3 de mayo de 2006
Diario El Comercio, Quito
Franklin Vega
Desde el aire, la mancha verde de la Amazonia se observa enferma, casi en agonía. En el trayecto entre Francisco de Orellana (Coca) y Tiwino o el sector de Shiripuno, el bosque húmedo tropical es sólo un recuerdo.
Todas las áreas cubiertas con forestas han desaparecido de las áreas cercanas a las carreteras, como la vía Auca, y las que conducen a los campos petroleros.
Con atención se distingue que las forestas a lo largo de ese trayecto están conformadas por bosques que ya fueron talados y, en la mayoría de casos, se han convertido en pastizales. Los retazos de bosques aparecen dispersos como islas verdes, en medio de un mar verde amarillento.
Las autoridades locales conocen sobre la tala ilegal, incluso tienen identificados los sitios por los cuales se trafica con la madera, pero no se han producido decomisos de madera ni se han iniciado procesos forestales.
Gonzalo Meza, comandante de la Cuarta División del Ejército, realizó una presentación el fin de semana pasado en la cual señalaba que la madera que se tala en el Parque Nacional Yasuní y en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane sale por los ríos Tiwino, Shiripuno y Cononaco.
Este apetito por el cedro es la causa de las invasiones a los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario como los tagaeri y taromenane.
Este tema cobró vigencia la semana pasada con el anuncio de un enfrentamiento entre los waorani y los taromenane, el cual hubiera dejado personas muertas.
A pesar de que una mujer de la comunidad de Ñoneno dio la noticia por radio, el viernes pasado, hasta ahora las autoridades no han llegado al sitio de la violencia.
En esa comunidad wao, vive Manuel Cahuilla, conocido también como Huane, quien mantiene convenios con madereros para explotar el cedro en el territorio de los taromenane.
Cahuilla ha buscado a los taromenane por varias ocasiones, la última que se tiene registro se produjo dos días después del ataque del 13 de abril. De esa incursión trajo varias lanzas, las cuales repartió y algunas puso a la venta en Coca, a 60 dólares cada una.
Meza indicó que la actitud de los wao de la comunidad de Ñoneno es hostil y recomendó que una comisión realice una indagación previa para confirmar el enfrentamiento y determinar el lugar. Una vez que se confirme el hecho, ingresarán hasta el lugar.
Durante el viernes y sábado se hicieron varios sobrevuelos con dos helicópteros pero sin resultados sobre el enfrentamiento, pero sí constataron la magnitud de la tala ilegal en las áreas protegidas.
En un campamento, ubicado en el sector de San Francisco, en el río Shiripuno, se encontraron cerca de 500 tablones de cedro, una parte estaba apilada en la orilla y otra sumergida en el río.
Los tablones corresponderían a unos 18 metros cúbicos de madera, obtenidos de aproximadamente 10 árboles. Esto implica que se han afectado, en promedio, tres hectáreas de bosques cerca de los ríos para movilizarlas.
Este alijo de madera se cotiza en 18 000 dólares en el mercado internacional, pues cada metro cúbico se vende a mil dólares. Mientras que los waos, como Cahuilla, reciben 0,50 centavos por tablón.
Los mismos waos denunciaron que los madereros le proporcionan armas y financian las incursiones en el territorio taromenane. Para Eduardo Pichilingue, de la Veeduría de Pueblos Ocultos, el primer paso para prevenir más muertes es evitar la tala en la zona intangible. Los ministros de Ambiente y de Defensa ofrecieron patrullajes en la zona, pero hasta ayer no se concretaron.
La zona intangible es un área de 700 000 hectáreas, que aún no se delimita en campo. Allí habitan los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario como los taromenane.
La propuesta para delimitar la zona intangible, con el río Nashiño como frontera norte, debe superar la resistencia de petroleras como PetroOriente. Aún no se define la compensación por el área que se recorta a los bloques petroleros de Repsol YPF, Petrobras y PetroOriente.
Ana Rivas, alcaldesa de Francisco de Orellana (Coca), ha denunciado, desde hace seis meses, que la tala ilegal es constante en la zona intangible. "Intentamos instalar un puesto de control en la ciudad para evitar que la madera salga, pero no contamos con el respaldo de las autoridades y los militares de este lugar".
[fuente]
http://www.elcomercio.com.ec/noticia.asp?seccion=8&id=39793
Diario El Hoy, Quito
Fiscal de Orellana, Joel Bustos, dijo que no se ha confirmado la matanza, por lo que no descartó que se trate de una falsa alarma
El Gobierno continúa investigando la presunta matanza de 30 indígenas taromenane en la selva al sur de Orellana, al parecer, en un enfrentamiento por la explotación ilegal de madera.
La ministra de Ambiente, Ana Albán, en declaraciones a AFP, afirmó ayer que "cuando los pueblos no contactados, tagaeri y taromenane (disidentes de los huaorani), atacan a los madereros, lo que ha pasado históricamente es que los pueblos wao, que están en contacto con la civilización, salen a la caza de los que dañan su negocio". Agregó que dos dirigentes wao han permitido la tala ilegal de árboles en territorio asignado a los huaroni en 1999.
"Siendo pueblos no contactados, puede que se haya dado la matanza y no tengamos noticias de ello en mucho tiempo", dijo.
Alfredo Carrasco, subsecretario de Capital Natural del Ministerio de Ambiente, informó que Manuel Cawuya, presidente de la comunidad Noneno, sería uno de los dirigentes que permite la tala de árboles.
Cawuya, por su parte, defendió su "derecho" a comercializar los recursos que están en su jurisdicción. "No tengo plata para adquirir medicina, necesitamos dinero para hacernos atender", aseguró.
El presidente de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, Vicente Enomenga, señaló que "es un hecho real esos acuerdos unilaterales con explotadores de madera".
El relator para Problemas Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien visitó Pastaza, dijo que el Estado debe proteger a pueblos que han decidido su aislamiento; para ello es necesario que se respeten las áreas declaradas intangibles y se establezcan controles para evitar la infiltración de madereros.
Ruth Ruiz, de Fundación Natura, afirmó que el control forestal que está a cargo del Ministerio de Ambiente no funciona y que "siempre ha sido débil".
El presidente de la Asociación de Industriales de la Madera, Carlos Maldonado, dijo que el sector formal de la industria maderera no está involucrado con los grupos que explotan los bosques en las reservas naturales de la Amazonía, y peor aún con los actos criminales contra la población indígena.
"Estamos seguros que esa madera que se está sacando de allí no es para consumo ecuatoriano, sino que se está yendo por las fronteras norte y sur", manifestó.
[fuente]
http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=233605
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