad nacional", como argumentan, sino en favor de las matrices de opinión y de las de la National Segurity marcadas por Washington, así como en favor de la postura de un sector de algunas elites y ciertos mass media, para impedir en última instancia la incorporación del Ecuador a la Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN.
Con esas persecuciones, legitimadas en noticieros, canales y "reportajes", el actual Gobierno, pero sobre todo el país, está pagando las consecuencias de no haber logrado desmantelar, desde los ochentas acá, un solo cuerpo de la represiva Inteligencia policial criolla, gutierrizada en apenas dos años y corruptamente funcionalizada a los organismos de Inteligencia de "la Embajada", que la sostienen hace una década 'con plata y persona', a los cuales parecerían servir la UIES, la Interpol y la DGI, intactas y peligrosamente sueltas, a pesar de los saldos salvajes de la represión de abril y del régimen montesinista tejido por Gutiérrez entre el 2003 al 2005.
Seamos frontales: esa Inteligencia policial, que ni siquiera se ha sonrojado cuando afirma públicamente que está dedicada a "inteligenciar" las actividades de los ecuatorianos bolivarianos, en los hechos no está reconociendo su deber de subordinación a la autoridad civil, sino que continúa respondiendo, autónomamente, a las matrices de Seguridad, Inteligencia y de Opinión de los enlaces de Cooperación en Seguridad Policial de la todopoderosa embajada.
Cuando hablamos de criminalización policíaca de la sociedad civil, de los movimientos sociales y del derecho a la protesta civil, tenemos que admitir dos elementos:
Es consustancial al modelo de régimen y sociedad que impide, censura, coarta, anula, debilita, reprime, cuestiona o sataniza el derecho a disentir por dentro y, más aún, por fuera del esquema que el propio régimen social establece como mecanismo básico de toda democracia formal.
Que ella va de la mano, cada vez con más frecuencia, de la judicialización o penalización de los sectores que protestan, sean sectores organizados de la sociedad, o no.
En los EEUU, una parte de Europa y gran porción de América Latina, a partir de los hechos del 11 de septiembre del 2001 se desataron procesos altamente autoritarios, antidemocráticos y profundamente intolerantes con las disidencias pacíficas y liberales de estas sociedades. Susan Sarandon, Noam Chomsky y Sean Penn, no son sino la punta del iceberg, que incluye programas inusitados de vigilancia y censura, muchas veces velada, otras abierta, cuyo fundamento legalmente ilegal fue la expedición de la llamada "Patriotic Act", que tras el patrioterismo más pedestre, busca consolidar un régimen orwelliano en el planeta. Sus efluvios, quieran o no aceptarlo, los padecemos en buena parte del mundo y el continente y, por supuesto, en el Ecuador, con las especificidades de rigor y nuestros "criollos" signos nacionales.
La Agencia de Seguridad Nacional de EEUU aprobó instrumentos "legales" y tecnológicos que les permite revisar a nivel planetario todos los correos electrónicos y buscar "lenguajes sospechosos de terrorismo" de entre una lista de diez mil palabras como "derechos humanos", "Islam", "sociedad civil", y otras. Son apenas el acumulado de una sociedad que ha roto el mito democrático y que le ha apostado al endurecimiento global como artilugio para consolidar el dominio globalizado de las elites del mundo.
Europa no se queda atrás, pues con los EEUU perfila un modelo de sociedad que prescinde de los migrantes y las disidencias, y las medidas folklóricamente franquistas o musolinistas de Aznar y Berlusconi, son la muestra palpable de la contramarcha histórica que viene erigiendo un sistema policíaco en las democracias liberales.
Los "países parias" y "estados inviables", como denominan al Tercer mundo ahora, ya vivían su 11 de septiembre mucho antes del 2001, pero sin lugar a dudas, la criminalización de la protesta y la penalización de los movimientos sociales se profundizó después de esas fechas.
En el caso de América Latina, desde México a la Argentina, todos los países tienen un currículum definido de criminalización de la protesta, que motiva la preocupación de los sectores más progresistas de nuestras sociedades, por los niveles de deterioro de la situación a partir de los últimos años.
A escala continental vivimos amenazas y ataques, muchas veces disfrazados o encubiertos como actos de "delincuencia común", que se han intensificado de manera sistemática bajo un manto de total impunidad, en contra de dirigentes sociales y sectores críticos de la sociedad civil, entre los que se cuentan no pocos periodistas. Se constata asimismo un notorio agravamiento en toda la región de las amenazas y ataques que enfrentan los defensores de derechos humanos para desarrollar su labor.
En Colombia la situación es paradigmática: La judicialización de las protestas y dirigentes sociales alcanza grados demenciales. Y, según la OIT, el 98% de los asesinatos de sindicalistas ocurridos en el mundo, se producen en el país vecino.
En materia de administración de justicia prevalece en la región una absoluta y grave impunidad para las violaciones de los derechos humanos y se ha incrementado la utilización por parte de los Estados de las instituciones responsables de procuración e impartición de justicia para coartar la labor de los dirigentes sociales, opositores políticos y defensores de derechos humanos, incluyendo espionaje telefónico, rastreo electrónico, intervenciones domiciliares y la apertura de causas penales contra activistas.
Constatamos con grave preocupación que en toda la región existe una marcada tendencia a la policialización y militarización como respuesta a las situaciones de crisis social y política: en particular nos preocupa el impacto continental de políticas y medidas "antiterroristas" tras los repudiables atentados del 11 de septiembre del 2001: efectivamente, a partir de entonces han comenzado a resurgir en la región doctrinas y prácticas impulsadas por los EEUU que identifican a quienes reclaman derechos como "nuevas amenazas" calificándolos de "desestabilizadores, sediciosos, o defensores de delincuentes".
Además, preocupa la retórica de algunos medios de comunicación y discursos oficiales que plantean la protección de derechos humanos como contraria a la seguridad.
La tendencia de algunos estados para reprimir movilizaciones sociales y perseguir a activistas sociales va acompañada de limitaciones y restricciones de los mecanismos de control y supervisión del actuar del Estado mediante la utilización de decretos de emergencia que vulneran sus obligaciones internacionales. La impunidad prevalece, es norma, no excepción, en el tema de la criminalización de la protesta y la judicialización de los actores sociales.
La conclusión es obvia: Que el país no memoriza la unilateral lectura del Poder sobre "La Violencia" y la "Seguridad" en el Ecuador.
La APDH envió al Comandante General de Policía de 1998, un documento propositivo de temas básicos (fue enviado el 2-II-98 al entonces Comandante General de la Policía, Gral. Jorge Villarroel) que deberían ser incorporados en su Agenda de prioridades, donde se incluyen cambios estructurales inaplazables y una inédita propuesta de Diálogo Policía / DDHH, que nunca fue atendida, con la excepción honrosa de la entonces ministra de Gobierno Ana Lucía Armijos. Dicha propuesta la volvemos a poner sobre el tapete y el debate, para que esta vez pueda ser tripartita: la academia, con la FLACSO, los organismos de DDHH y la Policía Nacional.
El documento, llamado "Hacia una Policía del siglo XXI", tiene los siguientes tópicos, que hoy los enumeramos sin entrar en los detalles:
Situación humana, laboral, salarial, profesional y material de la Tropa. Cartilla "Derechos de la Tropa". Valoración a los derechos del uniformado, que suele apelarse hacia fuera pero que urge ejercerla puertas adentro, desarrollo académico de la Tropa, rancho, específica función del uniformado, mejores pensiones a familiares y policías con invalidez, ascensos, cursos en el exterior, designaciones de plazas, efectivo derecho a la defensa, etc.
Cortes de justicia policiales y fueros: En la relación mandos–subordinados, en las judicaturas policiales ha imperado la ley del más fuerte y la ausencia del derecho a la defensa. Y externamente, estas cortes han significado impunidad y menosprecio a los derechos de los civiles: según un reporte de la CEDHU conocido en 1991, de casi cinco mil juicios en 10 años, apenas cinco casos tuvieron sentencia condenatoria.
Urge la transformación integral en la formación del uniformado desde sus inicios. Es necesario el control democrático de la ciudadanía, a través de organismos multi-institucionales de la sociedad civil, que coparticipen junto a la Policía en la elaboración y control de la formación, sobre todo de los llamados grupos especiales (GIR, UIES, DGI y GOE). Debe eliminarse el concepto de "enemigo interno", pues ha aupado violaciones a derechos humanos, abusos de poder y una filosofía de desestimación del uniformado al civil. La formación policial en derechos humanos no debe ser un asunto de imagen, sino de convicción institucional.
El fortalecimiento de la democracia depende de la transformación en dos instituciones claves para generar confianza: La justicia y la Policía. Mantener el estado de cosas actual significa arriesgar la credibilidad del país en el exterior, e incluso recursos crediticios. Ejemplos de auto-depuración existen en la región. México: se separó a más de 500 miembros y se anunció la separación de miles más. Brasil: se anunció el retiro de decenas de agentes. Honduras: se eliminó la Policía de Investigaciones. Argentina: se pasó a retiro a una treintena de altos oficiales de Buenos Aires. Estados Unidos: se sancionó al Jefe Policial de Nueva Cork; etc.
Deben sancionar internamente y permitir sanciones en la justicia ordinaria a los responsables de violaciones a derechos humanos y corrupción. Urge reformar el malentendido espíritu de cuerpo, que no puede ser encubrimiento de ilícitos. Desterrar definitivamente la práctica de la tortura y el forzamiento a declaraciones de auto culpa en la investigación policial, respetando el principio de presunción de inocencia y no la errónea presunción de sospecha y culpa. La respuesta sistemáticamente usada de "errores aislados, casos excepcionales y malos elementos", no basta ante una realidad de abusos frecuentes.
La misma eficacia que la Policía tiene en otras esferas, debe expresarla al cumplir las órdenes de detención a responsables de "delitos de cuello blanco", en que ha menudo están involucrados altos funcionarios de los gobiernos de turno. La confianza se recuperará cuando el principio universal de igualdad ante la ley sea asimilado por la Policía y lo cumpla al rato de detener a quien comete un delito, sea de la condición que sea, más si es poderoso.
La descomposición social, producto de una sociedad injusta y caotizada, ha convertido a Ecuador en un país violento donde el mito de la paz social es eso: un mito. No hay "la violencia", sino violencias: estructural, estatal, social, delincuencial, sexual, urbana, intrafamiliar, infantil, etc. Hay ineficacia del Estado en brindar seguridad a sus habitantes, obligación que debe cumplirla. También hay absoluta incompetencia de los gobiernos para resolver los males sociales estructurales. En los suburbios no sólo se evidencia la pobreza sino el combate físico, malthusiano a la pobreza. Una aberración policial es asemejar e igualar pobreza con delincuencia. Lombrosio agigantado sospecha delincuencia en el rostro, color, barrio, apellido y vestido de la pobreza. Esa aberración está presente en la sociedad y en los propios pobres. La seguridad ciudadana no es un regalo, sino una obligación de la Policía y del Estado.
Es una franca y abierta organización social que controla y reproduce la Policía Nacional. Existe una funcionalización de las brigadas barriales hacia intereses a veces coyunturales de la Policía. El discurso del control social está presente en ellas y un autoritarismo y verticalismo trasladados mecánicamente de la institución a la comunidad; hay casos de defensa ciega de la Policía, aún en situaciones reprochables. Cuando denunciamos abusos cometidos, recibimos cartas insultantes y pedestres. En todas se repite una muletilla primaria, distorsionada y manipuladora que siempre ha sido esgrimida por la Policía para enfrentar denuncias por violación de DDHH cometidas por sus miembros: "¡Por qué defienden delincuentes, subversivos, violadores y narcotraficantes!"; "¡Por qué no defienden los derechos humanos de los policías"; "¡Por qué cuando mueren policías, no aparecen los DDHH!", falacia que sistemáticamente repetida desde la alturas, mando policial y grupo de poder, ha sido asimilado por capas de la población y digerido sin ética profesional por la prensa sensacionalista.
Es imprescindible recordar el ejemplo colombiano: en varias ciudades se formaron brigadas barriales de autodefensa que terminaron convirtiéndose en bandas para-policiales, autoras de crímenes y atropellos. No nos cansaremos de denunciar los potenciales peligros que puede acarrear la irresponsable utilización maniquea de la organización social por parte de la institución o de algunos de sus elementos.
Es posible un Diálogo Policía/Organismos de DDHH con una agenda temática, mesas de discusión, acuerdos finales concretos y calendario de cumplimiento frente a la opinión pública. El diálogo entre dos instituciones en inocultable conflicto, debe responder a un para qué, un cómo, un por qué y un cuándo. Si hay antenas institucionales que capten las necesidades intuyendo el futuro que merecen el país y su Policía, la APDH va al diálogo y -es más- lo sugiere y propone. Un diálogo con supervisión independiente que garantice su cumplimiento, de cara a la opinión pública, es decir abierto y auditado por la ciudadanía y prensa, garantes del respeto durante y después de ese diálogo.
Cuando el neo-fascismo (que existe, señorías, y que en el paisito fue producido con una pésima alquimia bajo el gutierrato como expresión de tropicalismo fascistoide), repito: cuando el neo-fascismo intentaba reinstalarse en la Italia de los setentas; una de sus víctimas -ateo, cineasta, comunista, poeta y homosexual, es decir pecador completo a la chata vista de los camisas negras de su época-, denunció en carta publicada después de su muerte, algo que bien vale la pena "recordar" al país que fuimos y que se nos va yendo:
No tengo pruebas físicas, pero sé que son ellos los que quieren imponer la noche y el caos; no tengo prueba documental, pero sé que son ellos los que desean devolvernos a épocas pasadas de muerte y señalamiento; no tengo pruebas, pero son ellos mismos, ahí están, los puedes ver, en sus cómodas oficinas, en sus cuarteles, en sus empresas, son ellos los que quieren imponernos el miedo.
Sí, se trataba del asesinado Pier Paolo Pasolini.
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