Quito, 27 de abril de 2006
El primer año de gobierno fue deficitario. No estuvo a la altura de las posibilidades y expectativas del pueblo ecuatoriano. La partidocracia, representada en la mayoría del Congreso, se impuso a la voluntad popular que provocó el cambio político del 20 de abril. La consigna "más de lo mismo" y "con los mismos de siempre" sucumbió ante la debilidad del régimen, en buen grado por las interferencias de altos funcionarios que respondieron a las mafias políticas interesadas en mantener el estado de cosas. Los procedimientos utilizados para la consulta popular y los contenidos antidemocráticos del "estatuto" electoral lo confirman.
No se cumplió la oferta de "refundar" la República y convocar la Asamblea Constituyente, para crear el Estado democrático, que sustituya al oligárquico, subordinado a las trincas financieras.
El esfuerzo de Alfredo Castillo recuperó el interés por la Asamblea, pero no tuvo la fortaleza ni respaldo oficial. Fue bloqueado por sectores del gobierno, en coordinación con las "momias" congresiles.
En lo político, quedó lo mismo, agravado por la conformación de las Cortes, el TSE y TC con las prácticas y controles de siempre, que muestran la fragilidad institucional, inseguridad jurídica, vigencia del "tronchismo" y ambiente antidemocrático, no obstante que en uno u otro espacio hay personalidades de elevadas condiciones cívicas.
En política internacional hubo una conducta patriótica de la Cancillería, liderada por Parra Gil, que hizo esfuerzos soberanos para no involucrar más al país en el conflicto de Colombia y defender a la Comunidad Sudamericana de Naciones; no obstante el acoso de EE.UU. El régimen, cedió a las presiones y separó al Canciller, que se archivó en España.
En lo económico, Rafael Correa inició una política diferente a la neoliberal, sobre todo en deuda externa y política fiscal. Tuvo conducta digna frente al FMI y afines. La reforma al FEIREP fue importante; se liberaron recursos para lo social y productivo. Eso, su estrategia junto a Pareja Yanuzelli en Petroecuador, para una nueva política petrolera y su posición frente a la OXI los liquidaron. Se volvió a lo mismo de siempre. Presupuesto desfinanciado, consagrado al pago del servicio de la deuda ($2.800 millones) y más endeudamiento.
El Ministro Borja impulsó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, en beneficio del Estado, excluido de las ventajas de los altos precios del petróleo, exclusivamente aprovechado por las transnacionales.
El gobierno creó la Comisión de Investigación de la Deuda Externa. Es un hecho positivo que ayudará al diseño de una nueva política nacional de pago y de endeudamiento.
En lo social hay avances, pero seguimos cortos frente a las expectativas que se habían creado, sobre todo en salud y educación.
Respecto al TLC el gobierno reaccionó tardíamente. Se autoimpuso como condición para suscribirlo, la defensa del interés nacional. Retrocedió respecto a someterlo a consulta.
En el tapete, continúa este acuerdo, la resolución sobre la OXI y los contratos petroleros. El apoyo a la ley sobre los abusos de la banca, y la exigencia para una conducción democrática del proceso electoral, con un TSE no comprometido con las cúpulas partidarias que han lesionado más a la débil democracia.
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